Comenzó el juicio por manipular el Indec y declaró Moreno
Al exsecretario de Comercio del kirchnerismo se lo acusa de abuso de autoridad, falsedad ideológica y violación de secretos
Hernán Cappiello
El exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno comenzó a ser juzgado ayer, acusado de falsear el índice de inflación en 2007, y negó ante la Justicia haber intervenido en esa medición: sostuvo que él aplicaba una “escuela de conversación de precios” con los empresarios y dijo “que eso es lo que hace bajar la inflación”.
Moreno, defendido por el abogado Alejandro Rúa, prestó declaración indagatoria ante los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Guillermo Costabel, y contestó las preguntas del fiscal Diego Luciani en la primera audiencia del proceso que se desarrolla en una sala de la planta baja del edificio de Comodoro Py 2002.
La audiencia comenzó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio del caso, realizado por el fiscal Carlos Stornelli, quien acusó a Moreno de abuso de autoridad, violación de secretos, destrucción de registros y documentos, y falsedad ideológica de documentos públicos. También están acusadas en este juicio la exdirectora del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) Beatriz Paglieri y las empleadas Marcela Lucía Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda, por la manipulación de datos del organismo entre marzo de 2006 y agosto de 2007.
La denuncia de la asociación civil sin fines de lucro Asamblea por los Derechos Sociales señalaba que se habría desplazado a la entonces directora del IPC, Graciela Bevacqua, porque se negó a revelarle a Moreno los datos de los comercios sobre los cuales se efectuaban los estudios de campo para establecer los índices inflacionarios. Frenó el presunto objetivo de “visitar” esas firmas. Moreno la reemplazó por Paglieri.
Stornelli tuvo por probado que Moreno abusó de su autoridad para designar a personas de su confianza en el Indec y, así, poder controlar el IPC y obtener un coeficiente de evolución de la inflación más bajo que el esperable. Sostuvo que habría hostigado a funcionarios para conocer información protegida por el secreto estadístico y, ante su negativa, los habría reemplazado por gente de su confianza.
Moreno rechazó las acusaciones. Dijo que “no precisaba del Indec” para su trabajo ya que “excedía al Indec” dado que su tarea era preservar el valor del salario y el Indec “solo hacía estadísticas”. “Mi gestión no dependía del Indec”, sostuvo el exfuncionario, que llegó a la audiencia, se sentó en la primera fila junto a su abogado y saludó a los jueces y al fiscal antes de que comenzara el juicio.
El exsecretario del kirchnerismo aseguró: “No me interesaba la estadística porque yo tenía todos los precios de todo el país; no me importaba”. Negó asimismo haber accedido a esos datos reservados de la base de comercios del Indec.
Moreno defendió su gestión al frente de la Secretaría de Comercio. Fue entonces cuando dijo que aplicaba “la escuela de conversación de precios” con los empresarios y afirmó que eso fue “lo que hizo bajar la inflación”. Es recordada de la época de Moreno la anécdota que circulaba en el mundo de las empresas según la cual Moreno recibió a un empresario con un revólver sobre el escritorio. Moreno en su momento lo negó y dijo que se trataba de un mito publicado por el periodista Horacio Verbitsky.
“No es lo mismo conversar precios que no hacerlo”, explicó Moreno. Señaló que solo una vez en su vida, en 1985, visitó el Indec, cuando estaba estudiando para ir a la Biblioteca. Indicó que a la desplazada Bevacqua la vio una sola vez en su vida. Y señaló: “No tuve que ver con la designación Paglieri [la reemplazante de Bevacqua]”. Dijo que la funcionaria había sido nombrada durante la gestión de Felisa Miceli en Economía. Recordó cómo fue que Néstor Kirchner le ofreció el cargo. Dijo que lo llamaba a diario a las 7.45 y que en una ocasión lo mandó a buscar para preguntarle si Diego Simeone, director técnico del Atlético de Madrid, debía dejar el cargo para ir a Racing. Moreno le dijo que sí. Los dos querían verlo en el equipo.
Moreno contó que Kirchner le pidió que renunciara a la Secretaría de Comunicaciones, que ocupaba, y que luego le ofreció al cargo de Secretario de Comercio. Moreno lo aceptó.
El fiscal Luciani le preguntó acerca del libro En defensa del modelo, que escribió el propio Moreno. Le leyó una parte en la que señalaba que Kirchner le pidió que bajara la inflación al 11 por ciento y que luego le pidió que la redujera al 10 por ciento. E Inquirió: “¿Cómo iba a hacer usted para conseguirlo?”. A lo que Moreno respondió: “Administrando el comercio, conversando los precios”. El exfuncionario resaltó lo “complejo” que es “establecer un precio” por la dificultad de establecer el costo de los componentes de los productos e insistió en que la estadística no le interesaba. El Indec fue intervenido a fines de enero de 2007, cuando la inflación comenzó a ser un problema para el gobierno de Kirchner. Una vez indagados los demás acusados, las audiencias continuarán la semana próxima, con los primeros testigos.
El juicio a Moreno se inició en coincidencia con una sentencia de la Justicia norteamericana que evitó que la Argentina pagara 1500 millones de dólares a fondos buitre que reclamaban esa suma por el desembolso de los bonos de deuda de 2013, conocidos como “cupones PBI”, al considerar que hubo una supuesta alteración de los datos del Indec.
La jueza de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, rechazó la pretensión de los bonistas porque un tecnicismo en el prospecto de contratación de esos bonos impedía a los demandantes presentar su reclamo.
Moreno llega a este juicio condenado en otras dos causas, sin sentencias firmes. Tiene una condena a dos años de prisión en suspenso por proferir amenazas en una asamblea de accionistas de Papel Prensa. La condena además lo inhabilita por seis meses para ocupar cargos públicos, pero el fallo no se aplica hasta que quede firme, lo que sucederá cuando la Corte Suprema rechace el último recurso de la defensa. Además, en octubre de 2017, Moreno ya había sido condenado a dos años y seis meses de prisión de cumplimiento en suspenso, inhabilitación absoluta y perpetua por la compra de cotillón anti-Clarín con fondos públicos.
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Rechazaron un pedido de Rigau para recuperar su libertad
El juez Atencio no halló motivos de salud ni procesales para aliviar la situación del puntero del peronismo
Hugo Alconada Mon
Julio “Chocolate” Rigau
LA PLATA.– Julio “Chocolate” Rigau seguirá tras las rejas. El juez de Garantías Guillermo Federico Atencio rechazó ayer un pedido para morigerar la prisión preventiva que afronta el puntero del PJ desde hace más de cinco meses, tras concluir que no existen razones de salud ni tampoco procesales para disponer su excarcelación o flexibilizar las condiciones de su detención.
Atencio denegó así la petición de Rigau, quien había argumentado que afronta una depresión severa tras la muerte de su esposa –cuando él ya se encontraba detenido–, lo que se sumaría a un cuadro de hipertensión que requiere medicación, pero que se niega a tomar porque reduce su capacidad de mantenerse atento a los riesgos inherentes a una cárcel.
Rigau permanece detenido en la Alcaldía Departamental Roberto Pettinato desde el 15 de octubre pasado, cuando la Cámara de Casación bonaerense revocó un controvertido fallo de la Cámara de Apelaciones que había ordenado su excarcelación con el argumento de que la policía lo había arrestado sin causa, violando su intimidad. Rigau está acusado de ser presunto miembro de una asociación ilícita que defraudó al Estado bonaerense por cientos de millones de pesos.
Así, tras más de cinco meses y medio detenido en las afueras de esta ciudad, Rigau presentó un pedido de morigeración de su prisión preventiva. Lo basó en un presunto cuadro de depresión, desequilibrio anímico, ansiedad, irritabilidad emocional e hipertensión, además de plantear que no representaba un “riesgo procesal” para la investigación. Es decir, que de salir de la cárcel no intentaría fugarse ni destruiría evidencias o amedrentaría testigos.
La fiscal a cargo de la investigación, Betina Lacki, rechazó la petición. Se apoyó en los argumentos de los peritos que revisaron y entrevistaron a Rigau durante las últimas semanas, y que concluyeron que las diversas afecciones que presenta pueden tratarse con medicación o son, incluso, inexistentes.
En ese sentido, el propio Rigau detalló que se niega a tomar clonazepam durante la audiencia en la que cada parte planteó sus argumentos a favor y en contra de la eventual morigeración de la prisión preventiva. Sostuvo que le generó un “letargo prolongado” que no estaba dispuesto a volver a sentir, ya que se encuentra alojado en una dependencia que le exige estar alerta para su propia protección y la de otros detenidos.
Para el juez, sin embargo, la negativa de Rigau a ingerir la medicación ordenada por los profesionales del Servicio Penitenciario Bonaerense que lo revisaron se convirtió en un indicio en su contra. “Pueden ser tenidas –argumentó el magistrado– como el reconocimiento de que pretende provocar la situación que invoca para obtener la morigeración pretendida”.
El juez también se apoyó en los informes del psiquiatra Pablo Capurro y la psicóloga Silvia Acevedo, que lo llevaron a concluir que Rigau puede continuar alojado en la alcaldía, y que el “intenso malestar y angustia” que presenta es propio de un proceso de duelo “normal”, que no conlleva “alteraciones psicopatológicas significativas”.
El derrotero tribunalicio de Rigau comenzó a principios de septiembre pasado, cuando fue detenido en una sucursal del Banco Provincia cuando extraía dinero de 48 tarjetas de débito que pertenecían a presuntos empleados de la Legislatura bonaerense, y conllevó la apertura de una investigación penal por una presunta defraudación a las arcas públicas por al menos $800 millones.
Otros acusados
Con el correr de las semanas, la investigación judicial por una defraudación con “ñoquis” y prestanombres abarcó también al subdirector de Personal de la Legislatura, Claudio Albini, y a su hijo Facundo Albini, concejal platense y apoderado provincial del Frente Renovador de Sergio Massa. Ambos fueron detenidos dos meses después que Rigau.
Ahora, el nuevo traspié procesal de Rigau representa para los Albini un revés para sus esperanzas de recuperar la libertad, como les prometieron varios emisarios políticos. En el plano judicial sumaron al abogado Maximiliano Rusconi como defensor y Facundo sumó roces sobre la estrategia a seguir en los tribunales con su primer letrado, Gustavo Galasso, que terminó por renunciar al patrocinio.
Para Atencio, Rigau sí representaría un riesgo procesal para el avance de la investigación si se ordenara su excarcelación o se morigerara su prisión preventiva, con argumentos que también podrían extenderse a los Albini. Entre otros, la cantidad de hechos perpetrados, el alto monto defraudado al erario público, la duración en el tiempo de los delitos, la actividad desplegada por Chocolate, la posibilidad cierta de que influya sobre otros coimputados como los titulares de esas tarjetas de débito y, por último, la pena en expectativa.
LA PLATA.– Julio “Chocolate” Rigau seguirá tras las rejas. El juez de Garantías Guillermo Federico Atencio rechazó ayer un pedido para morigerar la prisión preventiva que afronta el puntero del PJ desde hace más de cinco meses, tras concluir que no existen razones de salud ni tampoco procesales para disponer su excarcelación o flexibilizar las condiciones de su detención.
Atencio denegó así la petición de Rigau, quien había argumentado que afronta una depresión severa tras la muerte de su esposa –cuando él ya se encontraba detenido–, lo que se sumaría a un cuadro de hipertensión que requiere medicación, pero que se niega a tomar porque reduce su capacidad de mantenerse atento a los riesgos inherentes a una cárcel.
Rigau permanece detenido en la Alcaldía Departamental Roberto Pettinato desde el 15 de octubre pasado, cuando la Cámara de Casación bonaerense revocó un controvertido fallo de la Cámara de Apelaciones que había ordenado su excarcelación con el argumento de que la policía lo había arrestado sin causa, violando su intimidad. Rigau está acusado de ser presunto miembro de una asociación ilícita que defraudó al Estado bonaerense por cientos de millones de pesos.
Así, tras más de cinco meses y medio detenido en las afueras de esta ciudad, Rigau presentó un pedido de morigeración de su prisión preventiva. Lo basó en un presunto cuadro de depresión, desequilibrio anímico, ansiedad, irritabilidad emocional e hipertensión, además de plantear que no representaba un “riesgo procesal” para la investigación. Es decir, que de salir de la cárcel no intentaría fugarse ni destruiría evidencias o amedrentaría testigos.
La fiscal a cargo de la investigación, Betina Lacki, rechazó la petición. Se apoyó en los argumentos de los peritos que revisaron y entrevistaron a Rigau durante las últimas semanas, y que concluyeron que las diversas afecciones que presenta pueden tratarse con medicación o son, incluso, inexistentes.
En ese sentido, el propio Rigau detalló que se niega a tomar clonazepam durante la audiencia en la que cada parte planteó sus argumentos a favor y en contra de la eventual morigeración de la prisión preventiva. Sostuvo que le generó un “letargo prolongado” que no estaba dispuesto a volver a sentir, ya que se encuentra alojado en una dependencia que le exige estar alerta para su propia protección y la de otros detenidos.
Para el juez, sin embargo, la negativa de Rigau a ingerir la medicación ordenada por los profesionales del Servicio Penitenciario Bonaerense que lo revisaron se convirtió en un indicio en su contra. “Pueden ser tenidas –argumentó el magistrado– como el reconocimiento de que pretende provocar la situación que invoca para obtener la morigeración pretendida”.
El juez también se apoyó en los informes del psiquiatra Pablo Capurro y la psicóloga Silvia Acevedo, que lo llevaron a concluir que Rigau puede continuar alojado en la alcaldía, y que el “intenso malestar y angustia” que presenta es propio de un proceso de duelo “normal”, que no conlleva “alteraciones psicopatológicas significativas”.
El derrotero tribunalicio de Rigau comenzó a principios de septiembre pasado, cuando fue detenido en una sucursal del Banco Provincia cuando extraía dinero de 48 tarjetas de débito que pertenecían a presuntos empleados de la Legislatura bonaerense, y conllevó la apertura de una investigación penal por una presunta defraudación a las arcas públicas por al menos $800 millones.
Otros acusados
Con el correr de las semanas, la investigación judicial por una defraudación con “ñoquis” y prestanombres abarcó también al subdirector de Personal de la Legislatura, Claudio Albini, y a su hijo Facundo Albini, concejal platense y apoderado provincial del Frente Renovador de Sergio Massa. Ambos fueron detenidos dos meses después que Rigau.
Ahora, el nuevo traspié procesal de Rigau representa para los Albini un revés para sus esperanzas de recuperar la libertad, como les prometieron varios emisarios políticos. En el plano judicial sumaron al abogado Maximiliano Rusconi como defensor y Facundo sumó roces sobre la estrategia a seguir en los tribunales con su primer letrado, Gustavo Galasso, que terminó por renunciar al patrocinio.
Para Atencio, Rigau sí representaría un riesgo procesal para el avance de la investigación si se ordenara su excarcelación o se morigerara su prisión preventiva, con argumentos que también podrían extenderse a los Albini. Entre otros, la cantidad de hechos perpetrados, el alto monto defraudado al erario público, la duración en el tiempo de los delitos, la actividad desplegada por Chocolate, la posibilidad cierta de que influya sobre otros coimputados como los titulares de esas tarjetas de débito y, por último, la pena en expectativa.
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