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Marcos Peña reaparece con un libro y revela intimidades de su experiencia en el poder
El exjefe de Gabinete de Macri se focaliza en la dimensión humana del liderazgo, pero no ahonda en la trastienda política


Marcos Peña fue el funcionario más influyente del gobierno de Mauricio Macri. Durante 48 meses estuvo al frente de la Jefatura de Gabinete y desde allí se convirtió en un hombre poderoso. No solo fue la sombra del expresidente, sino el autor de las jugadas políticas o el ideólogo de la estrategia comunicacional de la gestión de Cambiemos.
Después de la derrota electoral de 2019 y el final de la experiencia de Macri en la Casa Rosada, Peña se alejó de la escena pública y comenzó a planificar meticulosamente su nueva vida. En silencio y distanciado de las pujas ideológicas en Pro, uno de los máximos colaboradores de Macri hizo autocrítica de su paso por el poder e inició un ejercicio de reinvención personal: decidió dejar el traje de político para convertirse en un “entrenador de líderes”.
Cuatro años después de que abandonara la función pública, Peña decidió volver al primer plano para relatar entretelones de sus vivencias en el gobierno de Macri y sus aprendizajes en la vertiginosa toma de decisiones o la gestión de equipos y el manejo de situaciones de crisis. En su primer libro, El arte de subir (y bajar) la montaña, de editorial Siglo Veintiuno, el exjefe de Gabinete diseña un manual para prevenir trastornos en la conducta que genera el ejercicio del mando en puestos relevantes y con alta exposición pública.
Peña apela a sus experiencias en la cocina del poder para analizar en profundidad la “dimensión humana del liderazgo”. Por caso, confiesa que “una de las partes que menos le gustaron” era ser el responsable de comunicar a los ministros que debían dejar su cargo o lidiar con las negociaciones por los cierres de listas. Destaca que Macri acertó con la idea de que su gobierno “sea liderado con cultura de equipo” y reconoce que sufrió el desgaste por asumir su rol como vocero del gobierno.
“Tuve aciertos y errores, y pienso ahora con más experiencia que podría haber sido mejor no concentrar tanta carga ni enamorarme tanto de tirarme arriba de todas las granadas que había dando vueltas. Me hice cargo de muchas responsabilidades que no eran mías, y no me quejo, así entendí la tarea. Al principio me dio bronca la injusticia de ver que esa actitud no siempre fue recíproca con las de muchos colegas, pero hoy entiendo que lo hice convencido y que no vale quejarse el día después”, indica.
A diferencia de Primer tiempo o Para qué, los libros que publicó Macri después de que abandonó la Casa Rosada, en los que revisa su período presidencial y revela la trastienda de la toma de decisiones más resonantes de su gestión, como la designación por decreto de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en la Corte Suprema, la gestión del préstamo del FMI o su rechazo al “plan V”, pese a la presión del establishment para que María Eugenia Vidal sea la candidata a presidenta en 2019, Peña evita dar mayores detalles de las disputas políticas y dificultades económicas que atravesó Cambiemos. Mira su paso por la gestión desde otra óptica. Se enfoca, sobre todo, en las determinaciones psicológicas del liderazgo y describe con precisión los efectos y costos en la vida personal del ejercicio de la función pública. Pone énfasis en sus momentos de debilidad y sus luchas internas.
En el primer tramo del libro, Peña revela que había decidido alejarse de la política antes de que Macri perdiera las elecciones presidenciales contra la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Corría mayo de 2019 cuando el jefe de Gabinete de Macri llegó a la conclusión de que prefería tomar distancia de su oficio antes de poner en riesgo la estabilidad de su pareja con Luciana Mantero. “Al forzar mi decisión, ella me ayudó a salvarme de un lugar peligroso. Sé que mi elección vino de un lugar muy profundo. Cuarenta y ocho meses como jefe de Gabinete del gobierno argentino habían ido desgastando mi energía y mi motivación, y lo que más me sostenía era la responsabilidad y la necesidad de llevar la nave a buen puerto”, cuenta Peña, quien sufría en ese momento el desgaste por el tembladeral político que provocó en el gobierno de Cambiemos la crisis cambiaria. Incluso describe su “angustia” y su sensación de “indefensión” durante un cacerolazo.
Consciente de que era el principal blanco de las críticas de aliados de Pro o la UCR por el rumbo de la gestión y las dificultades que enfrentaba Macri para reelegir, Peña mantuvo el secreto sobre su alejamiento de la política durante los últimos meses de la administración. “En aquel momento, llevaba casi un año recibiendo cada vez más críticas, entre ellas, que me aferraba al cargo. No hubiese tenido problema en irme antes, pero sentía que no tenía esa opción. Eso me hizo darme cuenta de que hasta el final del mandato iba a estar en una situación vulnerable y peligrosa”, recuerda.
A lo largo del libro, Peña ensaya una autocrítica sobre su estilo de liderazgo, pero no evalúa las decisiones que derivaron en la derrota de Macri en 2019. Puntualiza los “síntomas emocionales” que tuvo durante los cuatro años como ministro coordinador. Y sugiere que la “disociación” que sufrió en el ejercicio del mando lo ayudó a “soportar el altísimo nivel de agresión que recibió en el último tiempo del gobierno”. “Ese día a día de miles de decisiones, alta exposición, mucha energía puesta en lograr que todo el equipo se alinease detrás de un rumbo común y gran conflictividad resultó ser muy intenso”, señala.
A lo largo de su repaso a fondo por su ascenso y caída en las estructuras del poder, Peña apela a un tono conciliador e intenta mostrarse auténtico. Por caso, cuenta que sufrió cuando Macri no lo eligió como candidato a vicejefe porteño en 2011 o su compañero de fórmula en 2015 o con sus enfrentamientos con el “círculo rojo” o los dueños de medios de comunicación por la estrategia electoral. También narra cómo vivió su retirada del poder. “Al principio me enojaba mucho con el término ‘muerto político’ que algunos usaban para referirse a mí. Hoy entiendo que ese concepto fue un regalo que me dio la vida. Porque atravesar esa muerte simbólica te hace más fuerte y más libre. Porque lo que muere no es la persona, sino el personaje”, reflexiona.

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El Gobierno no quiere incluir la educación en el Pacto de Mayo y crece la polémica
Dicen que los puntos del acuerdo no se debatirán; la iniciativa contra el “adoctrinamiento” irá en la “Ley de bases”; discusión con la UBA
Maia Jastreblansky
El Gobierno no está dispuesto a incluir –como pidió parte de la oposición– un compromiso sobre la educación dentro de los “mandamientos” del Pacto de Mayo que se firmaría el Día de la Patria en la ciudad de Córdoba. De hecho, en la Casa Rosada afirman que la invitación que hizo Javier Milei a firmar un gran acuerdo nacional es un “contrato de adhesión” con diez puntos que no están sujetos a discusión.
Aun cuando el primer mojón en la agenda política es el tratamiento de la “Ley de bases” y el pacto fiscal, la UCR ya anunció que quiere incluir un respaldo a la educación “accesible a todos los sectores sociales y de calidad” en el Pacto de Mayo. Pero cerca de Milei se muestran intransigentes, como hacen cada vez que se avecina una instancia de negociación. “Los diez puntos del pacto no se mueven, adherís o no”, dijo un colaborador muy cercano al Presidente. Otro colaborador libertario acotó: “Son económicos, no está educación, pero tampoco seguridad o salud”.
Las últimas medidas y las señales que viene dando el Gobierno dejan ver el rumbo que pretende darle Milei a la cuestión educativa. Un giro considerable respecto de lo que se hizo hasta acá, con menor intervención del Estado, una descarga de responsabilidades en las provincias y un mayor control y ajuste del gasto.
La última novedad fue la decisión de impulsar un proyecto para “penar” el “adoctrinamiento” en las escuelas. Fue un anuncio de Manuel Adorni luego de una reunión de gabinete El vocero comunicó la iniciativa sin que el secretario de Educación, Carlos Torrendell, estuviera al tanto. Según pudo saber la nacion, durante el encuentro del Presidente con los ministros, uno de los presentes reflotó un proyecto de “vieja data” que tenían en su computadora. Y Milei, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el vocero acordaron lanzarlo rápidamente en la conferencia de prensa del día. En la Casa Rosada no quisieron revelar al autor de la iniciativa.
El proyecto para “garantizar una educación libre de proselitismo y adoctrinamiento” generó fuerte polémica pública porque hay quienes ven allí una posible persecución ideológica a los docentes. Se incluirá en la “Ley de bases” que se enviará en los próximos días al Congreso y modifica los artículos 11º y 26º de la ley N° 26.206 de educación nacional, que refieren a las garantías de los niños en el aula.
Fuentes oficiales dijeron que el nuevo texto “seguirá el espíritu” del artículo 33º de la ley de educación superior, que vela por la “pluralidad” en los procesos de enseñanza.
Según pudo saber este medio, se evalúa proponer un canal de atención para que el alumno pueda concurrir si percibe “hostigamiento” de parte del docente y mecanismos para “respetar la libertad del alumno”. Lo que no está claro es cuál sería la “penalidad” para los docentes. Milei tiene este tema en la cabeza desde que Iñaki Gutiérrez, el joven que maneja su Tiktok, le contó que una profesora lo maltrató por sus ideas.
El otro proyecto en gateras es el vinculado a la educación como “servicio esencial” para contrarrestar los paros docentes. Hace algunas semanas se especulaba sobre la publicación de un DNU, pero finalmente no se hizo y ahora se evalúa incluirlo en la “Ley de bases”. Estas y otras decisiones se toman en la Casa Rosada. Torrendell, en cambio, tiene como proyecto propio un plan de alfabetización.
Universidades
Respecto de las universidades públicas, el Gobierno ratificó la decisión de no incrementar las partidas más allá del aumento del 70% que se otorgó para “gastos de funcionamiento”. Esta medida se tomó luego de que, en marzo, las federaciones de la docencia universitaria y la Fatun (no docentes) anunciaran un paro nacional en 57 universidades debido a que la gestión de Milei pretendía replicar este año el presupuesto de 2023 pese a la inflación.
La UBA señaló en un comunicado que espera que el Gobierno “disponga de un presupuesto actualizado para el presente año, que garantice la continuidad de sus funciones académicas, de investigación, salud y extensión, además de la actualización de las paritarias docente y no docente”.
Desde hace varios días, el referente de la UCR y vicerrector de esa universidad, Emiliano Yacobitti, viene denunciando mediáticamente que “gran parte” de la institución “va a cerrar en el segundo cuatrimestre” y alertó sobre el impacto de las tarifas. Agregó que los salarios de docentes y no docentes tuvieron una pérdida del poder adquisitivo “del 27%” en lo que va del año, mientras que las partidas para funcionamiento sufrieron un ajuste “del 60%”.
Tras esas declaraciones –y un cruce de chicanas entre Yacobitti y Adorni en torno a una invitación del primero a “boxear”–, fuentes de la Casa Rosada dijeron a la nacion que la gestión de Milei tiene intenciones de implementar un mayor “control del gasto” de las universidades, que son autárquicas. “Piden plata, pero no dicen a dónde va”, advirtió un funcionario en Balcarce 50.
De fondo, la mirada que tiene la cúpula libertaria es que hoy la universidad pública se financia con impuestos que pagan todos los estratos sociales aunque solo se gradúan aquellos alumnos con mejores recursos. “Los pibes pobres no llegan a la universidad. No hay razón para que alguien que no tiene recursos le pague la universidad a un rico”, dijo un colaborador muy cercano a Milei.
Todas estas polémicas se desataron cuando la gestión libertaria aún no puso en agenda el plan de los vouchers educativos. En la Casa Rosada dicen que eso es una reforma “de segunda generación” que todavía no verá la luz.

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Economía ya planea una segunda etapa de ajuste con más medidas
Tras una primera fase de recortes en diversos rubros, el Gobierno afina el lápiz para eliminar el déficit; reducirá erogaciones en Capital Humano, subsidios y empresas públicasI

Ignacio GrimaldiEl área de Pettovello será una de las más afectadas
El gobierno de Javier Milei logró incorporar dos artefactos comunes a la más alta conversación económica: motosierra y licuadora. Ambas conviven en la caja de herramientas del ministro Luis Caputo. Incluso, combinaron sus efectos en el éxito más celebrado por el Presidente: el superávit financiero en los dos primeros meses del año. Sin embargo, hay algunas dificultades.
En la medida en que se consolide una baja de la inflación, la “licuadora” pierde potencia. Los recortes tendrán que suplir esa pérdida para evitar caer en números deficitarios.
En ese sentido, el Gobierno ganó aire esta semana con las nuevas tarifas de los servicios públicos, que desde abril llegarán con aumentos de hasta 450% en gas, 300% en luz y 209% en agua. Son incrementos que representan un alto impacto en el bolsillo, aunque moderado ahorro fiscal.
Según números de la consultora Empiria, equivalen a 0,3% del PBI. Cuando inició la gestión de La Libertad Avanza, el ministro de Economía mostró un plan de reducción de subsidios del 0,7% del PBI necesarios para alcanzar el equilibrio fiscal. Es decir, los esfuerzos en esta línea deberían ser redoblados para cumplir la meta trazada por Caputo. En junio próximo, la Secretaría de Energía aplicará una “canasta básica”, que, tal como definieron en el área, funcionará como una nueva “reestructuración de subsidios” de la que aún se desconoce su magnitud.
El caso de los subsidios refleja a la perfección el momento que atraviesan las cuentas del Estado: comenzaron a sufrir un ajuste grande aunque aún insuficiente para llegar al ahorro de 5% del PBI que el Gobierno necesita para alcanzar el equilibrio financiero a fin de año, según coincide la mayoría de los analistas.
Esto explica la necesidad de Milei de profundizar los recortes pese a los datos de superávit durante los primeros meses del año. La caída de la recaudación en marzo, que según el economista Fernando Marull fue del 9% en términos reales, obliga a afilar la tijera.
Capital Humano, el ministerio con el presupuesto más grande del Estado y que nuclea áreas como asistencia social, Trabajo y Educación, es uno de los próximos objetivos de la motosierra. La cartera dirigida por Sandra Pettovello activará una segunda etapa “de ahorro”, como describió una fuente del ministerio.
La primera provocó recortes equivalentes a $8300 millones, pero la dimensión de la segunda parte será del doble, ya que en su plan de acción figura un ajuste de $16.850 millones.
A su vez, una fuente del Ministerio de Interior le confirmó a la nacion que la próxima semana el Gobierno tendrá un nuevo listado de empresas “sujetas a privatización” que incluirá en la “Ley de bases”, negociada con los gobernadores.
El déficit de las empresas públicas, calculado por Empiria, fue del 0,8% del PBI en 2023. La consultora proyectó que “un ahorro razonable” llevaría el rojo a 0,3% del PBI. Eliminar completamente las transferencias del Gobierno a las compañías estatales, señalan, podría no ser sostenible en el tiempo. Según publicó la Oficina de Presupuesto del Congreso, Milei las redujo más de la mitad. En consecuencia, suprimir todo ese gasto solo sería posible a través de privatizaciones.
Hace un mes, el Presidente anunció el cierre de Télam. Actualmente, la agencia de noticias estatal transita la fase de retiros voluntarios. La Jefatura de Gabinete contabiliza una adhesión de “más de 90 empleados”, entre los 778 que componen su planta. Si se tomara en cuenta la cifra exacta de 90 empleados con retiros voluntarios, el Gobierno debería resolver qué hacer con el 88% restante.
Este aparente ritmo bajo de la motosierra parece sumar velocidad en otros organismos como el Inadi. El Ministerio de Justicia confirmó  que “a fin de mes” cerrará su edificio en Avenida de Mayo. También despidió a 127 empleados “sin costo para el Estado” y rescindió todos los alquileres en el interior, entre otras medidas.
Las jubilaciones encienden alarmas fiscales para el Gobierno. La nueva fórmula mejoró la situación de los beneficiarios, pero en términos reales, no llegó a recuperar lo perdido por el shock inflacionario. De este modo, a pesar del incremento del gasto en términos nominales, el ahorro que la consultora Empiria proyecta es de 0,6% del PBI, que de no sumar partidas extraordinarias (bonos) podría subir a 1% o 1,1% del PBI.
En paralelo, continuarán las restricciones en la obra pública. Entre fines de 2023 y el último dato disponible en febrero pasado, quedaron en el camino 2117 proyectos que dejaron de ser financiados con fondos nacionales, según se desprende del Banco de Proyectos de Inversión Pública.
La eliminación de la pauta oficial también se refleja en llamativos números presupuestarios. Según cifras oficiales, representa un ahorro de $100.000 millones.
La Secretaría de Prensa solo devengó el 3,9% de su crédito. Ciencia, Innovación y Tecnología le gana a esta última área, dado que ejecutó el 0,6% de los $79.431 millones que tiene de fondo. Estos sectores responden a Presidencia y Jefatura de Gabinete, respectivamente.
De hecho, la cartera dirigida por Nicolás Posse lleva un pormenorizado detalle de los recortes. Un documento al que tuvo acceso la nacion resume “el ajuste del Estado”.
Allí enumera la reducción del 30% de los autos oficiales; la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, que había sido creado por el entonces presidente Alberto Fernández, en 2020, y concentraba partidas por $231.000 millones; el recorte del 98% de las transferencias discrecionales a las provincias (en 2023 habían totalizado $5,4 billones); la baja de 27.000 planes sociales, que por mes significaban $2000 millones; el plan de “optimización de recursos” en Capital Humano que busca generar un ahorro de $25.000 millones a través de la revisión de “compras que se hacían sin criterio razonable”, la reducción de celulares disponibles y vehículos a disposición de los integrantes de la cartera; y el fin de comodidades tales como vuelos privados o el ingreso a salones vip en aeropuertos para funcionarios públicos, entre otras medidas.
A propósito de la reducción de personal en la Administración Pública, la Jefatura de Gabinete confirmó que, tras un recorte del 50% de los cargos jerárquicos en la Administración Nacional, en marzo se discontinuaron “alrededor de 15.000 contratos” y analiza la situación de otros 55.000 contratos que “entran en un nuevo proceso” de revisión hasta el 30 de junio.

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