Un hijo de Moyano, invitado como “observador” a EE.UU.
Jerónimo, el menor de los herederos del jefe camionero, está en Washington para presenciar las elecciones presidenciales
Jerónimo Antonio Moyano, el hijo menor y secretario privado de Hugo Moyano, jefe del sindicato de los camioneros, fue invitado a Washington como “observador” de las elecciones de Estados Unidos que se celebrarán hoy y que tienen a Donald Trump y Kamala Harris en una disputa cabeza a cabeza por el poder. Moyano forma parte de la comitiva de invitados de la Fundación del Diálogo Argentino Americano, según confirmaron a desde la nacion su entorno.
No es la primera que vez un Moyano asiste invitado como veedor a las elecciones estadounidendes. En 2012, aunque en calidad de diputado nacional, también viajó Facundo, invitado por la misma fundación. El viaje, al que también fueron invitados empresarios, otros sindicalistas y también periodistas, es avalado por la embajada de los Estados Unidos en la Argentina, según averiguó la nacion.
En una publicación en sus redes sociales, el menor de los Moyano escribió ayer: “Esperando el día”. Acompañó el mensaje con una foto suya de saco y corbata en la puerta de un hotel y una intervención con dos banderas, una de la Argentina y la otra de Estados Unidos.
El viaje, que sería parte de un programa del Centro de Estudios Americanos (CEA) que se llama “Promoting Public and Private Dialogue”, tiene como fin de promover el diálogo, alcanzar consensos e impulsar el comercio e inversión entre ambos países. En la comitiva con el menor de los Moyano hay periodistas, empresarios y diputados nacionales, como el tucumano Roberto Sánchez, de la UCR.
Hay otros diputados y senadores, aunque invitados por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en el país. Entre ellos están: Cristian Ritondo, Jorge Ávila, Maximiliano Abad, Germana María Figueroa Casas, María Fernanda Ávila, Rodrigo de Loredo, Luciano Andrés Laspina, Felipe Michlig, Laura Elena Rodríguez Machado, Sonia Elizabeth Rojas Decut y el vicejefe de Gabinete del Poder Ejecutivo Nacional, José Rolandi.
El hijo menor de Hugo Moyano tiene 25 años y trabaja como secretario de su padre desde adolescente. Participó de muchas reuniones junto con su padre, a quien acompañó a Olivos durante la presidencia de Alberto Fernández en plena pandemia por el coronavirus. Estudió Ciencias Políticas en la UADE y Derecho en la UBA, pero luego abandonó y se dedica a tiempo completo a ser colaborador de su padre en Camioneros. Hijo de Liliana Zulet, con quien Moyano se casó tras su segundo divorcio, Jerónimo vive con sus padres en un departamento de Barracas, en la ciudad de Buenos Aires.
De tez clara y ojos azulados, Jerónimo carga mayoritariamente con los genes de Liliana, su madre. Parte del poder que construyó Moyano se debe al asesoramiento de Zulet, según dirigentes gremiales y políticos. De cepa empresarial, fue ella la mentora del holding de empresas vinculadas con el sindicato de choferes de camiones. Moyano puede jactarse de tener hoteles en todo el país, una constructora (Aconra SA), un taller de ropa (Dixey SA), una prestadora médica (Iarai SA) y una aseguradora de riesgos del trabajo (Caminos Protegidos). En algunas de esas firmas, Jerónimo figura como apoderado. Es, además, el jefe de la Juventud de Camioneros, el brazo juvenil de la militancia sindical moyanista.
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Los gobernadores dudan de la viabilidad del régimen para regularizar deudas
Creen que Milei busca apoyo para el presupuesto, pero no cumplió promesas previas
Gabriela Origlia
CÓRDOBA.– Tan solo unos pocos gobernadores admitieron tener “alguna idea, pero no detalles”, del régimen para saldar las deudas de la Nación con las provincias anunciado la semana pasada por la Casa Rosada. El mecanismo, por el cual las provincias podrían recibir a cambio tierras, empresas públicas y hasta rutas nacionales, depende del ministro de Economía, Luis Caputo, y las administraciones tienen 30 días para adherir.
La mayoría de los mandatarios, que se enteraron del nuevo programa a través de la conferencia de prensa del vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, el jueves pasado, exige precisiones. Algunos gobernadores sospechan de una estrategia del oficialismo para calmar los ánimos y lograr apoyo para el proyecto de presupuesto 2025. Javier Milei, que viene de definir como “golpista” a Raúl Alfonsín, se reunirá este mediodía con los cinco mandatarios radicales.
Los gobernadores “dialoguistas” insistieron ante en que ya la nacion habían hecho esa propuesta a la Casa Rosada varias veces, a la vez que plantearon que debe buscarse un “reaseguro” para que con los acuerdos no se repita lo que está pasando –según coinciden– con las transferencias de obras públicas prometidas por la Casa Rosada. Apuntan a que la Nación, pese a los compromisos asumidos, no pagó las deudas con las empresas y que, además, no hay coincidencias entre esos documentos y la información volcada en el proyecto de ley de presupuesto 2025.
Desde el lado de las provincias, las deudas que reclaman tienen como ejes las cajas de jubilaciones no transferidas, la obra pública, el fondo compensador del Consenso Fiscal y las retenciones del impuesto a los combustibles líquidos, que la Nación realiza, pero no ejecuta para los fines previstos. La Casa Rosada, por su parte, quiere compensar las deudas de las provincias por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional.
Según coincidieron cuatro mandatarios, la Nación incluye también en ese combo las deudas “no registradas, como la del Club de París” –entiende que una parte de ese rojo con la entidad internacional les corresponde a las provincias–.
La propuesta de “borrón y cuenta nueva”, que es voluntaria, les interesa a los gobernadores, pero también admiten que deben ser “cuidadosos” en lo que se incluye. La Nación abrió la posibilidad de entregarles empresas públicas. Después de que la Casa Rosada anunciara la privatización del ferrocarril Belgrano Cargas, el salteño Gustavo Sáenz y el tucumano Osvaldo Jaldo se mostraron interesados en que pasara a manos de las provincias. En Córdoba no se descarta que la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) pudiera provincializarse.
Hacerse cargo de empresas deficitarias implica contar con los recursos. Es difícil de entender la lógica de gobernadores que, por un lado, reclaman fondos y, en paralelo, aparecen dispuestos a financiar el rojo de algunas compañías estatales. Desde la Rosada aseguran que si asumen esas responsabilidades, no contarán con asistencia nacional.
Nadie discute que el planteo de Luis Caputo tiene “lógica”, pero la primera traba es la determinación del monto de las deudas. El mayor monto en discusión es el de financiamiento que, por ley, debe cumplir la Anses con 13 cajas de jubilaciones no transferidas. Para el Gobierno, esa deuda no está determinada y, antes de pagar, pidió a la Anses que determine los montos a través de auditorías. En los hechos, eso significó que el gobierno libertario no girara un peso a las provincias.
Hace un mes y medio, en su informe ante el Congreso, fue el propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien dijo que no había deuda porque todavía no se habían hecho los cálculos.
Sin embargo, la deuda acumulada de la Anses con estas cajas provinciales no transferidas ronda los US$2000 millones y alrededor de la mitad sería “compensable” por acreencias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entre las que más deben están Buenos Aires y Chubut, por ejemplo. Cuando Osvaldo Giordano estuvo al frente de la Anses, impulsó usar ese esquema y la idea le fue rechazada desde más arriba. Con el paso del tiempo el conflicto fue creciendo y hay demandas de provincias en la Corte Suprema de Justicia.
En este caso en particular, distritos como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos terminarán con saldo a favor. El decreto nacional precisa que si el saldo de deuda resulta a favor del Estado nacional, las provincias o la ciudad de Buenos Aires podrán cancelarlo afectando un porcentaje de los recursos que les correspondan por coparticipación.
“¿Y si es al revés, si es la Nación la que debe?”, se pregunta un gobernador de la región centro. “La propuesta no puede ser transferirnos más gastos, tienen que cancelar con recursos”, se responde.
CÓRDOBA.– Tan solo unos pocos gobernadores admitieron tener “alguna idea, pero no detalles”, del régimen para saldar las deudas de la Nación con las provincias anunciado la semana pasada por la Casa Rosada. El mecanismo, por el cual las provincias podrían recibir a cambio tierras, empresas públicas y hasta rutas nacionales, depende del ministro de Economía, Luis Caputo, y las administraciones tienen 30 días para adherir.
La mayoría de los mandatarios, que se enteraron del nuevo programa a través de la conferencia de prensa del vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, el jueves pasado, exige precisiones. Algunos gobernadores sospechan de una estrategia del oficialismo para calmar los ánimos y lograr apoyo para el proyecto de presupuesto 2025. Javier Milei, que viene de definir como “golpista” a Raúl Alfonsín, se reunirá este mediodía con los cinco mandatarios radicales.
Los gobernadores “dialoguistas” insistieron ante en que ya la nacion habían hecho esa propuesta a la Casa Rosada varias veces, a la vez que plantearon que debe buscarse un “reaseguro” para que con los acuerdos no se repita lo que está pasando –según coinciden– con las transferencias de obras públicas prometidas por la Casa Rosada. Apuntan a que la Nación, pese a los compromisos asumidos, no pagó las deudas con las empresas y que, además, no hay coincidencias entre esos documentos y la información volcada en el proyecto de ley de presupuesto 2025.
Desde el lado de las provincias, las deudas que reclaman tienen como ejes las cajas de jubilaciones no transferidas, la obra pública, el fondo compensador del Consenso Fiscal y las retenciones del impuesto a los combustibles líquidos, que la Nación realiza, pero no ejecuta para los fines previstos. La Casa Rosada, por su parte, quiere compensar las deudas de las provincias por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional.
Según coincidieron cuatro mandatarios, la Nación incluye también en ese combo las deudas “no registradas, como la del Club de París” –entiende que una parte de ese rojo con la entidad internacional les corresponde a las provincias–.
La propuesta de “borrón y cuenta nueva”, que es voluntaria, les interesa a los gobernadores, pero también admiten que deben ser “cuidadosos” en lo que se incluye. La Nación abrió la posibilidad de entregarles empresas públicas. Después de que la Casa Rosada anunciara la privatización del ferrocarril Belgrano Cargas, el salteño Gustavo Sáenz y el tucumano Osvaldo Jaldo se mostraron interesados en que pasara a manos de las provincias. En Córdoba no se descarta que la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) pudiera provincializarse.
Hacerse cargo de empresas deficitarias implica contar con los recursos. Es difícil de entender la lógica de gobernadores que, por un lado, reclaman fondos y, en paralelo, aparecen dispuestos a financiar el rojo de algunas compañías estatales. Desde la Rosada aseguran que si asumen esas responsabilidades, no contarán con asistencia nacional.
Nadie discute que el planteo de Luis Caputo tiene “lógica”, pero la primera traba es la determinación del monto de las deudas. El mayor monto en discusión es el de financiamiento que, por ley, debe cumplir la Anses con 13 cajas de jubilaciones no transferidas. Para el Gobierno, esa deuda no está determinada y, antes de pagar, pidió a la Anses que determine los montos a través de auditorías. En los hechos, eso significó que el gobierno libertario no girara un peso a las provincias.
Hace un mes y medio, en su informe ante el Congreso, fue el propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien dijo que no había deuda porque todavía no se habían hecho los cálculos.
Sin embargo, la deuda acumulada de la Anses con estas cajas provinciales no transferidas ronda los US$2000 millones y alrededor de la mitad sería “compensable” por acreencias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entre las que más deben están Buenos Aires y Chubut, por ejemplo. Cuando Osvaldo Giordano estuvo al frente de la Anses, impulsó usar ese esquema y la idea le fue rechazada desde más arriba. Con el paso del tiempo el conflicto fue creciendo y hay demandas de provincias en la Corte Suprema de Justicia.
En este caso en particular, distritos como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos terminarán con saldo a favor. El decreto nacional precisa que si el saldo de deuda resulta a favor del Estado nacional, las provincias o la ciudad de Buenos Aires podrán cancelarlo afectando un porcentaje de los recursos que les correspondan por coparticipación.
“¿Y si es al revés, si es la Nación la que debe?”, se pregunta un gobernador de la región centro. “La propuesta no puede ser transferirnos más gastos, tienen que cancelar con recursos”, se responde.
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