ACTUALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA

El patrimonio alcanzado por Bienes Personales subirá a $293 millones
Actualización. El esquema del impuesto se reajusta según la inflación interanual a octubre; se elimina la alícuota más elevadaSilvia StangARCA (ex-AFIP) publicará nuevos valores
El impuesto a los Bienes Personales correspondiente a este año alcanzará a quienes tengan patrimonios que al 31 de diciembre próximo estén valuados en más de $293 millones. La vivienda estará exenta hasta un valor de $1025,5 millones. Las cifras surgen de aplicar el método de actualización previsto por ley, que consiste en incrementar los montos vigentes en igual porcentaje que la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a octubre. La inflación de ese período fue de 193%, y por el ejercicio fiscal 2023 rigió un mínimo imponible de $100 millones y un valor exento para la vivienda de $350 millones.
Los números mencionados son aproximados, porque los definitivos –que publicará la ARCA (exAFIP)– dependerán del redondeo del índice interanual de precios.
También suben los importes incluidos en la tabla de alícuotas, algo que influye a la baja en los montos a pagar por quienes quedan incluidos en la obligación fiscal. Y, dada la reforma incluida en la Ley de Medidas Fiscales Relevantes y Paliativas, para el cálculo del impuesto correspondiente a 2024 se elimina la alícuota más alta que estuvo vigente para el tributo de 2023 (la de 1,5%).
De esa manera, si el valor de los bienes gravados se excede del monto no gravado (es decir, de los $293 millones) en hasta $40.107.900 (aproximadamente), se abonará el tributo que resulte de aplicar la alícuota más baja, de 0,5%. Si el monto del patrimonio que excede de los $293 millones se ubica entre $40.107.900 y $86.900.460, el impuesto tendrá un componente de monto fijo de $200.540 más el 0,75% del excedente de $40.107.900.
Según los últimos cambios aprobados para el esquema de imposición, año a año se reduce la cantidad de alícuotas, hasta llegar al ejercicio fiscal 2027. Para ese entonces habrá una única tasa, de 0,25% sobre el valor total de los bienes que exceda el monto mínimo imponible.
“Creo que si la cotización del dólar sigue estable, esta actualización es muy beneficiosa para el contribuyente”, sostuvo la contadora Florencia Fernández Sabella, del estudio Laiún, Fernández Sabella & Smudt. Si un patrimonio está dolarizado, agregó, los $100 millones que fijaron el umbral de imposición por 2023 representaban unos US$124.000, mientras que los $293 millones del ejercicio 2024 equivaldrán al 31 de diciembre próximo (la fecha a la cual se deberá valuar el conjunto de bienes) a una cifra en dólares que duplica y aún más a aquella del año pasado.
Y quien tiene patrimonio en pesos, “con esta actualización queda cubierto”; es decir, si en los últimos ejercicios quedó fuera del impuesto, también será así por 2024.
La base imponible de $100 millones correspondiente a 2023 (cuyo vencimiento ocurrió durante este año) tuvo vigencia por una decisión del Gobierno. La cifra fue expresamente incluida en la iniciativa de ley sobre cambios impositivos impulsada por el Poder Ejecutivo y aprobada por el Congreso, que incluyó un plan de blanqueo de capitales.
Justamente, se buscó aliviar el tributo sobre el patrimonio como una forma de incentivar la declaración de activos. Además, se aprobó un plan de pago anticipado del impuesto, que incluyó hasta 5 períodos, con lo cual hay personas de altos patrimonios para las cuales, dado que adhirieron a esa opción, no hay obligación con el Estado, por este impuesto, en los próximos años.
Si se hubiera aplicado el criterio de actualizar la cifra de 2022 según la inflación interanual a octubre (esa pauta de reajuste ya rigió en los últimos años), Bienes Personales debería haber sido pagado por quienes tuvieron patrimonios, al 31 de diciembre de 2023, superiores a los $27,33 millones. Esa cifra se reemplazó por la de $100 millones.
La actualización para 2024 superará ampliamente la inflación de este año, según destacó Gabriela Russo, presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. Eso ocurre porque, al considerarse el dato interanual a octubre, entran en el cálculo de noviembre y diciembre de 2023, que fueron de alta inflación y, a la vez, no se consideran los últimos dos meses de este año, con índices mucho más reducidos.
Pago de anticipos
La actualización del esquema lleva a que los importes de los anticipos que deben pagar los contribuyentes inscriptos puedan recalcularse, según apuntó Martín Caranta, del estudio Lisicki, Litvin & Asociados. El contador explicó que si la AFIP no modifica la metodología de cálculo, el contribuyente deberá evaluar su caso, para determinar si el impuesto ahora proyectado –sobre la base de la nueva actualización y de su situación patrimonial– es tal que los anticipos actuales (estimados sobre la base del impuesto 2023) implican un ingreso de montos “en exceso”. En ese supuesto, dijo, “podría solicitar la reducción de los importes”.
En principio, afirmó Caranta, esa reducción podría hacerse a partir del vencimiento del tercer anticipo, que será en febrero (luego habrá otros, en marzo y en abril). El contador agregó que la rebaja opera si el contribuyente hace un trámite a través del servicio interactivo Cuentas
Tributarias (ingresando con su clave fiscal). La ARCA podría requerir dentro de un determinado plazo “los elementos de valoración y documentación que estime necesarios”, para evaluar si es adecuada la reducción de los montos.
Según recordó Russo, Bienes Personales es un gravamen con baja incidencia en la recaudación. Los datos del período enero a octubre de este año muestran que lo obtenido por el fisco equivale al 2% de los recursos tributarios. La contadora estimó que es probable que ese indicador siga así o que incluso disminuya, por causas como el alza de los montos exentos y la existencia del régimen especial de adelanto del impuesto por los períodos fiscales de 2023 a 2027, el llamado ReiBP.
“Si pensamos los impuestos en términos de redistribución del ingreso, sucede que tenedores de grandes patrimonios quedarán fuera del alcance de la imposición –evaluó Russo–. Y los sectores más vulnerables continúan afectados por la incidencia de impuestos como los indirectos al consumo, cuyo efecto es altamente regresivo”.
Más allá del régimen de anticipos, la obligación de presentar la declaración jurada y eventualmente abonar el tributo por 2024 (o el saldo que reste) llegará en principio a mediados de 2025.
Entre los activos alcanzados por Bienes Personales están los inmuebles (con la ya mencionada exención para la vivienda), los automóviles (quedan liberados luego de 5 años del ingreso al patrimonio), los ahorros en billetes, los bienes muebles registrables, los saldos de cuentas corrientes bancarias, los títulos, acciones, cuotas o participaciones sociales, las criptomonedas, los saldos de billeteras virtuales, los patrimonios de empresas o explotaciones unipersonales, los créditos y los bienes y depósitos en el exterior.
Están libres de esta carga los saldos de depósitos a plazo fijo y de cajas de ahorro, las cuentas individuales de seguro de retiro, las cuotas sociales de cooperativas, los inmuebles rurales, los títulos y bonos emitidos por el Estado y las obligaciones negociables y cuotapartes de fondos comunes de inversión que cumplan con ciertas condiciones

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El Gobierno quiere pasar al sector privado 9000 kilómetros de rutas
Infraestructura. Se trata de un proyecto a cargo de Corredores Viales; las concesiones serán licitadas a partir del año próximo

Ignacio GrimaldiDe las obras que pasarían a manos privadas, 24 están en la provincia de Buenos Aires

el Gobierno decidió dar a privados el negocio de los peajes en 9000 kilómetros de rutas del país. Para eso, anunció que lanzará licitaciones con el objetivo de que distintas empresas compitan y que gane el mejor postor. Pero puede haber un detalle importante en esta historia. “¿Querés quedarte con el peaje? bueno, también terminá las obras públicas”, resumió una fuente oficial al tanto del proceso. esto significa que el ejecutivo evalúa pasar a manos privadas la ejecución de proyectos de infraestructura vial incompletos, que actualmente están a cargo de la empresa pública Corredores Viales.
según el mapa de inversiones, que nuclea la información sobre obra pública, hay 46 proyectos pendientes de finalización a cargo de Corredores Viales distribuidos en distintas provincias. Para completar la totalidad de los montos comprometidos, según registros oficiales, habría que desembolsar $69.372 millones.
se supone que esta cifra crecerá por las re actualizaciones de precios que las contratistas suelen reclamar cada vez que se producen atrasos. La diferencia con respecto a veces anteriores es que en esta oportunidad la negociación por la readecuación de los precios no sería entre un privado y el estado, sino que podría desarrollarse entre dos empresas (la que eventualmente gane la licitación y la constructora).
Corredores Viales tiene a cargo la concesión de 8470 kilómetros de ruta. Los fondos para financiar las obras a nombre de esta compañía provienen del estado. según cifras de la oficina de Presupuesto del Congreso, recibió $22.533 millones para gastos corrientes que no cubren la ejecución de los trabajos licitados para la infraestructura vial.
Las licitaciones por la concesión de las rutas gestionadas por Corredores Viales, así como la que está a cargo de Caminos río Uruguay (compañía privada que administra la principal ruta del mercosur), comenzarán a ser publicadas a partir de diciembre, según fuentes oficiales. La dirección nacional de Vialidad trabaja en la elaboración de los pliegos y ya mantuvo al menos una reunión con una empresa interesada en una de las concesiones.
dentro dela nómina de los proyectos que más financiamiento pendienteacumula, está la empresa Luis Losi. es la contratista para el servicio de conservación y mantenimiento de parte de la ruta nacional n°11 en santa Fe y de la rehabilitación de un tramo de una ruta en Chaco. en total, debería recibir unos $8077 millones. es decir, una porción equivalente al 11% del total de dinero necesario para cubrir el 100% de financiamiento de las 46 obras.
en simultáneo, Luis Losi, junto a rovella Carranza y JCr, expresaron interés en adquirir la concesión de la ruta actualmente a cargo de Caminos río Uruguay, cuyo contrato vence en abril de 2025. el consorcio de las tres empresas mencionadas presentó una propuesta ante el ministerio de economía, según confirmaron en un comunicado. en él, hablaron de un “estado de deterioro (de las rutas) que no permite que sea una plataforma eficiente para el desarrollo y el crecimiento de la región y el país”.
Hay 46 proyectos pendientes de finalización a cargo de Corredores Viales
Para completar estos proyectos habría que desembolsar $69.372 millones
A propósito de la propuesta de Luis Losi, rovella Carranza y JCr para quedarse con la concesión de la principal ruta de intercambio comercial entre la Argentina y brasil, estimaron una inversión en costos de operación de alrededor de Us$650 millones y otros Us$300 millones para mantenimiento, durante 15 años de concesión. Un detalle sobre este consorcio de empresas. Las tres están vinculadas a la conocida causa Cuadernos.
de las 46 obras públicas que se evalúa pasar a manos privadas, 24 están en la provincia de buenos Aires, 11 en santa Fe, tres en Córdoba, otras tres en santiago del estero, dos en Chaco, una en salta, una en Tucumán y la última en misiones.
Las cinco obras más costosas que podrían pasar al sector privado son las siguientes:
• El servicio de conservación y mantenimiento de la ruta nacional n°11 en san Lorenzo, santa Fe. es una de las dos adjudicadas a Luis Losi. Presenta un avance físico del 16% y su finalización, en los papeles, está prevista para 2025.
• El servicio de conservación y mantenimiento de la ruta nacional n°64 en la capital de Tucumán. Al frente de la obra está un consorcio de empresas compuesto por Autovía buenos Aires a Los Andes, meccano y edmacar Constructora Vial. Para completar su financiamiento se necesitan $6133 millones de acuerdo con el plan original. su avance físico es del 39% y está previsto que termine en 2025.
• El servicio de conservación y mantenimiento de la ruta nacional n°7 en Luján, provincia de buenos Aires. La contratista esT&mG ro up. Faltan $6300 millones para completar su financiamiento. Al mismo tiempo, posee un avance físico del 22% y su fecha de finalización está proyectada para el año próximo.
• El servicio de conservación y mantenimiento de la Autopista riccheri en el municipio bonaerense de La matanza. La contratista rava todavía no comenzó la obra, cuya fecha de conclusión está estipulada para 2026. A propósito de su financiamiento, se le adelantó el 10% del costo, razón por la que si avanzara restarían abonar unos $5670 millones.
• El servicio de conservación y mantenimiento de la ruta nacional n°16 en san Fernando, Chaco. esta obra está a cargo de iCF. Para completar su financiamiento necesita $5200 millones. Asimismo, presenta un avance físico del 20% con una finalización proyectada para el año que viene.

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