Sin lugar para más incertidumbre: hay una bomba perfecta para el 23-O
En el actual contexto, nadie puede hacer afirmaciones sobre el resultado del domingo sin plantear alguna salvedad porque, en la economía y en la política, avanzamos todos por caminos inexplorados
Florencia Donovan
Sergio Massa...Alfredo SábatEl llamado del Banco Central (BCRA) no demoró en llegar. La decisión de algunas grandes entidades financieras de adelantar el pago del aguinaldo de diciembre para esta semana provocó la ira del equipo económico. No sólo temblaron en el Gobierno ante la posibilidad de que esos pesos se vuelquen a comprar dólares en la previa electoral, sino que además se encolerizaron luego de que trascendiera que en un correo desde el área de Recursos Humanos de una entidad líder alentaban a sus empleados a resguardar sus ahorros comprando dólar MEP. Una obviedad para quienes están en el mundo financiero, pero que para un gobierno paranoico, que llega sin resto a la elección del domingo, se volvió en un foco potencial de desestabilización.
La idea de que con un paro el viernes 20 se podían mitigar los riesgos de corrida en un sistema financiero que hace semanas se viene preparando para un escenario de caos se autodestruyó en 24 horas. Era más el nerviosismo que generaba entre los clientes bancarios la idea de no poder disponer de sus ahorros ese día, que el beneficio que el Gobierno podía obtener en materia cambiaria. Cualquiera que tenga algo de conocimiento de mercados sabe que nunca se puede ir contra una tendencia. No hay jauría de perros que sea suficiente.
Al final del día, el ministro-candidato Sergio Massa debió contentarse con maquillar la cotización del dólar blue para las ruedas que restan. Si no se puede contener la escalada del billete verde, al menos que parezca. Para un kirchnerismo que durante años supo ocultar los números reales de inflación, difundir un dólar blue edulcorado es una tarea menor. La realidad es que, pese a que los portales mostraron un dólar de poco más de $900 durante gran parte de la jornada, quienes pudieron cerrar ayer alguna operación en el circuito informal llegaron a pagar $1050.
Es cierto que la inflación galopante y la escasez de billetes de gran denominación que acompañen la pérdida de poder adquisitivo del peso juega a favor del Gobierno en jornadas en las que la City está prácticamente sitiada con perros e inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Policía Federal. No sólo mover dólares es una tarea cuasi imposible, trasladar pesos para pagar a quienes quieren vender billetes verdes es igualmente desafiante. “Lo que pasa es si tenés que mover 20 o 30 lucas verdes, que no es nada, son 20 o 30 balas de billetes de $1000; es una locura. No podés moverte por las calles de la City, porque tenés que moverte con valijas”, ilustró un hombre que acumula batallas en el circuito financiero.
Ahorristas, empresarios, nadie quiere quedar descubierto ante una de las elecciones más inciertas desde que volvió la democracia. Las empresas se cubren no vendiendo mercadería –quienes recibieron anticipos hasta ofrecen devolver los pesos– o adelantándoles a sus clientes que los pagos pendientes se tomarán al tipo de cambio de la fecha de cancelación de la factura. Nadie sabe si el día 23 la dolarización ya será casi un hecho –si Javier Milei llegara a ganar en primera vuelta, es de esperar que muchos se adelanten– o si seguirá la economía a los ponchazos a la espera de una definición.
Cerca de Sergio Massa afirman que, tanto si logra meterse al ballotage como si queda fuera, el ministro de Economía no tendrá más opción que seguir manteniendo los controles de precios y cambiarios en las semanas que siguen. “A lo sumo, si gana Milei en primera vuelta, se sentará a negociar algunas medidas. Pero no lo veo a Sergio liberando todo”, reconoció un hombre del equipo económico. Nadie en el peronismo se animaría por otro lado a librar la economía a las fuerzas del mercado, que vienen acumulando meses de represión, en un escenario de debilidad política. De ahí también las redes que empezaron a tejer hace ya algunas semanas gobernadores peronistas y de Juntos por el Cambio, junto con algunas cámaras empresarias, para armar una suerte de documento de consenso político. Hay quienes ven detrás de este armado –que quedó stand-by hasta después del domingo– al operador político Guillermo Seita, un todo terreno, que colaboró con Juan Schiaretti, pero también de diálogo frecuente con Sergio Massa. “Sergio es al mismo tiempo la locura y la cordura, la racionalidad y la explosión”, reconoce un hombre al tanto de alguna de estas negociaciones.
Será todo un desafío, sin embargo, mantener el dólar oficial congelado en $350 hasta el 19 de noviembre, para luego rehabilitar un ajuste mensual del tipo de cambio del 3%, como afirmó en la red social X Gabriel Rubinstein, el viceministro de Economía de Sergio Massa. “Lo del crawl –como se denomina en la jerga la microdevaluación del dólar que vino aplicando el Gobierno hasta el lunes post-PASO– no es un debate zanjado”, reconoció una fuente del equipo económico. Según un informe publicado esta semana por Anker, la consultora que encabeza el expresidente del BCRA macrista Luis Caputo, durante octubre, de mantenerse el tipo de cambio fijo en $350 en promedio, “el tipo de cambio real llegaría a ser más bajo incluso que el de julio, habiéndose consumido el salto nominal post PASO en dos meses”.
“En lo que va de octubre estimamos una intervención en el tipo de cambio financiero en torno a US$85 millones diarios y ventas en el mercado único y libre de cambios, principalmente para importaciones y pagos de servicios de deuda, de US$80 millones diarios”, afirma el informe, que destaca que es un ritmo de pérdida de reservas que “no resulta sostenible por más de unas pocas semanas”.
Aún habiendo conseguido liberar un segundo tramo del préstamo de China, por US$6500 millones, al Banco Central no le sobran los dólares. Más aún teniendo en cuenta que el 31 de este mes deberá saldar una deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1975 millones de DEGs, como se conoce la canasta de monedas que usa el organismo de crédito, y que equivalen a unos US$2915,9 millones. Al día siguiente, el 1 de noviembre, deberá abonar en concepto de intereses otros 645 millones de DEGs (unos US$952,3 millones). El Tesoro tenía hasta esta semana un remanente de 1405 millones de DEGs US$2074,3 millones) y otros US$1000 millones.
Pese a que inicialmente se planteó como otra posible inyección de divisas de hasta US$1000 millones, no habrá ingreso de dólares en la licitación del espectro 5G. Dos de las tres grandes operadoras de telefonía ya advirtieron que usarán los pesos –al tipo de cambio de la fecha de pago– que tiene atrapados en el país para participar, mientras que una tercera anticipó que hará contado con liquidación.
También es posible que no vea el Gobierno de Alberto Fernández el ingreso de dólares producto de una de las operaciones de M&A más grandes del mercado, como es la venta de Exxon. Recién la semana que viene comienza el proceso de “data room”, en el que los interesados harán una revisión de los activos para finalmente terminar presentando sus ofertas vinculantes, se estima, en no menos de dos meses. Hasta ahora, seguirían en carrera Pampa, de Marcelo Mindlin; Vista, la compañía de Miguel Galuccio, y Shell.
En la Libertad Avanza, entre tanto, se preparan para, una vez finalizada la elección, empezar a mostrar más las cartas. Aseveran cerca de Milei que hay varios equipos técnicos trabajando en el más estricto hermetismo. Aunque reconocen que todavía no tienen la gente suficiente para llenar todos los puestos del Estado en caso de asumir, se muestran confiados de poder captar técnicos, sobre todo de Juntos por el Cambio, para cubrir segundas y terceras líneas. “Mucha gente nos dice, habláme el 23″, admite un hombre del espacio.
De la mano de Emilio Ocampo, Milei sigue firme con su proyecto de dolarización. Aseguran quienes participan de algunos de sus encuentros técnicos que una eventual dolarización requeriría de menos dólares de los que se están previendo en el mercado. “Una vez que la gente empieza a transaccionar en dólares, no los saca todos del sistema. En la Convertibilidad –ejemplifican– había dólares sólo para cubrir la base monetaria”. Parte de las divisas vendrían de securitizar las divisas que ingrese el agro –o incluso mediante un bono para el campo, como el que se hizo al comienzo de la gestión macrista, bajo la tutela del entonces ministro Alfonso Prat-Gay– y que pueda proveer la exportación de Vaca Muerta, entre otros sectores. También hay conversaciones con funcionarios de organismos de crédito, pero nadie se anima a dar certezas. Porque tampoco nadie puede hacer afirmaciones sobre el resultado del domingo sin plantear alguna salvedad. En la economía y en la política, avanzamos todos por caminos inexplorados.
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Apelan el fallo que absolvía a YPF por la estatización
El caso pasará ahora a la Corte de Apelaciones, que suele demorar entre nueve meses y un año en dar un nuevo veredicto
Sofía Diamante
Luego de que la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, absolviera a YPF por el caso de la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera, los demandantes, liderados por el fondo Burford Capital, apelaron ayer la sentencia. El caso pasará ahora a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, que suele demorar entre nueve meses y un año en dar un nuevo veredicto. Es la penúltima instancia antes de apelar a la Corte Suprema. Esto genera un problema adicional para la petrolera.
YPF anunció ayer la noticia de la apelación a través de un hecho relevante que presentó en el mercado financiero local. “(...) En la sentencia final dictada el 15 de septiembre de 2023, el tribunal del Distrito Sur de Nueva York ordenó, sentenció y decretó que todos los reclamos de los demandantes contra YPF quedaron desestimados, decretando que YPF no tiene responsabilidad contractual y no debe ningún daño a los demandantes por incumplimiento contractual”, escribió Margarita Chun, responsable de relaciones con el mercado de YPF.
“El 18 de octubre de 2023 [por anteayer], los demandantes apelaron la sentencia final del tribunal de distrito con relación a YPF y a aquellas decisiones que, a los efectos de la apelación, se ven incluidas en la sentencia final. En este contexto, YPF continuará defendiéndose conforme el procedimiento legal aplicable y las defensas disponibles”, agregó.
Los demandantes sostienen que YPF es responsable también por el daño que les produjo, al no haber obligado al nuevo accionista mayoritario –el Estado argentino– a que cumpla con el estatuto de la empresa y que hiciera la oferta pública de adquisición (OPA) al resto de los accionistas minoritarios cuando estatizó el 51% de las acciones. En el fallo, la jueza Preska había indicado que YPF no tenía responsabilidades al respecto.
La apelación de Burford y del fondo Eton Park llega unos días después de que el Estado argentino apelara también el fallo que lo obliga a pagar US$16.100 millones en concepto de capital e intereses por indemnización a los demandantes por la misma causa.
La Procuración del Tesoro argentino realizó la apelación sin presentar un fondo de garantía, con lo cual se podría exponer a que los demandantes embarguen activos estatales en el exterior, como ocurrió en el pasado, cuando fue retenida durante 77 días la Fragata Libertad en el puerto africano de Tema, en Ghana, en 2012.
“La Corte de Apelaciones acepta siempre los casos y determina si la corte inferior estuvo correcta o no en el fallo. Para avanzar, primero la Argentina y los demandantes deben presentar sus estrategias, que consisten en tres preguntas que deben hacerle a la Corte de Apelaciones. Luego hay que ver también si se consolidan las dos apelaciones en un solo tribunal o si van por caminos paralelos, pero con distintos jueces a cargo”, explicó Sebastián Maril, director de Research for Traders, quien sigue de cerca los juicios contra la Argentina en el exterior.
La historia del fallo
Al momento de la estatización, Eton Park era accionista de YPF. La petrolera cotiza en la bolsa de Nueva York desde 1993. Burford Capital, en cambio, compró el derecho a litigar en la Justicia española, cuando las empresas Petersen –que había fundado la familia Eskenazi en ese país y que eran accionistas de YPF– entraron en quiebra.
Los fondos sostuvieron que el gobierno de Cristina Kirchner no lanzó una OPA sobre el total de las acciones, como dice el estatuto de YPF presentado en Estados Unidos cuando salió a cotizar en Bolsa. Según el artículo 7º del estatuto, cuando un inversor compra más del 15% de las acciones debe hacer una oferta de adquisición al resto de los accionistas.
En su momento, la Argentina no hizo la OPA y el entonces viceministro de Economía Axel Kicillof, que era interventor en YPF, dijo en el Congreso, antes de votarse la ley de expropiación: “Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el ciento por ciento a un valor equivalente a US$19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto! ¿Si no dónde está la seguridad jurídica? Señores, fue una empresa, se reunieron y dijeron: ‘¿Cómo podemos hacer para que nadie nunca intervenga en el control de la compañía?’”.
Tanto los demandantes como la jueza Preska citaron esa frase para justificar los alegatos y el fallo. “La república obligó a los demandantes a otorgarle un préstamo masivo después de expulsar por la fuerza a los miembros del directorio de YPF, el 16 de abril de 2012, lo que provocó que los representantes de Repsol en YPF huyeran del país. El Sr. Kicillof declaró descaradamente que sería ‘estúpido’ cumplir ‘la ley de la propia YPF’ o ‘respetar sus estatutos’”, dijo la magistrada.
Luego de que la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, absolviera a YPF por el caso de la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera, los demandantes, liderados por el fondo Burford Capital, apelaron ayer la sentencia. El caso pasará ahora a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, que suele demorar entre nueve meses y un año en dar un nuevo veredicto. Es la penúltima instancia antes de apelar a la Corte Suprema. Esto genera un problema adicional para la petrolera.
YPF anunció ayer la noticia de la apelación a través de un hecho relevante que presentó en el mercado financiero local. “(...) En la sentencia final dictada el 15 de septiembre de 2023, el tribunal del Distrito Sur de Nueva York ordenó, sentenció y decretó que todos los reclamos de los demandantes contra YPF quedaron desestimados, decretando que YPF no tiene responsabilidad contractual y no debe ningún daño a los demandantes por incumplimiento contractual”, escribió Margarita Chun, responsable de relaciones con el mercado de YPF.
“El 18 de octubre de 2023 [por anteayer], los demandantes apelaron la sentencia final del tribunal de distrito con relación a YPF y a aquellas decisiones que, a los efectos de la apelación, se ven incluidas en la sentencia final. En este contexto, YPF continuará defendiéndose conforme el procedimiento legal aplicable y las defensas disponibles”, agregó.
Los demandantes sostienen que YPF es responsable también por el daño que les produjo, al no haber obligado al nuevo accionista mayoritario –el Estado argentino– a que cumpla con el estatuto de la empresa y que hiciera la oferta pública de adquisición (OPA) al resto de los accionistas minoritarios cuando estatizó el 51% de las acciones. En el fallo, la jueza Preska había indicado que YPF no tenía responsabilidades al respecto.
La apelación de Burford y del fondo Eton Park llega unos días después de que el Estado argentino apelara también el fallo que lo obliga a pagar US$16.100 millones en concepto de capital e intereses por indemnización a los demandantes por la misma causa.
La Procuración del Tesoro argentino realizó la apelación sin presentar un fondo de garantía, con lo cual se podría exponer a que los demandantes embarguen activos estatales en el exterior, como ocurrió en el pasado, cuando fue retenida durante 77 días la Fragata Libertad en el puerto africano de Tema, en Ghana, en 2012.
“La Corte de Apelaciones acepta siempre los casos y determina si la corte inferior estuvo correcta o no en el fallo. Para avanzar, primero la Argentina y los demandantes deben presentar sus estrategias, que consisten en tres preguntas que deben hacerle a la Corte de Apelaciones. Luego hay que ver también si se consolidan las dos apelaciones en un solo tribunal o si van por caminos paralelos, pero con distintos jueces a cargo”, explicó Sebastián Maril, director de Research for Traders, quien sigue de cerca los juicios contra la Argentina en el exterior.
La historia del fallo
Al momento de la estatización, Eton Park era accionista de YPF. La petrolera cotiza en la bolsa de Nueva York desde 1993. Burford Capital, en cambio, compró el derecho a litigar en la Justicia española, cuando las empresas Petersen –que había fundado la familia Eskenazi en ese país y que eran accionistas de YPF– entraron en quiebra.
Los fondos sostuvieron que el gobierno de Cristina Kirchner no lanzó una OPA sobre el total de las acciones, como dice el estatuto de YPF presentado en Estados Unidos cuando salió a cotizar en Bolsa. Según el artículo 7º del estatuto, cuando un inversor compra más del 15% de las acciones debe hacer una oferta de adquisición al resto de los accionistas.
En su momento, la Argentina no hizo la OPA y el entonces viceministro de Economía Axel Kicillof, que era interventor en YPF, dijo en el Congreso, antes de votarse la ley de expropiación: “Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el ciento por ciento a un valor equivalente a US$19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto! ¿Si no dónde está la seguridad jurídica? Señores, fue una empresa, se reunieron y dijeron: ‘¿Cómo podemos hacer para que nadie nunca intervenga en el control de la compañía?’”.
Tanto los demandantes como la jueza Preska citaron esa frase para justificar los alegatos y el fallo. “La república obligó a los demandantes a otorgarle un préstamo masivo después de expulsar por la fuerza a los miembros del directorio de YPF, el 16 de abril de 2012, lo que provocó que los representantes de Repsol en YPF huyeran del país. El Sr. Kicillof declaró descaradamente que sería ‘estúpido’ cumplir ‘la ley de la propia YPF’ o ‘respetar sus estatutos’”, dijo la magistrada.
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