OTRO ESCENARIO

Otra derrota para el Presidente y Zannini
Diego Cabot
Corría la pandemia y todavía se podía ver en Olivos una mesa coloreada por gobernadores. El presidente Alberto Fernández; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, eran parte del elenco estable. Pero el 9 de septiembre de 2020, en pleno romance, la Casa Rosada se despachó con una decisión mediante la cual le sacó una porción de la coparticipación a la ciudad.
Rodríguez Larreta se enteró cinco minutos antes –literalmente, cinco minutos– con un mensaje de texto del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. Pasaron poco más de dos años y la Corte falló a favor de la ciudad. Y si bien por ahora no se definió si la Nación le tendrá que devolver el retroactivo al gobierno porteño, de ahora en más deberá acatar el fallo y prácticamente duplicar la coparticipación porteña.
La historia se remonta a 2016, cuando la Rosada, en ese entonces comandada por Mauricio Macri, y la Ciudad firmaron un acuerdo para pasar la policía a la órbita local. Entonces, cuando la función seguridad pasó de jurisdicción, tal como lo establece la Constitución, llevó consigo los recursos. Fue cuando la coparticipación subió a 3,75% para quedar al final en 3,50% del total.
El asunto tiene aristas que van desde las implicancias financieras, políticas y, sobre todo, institucionales.
La primera, claro está, es financiera. La Ciudad dejó de percibir, a valores de hoy, unos $250.000 millones. De acuerdo con la disposición de la Corte, automáticamente volverá a recuperar una parte importante de la cuota mensual que cobran diariamente las provincias. Según el fallo, pasará ahora a percibir el 2,95% del total coparticipable, frente al 1,40% al que había sido reducida su porción por decisión del Presidente, que, luego, fue refrendada por una ley del Congreso.
Mientras se aplicó este régimen, el gobierno porteño dejó de percibir $248.500 millones, de acuerdo con datos actualizados del equipo de Rodríguez Larreta.
Como se trata de una medida cautelar, la cuestión de fondo aún no se resolvió. Quedará pendiente para cuando el juicio ordinario, que corre paralelo, tenga sentencia definitiva. Lo que sí sucederá es que la Ciudad verá fortalecida su caja con un goteo diario que se duplicará desde que tenga ejecutoriedad la resolución del alto tribunal.
Justamente esta recomposición de las arcas porteñas empieza a generar algunos interrogantes. El primero es qué pasará con los gastos presupuestarios de 2023. Rodríguez Larreta optó, en 2020, por podar los fondos a la obra pública y al mantenimiento de la vía pública y espacios verdes. En su entorno dicen que hubo un ajuste de 10% del gasto que se había proyectado entonces. Justo ahora, dirá el gobierno nacional, la Ciudad volverá a tener los fondos que le permitan acelerar su plan de obras. ¿Por qué justo ahora?, podría preguntar el lector. Pues porque al ritmo de la billetera abultada se lanza la campaña electoral donde el dirigente de Pro es precandidato presidencial.
La otra gran duda es qué pasará con dos impuestos con los que se financió la quita. Primero se eliminó la exención de pagar Ingresos Brutos a algunos instrumentos financieros. Eso fue, y es, un costo al Banco Central que tiene que calcular la retención cuando emite, por ejemplo, Leliq. Además, se aplicó el impuesto a los sellos del 1,2% a las tarjetas de crédito.
Con esa batería de medidas se intentó compensar el dinero que ya no venía. Claro que ninguno de estos dos tributos figuraba en el presupuesto que la Ciudad estaba por presentar ante la Legislatura en septiembre de 2020. Si ahora se recupera parte de las transferencias bien podría esperarse que aquella medida se revierta.
La segunda consecuencia es institucional. Una vez más la Corte le entregó a la Ciudad una entidad similar a las provincias. “La tutela que ejercía la Nación sobre la Capital en materia fiscal cesó con la reforma de 1994, que reconoció a la ciudad de Buenos Aires un régimen de gobierno autónomo. A partir de ese momento, adquirió un nuevo estatus constitucional que se expresó en el artículo 129 de la Constitución Nacional reformada, en cuanto establece que la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción…”. De ese modo, se le reconoció el estatus de ciudad constitucional federada”, dice parte de la sentencia.
La Constitución estableció en 1994 que el distrito porteño participa de la distribución de los impuestos comprendidos en la nueva ley de coparticipación cuya sanción debió producirse antes de que finalizara 1996. Pero eso nunca sucedió. Al no ser parte del régimen similar al que tienen las provincias, se optó por una solución “transitoria”.
La tercera consecuencia es política. Primero, el peso simbólico que tiene otra sentencia en contra de los intereses del kirchnerismo puro. Al igual que otras derrotas judiciales que ha tenido el Gobierno, como la nulidad de los contratos de Autopista del Sol y del Oeste, en la contestación de demanda del Estado firma Carlos Zannini en su carácter de procurador general del Tesoro.
El jefe del cuerpo de abogados estatales, que firma solo las cuestiones que tienen el sello indeleble del kirchnerismo puro, ha conocido la derrota en varias oportunidades. Parece hermanado en la derrota con varios de los abogados de funcionarios procesados.
Otra consecuencia es el destino que la Casa Rosada dio a aquellos fondos. En septiembre de 2020, Fernández auxilió económicamente al gobernador Axel Kicillof para que resolviera un conflicto con la policía bonaerense, que entonces estaba realizando fuertes protestas.
Pasó el tiempo y la Corte deshizo aquel manotazo. Ahora el Presidente no solo deberá confeccionar un cheque para la policía bonaerense, sino que, además, tendrá que firmar otro para la sede del gobierno de la calle Uspallata.
En ese rincón de Parque Patricios, Larreta y los suyos sonríen y preparan la esponja con agua para mojar los dedos y contar billetes frescos en un año electoral.

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