El Gobierno redujo 12.000 puestos de trabajo en distintas áreas del Estado
Es el dato estimado entre las cifras oficiales y las que manejan los gremios; el miércoles habrá un paro de ATEFederico González del Solar
En la semana que termina se aceleró el proceso de cesantías en el Estado, y hubo mucha confusión con la cantidad real de afectados. Pero la reconstrucción realizada por la nacion entre cifras oficiales y datos que manejan los gremios da cuenta de que el gobierno de Javier Milei recortó al menos 12.000 puestos de trabajo en el sector público desde que asumió. Curiosamente, en la Casa Rosada dan un número más elevado: 15.000 en total. Sin embargo, no dan precisiones sobre la distribución de los despidos ni sobre el momento en el que se produjeron. ATE, el gremio más afectado, confirmó un paro para el miércoles.
Más allá de los voluminosos números que aportaron confusión en la semana, promediando el cuarto mes de gestión, hay indicios firmes de la marcha que el oficialismo propone en el achicamiento del Estado. Según pudo reconstruir este medio, hasta fin de marzo, fecha en la que se vencían los contratos que fueron prorrogados a fines de diciembre, el Gobierno había desvinculado del Estado a por lo menos unos 12.000 trabajadores. Así, en lo que respecta al empleo público, el ritmo al que gira la motosierra es de casi 106 bajas por día.
Se trata, sin embargo, de un número estimado que no fue confirmado por el oficialismo. Este indicador surge de una combinación entre los datos oficiales del mes de febrero -que aportan un piso firme de más de 9500 desvinculacionesy la información que se desprende del seguimiento que los propios gremios realizan a las bajas.
Así, las fuentes consultadas en el sector estiran el número oficial de febrero a la cifra indicada de 12.000 despidos.
Sobre el total de la Administración Pública Nacional (APN), que excluye a las empresas y sociedades del Estado, ese número representa un recorte del 5% en la plantilla de trabajadores estatales si se toma como referencia los datos de noviembre, es decir, los datos del último mes que estuvo de principio a fin bajo la anterior gestión, y en el cual se registraban un total de 233.095 trabajadores. Según los datos del Indec, hasta el pasado mes, en la APN se consolidaban un total de 9646 bajas.
El relevamiento de los gremios –la Asociación de los Trabajadores del Estado, por caso, lleva un monitoreo de las bajas– pone en movimiento la foto del Indec del mes de febrero y agrega nuevas bajas en la administración pública. Una fuente gremial que responde a la CGT, pero también suma datos de ATE, confirma que sus cálculos dan que las bajas se ubican en las 12.000.
Las cesantías que se conocieron en los últimos días, como las que se dieron en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), donde no fueron renovados cerca de 300 contratos y las 86 bajas que afectaron, por caso, al Conicet, ya sitúan a aquel dato oficial de febrero por encima de los 10 mil despidos.
Semana confusa
El revoleo de cifras durante la semana sembró confusión en torno del alcance de los despidos. El martes, durante su exposición en el Foro Económico de las Américas, el presidente Javier Milei insinuó que el Estado Nacional tendría un total de 120.000 trabajadores menos. Afirmó que los despidos realizados por el Gobierno ya alcanzaban los 50.000 y que se darían de baja unos 70.000 contratos más que vencían este 31 de marzo.
Esa matemática que el Presidente ofreció ante empresarios fue rectificada por el vocero presidencial al día siguiente. Los 70.000 contratos que se darían de baja, en rigor, componían la totalidad del universo de contratos que serán evaluados por el Gobierno en los próximos meses y las bajas, corrigió Manuel Adorni, estarían en el orden de 15.000.
Con todo, aseveró que se trataba de un número redondo y que habría que esperar a las liquidaciones del mes próximo para tener el número finito de las desvinculaciones.
En el entorno del Presidente, sin embargo, no pudieron aclarar si ese número al que refería Adorni, que está un poco por delante, pero en el mismo carril que los indicadores de los gremios y los datos oficiales del mes de febrero, se correspondían a la totalidad de las bajas que se acumularon en estos más de tres meses de gestión, o si, en cambio, comprendían a la última ola de marzo. “El número no está consolidado”, se limitaron a señalar.
Tampoco hubo mayores precisiones en los ministerios que debieron instrumentar el recorte. Habiendo sido los empleados notificados que sus contratos no serían renovados y de que no debían presentarse a trabajar mañana lunes, en las distintas carteras y organismos no contaban con el dato centralizado de las propias bajas. Es decir, las desvinculaciones estaban consumadas, pero no contabilizadas. La excepción fue Capital Humano, la cartera que conduce Sandra Pettovello. A pocas horas del anuncio de Adorni, fuentes del sector compartieron un diagnóstico detallado, secretaría por secretaría, de los 3611 despidos. A su vez, añadieron algunos de los motivos detrás de la decisión de no prolongar los contratos –excedente de personal, baja productividad, ausentismo, etcétera–.
Por concentrar a cuatros exministerios, se trata de un área de envergadura. Los 3611 casos representan un 30% de los 12.000 despidos. En total, estimaron un ahorro cercano a los 30.000 millones de pesos anuales.
Las fuentes consultadas por este medio en el resto de los ministerios informaron que, pese a que el recorte ya estaba hecho no contaban con el “número fino” de despidos y que las precisiones vendrían, tal como adelantó Adorni, con las liquidaciones de abril. “Son un montón de dependencias”, justificaron en una de las carteras.
El miércoles, paro
A la par de los anuncios oficiales corrieron las reacciones de los gremios. Tras los dichos del Presidente, ATE agitó la posibilidad de activar un paro, que luego fue confirmado a través de una carta que el gremio envió al Ministerio de Capital Humano. En sus redes sociales, el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, indicó: “Los estatales ya empezamos a recibir miles de telegramas de despidos, pero el día 3 de abril igual nos vamos a presentar a nuestros puestos de trabajo haciéndolo exclusivo responsable de cualquier hecho de violencia que lamentar”.
Además de la reincorporación de los trabajadores relegados, los estatales reclaman una suba salarial por encima de la inflación, un freno a las “políticas de ajuste”, y muy a contramano de las intenciones del Gobierno, el pase a planta permanente de los trabajadores bajo contrato, el universo de trabajadores que el Gobierno tiene en la mira para reducir el peso de la administración pública estatal y que seguirá siendo evaluado en los próximos meses.
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El congelamiento de las dietas expuso la interna libertaria
Martín Menem y Villarruel exhiben estilos contrapuestos; rebelión de propios y ajenos
En la semana que termina se aceleró el proceso de cesantías en el Estado, y hubo mucha confusión con la cantidad real de afectados. Pero la reconstrucción realizada por la nacion entre cifras oficiales y datos que manejan los gremios da cuenta de que el gobierno de Javier Milei recortó al menos 12.000 puestos de trabajo en el sector público desde que asumió. Curiosamente, en la Casa Rosada dan un número más elevado: 15.000 en total. Sin embargo, no dan precisiones sobre la distribución de los despidos ni sobre el momento en el que se produjeron. ATE, el gremio más afectado, confirmó un paro para el miércoles.
Más allá de los voluminosos números que aportaron confusión en la semana, promediando el cuarto mes de gestión, hay indicios firmes de la marcha que el oficialismo propone en el achicamiento del Estado. Según pudo reconstruir este medio, hasta fin de marzo, fecha en la que se vencían los contratos que fueron prorrogados a fines de diciembre, el Gobierno había desvinculado del Estado a por lo menos unos 12.000 trabajadores. Así, en lo que respecta al empleo público, el ritmo al que gira la motosierra es de casi 106 bajas por día.
Se trata, sin embargo, de un número estimado que no fue confirmado por el oficialismo. Este indicador surge de una combinación entre los datos oficiales del mes de febrero -que aportan un piso firme de más de 9500 desvinculacionesy la información que se desprende del seguimiento que los propios gremios realizan a las bajas.
Así, las fuentes consultadas en el sector estiran el número oficial de febrero a la cifra indicada de 12.000 despidos.
Sobre el total de la Administración Pública Nacional (APN), que excluye a las empresas y sociedades del Estado, ese número representa un recorte del 5% en la plantilla de trabajadores estatales si se toma como referencia los datos de noviembre, es decir, los datos del último mes que estuvo de principio a fin bajo la anterior gestión, y en el cual se registraban un total de 233.095 trabajadores. Según los datos del Indec, hasta el pasado mes, en la APN se consolidaban un total de 9646 bajas.
El relevamiento de los gremios –la Asociación de los Trabajadores del Estado, por caso, lleva un monitoreo de las bajas– pone en movimiento la foto del Indec del mes de febrero y agrega nuevas bajas en la administración pública. Una fuente gremial que responde a la CGT, pero también suma datos de ATE, confirma que sus cálculos dan que las bajas se ubican en las 12.000.
Las cesantías que se conocieron en los últimos días, como las que se dieron en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), donde no fueron renovados cerca de 300 contratos y las 86 bajas que afectaron, por caso, al Conicet, ya sitúan a aquel dato oficial de febrero por encima de los 10 mil despidos.
Semana confusa
El revoleo de cifras durante la semana sembró confusión en torno del alcance de los despidos. El martes, durante su exposición en el Foro Económico de las Américas, el presidente Javier Milei insinuó que el Estado Nacional tendría un total de 120.000 trabajadores menos. Afirmó que los despidos realizados por el Gobierno ya alcanzaban los 50.000 y que se darían de baja unos 70.000 contratos más que vencían este 31 de marzo.
Esa matemática que el Presidente ofreció ante empresarios fue rectificada por el vocero presidencial al día siguiente. Los 70.000 contratos que se darían de baja, en rigor, componían la totalidad del universo de contratos que serán evaluados por el Gobierno en los próximos meses y las bajas, corrigió Manuel Adorni, estarían en el orden de 15.000.
Con todo, aseveró que se trataba de un número redondo y que habría que esperar a las liquidaciones del mes próximo para tener el número finito de las desvinculaciones.
En el entorno del Presidente, sin embargo, no pudieron aclarar si ese número al que refería Adorni, que está un poco por delante, pero en el mismo carril que los indicadores de los gremios y los datos oficiales del mes de febrero, se correspondían a la totalidad de las bajas que se acumularon en estos más de tres meses de gestión, o si, en cambio, comprendían a la última ola de marzo. “El número no está consolidado”, se limitaron a señalar.
Tampoco hubo mayores precisiones en los ministerios que debieron instrumentar el recorte. Habiendo sido los empleados notificados que sus contratos no serían renovados y de que no debían presentarse a trabajar mañana lunes, en las distintas carteras y organismos no contaban con el dato centralizado de las propias bajas. Es decir, las desvinculaciones estaban consumadas, pero no contabilizadas. La excepción fue Capital Humano, la cartera que conduce Sandra Pettovello. A pocas horas del anuncio de Adorni, fuentes del sector compartieron un diagnóstico detallado, secretaría por secretaría, de los 3611 despidos. A su vez, añadieron algunos de los motivos detrás de la decisión de no prolongar los contratos –excedente de personal, baja productividad, ausentismo, etcétera–.
Por concentrar a cuatros exministerios, se trata de un área de envergadura. Los 3611 casos representan un 30% de los 12.000 despidos. En total, estimaron un ahorro cercano a los 30.000 millones de pesos anuales.
Las fuentes consultadas por este medio en el resto de los ministerios informaron que, pese a que el recorte ya estaba hecho no contaban con el “número fino” de despidos y que las precisiones vendrían, tal como adelantó Adorni, con las liquidaciones de abril. “Son un montón de dependencias”, justificaron en una de las carteras.
El miércoles, paro
A la par de los anuncios oficiales corrieron las reacciones de los gremios. Tras los dichos del Presidente, ATE agitó la posibilidad de activar un paro, que luego fue confirmado a través de una carta que el gremio envió al Ministerio de Capital Humano. En sus redes sociales, el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, indicó: “Los estatales ya empezamos a recibir miles de telegramas de despidos, pero el día 3 de abril igual nos vamos a presentar a nuestros puestos de trabajo haciéndolo exclusivo responsable de cualquier hecho de violencia que lamentar”.
Además de la reincorporación de los trabajadores relegados, los estatales reclaman una suba salarial por encima de la inflación, un freno a las “políticas de ajuste”, y muy a contramano de las intenciones del Gobierno, el pase a planta permanente de los trabajadores bajo contrato, el universo de trabajadores que el Gobierno tiene en la mira para reducir el peso de la administración pública estatal y que seguirá siendo evaluado en los próximos meses.
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El congelamiento de las dietas expuso la interna libertaria
Martín Menem y Villarruel exhiben estilos contrapuestos; rebelión de propios y ajenos
Laura Serra y Delfina Celichini
Un conato de rebelión estuvo a punto de estallar en la Cámara de Diputados hace diez días. En los pasillos los legisladores no hablaban de otra cosa que no fuera el recorte feroz en las dietas que estaba por instrumentar el presidente del cuerpo, Martín Menem. De los 2,2 millones de pesos que cobraron a principios de marzo con el aumento del 30% dispuesto para todos los trabajadores legislativos, iban a recibir en abril unos $900.000 en mano tras habérseles descontado esa suba. Una cifra muy por debajo de $1,7 millones que cobraron en enero pasado.
El malestar era palpable y las quejas no solo provenían desde la oposición. En las filas libertarias la bronca era mayúscula. “Es imposible para un diputado del interior alquilar en Capital, costear todos los gastos y, además, mantener su vivienda en la provincia con $900.000. No tiene lógica: vamos a cobrar menos que un chofer. Menem se da el lujo de donar su dieta, vaya a saber qué otros ingresos recibe, nadie lo sabe. Pero su situación no es la misma de todos”, despotricó un libertario de pura cepa cuando vio el adelanto de lo que cobraría en abril según el sistema informático de la Cámara: $933.000 netos.
En el Senado, la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel, actuó a tiempo. A regañadientes acató el pedido del presidente Javier Milei de dar marcha atrás con el aumento del 30% otorgado a los legisladores en febrero, pero a la hora de liquidar los sueldos de marzo dispuso no descontarles el incremento ya percibido. Por lo tanto, los senadores cobrarán en abril $1,7 millones, es decir, la misma suma que percibieron en enero.
Según pudo saber la Cámara alta evaluó descontar en el recibo de abril el incremento otorgado en febrero y percibido en marzo, tal como pidió el Ejecutivo. Sin embargo, las advertencias sobre los coletazos que podría traer esta medida llegaron al despacho de la titular del cuerpo. “No se puede andar con la motosierra así porque sí si después te vas a comer un montón de juicios laborales que pagan los argentinos”, señaló Villarruel en pleno prime time televisivo.
La ley de procedimientos administrativos, en su artículo 13, permite la “retroactividad de los actos” aunque advierte: “Siempre que no se lesionaren derechos adquiridos”. Esta definición es lo que frenó el recorte. Es decir, solo se volverá a la suma previa al aumento, sin quitar el casi medio millón que ya se pagó por no haber “desenganchado” las dietas de la actualización de haberes de los empleados del Congreso.
La actitud de Villarruel colocó a Menem en una encerrona. El riojano, más obediente a los dictados de la Casa Rosada, se disponía a aplicar el doble recorte –es decir, sobre el sueldo original de 1,7 millones aplicar el descuento del 30%–, pero a último momento decidió dar marcha atrás. Al menos así consta en las liquidaciones de las dietas de abril a las que accedió la nacion: los diputados cobrarán, como los senadores, alrededor de $1,7 millones, más el plus por desarraigo.
Pese a las insistentes consultas de este diario, ni Menem ni sus funcionarios más cercanos dieron información al respecto. Con esta decisión el riojano logra esquivar un foco de rebeldía en la Cámara, aunque lo cierto es que su relación con los bloques opositores –incluso con el libertario– es por demás frágil. No le perdonan que tome decisiones inconsultas ni que se comporte como un virtual gerente del cuerpo.
Otro estilo
Villarruel, por el contrario, busca generar lazos de confianza con los distintos bloques para garantizar el funcionamiento del Senado. Sabe que la situación de extrema minoría en la que se encuentra el oficialismo en la Cámara alta, con solo siete legisladores, exige trabar consensos. Quiere que el cuerpo que preside funcione y lo dejó en claro tras el fuego amigo que recibió por habilitar la discusión del DNU 70/2023: “No me voy a convertir en Cristina Kirchner”, dictaminó.
Lo cierto es que esta polémica por lo que debe cobrar un legislador nacional está lejos de ser saldada. En la Cámara de Diputados se presentaron distintos proyectos para regular esta cuestión. El puntano Carlos González D’alessandro presentó una iniciativa que propone que las dietas tengan un valor base de 20 jubilaciones mínimas con una actualización atada a la de los haberes jubilatorios.
Desde la oposición, en tanto, los proyectos apuntan a equiparar y limitar los sueldos de las cabezas de los tres poderes del Estado.
Un conato de rebelión estuvo a punto de estallar en la Cámara de Diputados hace diez días. En los pasillos los legisladores no hablaban de otra cosa que no fuera el recorte feroz en las dietas que estaba por instrumentar el presidente del cuerpo, Martín Menem. De los 2,2 millones de pesos que cobraron a principios de marzo con el aumento del 30% dispuesto para todos los trabajadores legislativos, iban a recibir en abril unos $900.000 en mano tras habérseles descontado esa suba. Una cifra muy por debajo de $1,7 millones que cobraron en enero pasado.
El malestar era palpable y las quejas no solo provenían desde la oposición. En las filas libertarias la bronca era mayúscula. “Es imposible para un diputado del interior alquilar en Capital, costear todos los gastos y, además, mantener su vivienda en la provincia con $900.000. No tiene lógica: vamos a cobrar menos que un chofer. Menem se da el lujo de donar su dieta, vaya a saber qué otros ingresos recibe, nadie lo sabe. Pero su situación no es la misma de todos”, despotricó un libertario de pura cepa cuando vio el adelanto de lo que cobraría en abril según el sistema informático de la Cámara: $933.000 netos.
En el Senado, la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel, actuó a tiempo. A regañadientes acató el pedido del presidente Javier Milei de dar marcha atrás con el aumento del 30% otorgado a los legisladores en febrero, pero a la hora de liquidar los sueldos de marzo dispuso no descontarles el incremento ya percibido. Por lo tanto, los senadores cobrarán en abril $1,7 millones, es decir, la misma suma que percibieron en enero.
Según pudo saber la Cámara alta evaluó descontar en el recibo de abril el incremento otorgado en febrero y percibido en marzo, tal como pidió el Ejecutivo. Sin embargo, las advertencias sobre los coletazos que podría traer esta medida llegaron al despacho de la titular del cuerpo. “No se puede andar con la motosierra así porque sí si después te vas a comer un montón de juicios laborales que pagan los argentinos”, señaló Villarruel en pleno prime time televisivo.
La ley de procedimientos administrativos, en su artículo 13, permite la “retroactividad de los actos” aunque advierte: “Siempre que no se lesionaren derechos adquiridos”. Esta definición es lo que frenó el recorte. Es decir, solo se volverá a la suma previa al aumento, sin quitar el casi medio millón que ya se pagó por no haber “desenganchado” las dietas de la actualización de haberes de los empleados del Congreso.
La actitud de Villarruel colocó a Menem en una encerrona. El riojano, más obediente a los dictados de la Casa Rosada, se disponía a aplicar el doble recorte –es decir, sobre el sueldo original de 1,7 millones aplicar el descuento del 30%–, pero a último momento decidió dar marcha atrás. Al menos así consta en las liquidaciones de las dietas de abril a las que accedió la nacion: los diputados cobrarán, como los senadores, alrededor de $1,7 millones, más el plus por desarraigo.
Pese a las insistentes consultas de este diario, ni Menem ni sus funcionarios más cercanos dieron información al respecto. Con esta decisión el riojano logra esquivar un foco de rebeldía en la Cámara, aunque lo cierto es que su relación con los bloques opositores –incluso con el libertario– es por demás frágil. No le perdonan que tome decisiones inconsultas ni que se comporte como un virtual gerente del cuerpo.
Otro estilo
Villarruel, por el contrario, busca generar lazos de confianza con los distintos bloques para garantizar el funcionamiento del Senado. Sabe que la situación de extrema minoría en la que se encuentra el oficialismo en la Cámara alta, con solo siete legisladores, exige trabar consensos. Quiere que el cuerpo que preside funcione y lo dejó en claro tras el fuego amigo que recibió por habilitar la discusión del DNU 70/2023: “No me voy a convertir en Cristina Kirchner”, dictaminó.
Lo cierto es que esta polémica por lo que debe cobrar un legislador nacional está lejos de ser saldada. En la Cámara de Diputados se presentaron distintos proyectos para regular esta cuestión. El puntano Carlos González D’alessandro presentó una iniciativa que propone que las dietas tengan un valor base de 20 jubilaciones mínimas con una actualización atada a la de los haberes jubilatorios.
Desde la oposición, en tanto, los proyectos apuntan a equiparar y limitar los sueldos de las cabezas de los tres poderes del Estado.
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