CORRUPCIÓN EN LA LEGISLATURA BONAERENSE

El número dos de Sergio Berni intercedió para ayudar a “Chocolate” Rigau cuando estaba preso
Javier Alonso admitió haber hecho “consultas” en la comisaría donde estuvo detenido el empleado legislativo; otro colaborador del ministro también hizo gestiones
Hugo Alconada Mon
Javier Alonso, número dos de la Seguridad bonaerense
LA PLATA.- Dos estrechísimos colaboradores del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se interesaron por la situación de Julio “Chocolate” Rigau mientras se encontraba detenido en un calabozo de la Comisaría 2° de esta ciudad e intercedieron para mejorar sus condiciones de alojamiento, según confirmaron fuentes policiales
Los alfiles de Berni que se movieron por el bienestar de Rigau fueron el actual subsecretario de Formación y Desarrollo Profesional, Javier Alonso, y el ex subsecretario de Participación Comunitaria, Pablo Fernández, quien tras su renuncia en mayo de 2022 continuó junto al ministro y ahora trabaja para la campaña a intendenta de Zárate de la esposa de Berni, Agustina Propato.
Tanto Alonso como Fernández, quien hasta su renuncia también servía de enlace entre el Ministerio de Seguridad provincial y la Municipalidad de La Plata, dejaron saber a la Policía bonaerense su preocupación e interés por “Chocolate” Rigau, quien fue detenido el 8 de septiembre cuando extraía más de $1,2 millón de 49 tarjetas de débito pertenecientes a empleados de la Legislatura bonaerense.
Consultado  Alonso primero negó haberse “interesado” por Rigau, pero luego modificó su versión. “A ver, ¿qué significa ‘interesarse’?”, planteó. “Sí puedo decirle que me contactó la familia, muy preocupada por su situación y yo consulté cuál eran las condiciones de alojamiento en la comisaría [2° de La Plata], dada la precariedad de la infraestructura policial”.
-¿Cómo llegó la familia Rigau a usted?-, consultó
-No recuerdo quién se contactó conmigo. Yo no tenía idea del caso. Ya habían pasado varios días desde la detención y la familia estaba muy preocupada porque no era una persona del ámbito, digamos, del delito.
-¿Usted se presentó en la comisaría? ¿Llamó al jefe de esa dependencia?
-Como le dije, consulté cuál era su situación porque la familia estaba muy preocupada, muy angustiada tras tantos días.
-¿Pero cómo lo hizo? ¿A quién le consultó?-, insistió 
-Ahora no lo tengo presente.
Alonso sí precisó, por el contrario, que no conocía a Rigau al momento de su detención, lo que confirmaron otras fuentes y negó haber recibido una orden superior, ya fuera de Berni o de otro funcionario o político, para que se moviera a favor del empleado de la Legislatura bonaerense detenido. “No fue así, pero de verdad no recuerdo quién se contactó conmigo”, insistió.
Javier Alonso, número dos de la Seguridad bonaerense, en un acto de entrega de patrulleros
Hombre de confianza de Berni, a quien reemplazó al frente del Ministerio cuando se tomó licencia por 15 días en mayo de 2022, Alonso aspira a sucederlo al frente de la cartera si el gobernador Axel Kicillof obtiene su reelección, en tanto que Fernández es otro alfil de Berni que levanta amores y odios en la ciudad, donde mantuvo varios chisporroteos con el intendente Julio Garro (Juntos por el Cambio), pero también con varios referentes peronistas durante los últimos años.
Sergio Berni, cuando fue agredido en una protesta de colectiveros; después pidió licencia y lo reemplazó Alonso
Procuró contactar a Fernández a su teléfono celular, pero al cierre de esta edición no había respondido los llamados.
Desde el Ministerio confirmaron que Alonso intervino, pero rechazaron cualquier tono impropio o negativo. “Alonso lo que hizo fue su trabajo y es muy bueno en eso, reconocido por propios y ajenos. Lo que él tenía que hacer es lo que hizo: cuidar al detenido como si fuera de cristal para que nada malo le pase, incluso aislándolo de otros detenidos”, indicó un vocero de Berni . “Vamos al revés, ¿qué diría la prensa si Rigau era alojado con todos los demás detenidos y lo golpeaban o aparecía muerto? Sería un escándalo monumental y todos sospecharían que buscaron acallar a Rigau, ¿no? Lejos de criticarlo, deberían reconocer que Alonso hizo lo correcto: preservar a un detenido sensible”.
Desde la Policía bonaerense, por lo pronto, el interés de Alonso y de Fernández por el bienestar de un detenido que trabaja en la Legislatura bonaerense fue interpretado, de inmediato, como una señal de protección que quiso transmitir la política. “Tomalo como un ‘control de daños’ o un genuino interés, pero a todos nos quedó claro que este [por Rigau] era distinto”, graficó un mando de la fuerza ante la consulta 
Pablo Fernández, hombre de confianza de Sergio Berni
El “acomodado”
Desde la Policía bonaerense confirmaron que Rigau fue un detenido “acomodado”, que permaneció alojado en un calabozo de la comisaría ubicada en la avenida 38 entre la avenida 7 y la calle 8 de esta ciudad, pero aislado y con condiciones distintas a todos los demás detenidos de la ciudad.
“No es que estaba en la ‘zona comisario’ durante el día y que a la noche iba a dormir a su calabozo”, confió un oficial al tanto de sus condiciones de alojamiento, “pero tampoco siguió el mismo camino que el resto de los detenidos”, precisó.
Arrestado el 8 de septiembre en los cajeros de la esquina de 7 y 54 del Banco Provincia, Rigau inició su tránsito por las comisarías de la ciudad en la seccional 1°, sobre la avenida 53 de la ciudad, frente al Teatro Argentino, pero no fue alojado allí por una razón sencilla: en esa dependencia alojan sólo detenidas.

Julio Rigau
Ante esa situación, Rigau fue trasladado a la Comisaría 2°, donde primero pasó por la revisión médica que por protocolo se completa a los detenidos. “Después se lo alojó en un calabozo individual”, precisó otra fuente de la fuerza policial, que aclaró que el empleado de la Legislatura jamás estuvo incomunicado y que, por tanto, accedió a su teléfono celular todos los días.
“Desde la pandemia, la Policía bonaerense tomó otro camino con los detenidos al del Servicio Penitenciario en sus cárceles, lo que permite que los detenidos en comisarías puedan comunicarse con sus familias, si así lo desean, todos los días”, precisó.
Una de las pocas personas que llegó a interactuar con “Chocolate” mientras permaneció alojado en la Comisaría 2° aportó un par de salvedades. “Rigau no estaba en un calabozo individual, sino en el común, pero porque sólo hay dos calabozos, uno para los ‘contraventores’ y el otro para el resto”, explicó. “Lo que ocurre es que Rigau estaba solo en el calabozo común porque en la Comisaría 2° no hay detenidos desde hace mucho porque los detenidos son derivados a la Alcaldía ‘Pettinato’ [por la alcaldía departamental, en las afueras de la ciudad, sobre la ruta 36]. Estaba solo y tranquilo”, abundó.
Por lo bajo, sin embargo, operadores políticos y judiciales se movieron para calmar a Rigau y a su familia. Hasta que el epílogo llegó el 23 de septiembre, cuando dos integrantes de la sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de La Plata –Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo-, declararon la nulidad del acta de procedimiento policial con la que había comenzado la investigación judicial y ordenaron la inmediata libertad de “Chocolate”.

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Mientras la defensa de Rigau busca impedir que se abra el celular, la causa ya tiene sorteada la sala II del Tribunal de Casación
Quieren evitar que se concrete la medida que impulsa la fiscal Lacky; en tanto se definió que María Florencia Budiño y Luis María Mancini intervendrán sobre la admisibilidad del recurso elevado contra la nulidad del caso
María José Lucesole
El video en el banco durante las extracciones que realizó Rigau
LA PLATA.- La defensa de Julio “Chocolate” Rigau presentó un planteo ante el Juzgado de Garantías N°1 de esta capital para intentar impedir que se abra el teléfono del puntero justicialista, una pericia prevista para la semana que viene.
El juez de garantías Guillermo Atencio analiza el pedido de la defensa y da vistas a la fiscal Betina Lacky para resolver si frena o no la pericia fijada para el miércoles próximo. En tanto el trámite avanza en el Tribunal de Casación: ayer se sorteó la sala II para actuar sobre la admisibilidad del recursos interpuesto por el Fiscal General de La Plata Héctor Vogliolo.
La sala II del tribunal de alzada -compuesta por María Florencia Budiño y Luis María Mancini- ya tiene participación para resolver primero sobre la admisibilidad del recurso que fue en queja sobre la nulidad de la causa y luego sobre la cuestión de fondo. Pero no hay plazos para este trámite. Y el avance de la causa o el freno de la misma por ahora se dirime en el Juzgado de Garantías N°1.
Tribunal de casación de La Plata , Apelaciones por las condenas del homicidio de Fernando Báez Sosa. Traslado de los detenidos
“La defensa se presentó en contra del pedido de la fiscal para que avancen las medidas de prueba”, informaron fuentes de ese juzgado de garantías a La Nacion. Atencio dio intervención a Lacky y la fiscal tiene hasta el martes para insistir.
En concreto la defensa y la fiscalía pujan para que el juez defina si el recurso que se tramita sobre la nulidad de la causa es con efecto devolutivo o suspensivo.
La discusión sobre el alcance del recurso elevado por el fiscal General Héctor Vogliolo no es menor: el efecto suspensivo impide la ejecución de la sentencia – es decir que se declare nulo todo lo actuado en la causa hasta tanto se expida Casación-. En tanto el efecto devolutivo que no se suspende la ejecución, en este caso quedaría paralizada por la nulidad dispuesta por la sala III de la Cámara de Apelaciones.
El juez Atencio se pronunciará la semana que viene sobre esta discusión.
En lo inmediato dio traslado a la fiscal Lacki que tiene tres días para insistir con las medidas de prueba.
Julio Rigau
Lacky ayer elevó un pedido para reabrir a fondo la investigación sobre el puntero del PJ detenido cuando cobraba el sueldo con tarjetas de debito de 49 empleados de la Cámara de Diputados bonaerense y dispuso una batería de 20 medidas de prueba que incluyen la apertura de su teléfono celular, dispuesta para la semana que viene.
Mientras la fiscal también analiza los nombres de otras 25 personas que habría mencionado Rigau en sus escritos personales. Estos también serían empleados de la Cámara de Diputados.
La causa contra Chocolate Rigau investiga un sistema de financiamiento de la política con empleados “ñoquis involuntarios” que no sabían que estaban designados y otros cobraran por ellos, o casos de personas que entregaban parte o todo su sueldo a la política a cambio de contar con obra social o los aportes para una jubilación futura.
La fiscal, según los documentos del caso a los que accedió LA NACION, resolvió abrir el celular de Rigau y analizar mensajes, llamadas, imágenes y videos. “Dispóngase la realización de pericia de análisis técnico sobre el teléfono celular marca Samsung modelo SM-G532M de color gris, con funda de color negra con IMEI nro 353108085207318/01 con SN R28K4338TJP con chip de la empresa personal con numero 8954341041 9090742478 para el día 11 de octubre de 2023, a las 08.30 horas”, decidió.
El estudio del teléfono en poder del ministerio Público lo hará el perito Alejandro Leyes, “a fin de efectuar un análisis técnico completo y detallado del contenido del aparato, informando resultado de la agenda telefónica, videos, imágenes y comunicaciones entrantes y salientes así como cualquier otro dato de interés para la presente”.
La fiscal también dispuso pedir al Banco Provincia las filmaciones de las cámaras de seguridad del sector de los cajeros automáticos correspondientes a la sucursal de Plaza San Martín, del 5 de septiembre entre las 5 y las 7.30; el 6 de septiembre entre las 20 y las 22; el 7 de septiembre entre las 19 y las 21; y el 8 de septiembre entre las 18 y las 22, cuando se creen que Rigau hacía las extracciones de fondos con las tarjetas de débito.
Además, Lacki le pidió al banco que remita copia de las filmaciones de las cámaras de seguridad del sector de los cajeros automáticos de la sucursal en que se hayan efectuado extracciones de dinero, en julio y agosto, con la idea de ampliar la investigación y determinar si esta era una maniobra que se venía repitiendo en el tiempo. También quiere saber si Rigau era titular de una o varias cuentas y sus movimientos.
Por otra parte, la fiscal le pidió a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires que explique qué significa que un empleado trabaje en el “bloque político”, como figuraba en sus legajos. “Pues en la mayoría de los casos se trató de personas que entraron por el PJ, el Frente Renovador o Juntos por el Cambio y luego empezaron a revistar en el ‘bloque político’”, señaló.
Lacki quiere saber de qué trabajan los supuestos empleados que percibían 580.000 pesos mensuales y le daban la tarjeta a Rigau para que les cobre el sueldo. Quiere saber dónde trabajaban, quién era su jefe, qué régimen laboral tenían, a que hora entraban y salían. La fiscal solicitó los contratos de cada uno y el legajo de Rigau.
Además, le solicitó a Canal 13 una copia de la entrevista a un indigente que duerme en el cajero y que vio el procedimiento de Rigau y habría alertado a un policía plantense. Por su parte, requirió a la Municipalidad de La Plata los registros de las cámaras de seguridad en los días en que Chocolate extrajo los fondos.
Finalmente, la fiscal dispuso sucesivas audiencias de declaraciones testimoniales que culminarán el 13 de noviembre, con todas las personas cuyas tarjetas de débito fueron secuestradas a Rigau. A razón de tres declaraciones por día. Se les hará saber que “deberán comparecer bajo apercibimiento de ser conducidos mediante el empleo de la fuerza pública”.
Lacki quiere saber si Rigau tiene otras líneas telefónicas, además de la que está en el teléfono secuestrado y el contenido de ese celular, que hace entrar en pánico a toda la clase política de la provincia de Buenos Aires, sin distinción de partidos.

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