RECORTES Y CRUCES

La Corte suma demandas de los gobernadores por $600.000 millones
Por lo menos siete provincias recurrieron al tribunal para que intervenga en la pelea por los fondos con la Nación
Hernán CappielloLos jueces Rosenkrantz y Rosatti, en el Congreso
La Corte Suprema de Justicia acumula demandas de las provincias contra el gobierno nacional por los sucesivos recortes de fondos. Los reclamos provinciales ya suman 600.000 millones de pesos. Cada vez que Javier Milei destrata públicamente a los gobernadores, se gana un nuevo escrito que aterriza en la mesa de entradas de la Corte.
En paralelo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, hace equilibrio para acordar con los mandatarios, que visitarán el jueves que viene la Casa Rosada para explorar un acuerdo parlamentario que les dé certezas para solucionar sus problemas fiscales a cambio de la aprobación de una versión reducida de la ley ómnibus. Se trata de pasos intermedios para llegar a la firma del Pacto del 25 de Mayo al que convocó Milei hace un mes, en la apertura del año legislativo.
Mientras la política se mueve con avances y retrocesos, en la Corte tramitan el caso de La Rioja contra el DNU de Milei. Asimismo, ya está en la Corte una demanda de la provincia de Buenos Aires, firmada por Axel Kicillof, para que declare la inconstitucionalidad del decreto 192/24 que derogó el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.
La provincia reclama el remanente equivalente a $11.164.000.000, por la diferencia que surge entre el 1,18% del monto efectivamente recaudado en noviembre de 2023 por gravámenes de la ley 23.548 y lo transferido a la provincia en 2023, ya que esas transferencias presentan un mes de rezago respecto de la recaudación nacional. Adicionalmente, requiere el desembolso correspondiente al 1,18% de la recaudación de diciembre 2023, que debió transferirse en enero de 2024, por $33.676.934.796, y el correspondiente a enero de 2024, a transferirse en febrero de 2024, por $43.959.428.629. La suma que Kicillof le reclama al Estado nacional en esta demanda da 88.800 millones de pesos. En esta causa, la procuradora Laura Monti dictaminó que el caso es de competencia originaria de la Corte.
Otra causa fue activada por Santiago del Estero, que reclama por al quita del subsidio al transporte. Fue el gobernador Gerardo Zamora el que recurrió a la Justicia Federal local por la quita del fondo compensador. Allí se presentó el Ministerio de Economía y reclamó que el caso tramite ante la Corte, dado que es un asunto de su competencia originaria. El 19 de marzo pasado, la Corte envío el asunto a la Procuración para que opine si efectivamente es lo que corresponde. Todo hace pensar que es así, por lo que esta causa se sumará a las que tiene la Corte en una demanda contra la Nación.
La misma situación se da con Chubut, donde el gobernador Ignacio Torres obtuvo fallos de un juez federal de Rawson en primera instancia para que el Estado nacional deje de descontarle los fondos del subsidio al transporte y el fondo de incentivo docente. La provincia de Misiones también activó su reclamo en la Corte. Planteó una demanda por el cobro de pesos del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), por los fondos del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, del plan Conectividad Docente y por la paritaria nacional docente. Misiones le reclama al Estado nacional casi 3000 millones de pesos ($ 2.969.022.020) calculados al 5 de febrero pasado. Lo mismo sucedió con La Rioja, que en una acción firmada por el gobernador Ricardo Quintela demanda los mismos ítems, aunque no menciona una cifra de dinero. En otra causa, La Rioja le reclama al Estado nacional fondos 11.750.000.000 más $47.000.000.000 por el goteo diario de los fondos coparticipables.
El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, también recurrió a la Corte para que el Estado nacional le pague 25.500 millones de pesos, que es lo que entiende que le adeuda en virtud de los intereses por ajustes de las compensaciones dispuestas en 2019 y 2021, y las de 2022 y 2023. Además de todos estos reclamos, que son solo una muestra de las causas que tramitan en la Corte, resta que se ejecute la sentencia en la que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires le reclama al Estado nacional que le devuelva fondos coparticipables que le fueron descontados por la gestión de Alberto Fernández. Las estimaciones del gobierno porteño señalan que los fondos adeudados ascienden a más de $522.000 millones.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Se lanza la pelea por el control del Colegio Público de la Abogacía
Gil Lavedra va por la reelección y acusa a sus antecesores de despilfarro; tiene dos rivales
La campaña electoral del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal se lanzó con todo. El actual presidente, Ricardo Gil Lavedra, exjuez del Juicio a las Juntas, irá por la reelección con una particularidad: quien era su vicepresidenta, Patricia Trotta, ahora es la candidata que le disputa la conducción. Trotta encabeza la lista de oposición que orienta Jorge Rizzo, cuya agrupación gobernó el colegio durante casi 20 años. El tercer postulante al cargo es Rubén Ramos, del gremio de los abogados del Estado.
La campaña arrancó con virulencia. Gil Lavedra se lanzó en un acto en la Facultad de Derecho y sin nombrar a la lista contraria la acusó de derrochar fondos del colegio, una caja millonaria sostenida por las matrículas de todos los abogados que litigan en la ciudad de Buenos Aires. Dijo Gil Lavedra que la elección era entre “la austeridad” o “los privilegios, el regalo de los Rolex o las fiestas suntuosas”.
Unas 13 agrupaciones renovaron su apoyo a la candidatura de Gil Lavedra: Abogados de la Ciudad, encabezada por Pablo Clusellas, Diego Marías y Florencia Taus; Abogados en Acción, liderada por Martín Casares y Jimena de la Torre (actual consejera); Abogados por Argentina, de Alberto Biglieri (actual consejero porteño); Bloque Constitucional, liderado por Alejandro Fargosi y Monica Lovera; Cambio Pluralista, con Guillermo Borda y Alejandra García, entre otras. Destacó además que quieEl re seguir avanzando en la construcción de un Colegio moderno, abierto, profesional y eficiente. “El futuro se juega en un lapso muy breve”, advirtió. Del otro lado, desde la lista que lleva a Trotta le recordaron que, más allá de su posición en contra del artículo de la ley ómnibus que prevé las sucesiones notariales sin intervención de abogados, Gil Lavedra fue uno de los firmantes de un proyecto de ley en ese sentido cuando era diputado. Están que se sacan chispas. Las razones por las que Trotta dejó el oficialismo tienen que ver con la posición que adoptó el Colegio ante el DNU 70/23 y la ley ómnibus de Javier Milei. Si bien hubo expresiones de Gil Lavedra en contra, no se tradujeron en un amparo, como le reclamaba Trotta. Le dijo 
que no saltó del oficialismo de un día para el otro, sino que “hubo un ninguneo permanente” de parte de la agrupación de Gil Lavedra. Trotta es de la Asociación Abogados del Fuero, que se inició con letrados laboralistas y que ahora suma 2600 abogados. Se erigió en la candidata de Rizzo, que armó una lista con peronistas, camporistas, kirchneristas y Pro.
Hay una tercera lista, Espacio Abierto de la Abogacía (Lista 66). La encabeza Rubén Ramos, titular de la Asociación Gremial de la Abogacía del Estado (AGAE). La integran abogados estatales y privados. Ramos se presenta como “la alternativa” y dice que ellos son “los únicos que plantean un modelo de Colegio distinto”.

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA