Crece la tensión entre Milei y la Corte
. El Presidente dijo que “al menos tres jueces” tienen “una posición bastante poco amigable” con el decreto desregulador de la economía; el máximo tribunal no respondió
Hernán Cappiello
Lorenzetti, Maqueda, Rosenkrantz y Rosatti, durante la Asamblea Legislativa
La relación entre el presidente Javier Milei y la Corte Suprema se tensó en las últimas horas luego de que el mandatario dijera que “al menos tres jueces” tienen una postura “poco amigable” con el decreto de desregulación de la economía. De esa forma, apuntó públicamente contra la mayoría que conforman en el tribunal Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. La Corte siguió de cerca las declaraciones, pero evitó responder.
La relación entre el presidente Javier Milei y la Corte Suprema de Justicia se tensó en las últimas horas luego de que el mandatario expresó que “al menos tres jueces” tienen una “posición bastante poco amigable” con el decreto de necesidad y urgencia 70/23, que avanzó en la desregulación de la economía.
La Corte tomó nota de los dichos del jefe del Estado, que por primera apuntó públicamente contra la mayoría que conforman Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Pero el máximo tribunal evitó responder a los cuestionamientos. En rigor, la mayor parte del DNU al que aludió Milei está vigente y, aunque su constitucionalidad fue cuestionada desde el último día de diciembre pasado por diferentes sectores políticos, la Corte Suprema todavía no resolvió nada al respecto.
El sábado pasado, el presidente Javier Milei expuso públicamente por primera vez su malestar con la Corte Suprema de Justicia. “Al menos tres jueces de la Corte han tomado una posición [pausa prolongada] bastante poco amigable con el DNU”, dijo Milei en la conferencia AynRandCon 2024, una declaración que pasó inadvertida para casi todos, menos para el mundo tribunalicio, donde cada palabra presidencial fue seguida con celo.
En esa charla, el Presidente había intentado mostrar que no le importaba lo que hiciera la política con la ley ómnibus y su DNU. Sostuvo que la también llamada “Ley de bases” fue aprobada en general en la Cámara de Diputados, pero en el tratamiento en particular “aparecieron los curros” y “dejaron los dedos marcados” los que “no querían ningún cambio”.
Milei sostuvo que con el DNU “pasó lo mismo en el Senado”, cuando “la casta de los senadores lo volteó y ahora queda en manos de lo que pase en la Cámara de Diputados”. Fue en ese momento que mencionó que “también al menos tres jueces de la Corte han tomado una posición bastante poco amigable” con el decreto. En el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, evitaron pronunciarse sobre la frase de Milei y su referencia a esos tres jueces de la Corte Suprema. “Sin comentarios, el ministro cree en Javier”, dijo una fuente de la cartera
La Corte Suprema tiene en sus manos 30 causas de 16 provincias que le reclaman al Estado nacional fondos por los recortes sobre educación, transporte, cajas jubilatorias y el impuesto a las ganancias, entre otros, que ascienden a unos 1000 millones de dólares. Algunos de esos expedientes iniciados durante el actual gobierno ya están girando por las distintas vocalías, lo que habla de que las causas se están moviendo. Nada presagia una lluvia de fallos contra las arcas del Estado, pero los casos no están paralizados.
El Gobierno teme una andanada de sentencias adversas con efecto económico y por eso busca cambiar la integración del máximo tribunal.
La máxima disconformidad de Milei estalló luego de que el Senado rechazó la validez del DNU 70/23 el 14 de marzo pasado. Ya el día anterior, cuando se anunció su tratamiento en el recinto, la Oficina del Presidente publicó un comunicado en el que daba por hecho que la Corte rechazaría el decreto: “El potencial rechazo del DNU que actualmente se encuentra próximo a una definición de la Corte Suprema de Justicia conllevaría un grave retroceso en la necesidades del pueblo argentino”, dijo. Y el 20 de marzo, cuando el Senado rechazó el DNU, el Presidente contestó con la postulación a la Corte Suprema del juez federal Ariel Lijo –que levantó una oleada de críticas de asociaciones de empresarios, juristas y abogados y de legisladores– y del académico Manuel García-Mansilla. En este caso, para la vacante que se producirá el 29 de diciembre, cuando Maqueda cumpla 75 años.
La iniciativa de Milei para ocupar la vacante que dejó Elena Highton en la Corte y el apuro por postular a alguien cuando Maqueda sigue siendo juez hasta fin de año son una respuesta a la incomodidad que le genera la Corte al Gobierno, porque no dicta resoluciones que se acomoden a sus necesidades. En particular, Milei ve con desconfianza a Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda, que vienen formando una mayoría para atender los asuntos de gestión del máximo tribunal.
El juez Ricardo Lorenzetti, que tiene relación personal con Milei, es uno de los que impulsaron el nombre del juez Lijo para la Corte y a quien el Presidente dejó fuera de los magistrados que tienen “una posición bastante poco amigable” con el DNU.
El DNU 70/23 está vigente en su totalidad, excepto por el capítulo IV, el laboral, que fue declarado inconstitucional por la Justicia del Trabajo, a pedido de la CGT y de la CTA. Esas causas están ahora en estudio de la Corte. Asimismo, el máximo tribunal tiene un planteo de in constitucionalidad contra el DNU que realizó el gobierno de La Rioja.
La Corte no tomó ninguna decisión sobre el DNU que estaba siendo analizado por el Congreso, ámbito donde todavía está a revisión de la Cámara de Diputados. A Milei le hubiera gustado que la Corte validara el DNU, pero el tribunal, que no tiene plazos para fallar, dejó que la política resuelva sus problemas
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El Gobierno negocia un piso de Ganancias en $1,8 millones
Francos y Posse recibieron a diputados de Hacemos y la UCR, que impulsará una ley con parte de la reforma laboral
La relación entre el presidente Javier Milei y la Corte Suprema se tensó en las últimas horas luego de que el mandatario dijera que “al menos tres jueces” tienen una postura “poco amigable” con el decreto de desregulación de la economía. De esa forma, apuntó públicamente contra la mayoría que conforman en el tribunal Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. La Corte siguió de cerca las declaraciones, pero evitó responder.
La relación entre el presidente Javier Milei y la Corte Suprema de Justicia se tensó en las últimas horas luego de que el mandatario expresó que “al menos tres jueces” tienen una “posición bastante poco amigable” con el decreto de necesidad y urgencia 70/23, que avanzó en la desregulación de la economía.
La Corte tomó nota de los dichos del jefe del Estado, que por primera apuntó públicamente contra la mayoría que conforman Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Pero el máximo tribunal evitó responder a los cuestionamientos. En rigor, la mayor parte del DNU al que aludió Milei está vigente y, aunque su constitucionalidad fue cuestionada desde el último día de diciembre pasado por diferentes sectores políticos, la Corte Suprema todavía no resolvió nada al respecto.
El sábado pasado, el presidente Javier Milei expuso públicamente por primera vez su malestar con la Corte Suprema de Justicia. “Al menos tres jueces de la Corte han tomado una posición [pausa prolongada] bastante poco amigable con el DNU”, dijo Milei en la conferencia AynRandCon 2024, una declaración que pasó inadvertida para casi todos, menos para el mundo tribunalicio, donde cada palabra presidencial fue seguida con celo.
En esa charla, el Presidente había intentado mostrar que no le importaba lo que hiciera la política con la ley ómnibus y su DNU. Sostuvo que la también llamada “Ley de bases” fue aprobada en general en la Cámara de Diputados, pero en el tratamiento en particular “aparecieron los curros” y “dejaron los dedos marcados” los que “no querían ningún cambio”.
Milei sostuvo que con el DNU “pasó lo mismo en el Senado”, cuando “la casta de los senadores lo volteó y ahora queda en manos de lo que pase en la Cámara de Diputados”. Fue en ese momento que mencionó que “también al menos tres jueces de la Corte han tomado una posición bastante poco amigable” con el decreto. En el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, evitaron pronunciarse sobre la frase de Milei y su referencia a esos tres jueces de la Corte Suprema. “Sin comentarios, el ministro cree en Javier”, dijo una fuente de la cartera
La Corte Suprema tiene en sus manos 30 causas de 16 provincias que le reclaman al Estado nacional fondos por los recortes sobre educación, transporte, cajas jubilatorias y el impuesto a las ganancias, entre otros, que ascienden a unos 1000 millones de dólares. Algunos de esos expedientes iniciados durante el actual gobierno ya están girando por las distintas vocalías, lo que habla de que las causas se están moviendo. Nada presagia una lluvia de fallos contra las arcas del Estado, pero los casos no están paralizados.
El Gobierno teme una andanada de sentencias adversas con efecto económico y por eso busca cambiar la integración del máximo tribunal.
La máxima disconformidad de Milei estalló luego de que el Senado rechazó la validez del DNU 70/23 el 14 de marzo pasado. Ya el día anterior, cuando se anunció su tratamiento en el recinto, la Oficina del Presidente publicó un comunicado en el que daba por hecho que la Corte rechazaría el decreto: “El potencial rechazo del DNU que actualmente se encuentra próximo a una definición de la Corte Suprema de Justicia conllevaría un grave retroceso en la necesidades del pueblo argentino”, dijo. Y el 20 de marzo, cuando el Senado rechazó el DNU, el Presidente contestó con la postulación a la Corte Suprema del juez federal Ariel Lijo –que levantó una oleada de críticas de asociaciones de empresarios, juristas y abogados y de legisladores– y del académico Manuel García-Mansilla. En este caso, para la vacante que se producirá el 29 de diciembre, cuando Maqueda cumpla 75 años.
La iniciativa de Milei para ocupar la vacante que dejó Elena Highton en la Corte y el apuro por postular a alguien cuando Maqueda sigue siendo juez hasta fin de año son una respuesta a la incomodidad que le genera la Corte al Gobierno, porque no dicta resoluciones que se acomoden a sus necesidades. En particular, Milei ve con desconfianza a Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda, que vienen formando una mayoría para atender los asuntos de gestión del máximo tribunal.
El juez Ricardo Lorenzetti, que tiene relación personal con Milei, es uno de los que impulsaron el nombre del juez Lijo para la Corte y a quien el Presidente dejó fuera de los magistrados que tienen “una posición bastante poco amigable” con el DNU.
El DNU 70/23 está vigente en su totalidad, excepto por el capítulo IV, el laboral, que fue declarado inconstitucional por la Justicia del Trabajo, a pedido de la CGT y de la CTA. Esas causas están ahora en estudio de la Corte. Asimismo, el máximo tribunal tiene un planteo de in constitucionalidad contra el DNU que realizó el gobierno de La Rioja.
La Corte no tomó ninguna decisión sobre el DNU que estaba siendo analizado por el Congreso, ámbito donde todavía está a revisión de la Cámara de Diputados. A Milei le hubiera gustado que la Corte validara el DNU, pero el tribunal, que no tiene plazos para fallar, dejó que la política resuelva sus problemas
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El Gobierno negocia un piso de Ganancias en $1,8 millones
Francos y Posse recibieron a diputados de Hacemos y la UCR, que impulsará una ley con parte de la reforma laboral
Cecilia Devanna
El Gobierno recibió ayer a diputados de Hacemos Coalición Federal y la Unión Cívica Radical para avanzar sobre los borradores definitivos de la nueva versión de la ley ómnibus y el capítulo fiscal, que ingresan en la recta final para su tratamiento legislativo. Según pudo saber y aunque aún no se confirmó oficialmente, en esos encuentros el Gobierno planteó que el piso para la cuarta categoría de Ganancias sería de 1,8 millones de pesos para los trabajadores solteros y de 2,2 millones para los casados con dos hijos.
Ambos encuentros ocurrieron en la sede del Ministerio del Interior, con el titular de esa cartera, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, como anfitriones. Los acompañó el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, quien anteayer había deslizado la posibilidad de que el capítulo fiscal se postergara en su tratamiento, lo que fue descartado por Balcarce 50. Los funcionarios libertarios primero recibieron a Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer y Ricardo López Murphy, que estuvieron poco más de una hora en el lugar.
Una hora después fue el turno de los radicales: Julio Cobos, Carla Carrizo, Lisandro Nieri, Karina Banfi, Soledad Carrizo, Pablo Cervi y Pamela Verasay, además del secretario parlamentario del bloque radical, Alejandro Cacace.
En ambos encuentros se habló de la restitución de la cuarta categoría de Ganancias, con una escala progresiva que iría del 5 al 35%, como adelantó. En el Gobierno afirman que esa progresividad impactaría de forma ostensiblemente menor en los sueldos.
Por otro lado, todo indica que finalmente la oposición incluirá en el debate parlamentario una parte del capítulo de la reforma laboral que contemplaba el DNU 70/2023, que fue frenada en la Justicia.
Se trataría de la ampliación de los períodos de prueba, de la libre elección del sistema de indemnizaciones y de la eliminación de multas a los empleadores. “Hemos dicho claramente que no compartimos el tema de la cuota sindical y la obra social, porque pertenecen al derecho colectivo del trabajo y de las organizaciones sindicales”, dijo Pichetto al terminar el primer encuentro. Se mostró optimista sobre lo que puede pasar en Diputados a partir de la semana próxima. También destacó el ambiente de diálogo.
Al cierre de la jornada, en la que tanto en el oficialismo como en los dos bloques de la oposición dialoguista primaba el optimismo por el trámite legislativo, las fuentes señalaron que los radicales entregarán probablemente el miércoles su propuesta de reforma laboral para tratar en comisión. “Si es razonable, se suma en el dictamen y va con todo el resto”, afirmaron fuentes gubernamentales.
En la previa, en la Casa Rosada explicaban que el plan era enviar al mismo tiempo los dos proyectos a la Cámara de Diputados, para que ingresen en comisión el próximo 17 de abril y sean tratados en el recinto el 24. En la sede del Gobierno agregaban que, por cuestiones reglamentarias, el capítulo fiscal no puede ir dentro del nuevo proyecto de “Ley de bases”, porque este ya tiene estado parlamentario. No así el paquete tributario. De todos modos, recalcaron que los dos serán tratados “juntos a la par”.
En la “Ley de bases”, que tendrá entre 10 y 12 capítulos (o títulos), estarán incluidos los siguientes ejes: reforma del Estado, facultades delegadas y empresas a privatizar, la regulación de los regímenes hidrocarburíferos y mineros, y el régimen de grandes inversiones. “Todo apunta al desarrollo económico vía desregulación y regímenes de promoción”, señalaron en el Gobierno, donde apuntaron que el listado de empresas a privatizar incluye a 13 compañías. La iniciativa original se extendía sobre 40 empresas.
En el Gobierno afirmaron que los encuentros de ayer serían los últimos antes de enviar el nuevo proyecto de ley ómnibus al Congreso. En las últimas semanas, tanto Francos como Posse mantuvieron reuniones con gobernadores y legisladores de estos y otros espacios.
había adelantado el fin de semana que el piso para la cuarta categoría de Ganancias se ubicaría entre 1,5 y 2 millones de pesos. “Se está terminando de pulir. Es una discusión entre los gobernadores del norte y los del sur. Hay que encontrar el equilibrio”, insistían ayer en la Casa Rosada.
El Gobierno recibió ayer a diputados de Hacemos Coalición Federal y la Unión Cívica Radical para avanzar sobre los borradores definitivos de la nueva versión de la ley ómnibus y el capítulo fiscal, que ingresan en la recta final para su tratamiento legislativo. Según pudo saber y aunque aún no se confirmó oficialmente, en esos encuentros el Gobierno planteó que el piso para la cuarta categoría de Ganancias sería de 1,8 millones de pesos para los trabajadores solteros y de 2,2 millones para los casados con dos hijos.
Ambos encuentros ocurrieron en la sede del Ministerio del Interior, con el titular de esa cartera, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, como anfitriones. Los acompañó el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, quien anteayer había deslizado la posibilidad de que el capítulo fiscal se postergara en su tratamiento, lo que fue descartado por Balcarce 50. Los funcionarios libertarios primero recibieron a Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer y Ricardo López Murphy, que estuvieron poco más de una hora en el lugar.
Una hora después fue el turno de los radicales: Julio Cobos, Carla Carrizo, Lisandro Nieri, Karina Banfi, Soledad Carrizo, Pablo Cervi y Pamela Verasay, además del secretario parlamentario del bloque radical, Alejandro Cacace.
En ambos encuentros se habló de la restitución de la cuarta categoría de Ganancias, con una escala progresiva que iría del 5 al 35%, como adelantó. En el Gobierno afirman que esa progresividad impactaría de forma ostensiblemente menor en los sueldos.
Por otro lado, todo indica que finalmente la oposición incluirá en el debate parlamentario una parte del capítulo de la reforma laboral que contemplaba el DNU 70/2023, que fue frenada en la Justicia.
Se trataría de la ampliación de los períodos de prueba, de la libre elección del sistema de indemnizaciones y de la eliminación de multas a los empleadores. “Hemos dicho claramente que no compartimos el tema de la cuota sindical y la obra social, porque pertenecen al derecho colectivo del trabajo y de las organizaciones sindicales”, dijo Pichetto al terminar el primer encuentro. Se mostró optimista sobre lo que puede pasar en Diputados a partir de la semana próxima. También destacó el ambiente de diálogo.
Al cierre de la jornada, en la que tanto en el oficialismo como en los dos bloques de la oposición dialoguista primaba el optimismo por el trámite legislativo, las fuentes señalaron que los radicales entregarán probablemente el miércoles su propuesta de reforma laboral para tratar en comisión. “Si es razonable, se suma en el dictamen y va con todo el resto”, afirmaron fuentes gubernamentales.
En la previa, en la Casa Rosada explicaban que el plan era enviar al mismo tiempo los dos proyectos a la Cámara de Diputados, para que ingresen en comisión el próximo 17 de abril y sean tratados en el recinto el 24. En la sede del Gobierno agregaban que, por cuestiones reglamentarias, el capítulo fiscal no puede ir dentro del nuevo proyecto de “Ley de bases”, porque este ya tiene estado parlamentario. No así el paquete tributario. De todos modos, recalcaron que los dos serán tratados “juntos a la par”.
En la “Ley de bases”, que tendrá entre 10 y 12 capítulos (o títulos), estarán incluidos los siguientes ejes: reforma del Estado, facultades delegadas y empresas a privatizar, la regulación de los regímenes hidrocarburíferos y mineros, y el régimen de grandes inversiones. “Todo apunta al desarrollo económico vía desregulación y regímenes de promoción”, señalaron en el Gobierno, donde apuntaron que el listado de empresas a privatizar incluye a 13 compañías. La iniciativa original se extendía sobre 40 empresas.
En el Gobierno afirmaron que los encuentros de ayer serían los últimos antes de enviar el nuevo proyecto de ley ómnibus al Congreso. En las últimas semanas, tanto Francos como Posse mantuvieron reuniones con gobernadores y legisladores de estos y otros espacios.
había adelantado el fin de semana que el piso para la cuarta categoría de Ganancias se ubicaría entre 1,5 y 2 millones de pesos. “Se está terminando de pulir. Es una discusión entre los gobernadores del norte y los del sur. Hay que encontrar el equilibrio”, insistían ayer en la Casa Rosada.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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