Las empresas públicas perdieron US$14 millones por día en el primer semestre del año
Para mantenerlas en funcionamiento, el Tesoro erogó poco más de un billón de pesos; Economía estima que el costo ascenderá a $2,3 billones a fin de 2023
Laura Serra
Aerolíneas Argentinas tuvo un déficit de $73.420 millones en seis mesesDurante el primer semestre de este año, las empresas públicas perdieron US$2451 millones, a razón de casi US$14 millones por día. Para mantenerlas en funcionamiento y cubrir sus gastos el Tesoro les gira recursos multimillonarios: en esos seis meses, por caso, les transfirió poco más de un billón de pesos, un monto 147% más alto que en el mismo período de 2022. Es decir, más del doble.
En tiempo de crisis y de enormes carencias sociales, y en medio de una campaña electoral en la que se debatió sobre el gasto público, las suculentas transferencias que reciben las 33 empresas no financieras del Estado no están exentas de polémica. No es para menos: a manera de comparación, durante los seis primeros meses del año se les giró más dinero que a todos los programas de promoción y asistencia social que el presupuesto le destina a los más vulnerables ($832.800 millones según el Ministerio de Economía). También les ganó, y por varios cuerpos, a lo que el Estado gastó en materia de Salud ($480.124 millones) y Educación ($982.264 millones).
¿Debe el Estado financiar el rojo de las empresas públicas? Patricia Bullrich y Javier Milei coinciden en que no. La candidata presidencial de Juntos por el Cambio propone someterlas a una estricta supervisión profesional para que reduzcan su déficit y se tornen autosuficientes, sin sustraerles su carácter público. El libertario Milei, más drástico, postula lisa y llanamente su privatización.
En las antípodas, el candidato oficialista Sergio Massa es un abanderado de las empresas públicas. Es más, hasta podría decirse que son su predilección, a punto tal que las protege con suculentas transferencias que superan ampliamente la inflación. Lo demuestran las cifras que publicó el propio Ministerio de Hacienda en su último informe sobre la ejecución del gasto de las 33 empresas públicas no financieras: allí consta que en los primeros seis meses del año pasado este sector recibió del Tesoro $404.278 millones; al año siguiente, en el mismo período, se le giró $1.001.967,4 millones, es decir, un 147,8% de suba interanual. Más que la inflación acumulada en esos doce meses (115,6%).
¿Cuánto dinero demandarán las empresas públicas en todo este año? En el proyecto de ley de presupuesto 2024 que envió al Congreso, Massa anticipa que en total insumirán 2,3 billones de pesos. Al tipo de cambio oficial de hoy, esto equivaldría a unos US$6301,3 millones.
Massa no se sonroja, por el contrario. Es más, en el proyecto de presupuesto 2024 propone crear una nueva empresa estatal, en este caso para gestionar las represas del Comahue, hoy en manos de prestadores privados. Las concesiones que se otorgaron hace 30 años vencen en diciembre próximo y el oficialismo no parece dispuesto a renovarlas sino que pretende retomar el control de la gestión. Las provincias patagónicas ya pusieron el grito en el cielo y reclaman formar parte. No es para menos: la energía hidroeléctrica representa entre un 10% y 15% de la matriz energética del país.
Radiografía de las empresas públicas
Según el informe publicado por la cartera de Hacienda, las empresas con mayor déficit operativo (es decir que los ingresos que generan por su operación no alcanzan para cubrir los gastos) son, en este orden, Enarsa, Operadora Ferroviaria (OFSE), Aerolíneas Argentinas y AySA. Aun así, algunas de ellas sumaron nuevos empleados, como Aerolíneas.
La empresa Enarsa fue la que más transferencias corrientes recibió en estos primeros seis meses para cubrir su déficit operativo: $507.000 millones, el 70% de sus ingresos. Su volumen de ventas (básicamente por la comercialización de gas) apenas superó los $221,4 mil millones. ¿Adónde van esas transferencias corrientes? Básicamente a cubrir los gastos de operación de la firma, ya que por cuerda separada corrieron las partidas para financiar la obra del gasoducto Néstor Kirchner ($197.800 millones).
Le sigue en el podio la Operadora Ferroviaria (OFSE). Dos factores explican su rojo fiscal: las tarifas subsidiadas de los trenes y un plantel de personal elefantiásico. En efecto, con una dotación de 23.855 empleados (la más grande de todas las empresas públicas), recibió transferencias corrientes por $137.888 millones, en buena parte para cubrir salarios.
Aerolíneas Argentinas, una suerte de emblema de las empresas públicas, registró el primer semestre pérdidas por $73.420 millones en virtud de sus gastos operativos, que no logran ser compensados por los ingresos que percibe con la venta de pasajes. Aun así, aumentó en 528 nuevos empleados su dotación de personal.
El Correo Argentino es, después de OFSE, la empresa con más empleados públicos: 17.150 personas, que le demandaron unos $53.000 millones en salarios durante el primer semestre, aunque la firma logró incrementar el volumen de sus ventas según destaca el informe oficial. No es el caso de Yacimientos Carboníferos Río Turbio: tiene 2179 empleados, sólo produce ventas por $1052 millones y le costó al Estado $11.544 millones en estos primeros seis meses. Casi en su totalidad, para pagar sueldos.
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Fue denunciada por dirigentes de la oposición por un gasto de US$25 millones
Malena Galmarini, titular de la empresa estatal AySA, se defendió de la denuncia judicial que activaron el mes pasado dirigentes de la oposición por la millonaria compra de autos para la compañía de agua y saneamiento.
“Estamos en campaña y acusan, sobre todo acusan los que no saben. Aquellos a los que invito a que vengan a conocer y a mostrarles todo”, sostuvo la esposa del candidato a presidente oficialista, Sergio Massa, en relación con los diputados Ricardo López Murphy y Marcela Campagnoli, impulsores de la causa junto al auditor general de la ciudad de Buenos Aires, Juan José Calandri.
El mes pasado, los diputados de la oposición pusieron el foco en la compra de 613 Renault Kangoo y siete camiones eléctricos que AySA adquirió por un total de más de 25 millones de dólares. Denunciaron sobreprecios, al alegar que la compra se hizo por un valor más caro que el del mercado, y tras eso el juez federal Ariel Lijo envió a la Policía Federal a secuestrar documentación que pudiera aportar al expediente.
Convencida de que los opositores “hacen las denuncias de acuerdo con lo que sale en los diarios”, Galmarini indicó: “Decían que había sobreprecios. Sin embargo, salió Renault Argentina y la concesionaria [a explicar]. El Estado no puede comprar directamente a las terminales automotrices”.
Cuando se hizo el requerimiento de información ordenado por Lijo, desde AySA emitieron un comunicado en el que aseguraron que la empresa automotriz había ratificado los montos, como así también que todo se realizó en base a una licitación “bajo las normas que exigen los distintos organismos de control”, y que la orden de compra estaba aprobada por el directorio de la compañía.
“Me encanta porque puedo aclarar perfectamente, porque como no hay nada...”, deslizó la funcionaria, que siguió: “Cuando llegamos, de toda la flota que tenía AySA, el último año que se habían cambiado los autos era 2011. Autos, camionetas, camiones, que son indispensables para sostener la operación de la empresa. Hoy, con lo que estamos dejando, el auto más antiguo sería 2014. Había Fiat Uno, esos cuadraditos. Así que parte de lo que hicimos para modernizar la empresa, que no es esto solo, fue cambiar el parque automotor”.
Incluso, la titular de AySA manifestó que la licitación para comprar los vehículos se inició en marzo, mientras que la apertura de sobres ocurrió en abril, y detalló que todo el resto del tiempo hasta septiembre fue lo que tardaron las terminales en entregarles las unidades. “Había que modernizar. Nuestros trabajadores y trabajadoras están todo el día arriba del auto. Era un peligro en el conurbano bonaerense”, justificó Galmarini el millonario gasto, que se da en el cierre de la gestión del Frente de Todos.
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Invitó a los usuarios de colectivos y trenes a darse de baja del beneficio a partir del 27 del mes actual
El ministro de Transporte, Diego Giuliano, anunció ayer que los usuarios de transporte público podrán optar por recibir o no el subsidio del Estado nacional a partir del 27 del mes actual. Para justificar la medida, el funcionario aseguró que se dará la “oportunidad de opción” a cada persona, en el marco de la campaña electoral, en la que hubo un fuerte debate entre los candidatos sobre el gasto público.
La posibilidad para darse de baja del subsidio comenzará a regir desde el viernes 27 de octubre y estará disponible para usuarios de colectivos y trenes de jurisdicción nacional. Quienes quieran renunciar podrán gestionar esa decisión desde el próximo viernes a través de la web argentina. gob.ar/SUBE. La medida se oficializó a través de una resolución que emitió ayer el Ministerio de Transporte.
“En este momento particular en el cual se pone en debate y discusión la posibilidad del subsidio, estamos en medio de una campaña donde muchos o algunos dirigentes han planteado que los subsidios no son necesarios para los usuarios, entonces hemos dado esta oportunidad de opción”, señaló Giulano, y siguió: “La opción tiene que ver con que en los próximos días y desde mañana cada usuario va a poder informarse acerca de qué significa no tener subsidio, estableciéndose una tarifa que hace a la estructura del sistema de costos; conocer el monto de la tarifa, y en el sentido de que no quiera recibir el subsidio que el Estado tiene en el transporte, puede optar por no adherirse”.
Sin embargo, el ministro aclaró que el Gobierno mantendrá esta política de apoyo y que solo se tendrán que registrar aquellos que quieran renunciar al aporte estatal. “Quien quiere seguir recibiendo el subsidio no tiene que hacer absolutamente nada, pero quien quiere tener una tarifa diferenciada y sin subsidio deberá realizar un mecanismo de nominalización de su tarjeta, de inscripción en un registro que vamos a tener a partir del viernes en el sistema, y ahí quedará registrada su voluntad de no optar por el subsidio”, detalló Giuliano.
Asimismo informó que la tarifa que regirá para quienes decidan rechazar la ayuda estatal será de $700 para el colectivo y de $1100 para el tren, sobre la base de la estructura de costos. “Hemos invitado a las provincias argentinas a adherirse a esta opción de subsidio al transporte o a la opción personal de no recibirlo a partir del día viernes 27, día en que se pone en práctica”, sostuvo Giuliano.
Los requisitos para renunciar al subsidio son tener la tarjeta SUBE registrada y completar el formulario oficial.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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