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Alicia Kirchner enfrenta una crisis docente y Santa Cruz lleva 41 días de clases perdidos
Los gremios reclaman aumento y denuncian persecución política

Mariela Arias
EL CALAFATE.– En los casi ocho años de gobierno, Alicia Kirchner nunca pudo lograr un acuerdo con la Asociación de Docentes de Santa Cruz (Adosac), el gremio que desde 2007 se ha convertido en una piedra en el zapato del kirchnerismo. Desde que empezó el ciclo lectivo 2023 hubo 41 días de paro; es decir que 2 de cada 3 días los niños santacruceños no tuvieron clases.
En busca de nacionalizar su malestar, una delegación de maestros santacruceños marchó ayer al Congreso de la Nación. También denunciaron el deterioro de las escuelas y una persecución del gobierno. Esta semana transcurre un paro de 96 horas, que sumará 41 días de clases perdidos en total.
No hay clima para llegar a un acuerdo. La conflictividad entre el gobierno local y el gremio no hace más que escalar. El secretario general de Adosac, Javier Fernández, confirmó a que esta la nacion semana tuvo una comunicación con el obispo Jorge García Cuerva, interesado en mediar. El viernes pasado, al trascender el nombramiento papal de García Cuerva como arzobispo de Buenos Aires, el sacerdote aseguró que no había podido achicar las diferencias entre el sector docente y el gobierno provincial.
Por su parte, la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Cecilia Velázquez, cercana a la gobernadora, aseguró que salvo Neuquén, ningún salario en el país iguala a los maestros santacruceños. “Hay dirigentes tan desaprensivos que especulan en el marco de un año electoral”, apuntó Velázquez sobre la medida de fuerza.
Desde el gremio respondieron que están muy lejos de ser los docentes mejor pagos del país. La Adosac toma como salario testigo el de un docente de nivel inicial que recién ingresa: $120.000 de bolsillo. “Desde este año se agregó de manera compulsiva, en el nivel primario, una hora más de clases, denominada jornada extendida”, explicó Fernández
Desde que se inició el conflicto, el gobierno tomó medidas inéditas: reemplazaron docentes en huelgas con personas sin título de maestro. La situación llevó a los padres a quejarse en los medios y a los maestros a denunciar la situación ante la Organización Internacional del Trabajo contra el gobierno de Santa Cruz por persecución. Entre otros puntos, enumeraron también la imposición de multas millonarias, la limitación del derecho de huelga y el reemplazo de los huelguistas por personas externas.

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Río Negro pide anular el fallo que ordena abrir otro camino a Lago Escondido
Es un revés para los grupos afines al kirchnerismo que reclaman otros senderos a través de propiedades privadas

Paz García PastormerloEnfrentamientos en Lago Escondido, en febrero pasado
SAN CArLOS DE BArILOCHE.– El procurador general de río Negro, Jorge Crespo, dictaminó revocar una sentencia de la Cámara Civil local que ordenaba abrir el Camino de Tacuifí, en la zona de Lago Escondido. La medida es un revés para diferentes sectores afines al kirchnerismo que reclamaban otra vía de acceso a la zona.
En septiembre del año pasado, un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche confirmó una sentencia del juez Carlos Cuellar, de 2013. Según el criterio de Crespo, ese dictamen modificaba lo dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia en 2005 respecto de la forma de garantizar el acceso al Lago Escondido.
La apertura del camino de Tacuifí, también llamado Domingo Puchy, viene siendo reclamada por diversas organizaciones políticas, gremiales y sociales. El sendero conecta la ruta 40 a la altura de la localidad de El Foyel –unos 80 km al sur de Bariloche– con el Lago Escondido. Ese acceso es eje desde hace años de una controversia judicial por su cercanía con la propiedad del empresario Joe Lewis.
Según difundió el Ministerio Público de río Negro, el máximo tribunal había determinado en 2005 “rechazar la acción de mandamus [mandamiento de ejecución] interpuesta por la doctora María Magdalena Odarda”. Ese camino consta de un sendero de montaña extenso y complejo que demanda varios días y al que no se puede llegar en automóvil.
Hace unos años, en un pedido de aclaratoria, la kirchnerista Odarda –extitular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)– incluyó como alternativa el camino Tacuifí, más directo, y con un acceso vehicular de tan solo 10 kilómetros, que hoy funciona como camino vecinal.
Sin embargo, ese acceso atraviesa varias propiedades privadas, que constituyen el meollo de la cuestión.
Crespo destaca que aquel fallo de 2005 había obtenido firmeza por haber “sido consentido por todas las partes involucradas” en aquel momento.
A partir de esa sentencia de hace 17 años, se abrió la etapa de ejecución de sentencia.
“El expediente se remitió al Juzgado Civil de Bariloche y un magistrado de primera instancia amplió los términos de lo resuelto e incluyó como posibles accesos a Lago Escondido ‘el sendero de montaña desde confluencia ríos Azul y Encanto Blanco’ y otro ‘trayecto preexistente que nace en el paraje Tacuifí’”, indican en el comunicado del Ministerio Público.
El procurador general entiende que, a partir de esa modificación, se abrió un proceso que “se extendió durante más de 17 años” y que “resultó confuso, engorroso, con un dispendio innecesario de actos procesales llevados adelante tanto por las partes”
A partir del principio de reclusión y cosa juzgada, Crespo señaló: “una vez decidido un litigio y hallándose firme el decisorio, la parte debe acatar la resolución judicial, no pudiendo revisar la cuestión ya debatida”.
El procurador advierte que “de la lectura precisa de todas las resoluciones emanadas del Superior Tribunal de Justicia entre los años 2005-2012, no cabe lugar a dudas de que nunca se habilitó la apertura de un camino alternativo por fuera del denominado de montaña”.
En ese sentido, considerar otra traza diferente de la del camino de servidumbre implicaría, según Crespo, “imponer limitaciones al dominio, afectando bienes privados al uso público, sorteando el procedimiento que prevé su declaración formal a través de una ley y la indemnización de los damnificados”.
El comunicado del Ministerio Público Fiscal indica que el camino Tacuifí avanza sobre diversas propiedades pertenecientes a personas ajenas al conflicto que no pudieron ejercer el derecho a defenderse.
A partir del dictamen del Procurador General, ahora el Superior Tribunal de Justicia deberá resolver las apelaciones que realizaron Vialidad rionegrina –a través de la Fiscalía de Estado de la provincia– y la empresa Hidden Lake, que pertenece a Lewis.

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