FUNCIONARIOS BAJO SOSPECHA...

Seis claves para entender el expediente en Nueva York que salpica al oficialismo
Todo se inició por un juicio que perdió la provincia de Buenos Aires ante bonistas que no aceptaron un canje de deuda; los nombres en la mira y cómo sigue la búsqueda de información
Otra vez la Justicia de Estados Unidos incomoda a Axel Kicillof. Pocas semanas después del fallo que condenó a la Argentina a pagar US$16.000 millones por la forma en que se estatizó en 2012 el 51% de las acciones de YPF, un juicio perdido en Nueva York por la Provincia expuso supuestos movimientos de dinero de al menos cuatro funcionarios del gobierno bonaerense y del secretario massista José Ignacio de Mendiguren.
El origen de esas revelaciones es un litigio iniciado por los fondos Glacial Capital y TRSE Holdings contra la provincia, tras rechazar el canje con el que Kicillof reestructuró la deuda provincial de US$7148 millones en 2021. Aunque el gobernador celebró en su momento un “acuerdo total” con los bonistas, hubo un 2,5% de los tenedores de deuda que no entraron en el canje. Glacial y TRSE plantearon un reclamo por una cifra total de 27 millones de dólares.
El abogado litigante es Dennis Hranitzky, viejo conocido de la Argentina, porque fue quien consiguió en 2012 el embargo de la Fragata Libertad. La jueza del Segundo Distrito de Nueva York Mary Kay Vyskocil resolvió en favor de los demandantes. Glacial y TRSE obtuvieron una sentencia favorable que obliga a la Provincia a resarcirlos con un total de US$ 35.092.958,41, más los intereses. Buenos Aires se niega a pagar.
P ¿Cómo se llega a investigar a funcionarios del kirchnerismo?
R Ante la negativa de la Provincia a pagar el juicio, el 2 de mayo los demandantes consiguieron que se intimara a 11 bancos de Estados Unidos a proveer información sobre eventuales bienes que puedan ser vinculados a Buenos Aires, con la intención de reclamar su embargo y satisfacer así la sentencia.
Lo que se busca son registros de transferencias y otras transacciones financieras vinculados a entidades del gobierno provincial, empresas públicas y funcionarios o individuos que puedan haberse apropiado indebidamente de fondos pertenecientes a esos organismos. Siempre con la intención de identificar dinero que pueda ser derivado al pago a los bonistas que ganaron el juicio.
P ¿A qué funcionarios pusieron en la mira?
R Para decirlo en términos simples, los demandantes tiraron el mediomundo. El pedido de información financiera a los bancos incluye a Kicillof, su esposa, todo su gabinete de ministros, decenas de funcionarios de segunda línea, todos los intendentes del conurbano y alrededores, directivos de empresas públicas provinciales y algunos contratistas. Pero no se quedan ahí: reclaman un rastrillaje sobre el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner, un centenar de funcionarios nacionales, todos los gobernadores de provincias, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, legisladores nacionales y provinciales, además de instituciones públicas y una larga lista de personas involucradas en investigaciones de corrupción en la Argentina. Los dividen en tres niveles de prioridad. Por una u otra razón, están en los listados los cinco candidatos a presidente que competirán el domingo 22: Sergio Massa, Javier Milei, Patricia Bullrich, Myriam Bregman y Juan Schiaretti.
Exigen que se les informe sobre cualquier movimiento vinculado a estas personas o entidades que supere los 25.000 dólares desde 2013 hasta la actualidad.
P ¿Qué información obtuvieron hasta ahora?
R A partir de ese proceso, los abogados de los fondos lograron que ocho de los bancos les aportaran la información requerida. En un escrito presentado el martes ante la jueza, indican que en esa primera búsqueda aparecieron movimientos sospechosos que atribuyen a Carlos Montaña, jefe de la unidad ministro de Sergio Berni; a Diego Benítez, subsecretario de Obras Públicas bonaerense; a Matías García, director del servicio de agua y alcantarillado de Aguas Bonaerenses SA, a la abogada Ana María Bazán, de la Asesoría General de Gobierno de Kicillof, y del secretario nacional de Producción, José Ignacio de Mendiguren.
El detalle de las transacciones que mencionan en el escrito que se conoció ayer está incluido en el expediente judicial pero es información que se etiquetó como “clasificada”, a la que solo pueden acceder las partes.
P ¿Qué dice el nuevo reclamo de los demandantes?
R El documento que publicó en exclusiva Carlos Pagni 
es una nueva petición  la jueza, en la que los demandantes piden una moción que obligue a rastrear y entregar información al Bank of New York Mellon (BoNY), su subsidiaria Pershing y American Express.
Según explican en su presentación, existen indicios de que BoNY y Pershing “tienen un papel muy importante en la transferencias internacionales de dinero desde Argentina”. Explican que desde mayo los representantes de los bonistas que litigaron contra la Provincia se reunieron con funcionarios de esos bancos, pero no logran avances en la entrega de datos. Añaden que, pese a acordar una limitación de la cantidad de nombres y de la ventana temporal a revisar, los bancos respondieron primero que solo podrían buscar 5 términos a lo largo de seis meses. Después ampliaron la oferta a 20 de los casi 250 nombres que los demandantes consideran prioritarios. Los litigantes aceptaron revisar en principio esos 20 términos de búsqueda, sin resignar el derecho a pedir datos sobre el resto. La primera tanda de prueba, indican, llegó el 2 de agosto. “Aunque limitada, contiene una alta proporción de registros relevantes”, escribió Hranitzky. Dos semanas después pidieron ampliar la búsqueda, pero el BoNY y Pershing se negaron a aceptar más de 40 términos. Empezó entonces una negociación inconducente que derivó en este pedido de intervención de la jueza para que resuelva quién tiene razón. En el caso de American Express denuncian que no han encontrado disposición por el momento a discutir la entrega de información sobre giros de dinero desde Argentina.
P ¿Por qué tienen tanto interés en lo que digan esos bancos?
R Los demandantes indican que en las bases de datos del las firmas BoNY y de Pershing pueden aparecer fondos del exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde. En el escrito judicial, los abogados indican que el exfuncionario “inexplicablemente pagó US$20 millones en un acuerdo de divorcio y fue fotografiado mientras disfrutaba lujos que no podría justificar legítimamente”. Sostienen que hay sospechas de que la firma Pershing movió esos millones de dólares, usando como apoderada a la financiera uruguaya Pro Capital.
P ¿Cómo sigue ahora el caso?
R La jueza Mary Kay Vyskocil, de Nueva York, que lleva el juicio en el que está involucrado el gobierno de la provincia de Buenos Aires, debe decidir si aprueba la orden para obligar a los bancos a entregar toda la información sobre los funcionarios considerados objetivos prioritarios por los bonistas.
La producción de pruebas tendiente a buscar fondos que puedan satisfacer la sentencia continuará mientras el gobierno bonaerense no pague los 35 millones de dólares más intereses. Cuando tengan toda la información buscada, los demandantes pueden reclamar al tribunal el embargo de bienes que considere atribuibles al deudor que perdió el juicio.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Discovery. El recurso legal de EE.UU. para llegar a la información
El mecanismo que detectó dinero de argentinos es usado por los abogados norteamericanos para reunir pruebas

Rafael Mathus RuizEl abogado Dennis Hranitzky litiga contra Buenos Aires

WASHINGTON.– El discovery es un instituto procesal de la Justicia norteamericana que les permite a las partes de un juicio acceder a información que puede ser utilizada luego como evidencia en la causa.
El procedimiento comienza a partir de un pedido de información concreto que realiza una de las partes a través de una citación, o “subpoena”, y el cumplimiento y el alcance del proceso se define luego a través una negociación y un acuerdo entre los abogados, aunque también puede llegar a intervenir el juez en caso de que el ida y vuelta se trabe.
Este procedimiento aparece en el centro de la acusación que surge contra funcionarios oficiales por supuesta malversación de fondos en una causa judicial en Estados Unidos por un reclamo de pago de bonos de la provincia de Buenos Aires.
El documento firmado por el abogado Dennis Hranitzky dice que la información producida en un proceso de discovery en una demanda de holdouts “indica que los funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires pueden haber estado malversando sistemáticamente fondos públicos y transfiriéndolos fuera de la Argentina”.
Los funcionarios mencionados son José Ignacio de Mendiguren, Carlos Montaña, Ana María Cecilia Bazán, Diego Benítez y Matías García.
El gobierno de Axel Kicillof desmintió cualquier malversación de fondos a través de un comunicado en el que señaló que “las personas mencionadas desmienten categóricamente tener relación con las operaciones ilícitas que se les imputan”, y además anticipó que “están presentando acciones legales para exigir que se aclare la situación y se repare el daño ocasionado”.
Ante la repercusión que tuvo la presentación de Hranitzky –un recurso para intentar cobrar la demanda de los holdouts a los que representa–, un grupo de legisladores provinciales de Juntos por el Cambio está evaluando si se presenta en la causa para intentar acceder a la información en poder de Hranitzky e intentar develar información adicional, según pudo saber
La negociación para definir el alcance, el marco del discovery, suele ocurrir entre los abogados de las partes y la intervención del juez sirve para que la parte que solicita la información tenga suficiente palanca en la negociación para acceder a lo que busca.
En caso de que la negociación se trabe o una de las partes intente escatimar el acceso, se puede requerir la intervención del juez. La amplitud, la profundidad y el alcance del discovery, es decir, cuánta información se devela, qué se puede hacer con la información y quién puede verla, dependen de esa negociación y de la intervención del juez. El resultado puede ser confidencial o los documentos pueden quedar redactados, es decir, con partes tachadas.
El proceso fue determinante en el reciente juicio entre la Argentina y Burford Capital por la expropiación de la petrolera YPF. Durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, los abogados de la Argentina intentaron buscar un discovery amplio con el propósito de que sirviera como plataforma para indagar qué había ocurrido con las sucesivas compraventas de acciones de la empresa YPF.
El gobierno de Alberto Fernández, durante el cual la estrategia argentina quedó en manos de Carlos Zannini, al frente de la Procuración del Tesoro, optó por un discovery acotado a cuestiones legales, aun cuando el fondo Burford había pedido que fuera más amplio para investigar los daños económicos en los que incurrieron las empresas Petersen, que tenían el 25% de las acciones de la petrolera en el momento de la expropiación a Repsol.

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA