Caputo presiona para moderar las paritarias y agudiza la crisis en Trabajo
El ministro de Economía ordenó que no se homologuen aumentos salariales de dos dígitos para abril en su afán de contener la inflación; Julio Cordero, en cambio, pide respetar los acuerdos
Nicolás Balinotti
“Que en abril las paritarias no superen el 9%”. La orden de Luis Caputo a Julio Cordero para moderar las paritarias como atajo para contener la inflación hizo recrudecer una pelea en la cima del Gobierno y amenaza con abrir un conflicto con los sindicatos de consecuencias impredecibles.
El control de la Secretaría de Trabajo se volvió un fusible más del superministerio de Capital Humano, la cartera que conduce Sandra Pettovello y en la que la motosierra de Javier Milei hizo estragos: 3611 despidos, entre ellos, diez cargos políticos de jerarquía. La última salida de alto impacto fue la de Mariana Hortal Sueldo, la número dos del organismo laboral y quien siguió los pasos de Omar Yasin, a quien el Presidente responsabilizó sin argumentos del escándalo por la suba de su sueldo en tiempos de ajuste.
En medio de esta barahúnda, asumió hace tres semanas al frente del organismo Julio Cordero, exabogado del Grupo Techint y asesor de La Libertad Avanza desde antes de alcanzar el poder. Cordero habría dado el visto bueno para incorporar a Liliana Archimbal como su números dos. Archimbal fue directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo durante la gestión de Jorge Triaca. De esta manera, el exministro macrista conservaría cierta influencia en la estructura.
Desde su llegada, Cordero pidió celeridad para homologar un solo acuerdo salarial y la gestión habría sido a pedido de Pettovello. Se trata del aumento del 17,6% pactado en febrero por el Sindicato de Comercio y las tres cámaras empresarias del sector. Armando Cavalieri, el histórico jefe del gremio mercantil, tomó en los últimos días sugestiva distancia de la postura combativa de la CGT para reforzar sus vínculos con la ministra, con quien había avanzado en enero en una suerte de acuerdo para reemplazar las indemnizaciones por un fondo de cese laboral. Ese pacto, cuya filtración le costó el puesto a Horacio Pitrau, antecesor de Hortal Sueldo, podría reflotarse en el corto plazo, según fuentes sindicales.
La paritaria de Comercio fue la excepción entre decenas de acuerdos entre gremios y empresas que esperan una oficialización por parte de la Secretaría de Trabajo. El caso más emblemático es el que involucra al Sindicato de Camioneros, que encabeza Hugo Moyano. El líder camionero selló con las tres federaciones empresarias del sector un aumento de 45% a pagarse en dos cuotas entre marzo [25%] y abril [16%], pero el incremento aún no se efectivizó porque la cartera laboral no lo validó. Solo cuatro de las 43 cámaras de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Faeedac) se niegan a pagar el aumento de los choferes hasta que no se homologue la paritaria. Hay fuentes expertas y confiables que sospechan que un sector del Gobierno quiere empujar a los Moyano a un conflicto porque sería redituable para su popularidad. Pablo Moyano amenazó con activar el lunes una huelga de camioneros en caso de que no se habilite el aumento salarial.
En la Secretaría de Trabajo argumentaron que el retraso de las homologaciones tiene que ver con la acumulación de expedientes heredados de la gestión anterior. “Se avanza con los expedientes más viejos”, justificó un jerárquico del organismo. En Economía, en tanto, evitaron dar una versión sobre las demoras.
Yasin, que se fue echado por la polémica del aumento salarial del Presidente y los ministros, siempre supo que estaba en la cuerda floja. En sus últimos días en el despacho central de Alem 650, llamó a Economía o Jefatura de Gabinete antes de homologar alguna paritaria. Levantaba el teléfono y buscaba la aprobación de Caputo y Posse. Yasin se enteró de la salida de Hortal Sueldo en su casa, donde está recluido por un cuadro de dengue con picos de fiebre. Se fue del organismo con un tendal de acuerdos salariales sin homologar. Además del de los Moyano, están el de los encargados de edificio, cuyo jefe es Víctor Santa María, y el de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que está en conflicto con Acindar, del Grupo Techint.
El desembarco de Cordero se suponía que iba a normalizar el mapa paritario. “Se van a respetar los acuerdos entre privados”, le habría dicho a un empresario vinculado al transporte. Lo mismo le habría repetido a varios sindicalistas.
La relación de Cordero con algunos dirigentes de la CGT roza la amistad. Hace una década que comparte con muchos dirigentes sindicales una vez al año una semana en Ginebra en la cumbre de la Organización Internacional del Trabajo, a donde asistía en representación de Techint y la Unión Industrial Argentina (UIA). Cordero mantiene por ahora el silencio y no quiso hablar con sobre la salida la nacion de Hortal Sueldo ni sobre la falta de validación oficial de las paritarias. Sabe que le está por explotar otra bomba en su sector: en la Dirección Nacional de Negociación Colectiva, el área que debe homologar las paritarias, echaron el miércoles a 26 personas.
Protestas por parques nacionales
BARILOCHE.– En el marco de los despidos en la administración pública nacional, a fines de marzo no se les renovaron los contratos a unos 80 trabajadores de Parques Nacionales. El área protegida en que más despidos hubo fue el Parque Nacional Lanín, en Neuquén, donde se desvinculó a cuatro profesionales, un técnico y un administrativo.
Desde ese parque vienen realizandomarchas para visibilizar la situación de los trabajadores cesanteados, algunos de los cuales llevaban casi 20 años en sus puestos. Durante una conferencia de prensa brindada ayer en San Martín de los Andes, rechazaron los despidos injustificados y advirtieron sobre “el peligro de vaciar el Estado y sus políticas públicas”. Se sumó el intendente de esa localidad neuquina, Carlos Saloniti.
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El gobierno de Alberto Fernández pasó a 7500 empleados a la planta permanente en sus dos últimos años
La gestión del Frente de Todos tenía como objetivo llegar a 29.000 nuevos trabajadores con estabilidad; es uno de los principales reclamos de ATE, que este viernes irá al paro por los despidos
Camila Dolabjian
En el centro de la escena por el choque entre el Gobierno y los gremios de estatales se encuentra la aceleración de despidos en áreas públicas implementada en las últimas semanas. Pero hay otro reclamo entremedio: el de los pases a planta permanente. La gestión de Alberto Fernández implementó, a partir de 2021, un llamado “plan de regularización” que apuntaba a efectivizar a 29.000 personas en el régimen laboral más estable del país. confirmó, con fuentes de la administración anterior y sindicales, cuántos llegaron a ser designados.
De los 29.000 pases a planta permanente que se puso el gobierno anterior como objetivo, lograron abrirse cerca de 16.500 vacantes. En la administración pública nacional (que incluye los ministerios y secretarias, la administración desconcentrada, como el Indec, y la administración descentralizada, como el Conicet) habían cerca de unos 130.000 empleados con estabilidad. Esto significaba, entonces, un aumento del 12% de la planta permanente del Estado.
Los procesos continuaron hasta casi finalizada la gestión. Dos de las últimas designaciones ocurrieron en los días previos a la entrega de mando, el 10 de diciembre. Un caso fue el del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que efectivizó a 80 empleados el 30 de noviembre. El 23, se publicó el pase de once personas en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
Los concursos tienen procedimientos que demoran meses, por lo que de esas 16.500 vacantes abiertas lograron efectivizarse, a diciembre del año pasado, unos 7500 trabajadores, lo que terminó representando una suba real cercana al 6%. Las otras 8100 no lograron ser designadas antes de finalizar la gestión o bien sus concursos quedaron desiertos. Al cuadro de situación, que genera un limbo para los que quedaron con el proceso a mitad de camino, se le suma que aquellas personas que fueron designadas en 2023 tienen que cumplir un año entero en el cargo para gozar de la estabilidad, según la ley que regula el régimen de empleo público.
Los números no son los que la gestión anterior o los gremios hubiesen esperado, pese a que en los últimos meses de gobierno aceleraron sustancialmente los trámites alrededor del plan. Como dio a conocer en septiembre del año pasado –incluso antes de las elecciones generales–, un análisis de más de mil documentos dio cuenta de que hubo un crecimiento del 199,35% en los cargos en cuestión en los expedientes administrativos entre julio y agosto. En julio, entre apertura de nuevas vacantes y puestos confirmados, se movieron 17 procesos que contenían 924 lugares de planta permanente. En agosto, y especialmente después de las PASO, ese número creció a 28 expedientes, con 2766 cargos en juego. Lo mismo ocurrió de cara a diciembre.
La incertidumbre de los que fueron designados tiene que ver con que son pasibles de ser despedidos antes de cumplir los 12 meses en el cargo. Pasada esa fecha, el Estado debería iniciar un sumario y probar que aquel trabajador cometió delitos, como la falsificación de documentos públicos o robos, para poder ser despedido. Los que están en planta transitoria sí pueden ser echados, con indemnización.
El Gobierno todavía no confirmó qué ocurrirá con los concursos abiertos ni con los designados en 2023. Fuentes oficiales explicaron, sin embargo, que se busca retrotraerlos. Javier Milei, durante la campaña electoral, envió una carta dirigida a Alberto Fernández en la que reclamaba que cesen algunas decisiones gubernamentales, entre las que se encontraban los pases a planta en el Estado.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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