DEBATE Y EDITORIAL

Eficiencia y desregulación: objetivos, prejuicios e ideología
Debate. ¿Cuál es el tamaño “óptimo” del Estado? ¿Son aplicables y beneficiosos los conceptos y métodos de las empresas privadas para reestructurar organismos públicos? ¿Hay experiencias positivas? ¿Qué lecciones dejan?
Sergio Berensztein


Donald Trump acaba de designar a dos conocidos empresarios del sector tecnológico, Elon Musk y Vivek Ramaswamy, a cargo de la nueva Oficina de Eficiencia del Gobierno: una iniciativa destinada a reducir el tamaño de la burocracia estatal, simplificar o eliminar regulaciones innecesarias que desalientan la inversión, la innovación y el espíritu emprendedor y, paralelamente, implementar soluciones tecnológicas que agilicen, vuelvan más transparente y “despoliticen” (es más correcto hablar de “despartidización” o “desideologización”) el sector público. Esto actualiza un viejo debate que reverbera en (e interpela a) la Argentina actual: ¿cuál es el tamaño “óptimo” del Estado? ¿Son aplicables y beneficiosos los conceptos y métodos imperantes en las empresas privadas (con fines de lucro) para orientar las reestructuraciones de organismos públicos (sin fines de lucro)? ¿Existen experiencias positivas de intervención directa de líderes del sector privado en la gestión del Estado? ¿Qué lecciones pueden extrapolarse?
Al menos hasta ahora, cada vez que se intentó trasladar acrítica o automáticamente casos exitosos de liderazgo o de transformación del mundo privado o la sociedad civil al sector público resultó en fracaso. Eso fue así en países con culturas y tradiciones muy diferentes. Siempre aparecieron elementos en común: la especificidad y la complejidad del Estado, sus peculiares reglas y la resistencia y resiliencia de las burocracias tornan mucho más intrincados e inciertos los procesos de modernización o racionalización. Vale recordar el estrepitoso resultado que obtuvo Vicente Fox en México, cuando contrató headhunters para llenar las posiciones más importantes de su gobierno, como hacía cuando se desempeñaba como CEO de una multinacional de gaseosas en su país. O cuando un empresario sofisticado y muy exitoso como Sebastián Piñera se encontró con enormes dificultades al pretender aplicar sus métodos de toma de decisión las dos veces que ejerció la presidencia de Chile. Gonzalo Sánchez de Losada en Bolivia y Horacio Cartés en Paraguay también chocaron con obstáculos similares y enfrentaron (y tal vez sin querer promovieron) numerosos conflictos por no terminar de comprender la lógica de la política y la gestión del Estado, algo que le costó un enorme esfuerzo a Mauricio Macri, en especial en su primera gestión como jefe de gobierno de Buenos Aires. Algunos creen que terminó sobreadaptado a la dinámica más lenta gradualista que caracteriza la cultura de nuestra administración pública y que eso sesgó sus preferencias a la hora de definir la estrategia en la primera etapa de su desaprovechada presidencia. En ese sentido, la inexperiencia de Javier Milei en materia política y de gestión pública parece ser, más que una limitación, un beneficio: pudo contagiar a su gobierno de un sentido de urgencia y de impronta de gesta transformacional más vertiginosa y efectiva.
Federico Sturzenegger, a cargo del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, implementa un sinnúmero de reformas orientadas a desregular, modernizar y reducir el tamaño y las áreas de involucramiento del Estado. Lleva adelante un loable esfuerzo, fruto de un riguroso trabajo previo que viene elaborando junto con su equipo desde hace 3 años: un plan de acción que nació como parte del proyecto presidencial de Patricia Bullrich. Economista de formación y destacadísimo académico, Sturzenegger trabajó hace tres décadas en la empresa pública más grande del país (YPF), integró los equipos económicos de Ricardo López Murphy
Sturzenegger trabajó hace tres décadas en la empresa pública más grande del país (YPF), integró los equipos económicos de López Murphy y Cavallo
y Domingo Cavallo como secretario de Estado, fue presidente del Banco Ciudad (institución que reinventó), luego diputado nacional y titular del Banco Central. Tiene un largo recorrido por el sector público y comprende sus meandros y sus típicas trabas. Sin esa rica trayectoria personal, nada de lo que está haciendo ahora sería posible.
En Estados Unidos no fue un empresario sino un político típico del establishment, formado en las universidades de élite, el que implementó la reforma del Estado más rigurosa y efectiva hasta el momento: Al Gore, vicepresidente de Clinton y malogrado candidato presidencial en 2000. Su iniciativa, que pasó a la historia con un pomposo nombre (Reinventing Government), revisó el aparato estatal y anuló una enorme cantidad de agencias y programas sin sentido y que se acumulaban inercialmente, en particular en el área de regulación del comercio y de la defensa nacional. En contraste, Trump incorporó en su primera presidencia un gran número de funcionarios que venían del sector privado (de banca, energía, farmacéuticas y consumo masivo) y, si bien se implementaron algunas desregulaciones y bajaron los impuestos a los segmentos más pudientes, no priorizó reformar o mejorar la eficiencia del aparato del Estado. En esta oportunidad ganó de forma arrolladora y tiene un control mayor de su partido y hasta cierto punto del Congreso, aunque contar con mayorías republicanas no significa que sorteará los controles que establece la Constitución ni las típicas negociaciones con “sus” legisladores, en especial, en el Senado. Hasta ahora, prevalece el nomque bramiento de colaboradores identificados con sus prioridades y que, al menos en principio, permanecerán alineados con él, a diferencia de lo ocurrido durante su primer mandato (2017-2021), cuando encontró resistencias entre numerosos integrantes de su gobierno y de su partido (en especial en el Congreso). Algunos, como Pete Hegseth, designado al frente del Pentágono, y Matt Gaetz, candidato a procurador general, son personajes polémicos, por ponerlo de una manera elegante, que generan controversias dentro y fuera del GOP. Incluso algunos allegados a Trump creen que el Senado difícilmente los confirme (procedimiento fundamental para cargos jerárquicos que sería muy sano emular en nuestro país).
Al margen, se desató un debate respecto de los flamantes titulares a cargo de Eficiencia del Gobierno: son dos personas brillantes y exitosas, pero carecen de pergaminos en la función pública. ¿Están capacitados estos líderes del sector privado para desempeñar eficazmente funciones complejas y desafiantes en el sector público?
Musk es la persona más adinerada del mundo y está al frente de empresas tecnológicas claves como Space X, Neuralink y xAI, mundialmente reconocidas por su capacidad para innovar y por mover la frontera del conocimiento y de su aplicación práctica. Asimismo, es CEO y principal accionista de Tesla, automotriz especializada en autos eléctricos que, curiosamente, se ha beneficiado de una enorme cantidad de subsidios que se promueven en ese segmento en el marco de la transición energética y el gradual abandono de las fuentes de energía basadas en combustibles fósiles, como naftas, gasoil y gas. Aunque parezca contradictorio, estas cuestiones son fundamentales para la agenda woke que, por sus excesos, ha sido tan criticada (a menudo, con bastante razón) por los republicanos. Ramaswany, mucho menos conocido, es un joven billonario que tuvo un raudo y extraordinario paso por la industria farmacéutica y se destacó como inversor en tecnología. Lanzó una precandidatura presidencial en este ciclo que rápidamente terminó dominando Trump. Sin trabajo previo, planes concretos ni una hoja de ruta respecto de prioridades, Musk prometió ahorros extraordinarios para el contribuyente norteamericano. Ojalá lo logre, pero resulta una paradoja que, para achicar el Estado, comiencen por crear una nueva agencia que deberá contratar empleados y gastar en oficinas. Desde afuera siempre es fácil criticar.

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El agro y la pesada carga fiscal bonaerense
Kicillof debería saber que la suba de impuestos desalienta la inversión y que, si es excesiva, puede incluso disminuir la recaudación que se propone aumentar
La carga impositiva sobre los habitantes y productores de la provincia de Buenos Aires se ha hecho sentir con fuerza notoria a lo largo de este último año. La incorporación de un adicional no previsto en el impuesto inmobiliario rural generó una muy justificada protesta. Si bien alcanza a partidas con una base imponible superior a 39 millones de pesos, las entidades rurales estiman que este adicional alcanza a un 35% del área agrícola de la provincia. El voraz afán recaudatorio provincial se ha manifestado también al suprimirse en 2024 los descuentos por buen contribuyente y los aplicados en los pagos por débito automático.
Todo esto determina que la carga nominal de gravámenes haya crecido muy por encima de la inflación. Así lo han manifestado con pedido de revisión al gobernador Axel Kicillof diversas entidades representativas del agro de las localidades de San Pedro, Pergamino, Rojas, Colón, Lincoln, Capitán Sarmiento, Areco, Arrecifes y Salto, entre otras. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) emitió una declaración en la que califica de exorbitante el adicional del impuesto y advierte “que dicho incremento no se observa en mejor y mayor infraestructura y, menos aún, está en línea con la eficiencia del gasto necesaria para equilibrar las cuentas públicas”.
La dureza fiscal de la provincia no ha tenido ningún rasgo de condescendencia en momentos de un fuerte ajuste macroeconómico impuesto por el gobierno nacional para vencer la inflación. Tampoco se ha considerado que los productores agropecuarios, sean particulares o empresas, están enfrentando las retenciones, además de innumerables impuestos que se suman al incremento por la recuperación de las tarifas de los servicios públicos.
El antagonismo que alimenta las aspiraciones políticas de Kicillof tracciona por encima de la protección que debería garantizar a sus gobernados
Cuando la política macroeconómica del Gobierno comienza a mostrar resultados positivos, las actitudes rebeldes y los discursos reivindicativos son una mala receta para impulsar una carrera política
Kicillof no firmó el Pacto de Mayo y se ha expresado reiteradamente contra la política económica del gobierno nacional. Este antagonismo que alimenta sus aspiraciones políticas tracciona por encima de la protección que debería garantizar a sus gobernados. En momentos en que la política macroeconómica del gobierno nacional comienza a mostrar resultados positivos concretos, las actitudes rebeldes y los discursos reivindicativos son una mala receta para impulsar una carrera política. Es menos comprensible aún si quien actúa de esa forma es responsable de gobernar una provincia que comprende un tercio de la población y concentra a más del 40% de la economía del país. La memoria colectiva incorpora además la responsabilidad que le cabe al gobernador bonaerense, por gruesos errores cometidos cuando era funcionario nacional traducidos en enormes pasivos que los argentinos deberán solventar. Entre ellos, los 16.000 millones de dólares de la condena internacional por arrasar por una mera bravata las normas comprometidas en la expropiación del control de YPF. Debería Kicillof haber aprendido que el respeto a la seguridad jurídica finalmente rinde. También debe entender que el aumento de los impuestos desalienta la inversión y que, si es excesivo, puede incluso disminuir la recaudación que se propuso aumentar. De ahí que el único camino posible es el de reducir los gastos improductivos del gobierno provincial, que no son pocos.

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Más verde, mejor vida
Uno de los objetivos de desarrollo sostenible propuesto por la ONU (ODS) considera la provisión de acceso universal a espacios verdes y públicos, seguros, inclusivos y accesibles para 2030. Frente al cambio climático y la suba de las temperaturas, con origen también en urbanizaciones crecientes, el análisis sobre los efectos en la salud de la población no son aún del todo conocidos.
Cada vez hay más estudios dirigidos a averiguar cómo crear entornos más sostenibles y saludables. Un informe de ISGlobal de julio pasado en la revista The Lancet Planetary Health, que analizó casi mil urbes europeas, plantea que las ciudades más verdes reducen los niveles de contaminación atmosférica, amortiguan el impacto del calor urbano y reducen las tasas de mortalidad de la población.
Según datos de las Naciones Unidas, en Europa se producen unas 400.000 muertes prematuras por la contaminación atmosférica.
A más verde y menor densidad de población, menos tránsito, menos contaminación, menos calores extremos y menos muertes. Tales serían los casos de Helsinki, Rennes y Estocolmo. También se pondera el potencial de ciudades compactas como Barcelona, París y Basilea, con mucha población en espacios reducidos que facilitan la movilidad, en tanto prioricen también los espacios verdes.
Una revisión de buena parte de la información disponible entre 2000 y 2022, incluidos estudios epidemiológicos, de modelado y simulación, así como investigaciones experimentales y análisis cuantitativos, encarada por la Escuela de Higiene y Medicina tropical del Reino Unido en colaboración con la Universidad Aga Khan de Pakistán, se publicó en la revista BMJ Open. La conclusión fue que los parques y árboles urbanos podrían ayudar a compensar el pernicioso efecto de las altas temperaturas sobre la salud aun cuando se requiere más investigación para establecer causas.
La vegetación urbana contribuye también a una mejor salud mental y al bienestar por cuanto contrarresta los efectos negativos de las altas temperaturas sobre la población.
Las áreas con más espacios verdes tienen tasas más bajas de enfermedades y muertes relacionadas con el calor respecto de las que no cuentan con ellos, particularmente entre grupos vulnerables. No hay soluciones únicas, solo fórmulas recomendadas. Cada ciudad debe llevar adelante estudios específicos para diseñar soluciones. En todos los casos se debe tener en cuenta que las zonas verdes urbanas facilitan la actividad física, reducen el estrés, protegen frente al ruido y ofrecen oportunidades para la sociabilización y la recreación.
El gobierno porteño lleva adelante un plan de puesta en valor de los espacios verdes por parte del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, en coordinación con la Subsecretaría de Gestión Comunal.
Todo lo que se encare para contribuir a la sostenibilidad de la ciudad redundará no solo en beneficios sociales y económicos, sino también en más salud y bienestar para todos.

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