Dinero negro: denuncian a funcionarios sospechados
La mayoría aparece vinculado al gobierno bonaerense, que salió en defensa de los acusados y aseguró que “desmienten” tener relación con los giros millonarios señalados
FONDOS. Los cinco funcionarios argentinos que fueron señalados en EE.UU. por presuntos movimientos de dinero negro en bancos de ese país, tal como reveló fueron denunciados en los tribunales de Comodoro Py. La mayoría tiene vínculos con el gobierno bonaerense, que ayer emitió un comunicado para desmentir que tengan “relación con las operaciones ilícitas”. El movimiento de fondos fue denunciado por un abogado que representa a bonistas.
Ayer entró en los tribunales federales de Comodoro Py una denuncia contra los funcionarios argentinos que, tal como reveló la nacion, están sospechados en Estados Unidos de haber movido dinero negro conforme surge de una causa judicial que se tramita en ese país.
Los denunciados fueron José Ignacio de Mendiguren, secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación; Carlos Montaña, director de la Unidad Ministro del Ministerio de Seguridad de la provincia; Diego Benítez, subsecretario de Obras Públicas bonaerense; Matías García, director del servicio de agua y alcantarillado de Aguas Bonaerenses SA, y la abogada Ana María Bazán, quien se desempeñaría en la Asesoría General de Gobierno del gobernador Axel Kicillof.
Tal como reveló el periodista Carlos Pagni un abogado que representa a bonistas que ganaron un juicio contra el Estado bonaerense consignó en un escrito que presentó en Nueva York que los nombres de estos funcionarios aparecían vinculados a sospechosos movimientos de fondos. Tras la publicación, los mencionados negaron estar involucrados en los hechos relatados.
La revelación motivó una denuncia en Buenos Aires que, por sorteo, le tocó al Juzgado Federal 11, que está vacante desde la muerte del juez federal Claudio Bonadio y es subrogado por Julián Ercolini.
La denuncia la presentaron los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio. Originalmente, en la página web del Poder Judicial figuraba también como denunciante Yamil Santoro, dirigente de Republicanos Unidos, pero fuentes cercanas a los denunciantes informaron que eso fue un error que ya estaba corregido. Los delitos que pidieron que se investigaran son evasión tributaria, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
El gobierno bonaerense emitió ayer un comunicado en el que afirmó que “las personas mencionadas desmienten categóricamente tener relación con las operaciones ilícitas que se les imputan” y que “están presentando acciones legales para exigir que se aclare la situación y se repare el daño ocasionado”.
“No fugué un millón de dólares”, aseguró De M en digur en ya firmó que su patrimonio fue declarado. También Montaña negó la acusación.
Benítez, que es subsecretario de Obras Públicas bonaerense y fue designado en el cargo con la llegada al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de Leonardo Nardini, aseguró que sus bienes están “totalmente declarados ante la AFIP y la Oficina Anticorrupción”. Bazán aseguró, por su parte, que no tiene “cuentas bancarias en el exterior, ni he tenido participación en operaciones bursátiles de ningún tipo”. Matías García no hizo declaraciones hasta el momento.
Ayer, Ercolini citó para la semana que viene a los denunciantes para que ratifiquen su presentación. Recién después, le enviará el expediente al fiscal Ramiro González, que decidirá entonces si presenta un requerimiento de instrucción que impulse la investigación del caso, informó un funcionario judicial que trabaja en el caso.
Tal como precisó Pagni la información sobre los presuntos movimientos de dinero de los funcionarios argentinos surge de una presentación que hizo en los Estados Unidos el abogado Dennis Hranitzky, del estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, sobre la base de documentación en poder de la Justicia norteamericana.
Hranitzky se presentó ante la jueza del Segundo Distrito de Nueva York, Mary Kay Vyskocil, para solicitar que conmine al Bank of New York Mellon, a su subsidiaria Pershing y a American Express, a proveer información sobre movimientos financieros significativos de entidades oficiales y servidores públicos de la Argentina y, en particular, de la provincia de Buenos Aires.
Hranitzky representa a dos entidades de bonistas que en marzo pasado ganaron un juicio contra el Estado bonaerense por US$35.092.958,41. Son bonistas que no habían aceptado el canje ofrecido por Axel Kicillof.
En su escrito, para fortalecer su pedido, Hranitzky describe los resultados de un discovery en el que, según consigna, otras ocho entidades financieras ya proporcionaron los datos requeridos y revelaron movimientos de dinero adjudicados a los funcionarios argentinos que ahora, además, fueron denunciados en la Argentina.
En su artículo de ayer, consigna que la presentación de Hranitzky es significativa porque, al detallar los antecedentes de su reclamo, revela información muy delicada sobre el comportamiento de algunos funcionarios.
El abogado describe los resultados de un discovery, es decir, de un procedimiento previsto por las leyes de los Estados Unidos por el cual un imputado está obligado a publicar toda la información relacionada con una demanda.
Al hacerlo, consigna que otras ocho entidades financieras ya proporcionaron novedades. Y que solo falta que lo hagan Bank of New York Mellon, Pershing y American Express.
“El sistema internacional está investigando”
Talerico, exintegrante de la UIF, se refirió al impacto en el extranjero
La candidata a senadora de Juntos por el Cambio María Eugenia Talerico, aseguró ayer que las sospechas de dinero negro de la corrupción en la Argentina detectado en el extranjero motivó que se active el sistema internacional de control de activos.
“Cuando tenés posibles jurisdicciones afectadas, como Uruguay y Estados Unidos, que están conectadas, esos sistemas se despiertan por impulso de las noticias que aparecen en los medios o por información que les llegan de distintas vías”, aseguró ayer Talerico, en declaraciones a CNN Radio.
Talerico reiteró sus sospechas en torno al presunto movimiento de dinero de Martín Insaurralde a Uruguay, como parte del acuerdo de divorcio de Jesica Cirio, y que tiene en la mira a la firma uruguaya Pro Capital, del financista Miguel Sulichin.
“Uruguay está pidiendo información en su sistema y seguro Estados Unidos hará lo mismo, todo el sistema internacional está investigando”, agregó.
En ese sentido, en declaraciones a TN, Talerico le sugirió a Cirio que “mire la ley del arrepentido”. “No hay manera de ocultar que ese dinero, y el sistema internacional va a cooperar con la Argentina si hay un cambio de gobierno”, agregó.
Talerico recordó que, cuando estuvo con Mariano Federici al frente de la UIF, la agencia dedicada a investigar el lavado de dinero recibió “el 900% más de información”.
“Las agencias internacionales cooperan cuando las agencias locales son serias e independientes”, dijo.
“Yo aconsejo a los implicados que no hablen si van a mentir, porque tarde o temprano se va a saber qué pasó con el dinero en el exterior”, concluyó.
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Los dirigentes señalados negaron tener responsabilidad en operaciones ilícitas
Entre los apuntados están De Mendiguren, incondicional de Massa; Montaña, hombre de Berni; Benítez, que está vinculado a Sujarchuk y Nardini; Bazán, funcionaria de Kicillof, y García, de nexos con el sciolista Scarcella
Los funcionarios José Ignacio de Mendiguren, Carlos Montaña, Ana María Cecilia Bazán, Diego Benítez y Matías García fueron mencionados en una causa en Estados Unidos como sospechados de haber movido dinero negro. La mayoría de ellos tienen trayectorias que los vinculan a personalidades claves del oficialismo nacional, como Sergio Massa, Sergio Berni y Axel Kicillof, y también a jefes territoriales de la provincia de Buenos Aires, como Ariel Sujarchuk y Leonardo Nardini.
Tal como reveló el periodista Carlos Pagni ayer un abogado que representa a bonistas que ganaron un juicio contra el Estado bonaerense consignó en un escrito que presentó en Nueva York que, ante una consulta judicial, bancos informaron que los nombres de estos funcionarios aparecían vinculados a sospechosos movimientos de fondos. Tras la publicación, los mencionados negaron estar involucrados en los hechos relatados.
José Ignacio de Mendiguren
El secretario de Industria y Desarrollo Productivo es un hombre alineado políticamente con Massa. Es uno de los referentes del Frente Renovador, espacio al que representó como diputado nacional. Empresario industrial de larga trayectoria, fue directivo de entidades que agrupan a hombres y mujeres de negocios, como la Unión Industrial Argentina (UIA), que presidió.
El funcionario negó estar involucrado en la maniobra económica a la que alude el documento de Estados Unidos. “No fugué un millón de dólares”, sostuvo en una entrevista radial en la que rechazó haber realizado transferencias ilícitas.
El abogado de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan Dennis Hranitzky afirmó que De Mendiguren utilizó “un intermediario para transferir casi un millón de dólares al extranjero”.
“Es algo rarísimo todo. Nos involucran en que hemos hecho transferencias ilícitas (...). Yo lo que primero declaro categóricamente es que tengo absolutamente todo mi patrimonio declarado en la Oficina Anticorrupción y en la AFIP. Jamás he tenido ninguna operación supuestamente ilegal”, afirmó De Mendiguren, que aseguró que están buscando “afectar al candidato” presidencial del oficialismo, Massa.
De Mendiguren también publicó un descargo en la red social X (ex-Twitter). “Todo mi patrimonio, habido durante 50 años de trabajo como empresario industrial y productor agropecuario, está TOTALMENTE DECLARADO [sic] ante la AFIP y la Oficina Anticorrupción. No somos todos lo mismo en la vida pública del país”, escribió.
De Mendiguren es abogado y escribano, se define como “desarrollista”. Es un industrial del área textil y asesor de empresas multinacionales. También invierte en el sector rural, como él mismo aseveró en su mensaje en redes sociales para desmentir las acusaciones en su contra. Fue director del Banco Nación y, antes de asumir al frente de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
Matías García
García es uno de los directores de Aguas Bonaerenses (ABSA), empresa provincial en la que trabaja, al menos, desde las épocas de Daniel Scioli al frente del gobierno bonaerense. De hecho, compartió ese directorio con Guillermo Scarcella, director de ABSA durante el sciolismo, a quien se lo vincula. Scarcella debió enfrentar una investigación por presunto enriquecimiento ilícito por una denuncia de Elisa Carrió. Sobrevivió en ABSA durante la gestión de María Eugenia Vidal y continúa con Kicillof.
Diego Benítez
Es subsecretario de Obras Públicas bonaerense y fue señalado por Hranitzky junto a Montaña por el supuesto movimiento de cientos de miles de dólares. Es ingeniero civil y fue designado en el cargo con la llegada al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de Leonardo Nardini, intendente en uso de licencia de Malvinas Argentinas que desembarcó en esa cartera en la renovación del gabinete bonaerense que incluyó a Insaurralde, en la Jefatura de Gabinete, y a Cristina Álvarez Rodríguez, en el Ministerio de Gobierno, tras la derrota del Frente de Todos en las PASO de 2021.
Benítez afirmó que su patrimonio “está totalmente declarado ante la AFIP y la Oficina Anticorrupción”. En un comunicado, aseguró que “extremó” la transparencia desde que es funcionario público y consideró que la publicación de la información tiene motivaciones electorales. Sostuvo además que tiene un “modo de vida modesto” y dijo que es “absolutamente falso” lo que se señala de él.
Benítez estuvo a cargo del área de infraestructura en la municipalidad de Escobar, y desde ese distrito llegó una de sus defensas. El intendente, Ariel Sujarchuk, pidió que sea desmentida la información en la que quedó involucrado su exfuncionario municipal.
Ana María Bazán
La abogada Bazán, que se desempeña como secretaria letrada en la Asesoría General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, fue mencionada entre los funcionarios que individualiza el abogado Hranitzky como una de las personas que figuran en los Pandora Papers, documentos que publicó en 2021 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Bazán hizo su descargo con un comunicado. Dijo que se la acusa “sin prueba alguna, de haber participado de operaciones de lavado de activos” y afirmó: “Quiero aclarar que no poseo cuentas bancarias en el exterior, ni he tenido participación en operaciones bursátiles de ningún tipo. Me presentaré a la Justicia a los efectos de desacreditar esta operación contra mi persona, la institución a la que pertenezco y el gobierno de Axel Kicillof, y restablecer el buen nombre y honor que construí durante mis años en el servicio público”.
Según el currículum vitae de Bazán publicado por el gobierno bonaerense en su página oficial de internet, la abogada se recibió en la Universidad Nacional de La Plata e ingresó a la Asesoría General de Gobierno en 1988. Actualmente es titular de la Secretaría Letrada IV, especializada en materia de personal. Bazán también es docente de la Escuela de Abogados de la Administración Pública Provincial y expositora en encuentros de asesores letrados bonaerenses. Fue relatora en el Instituto de Previsión Social bonaerense y representa a la Asesoría General de Gobierno ante el Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad.
Carlos Montaña
El hombre que, según el procedimiento judicial estadounidense conocido como discovery “parece haber movilizado cientos de miles de dólares” a través de Allaria, descripta como “una firma de corretaje bien conectada”, que habría realizado operaciones sospechosas, es muy cercano al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Es titular de la Unidad Ministro. Fue también su funcionario en el Ministerio de Desarrollo Social nacional, donde Berni se afincó cuando el kirchnerismo desembarcó en el gobierno nacional. Pero Montaña también tiene un zigzagueante recorrido como dirigente del Club Atlético Independiente, en el que actualmente es vocal en la Comisión Directiva encabezada por Néstor Grindetti, tras haber sido vicepresidente en la gestión de Hugo Moyano.
Montaña rechazó la información publicada, con un mensaje en redes sociales. “Desmiento lo publicado el día de hoy la nacion, al tratarse de un artículo tendencioso en el que, a partir de un escrito presentado por un abogado de los EE.UU. que litiga contra nuestro país, se sugiere que yo habría ‘movido dinero’ dentro y fuera del país”, indicó en su cuenta de la red social X (ex-Twitter).
“Mi trayectoria como servidor público y como hombre del deporte ha sido cumpliendo con cada declaración patrimonial exigida por la AFIP y la Oficina Anticorrupción. No poseo ninguna cuenta en el extranjero en la actualidad, ni la tuve jamás. Iniciare las acciones legales correspondientes, a fin de clarificar dichas versiones TENDENCIOSAS y MALINTENCIONADAS [sic]”, completó Montaña.
El escrito que el abogado Hranitzky presentó en la Justicia de Nueva York sostiene: “Carlos Montaña, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la PBA, y Diego Benítez, subsecretario de Obras Públicas, parecen haber movido cientos de miles de dólares dentro y fuera de la Argentina a través de Allaria en los últimos dos años”.
Los últimos puestos políticos que detentó Montaña tienen que ver directamente con Berni. Es el titular de la Unidad Ministro en la cartera de Seguridad bonaerense, que Berni conduce en el gobierno de Axel Kicillof.
Cuando Berni desembarcó en Buenos Aires proveniente de Santa Cruz, para ser parte del gobierno de su jefe político, Néstor Kirchner, el actual ministro de Kicillof formó parte del equipo de Alicia Kirchner en el Ministerio de Desarrollo Social, en el que ascendió hasta el cargo de secretario de Gestión y Articulación Institucional. Montaña fue secretario de Abordaje Territorial en ese ministerio.
Con un largo recorrido en la cartera de Desarrollo Social, Montaña estaba en el cargo de subsecretario de Asistencia Crítica en abril de 2020, cuando debió renunciar al quedar bajo sospecha por la presunta compra con sobreprecios de alimentos, en medio de la pandemia de coronavirus, un hecho que reveló la nacion. Montaña fue uno de los quince funcionarios que dimitieron en ese momento, muchos de ellos vinculados a intendentes del conurbano como Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) y Mariano Cascallares (Almirante Brown). La mayoría de esos funcionarios no tenían sus nombramientos oficializados por el Boletín Oficial, pero Montaña sí.
El funcionario bonaerense también es dirigente deportivo. Es vocal titular del Club Atlético Independiente, en la Comisión Directiva que lidera Grindetti, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio. Pero su alineamiento político en la institución de Avellaneda registró un viraje. Durante la gestión de Hugo Moyano (a quien Grindetti enfrentó desde la lista que, en principio, lideraba el conductor televisivo Fabián Doman, que luego renunció a la presidencia), Montaña fue vicepresidente segundo. Renunció a ese puesto en septiembre de 2021 y pasó a las filas opositoras en el club.
Después de renunciar como vicepresidente segundo, Montaña fue duramente criticado por el sector liderado por Moyano. En enero de 2022, el hincha de Independiente Juan Calvente murió en medio de un enfrentamiento con vecinos que cortaban la autopista Buenos Aires– La Plata y efectivos policiales, en medio de un traslado de hinchas hacia el Estadio Único de La Plata, donde el club de Avellaneda debía disputar un partido de pretemporada ante San Lorenzo. “Exigimos la renuncia de forma inmediata de todos los funcionarios a cargo del operativo y demandamos la explicación urgente del ministro Sergio Berni y de su jefe de Gabinete, Carlos Montaña”, planteó la dirigencia aún encabezada por Moyano, en un comunicado tras esos hechos.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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