EDITORIAL

Tres años de la peor gestión
Lo único para celebrar, al cumplirse otro aniversario de la asunción de Alberto Fernández, es la proximidad de las elecciones presidenciales
Durante un acto en el parque ubicado a espaldas de la Casa Rosada, en el que sobresalió el ausentismo de funcionarios y dirigentes de la coalición gobernante, el presidente de la Nación resolvió celebrar los tres años de un gobierno que solo puede exhibir una clara mala praxis y la pobreza de sus resultados.
Alberto Fernández atribuyó a los “medios hegemónicos” que no se conozcan sus logros, un latiguillo que desconoce la enorme red de medios oficialistas que su gobierno alimenta abundantemente con pauta publicitaria. El calificativo presidencial, en realidad, apunta a los medios periodísticos que, lejos de la docilidad que se les reclama desde el poder político, no aplauden sus desaciertos y torpezas, y no se callan ante los desmanes institucionales y los latrocinios de los gobiernos.
El primer mandatario está obstinado en no asumir la realidad y mucho menos los errores de un gobierno que nació mal y siguió peor. El propio Alberto Fernández advertía, antes de ser ungido como su postulante presidencial, que debía ser Cristina Kirchner la candidata o bien retirarse, pues cualquier postulante designado por ella a dedo sería visto como un simple títere.
La degradada imagen de Héctor Cámpora fue recordada cuando se anunció la candidatura de Fernández, con la salvedad de que en esta oportunidad su vicepresidenta no manifiesta interés en ocupar la presidencia e incluso insiste en distanciarse, hasta el punto de hablar como ajena a la función que las urnas le han asignado. Sus preocupaciones se limitan a las cuestiones judiciales derivadas de los delitos y latrocinios cometidos en sus gobiernos. Por cierto, las actitudes del Presidente, crítico acérrimo de quien terminó siendo su mentora, revelan que pudo haber accedido al cargo ante la esperanza de Cristina Kirchner de que los supuestos contactos con la Justicia de su candidato contribuyeran a evitar su juzgamiento y condenas como la que acaba de dictársele en la causa Vialidad. A aquellos defectos de origen se agregó una campaña electoral con anuncios disparatados y promesas incumplibles que agravaron la crisis.
La negativa a consensuar medidas con la administración anterior –algo habitual en democracias modernas, como las que vieron a Obama cercano al presidente Bush en la crisis del 2008 o a Lula y el presidente Cardoso en la transición brasileña de 2002– agravó las dificultades de la economía, ya afectada por cuestionamientos internos al ministro de Economía, el incremento del gasto en estructuras burocráticas, el aumento de la inflación y de la presión impositiva y un creciente endeudamiento interno, con un única variable de ajuste, como el haber de los jubilados. Hablamos de un gobierno que paga hoy mensualmente más por intereses de las Leliq que por la cifra que se liquida a los jubilados que aportaron toda una vida y que han perdido frente a la inflación casi un 30% de sus paupérrimos ingresos.
Por decisión propia o presionado por el cristinismo, el Presidente no ha cumplido sus promesas de terminar con las grietas, sino que las ha profundizado con constantes y sonoros agravios a la oposición y, lo que es más grave, a las instituciones, a pesar de que en su reciente acto conmemorativo de sus tres años al frente del Poder Ejecutivo se jactara de que “el liderazgo no se alcanza gritando ni golpeando la mesa, sino convenciendo a todos de cuál es el camino a seguir”.
El hombre de derecho, como se autocalifica, ha violado sistemáticamente el artículo 109 de la Constitución nacional, que le prohíbe inmiscuirse en procesos y causas judiciales. Las reiteradas iniciativas oficiales de reforma judicial o los ataques a la Corte y las maniobras para colonizar el Consejo de la Magistratura muestran el escaso apego de su gobierno al sistema republicano, del mismo modo que el incumplimiento de la promesa presidencial de poner fin al maridaje entre los servicios de inteligencia y el Poder Judicial. Solo cabe esperar que, frente a las presiones internas para que se indulte a Milagro Sala, el Presidente recuerde que consideró a esos perdones presidenciales como una “rémora de la monarquía”.
La sorpresiva quita de fondos de la coparticipación federal a la ciudad de Buenos Aires en medio de la pandemia y sin previo aviso fue una señal clara de su sumisión a los caprichos de la vicepresidenta.
Completa el cuadro de parcelamiento del poder un gabinete mediocre, representativo mayormente del conurbano bonaerense, con funcionarios en empresas y reparticiones del Estado sin antecedentes para cargos que requieren una sólida formación profefundado sional, pero que adscriben incondicionalmente a la vicepresidenta. A tal punto que el cristicamporismo maneja alrededor del 70% de presupuesto del Estado, incluidas cajas millonarias, como las que proveen la Anses, el PAMI y las principales empresas con participación estatal.
La gravísima falta de continuidad en gestiones que el Estado debe llevar adelante por tiempos que suponen más que los de una sola administración puede observarse en una cuestión como el gasoducto de Vaca Muerta, que en pleno trámite licitatorio vio anularse lo actuado para recién hace pocos meses ver reanudado el proceso de contratación. No es de extrañar esa ineptitud cuando aún no se concluyó el gasoducto contratado en 2008 para llevar gas a las ciudades del nordeste.
El Presidente se ufana de concretar obras públicas en todo el territorio. Pero, en rigor, no ha encarado ninguna obra verdaderamente transformadora, sino apenas, y ni siquiera siempre, las normales de mantenimiento, o la continuación a ritmo lento de otras que vienen de gestiones anteriores. Algunas áreas exhiben retrocesos ostensibles: la desastrosa política aeroportuaria es un ejemplo.
La política de exacción que soporta el campo argentino ha llevado, al margen de la sequía, a un estancamiento de la producción, mientras Brasil crece todos los años. El saqueo al productor anula posibilidades de desarrollo de numerosas provincias, pues fondos que irían a la inversión y la generación de trabajo se destinan a los derroches del Estado nacional y de los gobiernos provinciales –muchos de ellos de carácter cuasi feudal–, que han llevado al empobrecimiento de sus votantes.
La gestión de Alberto Fernández tampoco ha ofrecido un rumbo certero en materia de política exterior, área que ha quedado a cargo de aficionados e ideólogos con simpatías por las autocracias del mundo y los autoritarismos que resurgen en la región. En todos los casos las credenciales democráticas que pretende exhibir el Presidente se desdibujan y nos dejan alineados del lado equivocado. Se proclama el principio de la no intervención, pero constantemente se interviene, a veces con descaro y casi siempre buscando acercamientos con gobiernos autoritarios.
El primer mandatario ha usado y continúa empleando como pretexto de su fracaso la irrupción del Covid y la guerra en Ucrania. Pero no podemos olvidar las demoras en vacunar a la población por no adquirir vacunas de origen estadounidense que estaban a disposición de la Argentina, por haberse prestado a pruebas experimentales. Menos aún las implicancias del vacunatorio vip y del Olivosgate, por solo recordar algunas de las más vergonzosas situaciones. En cuanto al conflicto bélico en Ucrania, la Argentina desperdicia una nueva oportunidad con la suba de los precios internacionales de productos alimenticios, así como posibles mercados para nuestro petróleo y gas, por falta de capacidad de gestión y de confianza para acelerar las tan necesarias inversiones en gasoductos y oleoductos.
En resumen, lo único para celebrar a tres años de la asunción del actual gobierno es que faltan diez meses para las próximas elecciones presidenciales. La ciudadanía tendrá la posibilidad de promover un cambio ante tanta mediocridad, anacronismo y aislamiento del mundo de la administración que va camino a ser considerada la peor desde la reapertura democrática. Los índices de inflación, pobreza e inseguridad reflejan como termómetro el hartazgo y el malestar social que depositan en la Justicia la esperanza del demorado castigo para tanto atropello.
El primer mandatario está obstinado en no asumir la realidad y mucho menos los errores de un gobierno que nació mal y siguió peor
Por decisión propia o por presión del cristinismo, el Presidente no ha cumplido sus promesas de terminar con las grietas, sino que las ha profundizado con constantes y sonoros agravios a la oposición y a las instituciones
Las reiteradas iniciativas oficiales de reforma judicial, los ataques a la Corte y las maniobras para colonizar el Consejo de la Magistratura muestran el escaso apego del Gobierno al sistema republicano
La gestión de Fernández tampoco ha ofrecido un rumbo certero en materia de política exterior, que ha quedado a cargo de aficionados e ideólogos con simpatías por las autocracias del mundo
La ciudadanía tendrá la posibilidad de promover un cambio ante tanta mediocridad, anacronismo y aislamiento del mundo de la administración que va camino a ser considerada la peor desde la reapertura democrática

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