Jubilaciones, hoy y mañana Cuatro temas claves del debate previsional en la Argentina
La definición de qué haberes se pagan, la actualización periódica del valor de esos ingresos, la posibilidad de acceder al sistema y las fuentes de recursos para financiarlo son cuestiones fundamentales; la situación actual y las propuestas
POR Silvia Stang
Dos grandes cuestiones ganaron en los últimos meses su lugar en la agenda pública, en lo que al sistema previsional se refiere. Una es la de cómo se actualizan los haberes y qué pérdidas de valor acumularon –de forma despareja– en los últimos años. La otra es la relacionada con definir quiénes acceden a cobrar prestaciones al llegar a la edad de retiro.
La movilidad de los ingresos y la moratoria por falta de aportes están, de hecho, en el eje de los análisis y los debates actuales. Alrededor de estos temas, emergentes de la inflación y la informalidad laboral, giran otros que también requieren ser mirados de frente (todos en conjunto y no de forma aislada) si se busca darles respuestas de fondo a los problemas y desafíos de corto, mediano y largo plazo del régimen.
La posibilidad de sostener a futuro los pagos es un punto fundamental, sobre todo cuando el país está no tan lejos de dejar de transitar lo que los expertos llaman el “bono demográfico”. Hacia mediados de la próxima década, la Argentina entrará en una etapa en la cual la población económicamente dependiente (sobre todo, los jubilados y pensionados) tendrá una participación sobre el total de habitantes significativamente mayor que la actual. En otras palabras: harán falta más recursos en una sociedad que, por ahora, no logra sortear sus problemas de larga data en el mercado laboral, ni mantener un crecimiento económico con ganancias en la productividad.
Definir las prestaciones
En el principal esquema jubilatorio de la Argentina, el régimen general gestionado por la Anses, los haberes iniciales se definen según una fórmula que combina un monto fijo e igual para todos con un importe que, para los asalariados, surge de una fórmula que se vincula con la remuneración promedio de los diez últimos años con aportes. Si, por ejemplo, esta última cifra (que se calcula usando índices de actualización para los valores históricos) fuera de $700.000, el haber inicial de quien se jubile en junio con 30 años de aportes sería de $409.662 (58,5% del sueldo promedio de diez años).
En el caso de quienes solo hayan aportado como cuentapropistas, en el monotributo o en autónomos, se recibe por lo general el haber mínimo, que en junio será de $206.931. Más allá de esos casos, la inmensa mayoría de quienes están en ese tramo más bajo de ingresos accedió al sistema recurriendo a una moratorias por los aportes no hechos.
De las 5.866.779 personas con prestaciones que hubo en marzo, el 49,6% cobró un monto de hasta el haber mínimo más el bono de $70.000, según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social. Algo más de un tercio percibió un importe superior a ese básico pero que, como máximo, tan solo lo duplicó: en junio estarán en este grupo los titulares de ingresos de entre $276.932 y $553.862. Con esas cifras y, por la continuidad de una política fijada por el gobierno anterior, no se reciben bonos compensatorios por las pérdidas frente a la inflación.
Algunos proyectos de ley que están en el Congreso plantean la idea de garantizar un ingreso mínimo según un parámetro. El texto presentado por la UCR y Hacemos Coalición Federal, por ejemplo, propone tomar el valor de la canasta básica usada por el Indec para medir la pobreza. Para abril –último dato disponible–, el valor para el adulto mayor (el que se propone usar) es de $268.012, algo inferior al monto del haber mínimo, con bono, que habrá en junio.
Desde 2018 rige una garantía por la cual nadie que obtuvo su prestación sin haber recurrido a una moratoria puede cobrar, como haber bruto propiamente dicho (sin contar el bono), menos del 82% del salario mínimo, vital y móvil. En los últimos tiempos, eso habilitó el pago de suplementos de forma recurrente. Pero lo cierto es que los movimientos del valor de referencia (el salario mínimo) dependen en gran medida de decisiones políticas.
En la opinión del economista Oscar Cetrángolo, investigador en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet, “para definir un ingreso básico que alcance a todos los adultos mayores que no tengan otro ingreso ni riqueza, habría que trabajar en la definición de una canasta básica específica, de la que se deben descontar los gastos que cubre el PAMI”.
La definición de un haber básico debería darse, según apunta la abogada Elsa Rodríguez Romero, dentro de un régimen con “una estructura más plástica, menos rígida” que la actual, que contemple diferentes módulos de ingresos. El primero sería “uno no contributivo, al menos no con cotizaciones [no con aportes laborales], que se otorgaría otorgado a determinada edad y su monto sería de subsistencia”. Luego, agrega, habría otro módulo en el que el monto reflejaría “de la manera más justa posible” lo que se aportó al sistema. “Y lo ideal sería que también exista un módulo de cotización voluntaria, regulado por el Estado”, completa la abogada.
La actualización
Definido el haber de inicio, lograr que el valor no se deteriore con el tiempo es un objetivo ampliamente incumplido en los últimos tiempos. Pero incluso antes de eso, en un escenario inflacionario un primer deber del sistema es la adecuada actualización de los salarios que integran la fórmula de cálculo del ingreso inicial. En 2009 la Corte Suprema le ordenó al gobierno de entonces, en el fallo de la causa Elliff, respetar ese principio básico, para que no se siguieran calculando haberes de inicio inferiores a los debidos.
Respecto de la movilidad de los haberes en curso de pago, Osvaldo Giordano, economista, presidente del Ieral de la Fundación Mediterránea y exdirector ejecutivo de la Anses, define que el objetivo “es darle al jubilado previsibilidad y tranquilidad de que se mantendrá el poder de compra”. Por eso, afirma, la forma apropiada de actualizar los montos es con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.
El DNU 274 del actual gobierno dispuso, justamente, que desde julio los reajustes en el sistema general de la Anses se harán siguiendo la variación de ese indicador, con dos meses de rezago. En julio se usará el dato de mayo, y así sucesivamente. En la práctica y por un mecanismo de “empalme”, ya desde abril hay reajustes mensuales por inflación. Eso, más un plus de 12,5% dado en el cuarto mes, determina que en trimestre actual las prestaciones tendrán una suba acumulada de 53,9%, frente a un 41,48% resultante de la fórmula de la ley 27.609, usada desde 2021 y hasta marzo de este año.
Giordano afirma que, más allá del uso del IPC como referencia, lo recomendable es sostener una modalidad “simple y transparente” y evitar esquemas complejos, como el de la fórmula aprobada en 2008 que, con términos similares, se repuso en 2021 por impulso del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Ese cálculo se basa en la variación de los salarios y de la recaudación de impuestos, y contempla un tope anual a la suba de las jubilaciones, aplicado en 2023 pese a la pérdida de poder de compra que se venía acumulando.
Sergio Rottenschweiler, economista especializado en seguridad social y docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento coincide en la necesidad de evitar fórmulas complejas como la anterior, que suponía “problemas de implementación y transparencia”. Y sostiene que en un escenario más estable “suena razonable” una fórmula que combine inflación y salarios.
Contemplar un índice de remuneraciones es algo que está planteado en algunos proyectos de ley en debate, pero no como parte de la fórmula de movilidad, sino como una variable que debería observarse una vez al año. El mecanismo determinaría que si los salarios avanzaron más que el índice general de precios, debería otorgarse una mejora a las prestaciones previsionales.
“En un sistema ideal debería compartirse con los jubilados la mayor riqueza que se genere en el país”, dice el abogado previsionalista Adrián Tróccoli. Pero, según evalúa, lo más adecuado sería dar mejoras en función del eventual crecimiento real del PBI per cápita. Respecto de los ajustes por IPC, el abogado considera que en un escenario de estabilidad de precios “el criterio debería ser que no haya reajustes todos los meses sino, por ejemplo, cada seis meses, salvo que en un período menor se acumule una inflación de un determinado porcentaje ya definido y, en tal caso, el reajuste se adelantaría”.
En los últimos años las jubilaciones tuvieron fuertes pérdidas de su poder de compra. Si se comparan los ingresos de septiembre de 2017 con los de abril último, en el segundo momento quienes tienen por ingreso el haber mínimo más el bono pudieron comprar un 32,6% menos de lo que podían en el punto de partida. Y quienes perciben el haber máximo del sistema vieron recortada su capacidad de compra en un 56%.
Si se pone el foco en abril, en ese mes de este año pudo adquirirse, en promedio, un 15,9% menos que en 2023 en el caso del ingreso mínimo, un 25% menos si se trata del haber máximo, y un 28,6% menos si la comparación se hace para alguien que en abril último tuvo un haber de $291.649. En este último ejemplo se perdió más, porque es el caso de alguien que recibió un bono entre septiembre de 2022 y agosto de 2023, y luego, ya no. En ese mismo caso, durante 2023 se perdió un 37,4% de poder adquisitivo.
En el actual mayo, según se estima, los haberes habrían recuperado el poder adquisitivo de diciembre. Pero, ¿qué pasa con la pérdida acumulada? Según Tróccoli, es una obligación del Estado recomponer los ingresos y en algún momento habrá una resolución judicial sobre el tema. Actualmente hay juicios en curso por parte de quienes no recibieron nunca bonos. Y los argumentos están centrados en los considerandos de los decretos que establecieron esos refuerzos adicionales a la movilidad. “Alberto Fernández sacó varios decretos en los que adujo que el gobierno previo había quitado un 19,5% del valor de las jubilaciones [que entre 2020 y 2019 cayeron hasta 44%] y que, por la inflación, debía intervenir con un bono; pero los efectos de la inflación fueron para todos y el bono, para algunos”, advierte el abogado.
Más allá de la urgencia por redefinir la movilidad en un contexto de alta inflación, Giordano advierte que a los problemas de sostenibilidad y falta de equidad del sistema no los resuelve la modalidad de reajustes, “sino un reordenamiento integral”. Propone que, más allá de las actualizaciones por el IPC haya “un ajuste anual para las jubilaciones en función de los aumentos del salario real”, y que ello sea aplicable solo para quienes no usaron moratorias.
El acceso a los cobros
En 2023 el 80% de las jubilaciones dadas de alta fueron para quienes requirieron de una moratoria o un esquema subsidiado de pago de los aportes no hechos en su momento. En el primer trimestre de 2024 ese índice fue de 76% y cada año, desde 2010, más de la mitad de las altas fue para personas que tomaron esos planes.
Son datos que reflejan el enorme problema de la informalidad, que no parece estar siquiera en vías de solución luego de casi 20 años con moratorias, que son esquemas por naturaleza provisorios, que no deberían anclarse a un tema de fondo que necesita otras respuestas.
Terminar con las moratorias implicaría modificar la cobertura para un grupo importante de adultos mayores. Según Rafael Rofman y Manuel Mera, investigador principal y director de Protección Social del Cippec, con la eliminación de ese mecanismo debería establecerse la vigencia de un ingreso universal, con un valor cercano a la existente Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), para quienes estén en edad de retiro y pasen un examen socio económico. A ese componente se le sumaría otro contributivo para quienes hayan reunido aportes, en un esquema similar al propuesto por Rodríguez Romero.
El proyecto de Ley de Bases del Poder Ejecutivo busca derogar la ley 26.705, que habilitó un sistema de compra de aportes que les permite obtener una prestación inmediata a quienes cumplen la edad jubilatoria hasta marzo de 2025. Quedaría en pie otra moratoria que, dado el paso del tiempo, es mucho más restrictiva para la adhesión.
La iniciativa oficial prevé que haya prestaciones proporcionales según la cantidad de aportes hechos en la vida laboral. El texto propone que el piso del ingreso sea la actual PUAM, cuyo monto equivale al 80% del haber mínimo, pero le deja varias definiciones al Poder Ejecutivo.
En la opinión de Giordano, que fue ministro de Finanzas de Córdoba y gestionó la caja previsional de esa provincia, “establecer un mecanismo que permite simular haber trabajado para acceder a una prestación contributiva es algo rebuscado e injusto” y una forma “demagógica e irresponsable” de abordar un problema real, que debería encontrar respuesta en un esquema de beneficios no contributivos.
“Con un haber básico garantizado y un esquema que resuelva la situación de quienes tienen aportes, pero no suficientes para el haber pleno, las moratorias no tendrían sentido”, dice Cetrángolo.
El financiamiento
El desafío de cómo pagar las prestaciones se plantea más allá de los aportes reunidos por las personas. Según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social, en 2023 los pagos previsionales se hicieron en un 76% con “recursos propios” y en un 24% con fondos del Tesoro. Pero en el primer ítem no solo hay aportes y contribuciones, sino también fondos de tributos con asignación específica: los impuestos al cheque y PAIS, el IVA y las cargas a los combustibles.
“Si se eliminara la asignación específica de esos impuestos, el efecto sería nulo; el sistema debería financiarse con aportes, contribuciones y rentas generales, eso sería más transparente”, dice Rofman. Algo que sí tendría impacto en cuanto a liberar fondos para redistribuir, considera, es la revisión de todos los regímenes especiales del país. Al no poder afectarse derechos adquiridos, los efectos serían de mediano y largo plazo.
Para sostener los pagos futuros “hay que apuntar a los recursos”, afirma Rottenschweiler, y para eso “es clave que crezcan el empleo formal privado y la productividad”.
“Las jubilaciones se deben financian con los aportes de activos, empleadores y el Estado, pero desde hace un tiempo, lamentablemente, se financian mayormente con el “aporte forzado” de los restantes jubilados, algo tan sutil como injusto”, dice Rodríguez Romero, respecto de las distorsiones en el sistema.
Un sistema que no podrá mejorar genuinamente sus prestaciones de hoy y de mañana, si no hay un cambio drástico de la realidad social.
Las prestaciones de la Anses se reajustan desde abril cada mes y por inflación, tras haber acumulado fuertes pérdidas de poder adquisitivo
“Estamos atravesando el ajuste más drástico en términos fiscales, monetarios y de sector externo por lo menos de los últimos 50 años”, plantea el Ricardo Delgado, director de Analytica, sobre el plan puesto en marcha por Javier Milei. Según el economista, el Presidente impuso un “giro copernicano” en la política económica local, al conseguir apoyo social para concretar medidas de reducción del gasto, pero advierte por el impacto sobre el nivel de actividad. “La clave es cómo darle consistencia y estabilidad a este proceso en el tiempo”, dice Delgado en diálogo
“Este programa ha implicado recortes muy drásticos en una enorme cantidad de partidas de gasto, como obra pública, transferencias a provincias, jubilaciones, todo lo que tiene que ver con la contención social. Y la discusión es de qué manera Milei va a enfrentar lo que yo creo que tiene que ser una segunda fase, en la cual la política económica debería pasar de ser trabajada y pensada ya no en términos de motosierra, licuadora o aspiradora, sino como un hospital de alta complejidad, donde haya una guardia muy especializada que atienda a los heridos, que van a empezar a aparecer. Necesitamos expertos no solo en amputar con la motosierra, sino en atender de una manera más cuidadosa al paciente”, plantea.
–¿Sería el plan de estabilización que muchos economistas advierten que falta? ¿Cuál es su visión?
–En términos personales, creo que sí, que falta, pero me parece que el Gobierno no va a ir por ahí. Lo que tiene que hacer la política económica es darle consistencia a este proceso para que no haya de vuelta estos giros que cada tanto en la Argentina han sido sistemáticos y periódicos, que han revertido procesos. Porque empiezan a aparecer algunas cuestiones que tienen que ver con las limitaciones de las propias medidas.
–¿A cuáles se refiere?
–Una de las de las más evidentes tiene que ver con la baja de tasas de interés, que es importante para sanear el pasivo del Banco Central y está pensada en esa dirección, para además señalizar el proceso de desinflación, que es lo que básicamente estaba buscando el Gobierno, pero empieza a encontrar restricciones. El salto de estos últimos días de los tipos de cambio financieros indica que la volatilidad sigue presente, en un momento en donde uno a priori hubiese pensado que en el segundo trimestre del año es donde ingresan los dólares de la cosecha gruesa de la soja, y eso hubiese previsto menos turbulencias en lo financiero. Eso no está sucediendo. La segunda lo produce el fenómeno de Misiones.
–¿Qué opina de ese conflicto?
–Que hasta dónde recortar 70 puntos en términos reales en el acumulado del año las transferencias a las provincias es algo sustentable. Para poner el caso de Misiones, que es el que está hoy en discusión, recibió el mes pasado $1500 millones de aportes del Tesoro. Empiezan los cuestionamientos naturales en un proceso de reformas.
–¿Cómo ve el nivel del dólar? ¿Hay atraso cambiario?
–Si juntás a cinco economistas, vas a tener seis o siete respuestas distintas acerca de si el dólar está atrasado o no. Son discusiones bizantinas. Ahora, sí me parece que la historia nos ayuda por lo menos a tomar referencias. Hoy el tipo de cambio oficial está en torno a unos $900 y algo. Al Presidente le gusta sumarle el impuesto PAIS, un 17,5% más, y da $1100. En otros momentos históricos, por ejemplo la Convertibilidad, cuando nadie puede negar que el tipo de cambio estaba apreciado, a precios de hoy serían $580, y hoy estamos casi al doble. En el segundo gobierno de Cristina, entre 2011 y 2015, donde por supuesto había brecha y cepo, el tipo de cambio a hoy sería de $680. Pero recordemos que en el segundo gobierno de Cristina el Banco Central perdió US$35.000 millones de reservas, justamente para financiar ese atraso. Todos los gobiernos, con independencia del signo ideológico, quieren y se sienten confortables con un tipo de cambio apreciado, por la sensación térmica de tener un ingreso en dólares mayor, y la clase media puede viajar al exterior y siente que ganar US$2000 o US$3000 es posible. Pero eso tiene el problema de que termina mal.
–¿Qué margen hay para acumular reservas, como pretende el Gobierno, con este esquema?
–La pregunta es si una economía con las condiciones actuales puede tener un tipo de cambio que se va apreciando cada vez más. Tomemos una canasta de consumo básico de una familia que incluye carne, huevos y leche. Nosotros en Analytica comparamos esa misma canasta en Estados Unidos, España y otros países, con productos exactamente iguales, y comparamos los salarios mínimos en cada uno de esos de esos países, y hoy la Argentina tiene de las canastas más caras de América Latina, medida en dólares financieros, y los salarios más bajos de la región, comparado con Brasil o Chile. Esa misma canasta vale menos en Madrid que en Buenos Aires, y casi igual que en Estados Unidos. Con eso uno podría decir que el tipo de cambio está apreciado.
–¿Y en cuanto a lo productivo?
–Eso implicaría que estarían entrando enorme cantidad de productos importados y que, ante la competencia del importado, no habría ingreso de insumos para producir bienes locales. Pero si mirás la relación, hoy, entre las importaciones de insumos en los sectores transables de la economía, como la industria, el agro, el petróleo, la minería y el gas, y lo comparás con las importaciones de los sectores no transables, básicamente servicios, banca, transporte y telecomunicaciones, esa relación en los últimos años era de seis a uno, y hoy está en ocho. Eso muestra que, por el lado de los insumos, todavía no hay retraso cambiario y que hay cierta rentabilidad de los sectores transables, que son los que te generan dólares hacia adelante. Por supuesto, eso es una foto. La pregunta de fondo es, de nuevo, la necesidad de una nueva etapa de la política económica, que requiere modificar la política cambiaria, porque no podés haber acumulado 100% de inflación en lo que va de la gestión y una devaluación nominal de diez puntos. Seguir con el crawling peg al 2% mensual que viene llevando el Banco Central en este contexto de inflación en baja parece bastante difícil de sostener.
–El temor del Gobierno es que cambiar eso tenga efectos inflacionarios.
–Es cierto, definitivamente. Creo que el objetivo de fondo que quiere el Gobierno es tener una tasa de inflación lo más baja posible, y es probable que tengamos un dato en mayo que sea todavía bastante inferior al de abril, pero está usando algunas cuestiones, como retrasar el tipo de cambio oficial o pisar tarifas, que son instrumentos que te sirven a corto plazo. Podés tener una inflación positiva en mayo, pero, más tarde o más temprano, tanto las tarifas como el tipo de cambio lo vas a tener que corregir.
–¿Y qué visión tiene sobre esa decisión?
–Hace sentido con lo que hacen los gobiernos cuando están en gestión. La hoja de ruta teórica escrita en un escritorio cuando se choca con la realidad se encuentra que aparecen restricciones. Tenemos caída de los ingresos y los salarios, en promedio, parecidas a las que tuvimos cuando se terminó la convertibilidad en 2002. El shock devaluatorio de diciembre es el tercero en los últimos 50 años en términos de magnitud después del Rodrigazo y de la devaluación posconvertibilidad. La Argentina está hoy en ese tipo de proceso, y las políticas económicas tienen que encontrar instrumentos para empezar a frenar esa monumental caída de ingresos que producen las medidas de shock iniciales.
–¿Se podría haber hecho algo distinto?
–A nadie le gusta que las familias pierdan tanto ingreso, que los aumentos en términos de precios hayan sido los que fueron en diciembre, enero y hasta febrero. Sí me parece que Milei, en términos de lo que se puede hacer en materia de política económica, está marcando un camino diferente. Esta idea de que no se puede ajustar drásticamente en la Argentina está quedando un poco atrás, y hay espacio, por lo menos en este contexto político, para poder hacerlo. Pero hacer política económica es mucho más que eso. Hay que darles estabilidad, consistencia y temporalidad a las medidas.
–¿Qué análisis hace de esa aceptación social al ajuste?
–Voy a decir algo políticamente incorrecto, y es que el gobierno de Alberto Fernández dejó un único legado positivo en materia económica, que es un muy bajo desempleo. En mi hipótesis, lo que le da tolerancia social a este drástico ajuste que está llevando a cabo el Gobierno es que arrancamos con un desempleo menor al 6%. La gente tiene un problema de ingresos, no tiene un problema de empleo, aunque ahora, por supuesto, empieza a haber problemas justamente por la caída de la actividad y el consumo. Y una cosa es defenderse contra la inflación o la pérdida de ingreso en términos reales, y otra cosa es la no defensa que implica no tener trabajo. Eso se vio al final de la convertibilidad: veníamos con cuatro años de desempleo bien superiores al 10%, llegamos casi al 20%, y sin planes sociales. Hoy, si bien está perdiendo efectividad debido a la caída del gasto, esa red existe. Entonces, creo que el Gobierno tiene todavía margen en la sociedad, más allá de no querer volver atrás y todas las consideraciones de tipo más políticas, para proseguir con un camino de consolidación fiscal y de saneamiento del Banco Central. Pero, para sostenerlo, hacen falta medidas más de cirujano y menos Freddy Krueger.
–¿Qué efectos tiene el cepo? ¿Hay margen para desarmarlo?
–El cepo es claramente funcional a esta política de tasas bajas y licuación. El Gobierno sabe que no hay dólares suficientes para poder salir de manera ordenada y que una salida implicaría un salto devaluatorio que puede echar por tierra todo lo que ya se vino haciendo en materia fiscal. Sufrir una nueva caída en términos de ingresos sería realmente muy complicado y podría ser socialmente inaceptable. Por eso yo no veo hoy posibilidades, por lo menos en el año, para que el cepo se termine. Eso implica también una complicación para generar condiciones para que haya inversión externa y todo lo que necesita la Argentina para volver a crecer.
–¿Qué perspectivas hay en cuanto a la recuperación?
–De vuelta, la historia. Comparado con los tres eventos de grandes devaluaciones del pasado, lo que se ve es que la recuperación es un proceso lento. No hay recuperación en V. De eventos de shocks devaluatorios como el que tuvimos en diciembre no se sale rápidamente, sobre todo porque el principal motor de la demanda en el corto plazo, que es el consumo privado, está muy castigado por la pérdida de ingresos y, ahora, también por la caída en el empleo en algunos sectores como la construcción. Probablemente hayamos tocado fondo en el primer trimestre y quizás en el segundo, por el agro, haya algún rebote en los sectores vinculados, pero es muy difícil que volvamos a los niveles que teníamos antes de diciembre.
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Joaquín Basanta* * El autor es presidente de Agro Sustentable
Las criptomonedas nacieron alrededor de 2010 como un medio digital de intercambio que utiliza criptografía. Su crecimiento exponencial ya no tiene vuelta atrás. En ese auge, uno de los inconvenientes detectados fue la enorme cantidad de energía requerida para minar los datos. Este gran consumo de recursos las convertía en una opción poco amigable con la ecología y generaba una baja atracción entre ambientalistas.
Sin embargo, como cualquier proceso de innovación, encontró su propia superación con el surgimiento de las criptomonedas verdes. Este tipo de monedas virtuales se presentan como una solución ecológica frente al problema del uso de recursos basados en petróleo.
La minería verde es aquella que se realiza utilizando fuentes de energía renovables y se basa en nuevos mecanismos que reducen la huella de carbono de la tecnología blockchain. Uno de los mecanismos que aplican estas monedas es que cambiaron el uso de la “prueba de trabajo” (PoW) por la “prueba de participación” (PoS).
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Esto no es solo una buena noticia para la sustentabilidad, sino también para el mundo empresarial. Recientemente, la blockchain brasileña Hathor Network firmó un acuerdo con la argentina Cryptogranjas para fomentar la minería sustentable. Estas empresas entregarán el doble de “tokens” (el pago que recibe el minero por su trabajo) a quienes utilicen fuentes de energía limpias o renovables.
En el caso de la empresa argentina, la energía utilizada proviene de la conversión de biomasa de residuos agrícolas, como el excremento de ganado vacuno y de pollo. El gas metano que producen estos desechos se transforman en energía, en lugar de ser liberados a la atmósfera.
Si consideramos que la Argentina es el país de América Latina que más adopta este tipo de activos, el uso de criptomonedas ecológicas es una solución para los problemas de sustentabilidad. En el país, varias empresas cuentan con el sello de Buenas Prácticas Ambientales o son Empresa B. La incorporación decrip to monedas verdes puede colaborar en la reducción de la huella de carbono de estas compañías.
La preocupación por la sustentabilidad atraviesa al mundo de las finanzas y las criptomonedas verdes se suman así a las soluciones ofrecidas. En el mundo, ya hay 40 empresas que han incluido este tipo de activo en sus balances corporativos y en total acumulan 670.000 bitcoins (BTC).
Entre las compañías que adoptaron este tipo de moneda se encuentra Tesla, el gigante de los autos eléctricos. La compañía liderada por el magnate Elon Musk acumula 10.725 BTC, lo que representa el 0,051% del suministro total. Microstrategy, de Estados Unidos, fue una de las primeras en adoptar esta moneda y es la compañía pública con más cantidad de bitcoins en sus balances corporativos.
Las criptomonedas verdes han demostrado, a pesar del poco tiempo que llevan en el mercado, que la innovación con conciencia ambiental es de aplicación posible, incluso en un corto plazo. Ahora, las empresas tienen una alternativa de inversión que, además de la rentabilidad, ofrece una solución a los objetivos de sustentabilidad empresarial
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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