CASO BENTO Y LA PERSECUCIÓN A LA CORTE Y LAS NUEVAS GENERACIONES Y LA POLÍTICA

Contrastes de dos juicios políticos
Álvaro González
En febrero, el kirchnerismo puso en marcha un juicio político contra la Corte Suprema, en busca de un objetivo que persigue incansablemente desde hace más de diez años: someter al Poder Judicial y garantizar su impunidad. Por su parte, el Consejo de la Magistratura inició a fines de septiembre su acusación contra el juez de primera instancia de Mendoza, Walter Bento.
La celebración casi en simultáneo de estos dos procesos es una oportunidad única para que la ciudadanía pueda contrastar en vivo, en tiempo real, cómo luce un juicio político genuino, en el que se respeta el derecho de defensa, y qué ocurre cuando las garantías procesales brillan por su ausencia.
En el caso del juez de primera instancia mendocino, el juicio político sobre el mal desempeño de sus funciones transcurre ante el Jurado de Enjuiciamiento, y está siendo llevado adelante con apego escrupuloso a los protocolos y procedimientos legales. La acusación, a cargo de los consejeros Miguel Piedecasas, Roxana Reyes y Eduardo Vischi, se conduce de un modo serio, respetuoso y acorde con los más altos estándares profesionales.
Las exposiciones de todas las partes son técnicas, las preguntas son pertinentes y formuladas del modo en que lo prescribe la ley. Los testigos han sido citados solo a partir de la constatación de elementos objetivos y no como parte de una “excursión de pesca”. Y todo ello sucede gracias a que todas las partes están a la altura de su rol institucional y las sesiones son moderadas por una presidencia imparcial.
Más aún, a diferencia de lo que ocurre con los jueces de la Corte Suprema, el juez mendocino ha podido ejercer plenamente su derecho a la defensa desde el minuto cero. Como corresponde a un Estado de Derecho, ha sido asistido o representado desde el inicio mismo del expediente por un equipo de abogados defensores, con amplia oportunidad para alegar, ofrecer prueba o plantear objeciones.
Por el contrario, y aunque parezca increíble, nada de esto se verifica en el juicio contra los jueces de la Corte.
El proceso contra los integrantes del alto tribunal se desarrolla, desde hace varios meses, en medio de un festival de irregularidades procedimentales y en violación a las garantías constitucionales más elementales.
Para la Corte no hay, siquiera, un abogado defensor que pueda controlar la prueba u objetar su procedencia. Los cargos no se encuentran definidos con precisión. Semana tras semana se citan testigos de modo imprevisto, y sin que se sepa cuál es el hecho que lo motiva. Las audiencias testimoniales se realizan sin que haya nadie que, en representación de la defensa, pueda objetar o repreguntar.
Las preguntas que se formulan se parecen más a un discurso político de barricada que a lo que ocurre en un proceso legal. Son casi siempre capciosas o sugestivas. Lejos de buscarse la verdad, las audiencias se han limitado a hostigar a personas cercanas a los jueces, o bien, a intentar hacer pasar como testimonios fiables a declaraciones de funcionarios adictos al Gobierno, como, por ejemplo, la de la muy cuestionada Silvina Batakis.
La doble vara no puede ser más ostensible. El desarrollo simultáneo de estos dos procesos, que se transmiten en vivo y en directo, es el mejor modo para que cualquier persona comprenda de qué modo se hace realidad la garantía constitucional del debido proceso, y qué penoso es lo que ocurre cuando se la viola.
Ante la próxima cita electoral, sería deseable que el votante tome en cuenta esta perspectiva. Porque estamos frente a un asunto que no solo concierne a los legalistas, al “círculo rojo” o los más politizados; es un problema que afecta el tejido mismo de nuestra comunidad. Porque un país sin instituciones sólidas está condenado a la pobreza y al fracaso. La defensa de un Poder Judicial libre e imparcial es una responsabilidad que recae sobre todos los hombres y las mujeres de buena voluntad que soñamos con una Argentina próspera, justa y democrática.

Diputado nacional y Consejero de la Magistratura

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La medrosa subestimación de la juventud
Maximiliano Gregorio-Cernadas
El resultado de las primarias de agosto parece haber servido no solo para que los adultos trasladen a los jóvenes la inmensa responsabilidad de fijar el destino de los próximos años de la Argentina, sino también, a juicio de numerosos analistas, para profundizar el prejuicio de muchos adultos de que con los jóvenes se puede hacer cualquier cosa menos discutir, porque sería imprudente, cuando no, contraproducente.
El equívoco surge del difundido convencionalismo axiológico de nuestra sociedad posmoderna de que ciertos grupos sociales gozan de fueros especiales sacrosantos y de que no es políticamente correcto confrontar con ellos, especialmente cuando se trata de jóvenes, porque estos constituyen lo novedoso, el futuro, lo valioso y, por ende, lo correcto.
Sin embargo, mal que nos pese a quienes valoramos la innovación y apostamos al porvenir, aquel axioma no se cumple con exactitud. Bastaría con preguntarse qué opinaban los jóvenes durante la Revolución rusa, los prolegómenos del nazismo, el advenimiento de Castro y hasta durante el juvenil apogeo camporista, para ordenar este debate.
Exaltar de forma acrítica cualquier opinión de la juventud, en particular respecto de su excusable inexperiencia política, constituye una forma sutil no solo de desestimar la experiencia razonada, sino también de subestimar la capacidad de reflexión y cambio de la propia juventud.
Que los adultos argentinos, como ocurre en el mundo actual, hayan perdido autoconfianza en lo que sus experiencias les han provisto no implica que deban ahora exigirles respuestas y responsabilidades a sus hijos de lo que ocurre. Es verdad que los jóvenes no son responsables del pasado ni del presente, pero es imprescindible transmitirles la conciencia de que lo serán respecto del mañana, por lo cual no resultará gratuito lo que decidan hoy, pues se trata más de su futuro que del nuestro.
En cambio, lo que sí corresponde a los adultos es replantearse sus propios errores y compartirlo con sus hijos, como por ejemplo confesarles dónde y qué estuvieron haciendo ellos durante los últimos decenios de dislates argentinos, y preguntarse a sí mismos qué habrán hecho como para que sus hijos puedan estar hoy contribuyendo involuntariamente a llevar al país hacia un abismo.
Es decir, hay mucho para que adultos y jóvenes se sienten a conversar. Pero atención que lo que escasea no debe atribuirse a los jóvenes, pues ellos ya han expresado con claridad la indignación y reacción lógica a la terrible herencia que les estamos dejando y a la natural reacción a ella, propia de la inexperiencia.
Por su parte, los adultos están fallando al disfrazar su responsabilidad sobre el pasado, su desconcierto con el presente y su pusilanimidad hacia el futuro con una pose de padres biempensantes que aplauden alegremente a sus hijos aunque los vean embarcarse en un tren sin destino.
Cualquiera que haya vivido los años 70 en la Argentina conoce en carne propia cuál es el natural resultado de apostar a demagogos que saben vender panaceas instantáneas a la juventud, pero la cuestión central radica en si se animarán esos testigos del pasado a confesar sus errores a sus hijos sin disfraces épicos.
Paradójicamente, la juventud vuelve a ser, una vez más en nuestra historia, objeto de abusos políticos: mientras La Libertad Avanza los exalta irracionalmente, Unión por la Patria los llama a un silencio táctico.
Lo que está escaseando, pues, corresponde a los adultos y es coraje para asumir sus errores, confesarlos sin ambages a los jóvenes e intercambiar con ellos su lógica indignación por nuestra dolorosa experiencia.

Diplomático de carrera, miembro del Club Político Argentino y de la Fundación Alem

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