EDITORIALES

Boleta única de papel y ficha limpia: pilares de la democracia
Se abre una nueva oportunidad para que un imprescindible cambio en el sistema electoral obligue a transparentar y agilizar los procesos
La decisión presidencial de incluir en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, que comenzaron anteayer y se extenderán hasta el 31 del mes próximo, la sanción de la ley que instituye la boleta única de papel constituye un paso trascendental en función de la transparencia del sistema electoral.
Desde estas columnas hemos abogado sistemáticamente por esa modificación del Código Nacional Electoral, pues se trata de un sistema que ha demostrado su eficacia en las diversas provincias y municipios que la utilizan en el país en reemplazo de la tan cuestionada lista sábana, un instrumento obsoleto, que se presta a innumerables manipulaciones ilegales. El éxito de la boleta única de papel se evidencia también en la innumerable cantidad de países que la han incorporado.
El sistema que el Presidente propone convertir en ley –que cuenta con la aprobación de Diputados desde 2022, pero aún no fue debatido por el Senado– se vio reforzado ayer con una serie de disposiciones contenidas en la ley ómnibus que Javier Milei envió al Congreso, titulada “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”. Dispone, entre otras cuestiones electorales, de exclusiva competencia del Parlamento, la derogación de las PASO, cambios en la forma de financiamiento de los partidos políticos e inhabilitaciones para ser candidatos a cargos electorales en elecciones generales, entre otros, a quienes desempeñan cargos o fueron apoderados de empresas concesionarias de servicios y obras públicas de la Nación, la ciudad de Buenos Aires, municipalidades, entidades autárquicas o descentralizadas o de empresas que exploten juegos de azar.
Respecto de la boleta única de papel, un instrumento de votación que muestra toda la oferta electoral de un distrito de una forma abreviada y en que el votante marca el candidato de su elección sin tener que optar entre una enorme cantidad de papeletas de las distintas fuerzas que compiten en comicios, viene siendo reclamada por la propia Cámara Nacional Electoral desde 2007. Ese pedido, al que se suman numerosas organizaciones de la sociedad civil, resalta la importancia de “asegurar que el derecho a votar no se vea menoscabado por la confusión o una influencia indebida”.
¿Qué otros beneficios implica adoptar la boleta única de papel?
Además de permitir votar de forma simplificada, facilita la comprensión de la oferta electoral, garantiza la transparencia, anula la posibilidad del robo de papeletas y permite el ahorro de gigantescas sumas de dinero en gasto de papel, tinta, impresión y distribución y, por ende, preserva el ambiente.
El inestimable avance de su incorporación debería ser completado por una tan clara como estricta norma denominada “ley de ficha limpia”, que además de lo citado prohíba presentarse como candidatos a quien tenga una condena confirmada. Parte de la entonces oposición parlamentaria había conseguido avanzar en ese debate en 2022, pero dejó caer el tema basada en una presunción falsa: creer que la ley le iba a dar oportunidad a Cristina Kirchner para denunciar una supuesta proscripción. Finalmente, en mayo de este año, la vicepresidenta rechazó candidatearse y el país en su conjunto perdió otra oportunidad histórica.
Como hemos afirmado en un reciente editorial, así como suele decirse que el Congreso no debería ser nunca un aguantadero de condenados amparados en sus fueros, las boletas de candidatos tampoco deberían ser una bolsa donde esconder a delincuentes.
Esperemos que al no ser 2024 un año electoral, nuestros legisladores no pongan excusas para volver a trabar proyectos que apuntan a la transparencia electoral y a la lucha contra la corrupción: dos pilares fundamentales de la democracia.
Urge asegurar que el derecho a votar no se vea menoscabado ni por la confusión a la hora de determinar el voto ni por la sustracción de material electoral ni por ninguna otra artimaña política

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Otra gran caja de corrupción

En 1880 irrumpió el llamado Boxing Day en la Premier League del fútbol británico. La denominación, que remite a “box” que es caja en inglés, nació cuando los más desfavorecidos recibían de sus jefes o benefactores cajas o paquetes con motivo de la Navidad. Desde entonces, año tras año, la celebración que tiene lugar el 26 de diciembre se convirtió en la jornada más importante de la liga británica, con duelos regionales o clásicos muy destacados que se disputan en un día feriado. En la ocasión, los clubes hacen regalos a los niños que concurren a los estadios y los equipos realizan actos de beneficencia en hospitales, asilos, hogares u ONG.
En el escenario local, Malena Galmarini adelantó esta celebración. Antes de terminar su oscura gestión en AySA, repartió unas 10.000 cajas navideñas por 120 millones de pesos entre los 8000 empleados de la empresa. La compra se concretó a comienzos de diciembre y la entrega se efectivizó el 19, con Javier Milei ya en la presidencia y en un contex directivos to de severo ajuste del gasto. Los kits navideños de pan dulce, budín, garrapiñada, turrón y otras confituras tuvieron un costo de $11.900 por unidad. El proveedor fue OAG SA, una empresa que ofrece servicios de “logística alimentaria” con aceitados contactos, ya que cuenta entre sus clientes con la propia Presidencia de la Nación durante la gestión de Alberto Fernández, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y municipios como Tigre, Pilar, Hurlingham y Marcos Paz.
Con su habitual desparpajo, Galmarini venía de rechazar las acusaciones que derivaron en la apertura de una investigación penal por la compra de vehículos por más de 25 millones de dólares que aún no fueron entregados. Tamaños desembolsos para despliegue logístico por parte de quien fuera sarcásticamente apodada “la reina de la canilla” son a todas luces injustificados y podrían asimilarse a las cantidades de autos que se están desafectando en distintas áreas de gobierno para ajustar gastos. Cabe recordar también que la Coalición Cívica denunció a Galmarini y al empresario Mauricio Filiberti por presunto fraude a la administración pública en millonarias compras de cloro.
Ay SA solo genera menos del 20% de los ingresos anuales que requiere su operatoria, demandando créditos de organismos multilaterales o fondos del Tesoro para cubrir el resto. Solo en este año, Sergio Massa debió girarle a la empresa que presidía su esposa más de 42.000 millones de pesos mientras era ministro de Economía –y frustrado candidato presidencial– para cubrir ese rojo operativo. Maniobras de economía hogareña trasladadas al ámbito público. Vergonzoso.
Auditar la cuestionada gestión de Galmarini en AySA acaso destape otra caja de sorpresas. Hay demasiadas cajas en manos de irresponsables que solo buscaron su propio beneficio, otra imperdonable malversación de la que muchos deberán dar cuenta. Es de esperar que la Justicia caiga con todo su peso sobre quienes durante años dilapidaron los recursos de todos.

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