Kicillof encara un ajuste ante la caída de recursos
Son unos $700.000 millones; afecta a salud, maestros y turismo
María José Lucesole
El recorte de las transferencias de fondos desde la Nación provocó que la provincia de Buenos Aires deje de percibir este año unos $700.000 millones (cerca del 10% del presupuesto de 2023). El gobernador Axel Kicillof ya aplicó importantes aumentos en el impuesto inmobiliario urbano y rural. Ahora comenzó a aplicar también un ajuste del gasto en distintas áreas. La oposición sostiene que el recorte llegó al sector salud. El gobierno lo niega, pero admite que destinó menos dinero a turismo y deportes. También redujo los ingresos de los maestros.
LA PLATA.– La provincia de Buenos Aires dejará de percibir unos 700.000 millones de pesos en transferencias del gobierno nacional que recibió el año pasado. Esto representa casi el 10 por ciento del último presupuesto aprobado por la Legislatura, que fue de $6,9 billones en 2023. El gobernador Axel Kicillof buscó compensarlo con aumentos de impuestos, pero también comenzó a aplicar un ajuste.
El gobernador maneja un presupuesto prorrogado sobre la base de lo finalmente ejecutado a diciembre de 2023: unos 9 billones –sujetos a ajuste por inflación– de acuerdo con cifras extraoficiales proyectadas por la comisión de presupuesto del Senado no confirmadas por el Ministerio de Economía ante un pedido de la nacion.
El gobernador bonaerense reclama a la Casa Rosada por pérdidas de transferencias al menos $60.000 millones por mes. Anualizado da un reclamo de $720.000 millones anuales. Kicillof sostiene que su distrito es el más castigado del país por la merma de fondos no automáticos, sino también por el cese de obra pública.
¿Dónde hará Kicillof el ajuste? ¿Cómo se financia el Estado que sostiene 600.000 empleados públicos y mantuvo, hasta ahora, paritarias al día? Las respuestas son múltiples. Primero: el 60% del gasto de la provincia se financia con recursos propios y el 40% restante, con recursos nacionales, que podrían mermar en torno al 10% respecto de lo recibido el año que pasó.
El alza de impuestos a los sectores de más recursos –una fórmula sin techo para el 2% de los contribuyentes aprobada por la Legislatura– solo es una de las medidas a las que apeló Kicillof. Pero las subas en inmobiliario rural y urbano, generalizadas en torno al 200%, no gravitan en modo sustancial en la recaudación provincial, que se sustenta en los ingresos brutos, atados a la actividad económica.
El ministro de Economía, Pablo López, alertó que la actividad industrial cayó un 13,2%. Y la venta en supermercados cayó un 11,4%.
¿Cuál es entonces el plan económico para 2024? “Kicillof en su primer mandato aumentó la cantidad de empleados públicos, incrementó el déficit de las empresas del Estado y no fomentó ninguna reforma del sistema previsional, que es deficitario. Todo esto lo pudo financiar con las transferencias discrecionales que Milei eliminó, quedando la provincia en una situación muy crítica para el pago de salarios y jubilaciones”, opinó el senador provincial de la oposición Marcelo Daletto (UCRCambio Federal).
Otros senadores de la oposición sostuvieron que el recorte llegó al sector salud con el desfinanciamiento del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y la falta de inversión en hospitales y salas de primeros auxilios.
Kicillof negó el plan de ajuste: “Salud, junto con salarios y alimentos son la prioridad”, dijeron a la nacion en la Casa de Gobierno provincial. La gestión kirchnerista asumió, en cambio, que destinó menos dinero para sostener programas de ayuda a los pequeños productores agropecuarios, a paradores turísticos o los Juegos Bonaerenses.
El ministro de Economía, Pablo López, buscó responsabilizar a Milei por la recesión.
En la esfera estatal, Kicillof desarrolló una la fórmula para trasladar el ajuste a los empleados públicos sin pagar el costo político.
El recorte ya llegó a los bolsillos de 300.000 maestros. El Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), eliminado por Milei, supone transferencias de $14.500 millones cada mes a la provincia, que no sacará de sus arcas el dinero para amortizar la pérdida de $80.000 en el bolsillo de cada docente. Kicillof financió este atraso solo un mes (en febrero) para garantizar el inicio de clases.
Tras ese gesto inicial, coordinó el relato con el jefe sindical de los docentes bonaerenses, Roberto Baradel, para afirmar que la caída del poder adquisitivo es responsabilidad de Milei, ya que la paritaria local ajustó salarios por inflación. El modelo fue efectivo hasta ahora en el grupo de empleados más grande: la semana que pasó tuvo lugar el segundo paro docente en la provincia, en sintonía con todo el país, impulsado por Baradel desde la Ctera para reclamar la restitución del Fonid.
De acuerdo con un informe del Ministerio de Economía de Nación, la provincia de Buenos Aires recibió el año pasado $231.396 millones del Fondo de Fortalecimiento Fiscal.
Otros $118.887 millones llegaron en el formato de asistencia financiera de la Nación; unos $117.167 millones para sostener jubilaciones; $93.295 millones en concepto de Fonid; $54.477 millones para salud; $19.020 millones para políticas alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social; $19.995 millones de Aportes del Tesoro Nacional; $8462 millones para consolidación urbana; $5927 millones para seguros de salud, y $4940 millones de Infraestructura Penitenciaria.
Todo este volumen da unos $673.545 millones, que difícilmente lleguen este año.
Parte de este dinero ya es motivo de un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Mientras ese reclamo no se salde en la Justicia, Kicillof enfrenta el dilema de cómo sostener el gasto sin duplicar el déficit.
Acorralado por la merma de transferencias nacionales y ante el fantasma de una baja en la recaudación de recursos propios, el gobernador avizora un segundo semestre complicado.
El recorte de las transferencias de fondos desde la Nación provocó que la provincia de Buenos Aires deje de percibir este año unos $700.000 millones (cerca del 10% del presupuesto de 2023). El gobernador Axel Kicillof ya aplicó importantes aumentos en el impuesto inmobiliario urbano y rural. Ahora comenzó a aplicar también un ajuste del gasto en distintas áreas. La oposición sostiene que el recorte llegó al sector salud. El gobierno lo niega, pero admite que destinó menos dinero a turismo y deportes. También redujo los ingresos de los maestros.
LA PLATA.– La provincia de Buenos Aires dejará de percibir unos 700.000 millones de pesos en transferencias del gobierno nacional que recibió el año pasado. Esto representa casi el 10 por ciento del último presupuesto aprobado por la Legislatura, que fue de $6,9 billones en 2023. El gobernador Axel Kicillof buscó compensarlo con aumentos de impuestos, pero también comenzó a aplicar un ajuste.
El gobernador maneja un presupuesto prorrogado sobre la base de lo finalmente ejecutado a diciembre de 2023: unos 9 billones –sujetos a ajuste por inflación– de acuerdo con cifras extraoficiales proyectadas por la comisión de presupuesto del Senado no confirmadas por el Ministerio de Economía ante un pedido de la nacion.
El gobernador bonaerense reclama a la Casa Rosada por pérdidas de transferencias al menos $60.000 millones por mes. Anualizado da un reclamo de $720.000 millones anuales. Kicillof sostiene que su distrito es el más castigado del país por la merma de fondos no automáticos, sino también por el cese de obra pública.
¿Dónde hará Kicillof el ajuste? ¿Cómo se financia el Estado que sostiene 600.000 empleados públicos y mantuvo, hasta ahora, paritarias al día? Las respuestas son múltiples. Primero: el 60% del gasto de la provincia se financia con recursos propios y el 40% restante, con recursos nacionales, que podrían mermar en torno al 10% respecto de lo recibido el año que pasó.
El alza de impuestos a los sectores de más recursos –una fórmula sin techo para el 2% de los contribuyentes aprobada por la Legislatura– solo es una de las medidas a las que apeló Kicillof. Pero las subas en inmobiliario rural y urbano, generalizadas en torno al 200%, no gravitan en modo sustancial en la recaudación provincial, que se sustenta en los ingresos brutos, atados a la actividad económica.
El ministro de Economía, Pablo López, alertó que la actividad industrial cayó un 13,2%. Y la venta en supermercados cayó un 11,4%.
¿Cuál es entonces el plan económico para 2024? “Kicillof en su primer mandato aumentó la cantidad de empleados públicos, incrementó el déficit de las empresas del Estado y no fomentó ninguna reforma del sistema previsional, que es deficitario. Todo esto lo pudo financiar con las transferencias discrecionales que Milei eliminó, quedando la provincia en una situación muy crítica para el pago de salarios y jubilaciones”, opinó el senador provincial de la oposición Marcelo Daletto (UCRCambio Federal).
Otros senadores de la oposición sostuvieron que el recorte llegó al sector salud con el desfinanciamiento del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y la falta de inversión en hospitales y salas de primeros auxilios.
Kicillof negó el plan de ajuste: “Salud, junto con salarios y alimentos son la prioridad”, dijeron a la nacion en la Casa de Gobierno provincial. La gestión kirchnerista asumió, en cambio, que destinó menos dinero para sostener programas de ayuda a los pequeños productores agropecuarios, a paradores turísticos o los Juegos Bonaerenses.
El ministro de Economía, Pablo López, buscó responsabilizar a Milei por la recesión.
En la esfera estatal, Kicillof desarrolló una la fórmula para trasladar el ajuste a los empleados públicos sin pagar el costo político.
El recorte ya llegó a los bolsillos de 300.000 maestros. El Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), eliminado por Milei, supone transferencias de $14.500 millones cada mes a la provincia, que no sacará de sus arcas el dinero para amortizar la pérdida de $80.000 en el bolsillo de cada docente. Kicillof financió este atraso solo un mes (en febrero) para garantizar el inicio de clases.
Tras ese gesto inicial, coordinó el relato con el jefe sindical de los docentes bonaerenses, Roberto Baradel, para afirmar que la caída del poder adquisitivo es responsabilidad de Milei, ya que la paritaria local ajustó salarios por inflación. El modelo fue efectivo hasta ahora en el grupo de empleados más grande: la semana que pasó tuvo lugar el segundo paro docente en la provincia, en sintonía con todo el país, impulsado por Baradel desde la Ctera para reclamar la restitución del Fonid.
De acuerdo con un informe del Ministerio de Economía de Nación, la provincia de Buenos Aires recibió el año pasado $231.396 millones del Fondo de Fortalecimiento Fiscal.
Otros $118.887 millones llegaron en el formato de asistencia financiera de la Nación; unos $117.167 millones para sostener jubilaciones; $93.295 millones en concepto de Fonid; $54.477 millones para salud; $19.020 millones para políticas alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social; $19.995 millones de Aportes del Tesoro Nacional; $8462 millones para consolidación urbana; $5927 millones para seguros de salud, y $4940 millones de Infraestructura Penitenciaria.
Todo este volumen da unos $673.545 millones, que difícilmente lleguen este año.
Parte de este dinero ya es motivo de un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Mientras ese reclamo no se salde en la Justicia, Kicillof enfrenta el dilema de cómo sostener el gasto sin duplicar el déficit.
Acorralado por la merma de transferencias nacionales y ante el fantasma de una baja en la recaudación de recursos propios, el gobernador avizora un segundo semestre complicado.
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Cada vez más intendentes cobran una tasa a los combustibles
Seis jefes comunales peronistas se suman a la idea de aplicar un plus sobre el litro de nafta y gasoil
Javier Fuego Simondet
La denominada “tasa vial” avanza en los distritos del conurbano bonaerense. Cada vez son más los intendentes que se suman a cobrar un plus sobre el precio de la venta de combustibles, que ya existía en muchos municipios. Pero, en los últimos días, se acumularon nuevos proyectos aprobados y en vías de aprobación en los Concejos Deliberantes de distritos como Almirante Brown, Lomas de Zamora, Quilmes, Berazategui,SanVicenteyLanús,entre otros. La medida genera críticas empresarias y diferencias con jefes comunales que la rechazan, aunque mayoritariamente se aplica.
En los últimos días avanzó la medida, en paralelo, en distritos gobernados por el peronismo en la tercera sección electoral del Gran Buenos Aires. Se trata de una “Tasa de mantenimiento por el uso de la red vial municipal” del 2% del precio libre de impuestos por cada litro o fracción expendido.
El avance es en grupo. En Almirante Brown, donde gobierna Mariano Cascallares, la ordenanza ya se aprobó. En Lomas de Zamora, distrito comandado por Federico Otermín, se prevé que el visto bueno del Concejo Deliberante llegue la semana que viene. En Quilmes, municipio que lidera Mayra Mendoza, la iniciativa también se pondrá a consideración de los concejales en los próximos días. En Lanús, donde el intendente es Julián Álvarez, fuentes locales auguraron que el Concejo la tratará, quizás, cion a fin de mes.
En Lomas y Quilmes ya se anunciaron protestas opositoras, con recolección de firmas y manifestaciones, respectivamente.
En los fundamentos de las ordenanzas que se elevaron a los Concejos Deliberantes figuran argumentos que vinculan la tasa con las medidas de ajuste del presidente Javier Milei. “La definición del gobierno nacional de suspender todo financiamiento de la obra pública, decisión arbitraria y anticipada en el mes de diciembre de 2023, no puede ni debe detener la planificación y ejecución de las políticas públicas en materia de infraestructura vial que esta administración municipal se comprometió a realizar para sus vecinos”, es uno de esos párrafos.
“No hay recursos de la Nación para obras en la calle; hay cero pesos de inversión”, justificaron la tasa desde un municipio del conurbano.
“Hay algunos municipios que tienen la tasa desde hace 10 años. Hoy, con los ajustes, todos miramos el detalle. Hay una caída de la actividad que redunda en baja de ingresos”, dijo un intendente a la nacion.
Más allá del recorte del Gobierno, el movimiento conjunto de los intendentes apunta también a evitar que los usuarios se vuelquen a cargar combustible en estaciones de servicio de comunas libres de tasa. “La queja que había es que, si tenés la tasa en un lado y en otro no, la gente se va a cargar a ese otro lugar. Por eso, se está uniformando”, abundó el jefe comunal consultado.
La tasa existe desde hace años en distritos que gobierna Juntos por el Cambio, como San Isidro ($6 por litro, recaudarán en 2024 unos mil millones de pesos, pero el gobierno de Ramón Lanús analiza si la elimina) o Vicente López (gobernado por Soledad Martínez; se cobra $0,88 por litro de nafta premium).
También rige en los peronistas San Fernando (desde 2013), Tigre (se repuso este año) y Hurlingham (desde 2015), entre otros. En Pilar se cobra recientemente (la Coalición Cívica fue a la Justicia y pidió su inconstitucionalidad); Merlo la aplica desde hace años.
En un comunicado, la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha) repudió ayer “la avidez recaudatoria” de los municipios por “una tasa impropia e inconstitucional”. Y rescató a los intendentes Lucas Ghi, Fernando Gray y Diego Valenzuela: “Celebramos que los municipios de Morón, Esteban Echeverría y Tres de Febrero hayan escuchado el reclamo de los vecinos y de nuestras instituciones al eliminar la llamada ‘tasa vial’”. La alícuota tampoco rige en distritos como Ensenada, Berisso, San Martín, San Miguel o Moreno, según pudo averiguar
La denominada “tasa vial” avanza en los distritos del conurbano bonaerense. Cada vez son más los intendentes que se suman a cobrar un plus sobre el precio de la venta de combustibles, que ya existía en muchos municipios. Pero, en los últimos días, se acumularon nuevos proyectos aprobados y en vías de aprobación en los Concejos Deliberantes de distritos como Almirante Brown, Lomas de Zamora, Quilmes, Berazategui,SanVicenteyLanús,entre otros. La medida genera críticas empresarias y diferencias con jefes comunales que la rechazan, aunque mayoritariamente se aplica.
En los últimos días avanzó la medida, en paralelo, en distritos gobernados por el peronismo en la tercera sección electoral del Gran Buenos Aires. Se trata de una “Tasa de mantenimiento por el uso de la red vial municipal” del 2% del precio libre de impuestos por cada litro o fracción expendido.
El avance es en grupo. En Almirante Brown, donde gobierna Mariano Cascallares, la ordenanza ya se aprobó. En Lomas de Zamora, distrito comandado por Federico Otermín, se prevé que el visto bueno del Concejo Deliberante llegue la semana que viene. En Quilmes, municipio que lidera Mayra Mendoza, la iniciativa también se pondrá a consideración de los concejales en los próximos días. En Lanús, donde el intendente es Julián Álvarez, fuentes locales auguraron que el Concejo la tratará, quizás, cion a fin de mes.
En Lomas y Quilmes ya se anunciaron protestas opositoras, con recolección de firmas y manifestaciones, respectivamente.
En los fundamentos de las ordenanzas que se elevaron a los Concejos Deliberantes figuran argumentos que vinculan la tasa con las medidas de ajuste del presidente Javier Milei. “La definición del gobierno nacional de suspender todo financiamiento de la obra pública, decisión arbitraria y anticipada en el mes de diciembre de 2023, no puede ni debe detener la planificación y ejecución de las políticas públicas en materia de infraestructura vial que esta administración municipal se comprometió a realizar para sus vecinos”, es uno de esos párrafos.
“No hay recursos de la Nación para obras en la calle; hay cero pesos de inversión”, justificaron la tasa desde un municipio del conurbano.
“Hay algunos municipios que tienen la tasa desde hace 10 años. Hoy, con los ajustes, todos miramos el detalle. Hay una caída de la actividad que redunda en baja de ingresos”, dijo un intendente a la nacion.
Más allá del recorte del Gobierno, el movimiento conjunto de los intendentes apunta también a evitar que los usuarios se vuelquen a cargar combustible en estaciones de servicio de comunas libres de tasa. “La queja que había es que, si tenés la tasa en un lado y en otro no, la gente se va a cargar a ese otro lugar. Por eso, se está uniformando”, abundó el jefe comunal consultado.
La tasa existe desde hace años en distritos que gobierna Juntos por el Cambio, como San Isidro ($6 por litro, recaudarán en 2024 unos mil millones de pesos, pero el gobierno de Ramón Lanús analiza si la elimina) o Vicente López (gobernado por Soledad Martínez; se cobra $0,88 por litro de nafta premium).
También rige en los peronistas San Fernando (desde 2013), Tigre (se repuso este año) y Hurlingham (desde 2015), entre otros. En Pilar se cobra recientemente (la Coalición Cívica fue a la Justicia y pidió su inconstitucionalidad); Merlo la aplica desde hace años.
En un comunicado, la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha) repudió ayer “la avidez recaudatoria” de los municipios por “una tasa impropia e inconstitucional”. Y rescató a los intendentes Lucas Ghi, Fernando Gray y Diego Valenzuela: “Celebramos que los municipios de Morón, Esteban Echeverría y Tres de Febrero hayan escuchado el reclamo de los vecinos y de nuestras instituciones al eliminar la llamada ‘tasa vial’”. La alícuota tampoco rige en distritos como Ensenada, Berisso, San Martín, San Miguel o Moreno, según pudo averiguar
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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