Cayó una banda que concretó estafas por US$1.200.000
La policía porteña arrestó a nueve sospechosos de llevar adelante fraudes que afectaron al menos a 450 personas
Tras una larga investigación, la Policía de la Ciudad realizó 13 allanamientos simultáneos para desbaratar a la denominada banda de los Guantes Blancos. Es que comenzaron con su operación en plena pandemia y fingían ser proveedores de insumos médicos. Tras el paso de la fase más compleja del Covid-19, viraron hacia las estafas con la venta de inmuebles. Quedaron detenidos cinco hombres y cuatro mujeres; dos de ellas comandaban todo. El desfalco fue calculado en US$1.200.000.
El caso comenzó en 2020, durante la pandemia del coronavirus, cuando se hizo imperioso el aprovisionamiento de insumos de protección como guantes, tapabocas y alcohol en gel. Durante ese año, diversas entidades, empresas y profesionales de la salud realizaron una serie de denuncias porque habían sido estafados por sociedades “fantasmas” que simulaban vender esos productos.
Aprovechando la alta demanda de ese tipo de elementos en época de Covid-19, los integrantes de la banda crearon empresas ficticias supuestamente confiables y de renombre con sus respectivas plataformas digitales donde ofrecían diversos productos sanitarios. Los compradores efectuaban el pago, pero la mercadería no era entregada. Tampoco tenían la posibilidad de reclamar porque no los atendían por teléfono y eran bloqueados en WhatsApp y demás redes sociales.
Entre 2020 y 2022 se registraron más de 450 denuncias por esta clase de estafa tanto en la ciudad de Buenos Aires como en Mendoza, Bahía Blanca y Tierra del Fuego. El valor de los fraudes fue estimado en US$1.200.000. Varios hospitales municipales, provinciales y nacionales de renombre fueron víctimas.
A fines de 2022, la banda cambió de rubro y se dedicó al fraude en la actividad inmobiliaria, vendiendo propiedades abandonadas o terrenos fiscales. Para ejecutar esas maniobras buscaban escribanos y fingiendo ser un grupo inversor los convencían de abrir una escribanía en conjunto. Luego los despedían, quedándose con la titularidad del lugar y los sellos profesionales. De esa manera tenían la posibilidad de falsificar los documentos del terreno o la vivienda para venderlos de manera fraudulenta.
Para dar con los integrantes de la banda, la Justicia debió analizar entrecruzamientos de cuentas bancarias, llamadas telefónicas y direcciones IP que permitieron identificar los dispositivos utilizados en las estafas, sumado a la recopilación de testimonios de los damnificados. A partir de allí se pudo dar con los cabecillas de la banda y se logró entender cuál era el rol de cada uno de sus integrantes.
Con toda la investigación recabada, el juez Edmundo Rabbione dictó las 13 órdenes de allanamiento en diferentes propiedades bonaerenses y porteñas para detener a los estafadores y secuestrar elementos de valor para la continuidad de la causa.
Las tareas fueron realizadas en conjunto por personal de las divisiones de Investigaciones de Organizaciones Criminales, de Armas y Explosivos Ilícitos de la Policía de la Ciudad. También participaron las divisiones de Antiterrorismo, Lavado de Activos y Delitos Aduaneros y la de Investigaciones Especiales para llevar a cabo los 13 allanamientos en simultáneo y detener a los nueve integrantes de la organización, cinco hombres y cuatro mujeres.
El grupo de estafadores estaba comandado por dos mujeres que fueron detenidas en Flores y en Ciudadela. Ambas cumplían el rol de apoderadas o socias gerentes de las empresas “fantasma”. En la casa de Flores se encontró un documento falsificado que llevaba la foto de la detenida, pero el nombre de otra persona.
Uno de los líderes fue detenido en su ostentosa vivienda de cinco pisos, con pileta y jacuzzi, en el barrio de Villa Luro. Era el encargado de atraer a los clientes. Tenía antecedentes de 201 7 por usurpar viviendas para luego venderlas.
Como la organización dio un giro en la modalidad de cometer ilícitos, la investigación continúa para verificar si hay más involucrados.
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Una pelea de estudiantes derivó en un asesinato frente a una escuela de La Matanza
La directora de un establecimiento educativo había citado a los familiares de dos alumnas, pero antes de llegar a la reunión, uno de los padres mató al tío de la otra joven
Las dos adolescentes tenían problemas de vieja data entre ellas, y el enfrentamiento se profundizaba cada día más. Las autoridades del colegio al que ambas iban, escenario frecuente de la disputa, citaron a las familias para intentar hallar una vía de solución. En cambio, los adultos responsables lo resolvieron de la peor manera, ya que el padre de una de ellas asesinó a balazos al tío de la otra en la puerta de la escuela secundaria a la que las menores concurrían, en la localidad de Rafael Castillo. Un dato magnifica el drama: el asesino habría confundido a la víctima con su hermano, el padre de la rival de su hija y a quien habría decidido matar, directamente, antes de coincidir en el despacho de la dirección del colegio, donde ambos habían sido citados.
El hecho ocurrió en la puerta de la Escuela Secundaria N° 1, situada en la calle Beazley 2175, de aquel distrito de La Matanza, cuando el padre de una de las chicas sacó un arma, mató de dos balazos al tío de la otra y escapó a la carrera.
Los voceros policiales y judiciales consultados por la agencia de noticias Télam señalaron que la víctima, identificada como Andrés Ariel Acuña, estaba dentro de un auto con la tía de una de las alumnas en conflicto cuando, de repente, se acercó el padre de la otra estudiante y comenzó a insultar a la sobrina de la víctima.
Acuña bajó del auto y comenzó a confrontar con el agresor en la puerta de la escuela, donde este hombre sacó el arma, le efectuó dos balazos a corta distancia a la altura del tórax y se fugó.
Las fuentes explicaron que el problema entre las dos familias tiene su origen en un conflicto de larga data que se daba dentro de la escuela entre las dos adolescentes de 15 años, porque aparentemente una hostigaba y amenazaba a la otra; a raíz de eso, las autoridades del colegio citaron a los familiares de ambas.
Tras el crimen, el agresor fue identificado como Oscar Marcelo Ferreyra, de 38 años, quien cuenta con antecedentes penales por delitos cometidos en La Matanza y aún permanece prófugo.
Otro dato de la investigación es que se halló en poder de la víctima un documento apócrifo con su foto y se estableció que en marzo quedó imputado en una causa por “encubrimiento agravado” de la Justicia de Morón y que en 2018 tuvo otra por “averiguación de ilícito” en Rafael Castillo cuando, junto a otros tres hombres, circulaba a bordo de un auto Volkswagen Gol que había participado de un robo en una vivienda de la calle Santa Rosa al 1200 de la mencionada localidad, y en cuyo interior se halló una vaina servida calibre 32.
Las fuentes agregaron que el hermano del fallecido, padre de una de las adolescente en conflicto y quizás el verdadero blanco del ataque, identificado como Jesús Acuña, también registra tres causas penales, dos por robo y una por portación ilegal de arma, todas radicadas en fiscalías del Departamento Judicial Morón. Las fuentes agregaron que ese hombre habría recuperado la libertad en los últimos días.
Por el momento, los investigadores no tienen en claro si más allá de la disputa entre las adolescentes existía o no alguna situación conflictiva entre los mayores de esas familias, dado que el homicida, la víctima y el supuesto blanco del ataque tienen similares perfiles criminales, según sus antecedentes penales.
Miguel Acuña, el padre de la víctima, contó ayer al canal TN que ambas familias “tuvieron muchos problemas” y que el conflicto se inició cuando la hija del ahora prófugo “le robó” a su nieta.
“Se pelearon entre padres y esta nena, que es un poquito más grande que mi nieta, cada vez que la veía, la corría con un puñal, y se agravó el asunto. Estudian las dos en el mismo colegio. Cuando se ven en el recreo, hay problemas”, señaló el hombre
“¿Qué hizo ayer (por anteayer) la directora? Llamó a los dos padres. Mi hijo llegó cinco minutos antes, quedó mi otro hijo afuera, mientras que el otro fue a hablar con la directora y la maestra. Y resulta que vino este muchacho ya con doble intención, porque vino con un ‘fierro’ en la mano”, explicó Miguel.
“Apenas lo vio a mi hijo, le pegó dos tiros en el pecho y me lo mató, así no más”, dijo Miguel y reconoció que es posible que el asesino se haya equivocado de víctima.
“Son los dos muy parecidos mis hijos, y se confundió. Ya vino preparado, igualmente me lo iba a matar a mi otro hijo”, agregó el padre de la víctima.
“Quiero que haga justicia, que pague el daño que hizo, me arruinó. Acá en Castillo me conocen todos, toda la vida laburé”, agregó.
Disparos a quemarropa
En tanto, Priscila –sobrina de la víctima, hermana de una de las adolescentes en conflicto y testigo del ataque– contó al canal LN+ que todo ocurrió cuando esperaban en el auto a que su padre regresara de la reunión con las autoridades.
“Bajó mi papá y dice ‘bueno, esperen arriba del auto que busco a la nena y vamos’ y nos quedamos arriba del auto, la única ventanilla que estaba baja, y daba a la vereda que da al colegio, era la mía”, señaló.
La chica explicó que cuando vio acercarse al atacante, dentro del vehículo había cinco personas: ella, su bebé, su hermano de 13 años, su tío asesinado y la novia de él.
“Yo lo veo que él viene (por el asesino) y sacó (el arma), porque él me vio a mí. Cuando él saca, sale mi tío y cómo que lo abraza y le tiró los dos tiros ahí, lo soltó y mi tío cayó”, dijo sobre el momento de los disparos.
La causa se encuentra a cargo del fiscal Matías Folino de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios de La Matanza.
Los investigadores judiciales y policiales ya contaban con el video de una cámara de seguridad ubicada en la esquina que, si bien no está enfocada a la puerta de la escuela, registró la secuencia en la que el homicida se acerca vestido con jeans, zapatillas blancas, buzo y campera inflable, tras lo cual se escucha el sonido de los disparos y los gritos de los testigos y luego se ve la fuga del prófugo, por el mismo camino que llegó.
Los detectives de la policía bonaerense está ahora tras los pasos del hombre que cometió el homicidio frente a una escuela.
TIROTEO EN LA PUERTA DE UN COLEGIO
Otra situación de violencia frente a una escuela se registró anteayer en la ciudad de Santa Fe, donde dos grupos de personas intercambiaron disparos a pocos metros de un establecimiento educativo, en momentos en que familias estaban en la puerta de ese colegio, en espera de la salida de los estudiantes.
Según los informes de la policía santafesina, más allá de las escenas de pánicos vividas delante de la escuela Ceferino Namuncurá, no se registraron heridos en ese tirot
El enfrentamiento se produjo cerca de las 13, en la esquina de Formosa y 12 de Octubre, donde los investigadores policiales encontraron las huellas de un intenso intercambio de disparos, ya que fueron halladas en ese lugar 12 vainas servidas.
Poco después fue detenido un sospechoso.
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Condenan a padres por amenazas de bomba que hizo su hijo
Hubo que evacuar 23 veces una escuela en Caballito
Gustavo Carabajal
La Justicia Federal condenó a los padres de un adolescente de 17 años, procesado por haber realizado más de veinte amenazas de bomba contra un colegio en Caballito, a pagar los gastos provocados por los cortes de las calles en las adyacencias del establecimiento educativo para concretar la evacuación de los alumnos que concurrían al colegio.
Según la resolución judicial, los padres del menor también deberán pagar una suma de dinero por los costos de horas hombre y la movilización de los policías, bomberos y efectivos de la Brigada de Explosivos.
Aunque se trata de un menor punible para la ley penal, no quedó detenido. Ante cada llamado intimidatorio que realizó el adolescente para alertar sobre la presencia de un artefacto explosivo en la Escuela Comercial 23, situada en Rivadavia 5200, fue necesario evacuar el establecimiento educativo para revisar las instalaciones.
Hace dos meses, el Juzgado Federal Nº 2 remitió todas las denuncias a la División Conductas Informáticas Ilícitas de la Policía de la Ciudad, para que se hicieran cargo de la investigación con el objetivo de identificar a los responsables de concretar las amenazas.
Los investigadores comenzaron a revisar las grabaciones de las llamadas al número de emergencias 911 y realizaron la trazabilidad de las líneas telefónicas desde las que se realizaron las comunicaciones.
Esa información se cruzó con los datos obtenidos a partir de la revisión de distintos perfiles de redes sociales de los potenciales sospechosos, señalados como posibles autores de las amenazas.
Con toda la información obtenida a partir de la revisión de las redes sociales y del tráfico de llamadas telefónicas entre las líneas usadas para realizar los llamados intimidatorios, el titular del Juzgado Federal Nº 2 dictó la orden de allanamiento para el domicilio en el que vivía una mujer que figuraba como titular de una de las líneas, en Mataderos.
El adolescente confesó ante la Justicia haber realizado los llamados, por lo que se decidió que sus padres deberán afrontar con su patrimonio el daño causado con la erogación de dinero para solventar los operativos de evacuación y prevención.
La Justicia Federal condenó a los padres de un adolescente de 17 años, procesado por haber realizado más de veinte amenazas de bomba contra un colegio en Caballito, a pagar los gastos provocados por los cortes de las calles en las adyacencias del establecimiento educativo para concretar la evacuación de los alumnos que concurrían al colegio.
Según la resolución judicial, los padres del menor también deberán pagar una suma de dinero por los costos de horas hombre y la movilización de los policías, bomberos y efectivos de la Brigada de Explosivos.
Aunque se trata de un menor punible para la ley penal, no quedó detenido. Ante cada llamado intimidatorio que realizó el adolescente para alertar sobre la presencia de un artefacto explosivo en la Escuela Comercial 23, situada en Rivadavia 5200, fue necesario evacuar el establecimiento educativo para revisar las instalaciones.
Hace dos meses, el Juzgado Federal Nº 2 remitió todas las denuncias a la División Conductas Informáticas Ilícitas de la Policía de la Ciudad, para que se hicieran cargo de la investigación con el objetivo de identificar a los responsables de concretar las amenazas.
Los investigadores comenzaron a revisar las grabaciones de las llamadas al número de emergencias 911 y realizaron la trazabilidad de las líneas telefónicas desde las que se realizaron las comunicaciones.
Esa información se cruzó con los datos obtenidos a partir de la revisión de distintos perfiles de redes sociales de los potenciales sospechosos, señalados como posibles autores de las amenazas.
Con toda la información obtenida a partir de la revisión de las redes sociales y del tráfico de llamadas telefónicas entre las líneas usadas para realizar los llamados intimidatorios, el titular del Juzgado Federal Nº 2 dictó la orden de allanamiento para el domicilio en el que vivía una mujer que figuraba como titular de una de las líneas, en Mataderos.
El adolescente confesó ante la Justicia haber realizado los llamados, por lo que se decidió que sus padres deberán afrontar con su patrimonio el daño causado con la erogación de dinero para solventar los operativos de evacuación y prevención.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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