MÁS CORRUPCIÓN KK

Denuncias vecinales detrás del sugestivo despegue inmobiliario de Lomas
Opositores y agrupaciones de vecinos siembran dudas sobre los permisos que habilitan construir más pisos de los autorizados; el municipio afirma que no hay irregularidades
Javier Fuego SimondetLos edificios se multiplicaron con Insaurralde
En zonas clave de Lomas de Zamora, la construcción de edificios de gran altura se expandió con fuerza durante los mandatos de Martín Insaurralde, el exjefe de Gabinete bonaerense y excandidato a concejal lomense que debió renunciar a ese cargo y a la candidatura por la difusión de sus fotos a bordo de un yate en Marbella con una modelo. En el centro de la ciudad, donde se erigió el polo gastronómico Las Lomitas, o en zonas de Banfield y Temperley, abundan los edificios que, según denuncian organizaciones vecinales y sectores políticos de la oposición, no cumplen con las normativas y disparan especulaciones sobre las formas en que se accede a esos permisos. Las quejas llegan incluso a la Justicia, en causas que ventilaron situaciones como la donación de árboles al municipio como compensación de algunas empresas constructoras a cambio de construir por sobre lo permitido. En la municipalidad, niegan cualquier irregularidad y subrayan medidas que, a su criterio, aportaron orden a la actividad constructora en el distrito.
Las edificaciones en altura forman parte del paisaje habitual de Lomas de Zamora bajo el influjo de Insaurralde. Muchas de esas construcciones exceden lo establecido, afirman organizaciones vecinales y dirigentes políticos locales. “La mayoría de las construcciones en la zona céntrica están fuera del Código de Planeamiento. No existía control en la ejecución de la obra. Se presentaba el plano de acuerdo al Código de Planeamiento y se verificaba recién al final de la obra que tenía tres o cuatro pisos más, y se cobraba una multa. Detrás de eso pueden haber existido maniobras vinculadas a la corrupción. Por eso no se modificó el Código, para propiciar conductas poco transparentes. El boom inmobiliario de Lomas fue el segundo en importancia después de la ciudad de Buenos Aires”, aseveró a Marcelo la nacion Díaz, dirigente radical y diputado provincial mandato cumplido, que se considera “el principal opositor a Insaurralde”.
Una fuente opositora lomense consultada por coincidió la nacion en mencionar que “se establecen excepciones para hacer obras importantes y, en otros casos, multas”. En la oposición local, sostuvieron que Insaurralde está relacionado con las temáticas inmobiliarias del distrito desde sus épocas como secretario de Gobierno del exintendente Jorge Rossi, a quien reemplazó en 2009, tras la renuncia del por entonces jefe comunal. Desde ese momento y hasta la actualidad, Insaurralde encadenó 14 años al frente del municipio.
En la municipalidad, que comanda la intendenta interina Marina Lesci, niegan cualquier irregularidad. Resaltaron a la nacion que “no hay edificios que superen las alturas permitidas”, y que “hay zonas donde no hay limitaciones en altura”. Además, indicaron que la intendencia impulsó ordenanzas para ordenar el sector. “Se limitó la aprobación de planos a la declaración de prefactibilidad de los servicios públicos, se redujo la altura liberada en avenidas, donde hay barrios residenciales y en zonas de media densidad. También se aumentó el requerimiento de cocheras”, sostuvieron desde la Comuna y rechazaron la acusación de aplicar multas cuando las obras están finalizadas.
En cambio, para organizaciones vecinales de extensa trayectoria en el municipio, como la denominada “Fuenteovejuna”, las construcciones de edificios de gran altura encierran cuestiones opacas. “Muchas veces son aprobaciones de torres excediendo la cantidad de departamentos que se pueden construir, suponemos por qué. Nosotros pensamos que los beneficiarios estarían en los funcionarios de la cadena de mandos para aprobar un proyecto”, afirma Gustavo Di Leo, vocero de nacion Fuenteovejuna, que agrupa a vecinos preocupados por el patrimonio histórico y las construcciones.
“Históricamente, ante cualquier duda, los vecinos cercanos tenían la costumbre de pedir vista del plano aprobado por el municipio. Esa costumbre ya hace varios años que no se puede hacer, porque el municipio se niega a que los vecinos vean los planos que se aprueban”, criticó Di Leo. “Nuestra creencia es que, si pudiéramos auditar una por una en Las Lomitas, no sabemos si habría una aprobación que pasaría por el Código de Planeamiento. Tenemos casos de medidas de ambientes o balcones de los planos que no coinciden con las reales”, completó Di Leo.
Árboles por habilitaciones
Para un grupo de vecinos de Banfield, la situación con la construcción de dos torres de 12 pisos, que exceden en diez los niveles permitidos, escaló hasta los estrados judiciales. Patrocinados por el abogado Enrique Sosa, vecinos aledaños a la obra que se realiza en la avenida Hipólito Yrigoyen 7945 presentaron un recurso de amparo contra la municipalidad y la firma propietaria del lote para detener la construcción, que fue rechazado por la Justicia con un fallo de la jueza Gladys Beatriz Marti, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 de Lomas de Zamora, el 14 de junio. La propietaria es la empresa GADA Group, cuyo presidente es Christian Galdeano, titular también de la cadena de comidas rápidas Mostaza. En la planta baja de ese edificio proyectado en Banfield, habrá un local de esa firma. La construcción está a cargo de la empresa Roarco. En su planteo, los vecinos explicitaron su disconformidad y, entre otros puntos, subrayaron la compensación que recibió la municipalidad por la excepción otorgada para construir más pisos que los establecidos: 1000 árboles tipo fresno americano para ser plantados dentro del distrito. Así lo establece la ordenanza Nº 18.217, que se refiere a ese expediente, en el que consta que se construirán dos torres de 37,3 metros (planta baja más 12 pisos), mientras que lo permitido es 8,40 metros (planta baja más dos pisos).
Otro ejemplo de la misma compensación arbórea es el caso de la constructora HAUT, que construye 24 pisos de oficinas a unas pocas cuadras, en la avenida Yrigoyen 8389, y realizó la compensación por exceder los metros cuadrados permitidos en una zona de altura libre. “Se hizo la donación que exige el Concejo Deliberante, fue votada por todos los partidos políticos. Fueron tres años para que se apruebe”, explicó a el  arquitecto Nazareno Navone, presidente de HAUT.
El precio de un fresno americano en viveros de Lomas de Zamora ronda los 7500 pesos, según pudo averiguar la nacion. El metro cuadrado en la zona de los edificios en cuestión cotiza en 1998 dólares, marcó el relevamiento de agosto de 2023 del sitio especializado ZonaProp. Antes de recurrir a la Justicia, los vecinos habían presentado cartas a la intendenta interina, y al jefe de Gabinete, Martín Choren, entre otros funcionarios. No tuvieron respuestas.
“Interpusimos una acción de amparo. Salió sorteado un juzgado de familia, que se declaró incompetente y mandó el caso a un contencioso, que también rechazó la competencia. Fue a la Cámara, a la Corte y volvió al contencioso, que finalmente asumió la competencia. Se nos convocó a una audiencia, pero no hubo posibilidad de acuerdo. Se dictó sentencia rechazando la acción de amparo, pero sin abocarse a la cuestión de fondo. Ahora vamos a ir por daños y perjuicios a nivel individual”, señaló el abogado Sosa, en diálogo con la nacion.
Las quejas de los vecinos del lugar incluyen daños en paredes y pisos, además de ondulaciones en los terrenos y falta de agua. Aseguran que sus propiedades se desvalorizaron.
Consultados por este diario, en el municipio destacaron que las compensaciones en árboles fueron aprobadas en el Concejo Deliberante “por unanimidad”, y subrayaron que “las edificaciones y sus alturas son un tema que se trabajó al detalle para que esté todo bien”.

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Chocolate Rigau intenta frenar la apertura de su celular
Los abogados argumentan que el puntero del PJ, detenido cuando sacaba plata con 49 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura, no fue notificado debidamente

María José Lucesole
LA PLATA.– La defensa de Julio “Chocolate” Rigau presentó ayer un nuevo oficio ante el juez de Garantías Guillermo Federico Atencio para impedir que se abra el teléfono celular del puntero peronista detenido. El peritaje está fijado para el viernes a las 11, dos días antes de los comicios generales del domingo.
La defensa exige que se le notifique el peritaje personalmente y con tres días de anticipación. Rigau está alojado en una alcaidía del Servicio Penitenciario Bonaerense. Además, solicita que se le otorgue más tiempo para designar un perito propio.
“Requerimos vuestra intervención a fin de garantizar a nuestro defendido el plazo de dicho articulado para la designación de un perito especialista en la materia. Es frecuente en la comprobación o explicación de ciertos hechos controvertidos y conducentes en un proceso judicial, que se requiera de conocimientos técnicos ajenos al saber jurídico. De allí que el presente pedido no resulta caprichoso, sino que surge la necesidad del auxilio de los expertos para cooperar en la apreciación de hechos como el que en este acto requerimos, a los fines de enriquecer a V.S. de su capacidad de juzgar”, manifestó la defensa del detenido en su presentación ante el juez Atencio.
“El presente pedido resulta un derecho y garantía constitucional, como resulta el derecho de defensa en juicio y el debido proceso”, dijeron los abogados, que citaron el artículo 247 del Código Procesal Penal, que establece que el agente fiscal designará de oficio a un perito, salvo que considere indispensable que sean más, y que notificará de ese nombramiento a las partes antes que se inicien las operaciones periciales, bajo sanción de nulidad.
Los defensores afirmaron que a Rigau no le están dando el plazo que establece la ley para que cada parte pueda nombrar “a su costa otro perito legalmente habilitado” que trabaje junto con el especialista nombrado por la fiscalía para el estudio técnico del aparato telefónico del detenido.
“En el caso de esta defensa técnica, el Ministerio Público tampoco ha cumplido expresamente con las mandas del art. 247 CPP en su designación de audiencia, consecuentemente y a fin de cumplimentar los recaudos contenidos en el dicho artículo, solicitamos a V.S. que se notifique al imputado y a esta defensa; y se otorgue el plazo de ley para la designación del perito de parte”, finaliza el escrito.
El teléfono de Rigau –que aún está en poder de la Justicia– se abrirá en un peritaje judicial que podría arrojar luz sobre eventuales diálogos del puntero político con los responsables de la Cámara de Diputados, donde se maneja un presupuesto anual de 62.000 millones de pesos y este año se realizó una sola sesión ordinaria.
El juez Atencio tendrá que resolver, una vez más, si habilita un peritaje del teléfono de Rigau, que estaba prevista originalmente para el miércoles pasado por la UFI Nº 2, como parte de la investigación penal preparatoria registrada bajo la numeración 06-00-47.539-23.
La Cámara de Casación ya dio el visto bueno a la continuidad de la causa y la UFI Nº 2 está en condiciones de pedir nuevas medidas de prueba.
Mientras tanto, para hoy está previsto el inicio de una nueva rueda de declaraciones testimoniales con los propietarios de tres de las 49 tarjetas de débito secuestradas a Rigau cuando fue demorado en un cajero automático del centro platense.
Los testigos citados para la jornada de hoy son Patricio Pascual Pietro, Arturo Ramírez Falcón y Atencio tendrá que resolver, una vez más, si habilita el peritaje del celular
Diego Berón. La fiscal Betina Lacki intentará saber si tenían conocimiento de que Rigau les cobrara el sueldo, todos haberes superiores a los 500.000 pesos mensuales.
El viernes está previsto que declaren Ágata Solange Plana, Juan Carlos Vallejos y Rubén Alberto Mindivil. La fiscal buscará determinar cuánto tiempo llevaban todas estas personas como empleadas en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y por qué motivo entregaron sus tarjetas de débito al puntero político detenido el 8 de septiembre en el sector de los cajeros del Banco Provincia.
Tras su detención en septiembre, el puntero fue liberado después de un fallo de los camaristas Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo que anuló la causa. Pero finalmente se entregó el último sábado, después de la reapertura de la causa en su contra y de un allanamiento fallido en su domicilio, donde los efectivos policiales que buscaban atraparlo no lo hallaron.

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