POLÍTICA Y JUSTICIA

Cómo “muere” una democracia
Rubén M. Perina Autor de The OAS as the Advocate and Guardian of Democracy
Con frecuencia comentaristas y politólogos aducen que el mal funcionamiento, la erosión o la “muerte” de las democracias se debe al deterioro y la debilidad de las instituciones republicanas/democráticas (Estado de Derecho, división de poderes con sus pesos y contrapesos, independencia judicial, neutralidad electoral, medios independientes).
Pero las instituciones no son abstracciones teóricas, sino entidades concretas cuyo funcionamiento depende de las personas que las ocupan y conducen, y que respetan o no sus principios, normas y procedimientos. O sea, sus dirigentes y/o funcionarios pueden proteger, fortalecer o, por lo contrario, degradar y destruir las instituciones de la democracia. En efecto, una democracia y sus instituciones se erosionan cuando su dirigencia no respeta las reglas/acuerdos formales de la convivencia cívica (Constitución) ni las instituciones, ni los valores y las prácticas (normas informales) del orden democrático.
En ese deteriorado contexto democrático predominan la corrupción, la opacidad y la impunidad; la demagogia, la intolerancia, el extremismo y la violencia política; la obsesión ideológica, la soberbia y el abuso de poder; la reelección indefinida, el menoscabo de la división, independencia y balance de poderes republicanos; el desdén por el diálogo y la negociación para construir consenso; la violación de los derechos humanos y políticos de opositores, su persecución, encarcelamiento y exilio. Comportamiento que explica el rechazo y la desconfianza y hasta desprecio que siente la ciudadanía por la dirigencia política. El irrespeto del orden democrático conduce a lo que llamo golpe de Estado velado y en cámara lenta (GEV). Quedan en el pasado los tradicionales golpes de Estado militares.
El nuevo golpe es perpetrado, paradójicamente, por gobernantes electos democráticamente, que una vez en el poder translíder forman una democracia en una pseudodemocracia que deviene autocracia, si no dictadura personalista. Los “golpistas” llegan al poder como líderes carismáticos, ganando elecciones como candidatos del “pueblo”. Se presentan como su única salvación y se creen llamados a gobernar para siempre. Todo autócrata busca legitimar su llegada y su permanencia indefinida en el poder con elecciones (íntegras o fraudulentas). Las gana con promesas estatistas, populistas, nacionalistas, con una narrativa demagógica y polarizadora, que mantiene durante el gobierno, contra las élites, el neoliberalismo y el imperialismo, amplificando sentimientos de miedo, resentimientos, inseguridad, alienación y descontento, que una porción significativa del electorado siente por el establishment, sus privilegios y corrupción.
Luego de ganar elecciones democráticas y con mayoría legislativa, los golpistas manipulan el poder electoral y el Poder Judicial para modificar la Constitución, acceder a la reelección eterna y asegurarse la impunidad de sus transgresiones electorales y violaciones a los derechos humanos y políticos de sus opositores.
Con el control de los tres poderes del Estado, el régimen hiper presidencial violenta( pero lo niega) las libertades fundamentales y los derechos humanos de sus opositores en la academia, la iglesia, los medios de comunicación y la política. A la oposición la divide, la coopta y la persigue, enjuiciando, exiliando, encarcelando, torturando y hasta asesinando a sus líderes; a los medios los fustiga o clausura, para acallar cualquier crítica. En tiempo de elecciones, el régimen abusa de los recursos del Estado a favor de su candidato, incluyendo el financiamiento de la campaña, la distribución paternalista/ clientelista de planes sociales y el reparto de bienes de consumo doméstico. Las elecciones son ahora un instrumento para construir un poder hegemónico que permita al y a su movimiento populista permanecer indefinidamente en control del Estado y la economía. El régimen se protege y perdura con el control y uso de las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia. Las tiranías de Venezuela y Nicaragua, además, reciben asistencia militar de las dictaduras de China, Cuba, Irán y Rusia.
Así, el GEV transforma de manera “legal” y paulatinamente una democracia cabal (imperfecta en muchos casos), en una pseudodemocracia y luego en una autocracia dictatorial; es un proceso tolerado adrede o no en la región, pero sufrido y resistido en el interior del país que lo padece. El ejemplo emblemático de este modelo de gobernanza es el régimen creado por Hugo Chávez a principios de siglo en Venezuela, y hoy enraizado con la dictadura de Nicolás Maduro. En la región lo han emulado autocracias de izquierda o de derecha, como Daniel Ortega en Nicaragua, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, y Nayib Bukele en El Salvador.
El predominio del irrespeto de las instituciones, los valores y prácticas democráticas es lo que conduce a la debilidad y fragilidad del andamiaje institucional republicano/democrático y a la “muerte” de la democracia (Levitsky y Ziblatt, 2018). Aquí la preferencia es, sin embargo, por conceptos menos fatalistas como “erosión” o “colapso” o “derrumbe”, porque implican un proceso menos terminal e irreversible que el de “muerte” y porque el colapso puede ser solo una interrupción temporal de su existencia. De hecho, las democracias pueden descomponerse y colapsar, pero también se recuperan, se reconstruyen y se fortalecen, según el liderazgo que las conduzca. En realidad, la democracia es una aspiración histórica en las Américas, la lucha por ella y su esencia, la libertad y la dignidad del ser humano, nunca mueren.

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Las designaciones en la Corte Suprema
Bernardo Saravia Frías
Se le atribuye al jurista Rafael Bielsa una frase a primera vista banal, pero con un significado enorme para la economía y los mercados: “Si la Justicia anda bien, aunque todo ande mal, todo puede andar bien; si la Justicia anda mal, aunque todo ande bien, todo va a andar mal”.
Es por esto que las designaciones en la Corte Suprema de Justicia constituyen un dato fundamental para el análisis, que trasciende los límites del derecho: permite entender la cosmovisión que tiene un gobierno de la calidad que pretende del sistema institucional y así, vaticinar lo que viene y cómo viene, más que para lo inmediato, para el mediano tiempo histórico.
Los antecedentes dan pistas cruciales. Desde la vuelta de la democracia, en general se dio primacía a tres aspectos: los antecedentes técnicos y la integridad de los candidatos, más allá de que se pueda o no estar de acuerdo con su pensamiento; su procedencia, atento a que el federalismo en el Senado no se puede pasar por alto, y asegura, además, una mirada desde la Justicia de un país vertebrado y no centralista; como tercero, ya más cerca en el tiempo, el género de las personas propuestas, en la búsqueda de un equilibrio entre hombres y mujeres.
Tres elementos, entonces, que, independientemente del signo político, marcaron una línea en la selección de los jueces para la integración del máximo tribunal de Justicia. En un caso, sin embargo, hoy tan reivindicado desde una memoria selectiva en cuanto a lo institucional, se hizo caso omiso y se siguió otra línea. Se inauguró uno de los tiempos más bochornosos de la historia de la Corte, marcado por lo que se denominó vernáculamente “pragmatismo”: el logro fue el control del Poder Judicial a través de lo que se llamó la “mayoría automática”. Para ser más directos y concretos: en 7 minutos se aprobaron pliegos de cinco candidatos; no eran jueces independientes sino obedientes del poder de turno.
Como siempre con las cuestiones institucionales, al principio fue un dato menor para el mercado, y ni qué hablar para la gente de a pie. Hoy, con perspectiva histórica, es posible sostener que esa fue una de las expresiones más marcadas del inicio de una década de decadencia moral que nos trajo hasta acá.
Se sumó luego otro caso que acentuó la caída libre. Empezó bien, pero terminó agregándose a esa línea con astucias igualmente graves. Con algo de arrepentimiento por su accionar inicial, aquel gobierno quiso componer la marcha con cambios en el número de integrantes y, cuando no fue suficiente, pretendió ir por todo. Por suerte no pudieron. No sería osado sostener que en ese límite se salvó el sistema institucional argentino de una debacle completa.
El Gobierno hizo conocer dos candidatos para la Corte Suprema. Ojalá sirvan estas reflexiones para los senadores de la Nación porque, como se puede ver, no es anecdótico lo que está en juego. También, para los operadores del mercado, porque todo tiene su precio, y en este caso es el más importante de todos: se llama riesgo político.

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