Será en rechazo de la ley ómnibus y del decreto de Milei que desregula la economía y prevé una reforma laboral; se sumarán las dos CTA y los piqueteros; la huelga será de 12 horas
Nicolás Balinotti
Acuña, Moyano y Daer, ayer, durante el anuncio de la protesta
La CGT convocó a un paro general con movilización a la Plaza del Congreso para el 24 de enero próximo en rechazo del decreto del presidente Javier Milei que modificó, entre numerosas cuestiones, la legislación laboral y el sistema de salud. El malestar se agudizó al conocer la letra chica de la ley ómnibus enviada anteayer al Congreso. Causó enojo y sorpresa, sobre todo, el capítulo en lo relativo a las restricciones a la protesta social. “Es despótico, eso terminó de detonar todo”, lo calificó un jerárquico de la CGT. La última huelga de la central obrera peronista fue el 29 de mayo de 2019, la quinta que activaron durante la gestión de Mauricio Macri, de Cambiemos.
La medida de protesta se resolvió de manera unánime en el Comité Central Confederal, el máximo órgano ejecutivo de la CGT, y del que participaron las regionales de todo el país. El 10 de enero habrá un plenario en el que se definirán detalles sobre el reclamo, que contemplará una movilización al Congreso a partir de las 12 con la intención de poner otra vez a prueba el operativo antipiquetes que estableció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
“Es en respuesta a un DNU ilegal. No hay necesidad ni urgencia de aparecer con tantos artículos que dan vuelta la matriz del país. Atenta contra los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, también contra el sistema solidario de salud”, argumentó Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato de mando de la CGT. Y agregó, desde el atril de la sala de conferencias de Azopardo: “Mientras ayer [por el miércoles] nos estábamos movilizando apareció una ley ómnibus que atenta contra los jubilados. Quieren hacer desaparecer la fórmula jubilatoria con una inflación creciente. Como eso, otras tantas cosas: las privatizaciones, no cuidar el patrimonio de los argentinos”.
Pablo Moyano, otro de los jefes cegetistas, acodado al lado de Daer, dijo que Milei “se caga en el Congreso” y prometió una marcha multitudinaria para el 24 de enero. El dirigente camionero era uno de los que sostenían que había que postergar el paro para marzo.
Se sumarán al paro de la CGT las dos vertientes de la CTA, en quienes recae la representación mayoritaria de estatales y docentes, y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), donde confluyen los movimientos sociales que hasta hace algunas semanas comulgaban con la gestión de Alberto Fernández a pesar de la licuación salarial. También se sumarán gremios identificados con la izquierda trotskista, como es el caso del Sindicato del Neumático o una rama de la Unión Ferroviaria.
“Hay que voltear el decreto de Milei en la Justicia, en la política o en la calle”, dijo ayer Daer. La enumeración no fue casual: los gremios ya presentaron un amparo contra el DNU y avanzaron en gestiones con legisladores y gobernadores peronistas y opositores para articular una oposición al libertario en el Congreso. El paro del 24 sería un día antes de cuando el oficialismo espera tratar en el Parlamento el megaproyecto de ley que envió ayer, con más de 1000 artículos a reformular. “La idea es apoyar y reclamar a la política que es el Parlamento el que debe actuar en favor de los trabajadores y de la sociedad civil, que es por donde pasa el 100 por 100 del ajuste”, dijo a la nacion Gerardo Martínez, jefe de la Uocra, uno de los gremios más afectados por la decisión oficial de frenar los proyectos de obra pública.
Es todo un récord el de la CGT, que le activaría un paro a Milei con menos de dos meses en el poder. El antecedente de una medida de rechazo en tan poco tiempo lo tenía Fernando de la Rúa, que sufrió la primera huelga a los 77 días de haber llegado a la Casa Rosada.
En los días que siguieron a las medidas de ajuste anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, hace ya dos semanas, la CGT había cerrado filas entre sus diferentes tribus para conservar un posicionamiento prudente y cauteloso. Darle tiempo y oxígeno al nuevo gobierno a pesar de la amenaza de hiperinflación que se arrastra desde la gestión de Sergio Massa, el candidato presidencial que impulsaron los sindicatos.
Hubo dos argumentos consensuados entre los dirigentes para adoptar esta postura. Uno simbólico: tomar distancia de ese pesado estigma del sindicalismo antropófago, capaz de engullirse a cualquier gobierno que no sea peronista.
El otro motivo de la moderación fue más estratégico. Hasta antes del DNU, los dirigentes sindicales creían que la clase media iba a ser el fusible que encendiera la protesta social, con marchas espontáneas y cacerolazos para expresar su descontento. Proyectaban ese primer estallido recién para marzo o abril, cuando la inflación hubiera devorado aún más los salarios, el ajuste ya hubiera dejado de su huella y el dinero de muchas familias no alcanzara para alimentos, pagar tarifas, prepagas y ni hablar para gastos en educación privada. Esos tiempos se aceleraron dramáticamente ayer, con el tono de las medidas que incluyó el Presidente en la ley ómnibus y la falta de un interlocutor con el Gobierno. Desconcierta a la CGT no tener abierto un canal de diálogo y negociación en el cual apostar.
La hoja de ruta
Como parte del plan de lucha que activó ayer la CGT, se trazó la siguiente hoja de ruta: presentación judicial contra el DNU, que ya fue realizada, aunque rechazada; pedidos de reunión con todos los bloques de diputados y senadores para debatir su acompañamiento a la postura sindical frente al DNU y la ley ómnibus; reunión con las demás centrales obreras para articular medidas en conjunto; llamado a plenario de delegaciones regionales de la CGT para el 10 de enero; paro nacional a partir de las 12 del 24 de enero y movilización al Congreso nacional, y facultar al Consejo Directivo Nacional para dictar las medidas que considere pertinentes en la oportunidad que requiera el actual estado de situación. En la CGT sospechan del acompañamiento que algunos legisladores peronistas le puedan dar al proyecto oficial. También temen un giro de los gobernadores, quienes, urgidos de fondos, podrían avalar la reversión del impuesto a las ganancias.
“El Presidente dice que lo acompaña el poder de los cielos. A nosotros nos asiste el poder de Jesucristo, de la justicia y de los trabajadores”, desafió Daer a Milei durante su discurso de cierre en el confederal. Daer integró la comitiva sindical que ensayó sin éxito un acercamiento con el Gobierno a través del ministro del Interior, Guillermo Francos, y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Hasta el momento, el único sindicalista de peso que mostró sintonía con los libertarios fue el mercantil Armando Cavalieri, que manifestó su predisposición a adoptar para los empleados de comercio el fondo de cese laboral en reemplazo de las indemnizaciones. Se lo dijo ayer a Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano. Casi con 90 años, Cavalieri fue menemista, duhaldista, kirchnerista, macrista, albertista y ahora rompió el molde al acercarse a Milei. Así y todo, Cavalieri estuvo en la CGT y avaló el paro. Los sindicalistas suelen ser de lealtades frágiles.
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Paro récord de la CGT tras 4 años de inacción
Nunca los gremios habían convocado a una huelga general a 18 días de un gobierno
Federico González del Solar
La CGT convocó ayer a un paro general con movilización a la Plaza del Congreso para el 24 de enero próximo en rechazo del decreto del presidente Javier Milei que modificó, entre numerosas cuestiones, la legislación laboral. El malestar se agudizó al conocer la letra chica de la ley ómnibus enviada el miércoles al Congreso, que propone restricciones a las marchas y los cortes de calles. La medida de fuerza contempla una marcha al Congreso a partir de las 12. “Hay que voltear el decreto de Milei en la Justicia, en la política o en la calle”, dijo ayer Héctor Daer, uno de los líderes de la central sindical.
La convocatoria al paro marcó un récord histórico: nunca antes en la democracia argentina un presidente debió enfrentar una huelga general en tan corto tiempo.
Pese a contar con un sinfín de indicadores económicos negativos, la gestión de Alberto Fernández fue la única que desde el retorno de la democracia, en 1983, no sufrió ninguna huelga por parte de las centrales sindicales. El último paro activado por la CGT fue el 29 de mayo de 2019, durante la gestión de Mauricio Macri.
El 24 de enero próximo, cuando la Confederación General de Trabajadores (CGT) active el paro general anunciado ayer, Javier Milei tendrá poco más de 40 días al frente del Poder Ejecutivo, lo que constituye todo un récord en la historia de la democracia moderna de la Argentina: nunca antes un presidente debió enfrentar una huelga en tan corto tiempo. Hasta ahora, el presidente que más tempranamente sufrió una medida sindical de rechazo fue el radical Fernando de la Rúa. En aquel entonces, a la CGT le alcanzaron solo 77 días del gobierno de la Alianza para emprender su primer paro.
El dato cobra mayor magnitud cuando se lo coteja con otro récord llamativo. Pese a contar con un sinfín de indicadores económicos negativos, la gestión de Alberto Fernández fue la única que desde el retorno de la democracia, en 1983, no sufrió ninguna huelga por parte de las centrales sindicales. El último activado por la CGT fue el 29 de mayo de 2019, durante la gestión de Mauricio Macri, de Cambiemos.
Los datos surgen de un informe del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral, que rastrea y analiza el comportamiento sindical en los últimos 40 años. El trabajo, dirigido por Marcelo Bermolén –abogado y experto en acceso a la información pública–, pone el foco en el desigual comportamiento de las organizaciones sindicales: los datos que arroja el informe ponen en evidencia una clara tendencia por parte de los sindicatos a realizar paros en los gobiernos no peronistas y a exhibir un mayor grado de tolerancia en las administraciones de ese signo político.
“La CGT marca récord tras récord”, dice Bermolén. “El récord insólito de no haberle hecho ni un solo paro general a Alberto Fernández en los cuatro años de su gestión, teniendo los peores índices económicos de la nueva democracia. Y el nuevo récord que es hacerle el paro más rápido a un presidente democrático”, señala.
En total, se han realizado 42 paros generales nacionales –el del 24 de enero sería el número 43– en los últimos 40 años, es decir, un poco más de uno por año, pero cuando se desglosa según las distintas administraciones, surge una tendencia clara en detrimento de los gobiernos de color político distinto del peronista. Por caso, los años que mostraron mayor actividad sindical en materia de paros fueron 1986, 2000 y 2001, todos bajo gobiernos radicales. Con Raúl Alfonsín como primer mandatario, la CGT ensayó 13 paros generales –otra marca histórica– y con De la Rúa al frente del Ejecutivo, 8. Ninguno de ellos pudo terminar su mandato en tiempo y forma.
“El récord marca un poco también hacia dónde apunta el sindicalismo. No solo es la defensa de los derechos de los trabajadores afectados, sino que también se empieza a alimentar un factor desestabilizante”, advierte Bermolén, en cuyo informe se señala: “De un total de 42 paros nacionales, 26 paros generales se concentraron en tres presidentes no peronistas (Alfonsín, De la Rúa y Macri), dos de ellos con mandatos parcialmente ejercidos y solo uno con mandato completo, versus 16 paros generales a cinco presidentes de origen peronista (Menem –2–, Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner –2– y Alberto Fernández) que sumaron en conjunto seis mandatos regulares más un mandato especial por la crisis de 2001). En términos porcentuales: 62% (a fuerzas no peronistas) versus 38% (a fuerzas peronistas)”.
Al igual que Fernández, Cristina Kirchner pudo concluir su primer mandato sin ninguna protesta sindical, pero tras su reelección, en 2011, debió enfrentar cinco paros generales cuya convocatoria difería del resto.
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D’Elía desafió el protocolo de Bullrich y cortó varias horas la ruta nacional 3
Reclamó la derogación del megadecreto de Milei; dijo que ya se presentaron planteos judiciales y que era el turno de la “protesta social”; se sumó Belliboni
Luis D’Elía encabezó un piquete en la ruta nacional 3, a la altura de Isidro Casanova
Con el liderazgo del dirigente Luis D’Elía, varias organizaciones sociales cortaron el tránsito e improvisaron ollas populares sobre la ruta nacional 3, a la altura de Isidro Casanova, en rechazo del megadecreto de Javier Milei y en abierto desafío al “protocolo antipiquetes” instrumentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich
“Si no cae el DNU que consagra los privilegios de la mafia neoliberal conservadora, el corte será por tiempo indeterminado”, anunció D’Elía, en la protesta realizada en el partido de La Matanza, con el respaldo de Juan Carlos Alderete, líder de la Corriente Clasista y Combativa. D’Elía reveló que pidieron autorización a la Intendencia de La Matanza, que conduce Fernando Espinoza. Se interrumpió el tránsito de vehículos particulares y el metrobús funcionó con normalidad.
“Esta ruta 3 es un lugar histórico de los piquetes. Y hoy estamos acá manifestándonos, en contra del decreto ómnibus de Milei, que consagra para todos los tiempos el modelo neoliberal conservador que ya nos hizo tanto daño”, posteó el dirigente piquetero en la red social X.
Mientras crecía la tensión, el dirigente piquetero confirmó que la movilización había sido “correctamente anunciada” y recordó que “la Gendarmería tiene solo jurisdicción sobre la ruta 3 y nuestro acto cuenta con autorización municipal sobre la calle Germán Abdala”.
Tras insistir en que el DNU es “inconstitucional a todas luces”, denunció que “consagra los privilegios de la casta de ricachones de la Argentina”. Afirmó que los gremios “ya presentaron los recursos ante la Justicia y ahora lo normal es la protesta social”.
Desestimó las advertencias de Bullrich y cuestionó “lo que pretende esta mujer de agarrar a palos a todos los que se opongan a este modelo neoconservador”.
Pasado el mediodía, se sumó al corte de la ruta nacional 3, en La Matanza, el dirigente Eduardo Belliboni, del Polo Obrero. Pese a la promesa de que la protesta se iba a levantar a las 14, el corte continuó avanzada la tarde.
La CGT convocó a un paro general con movilización a la Plaza del Congreso para el 24 de enero próximo en rechazo del decreto del presidente Javier Milei que modificó, entre numerosas cuestiones, la legislación laboral y el sistema de salud. El malestar se agudizó al conocer la letra chica de la ley ómnibus enviada anteayer al Congreso. Causó enojo y sorpresa, sobre todo, el capítulo en lo relativo a las restricciones a la protesta social. “Es despótico, eso terminó de detonar todo”, lo calificó un jerárquico de la CGT. La última huelga de la central obrera peronista fue el 29 de mayo de 2019, la quinta que activaron durante la gestión de Mauricio Macri, de Cambiemos.
La medida de protesta se resolvió de manera unánime en el Comité Central Confederal, el máximo órgano ejecutivo de la CGT, y del que participaron las regionales de todo el país. El 10 de enero habrá un plenario en el que se definirán detalles sobre el reclamo, que contemplará una movilización al Congreso a partir de las 12 con la intención de poner otra vez a prueba el operativo antipiquetes que estableció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
“Es en respuesta a un DNU ilegal. No hay necesidad ni urgencia de aparecer con tantos artículos que dan vuelta la matriz del país. Atenta contra los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, también contra el sistema solidario de salud”, argumentó Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato de mando de la CGT. Y agregó, desde el atril de la sala de conferencias de Azopardo: “Mientras ayer [por el miércoles] nos estábamos movilizando apareció una ley ómnibus que atenta contra los jubilados. Quieren hacer desaparecer la fórmula jubilatoria con una inflación creciente. Como eso, otras tantas cosas: las privatizaciones, no cuidar el patrimonio de los argentinos”.
Pablo Moyano, otro de los jefes cegetistas, acodado al lado de Daer, dijo que Milei “se caga en el Congreso” y prometió una marcha multitudinaria para el 24 de enero. El dirigente camionero era uno de los que sostenían que había que postergar el paro para marzo.
Se sumarán al paro de la CGT las dos vertientes de la CTA, en quienes recae la representación mayoritaria de estatales y docentes, y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), donde confluyen los movimientos sociales que hasta hace algunas semanas comulgaban con la gestión de Alberto Fernández a pesar de la licuación salarial. También se sumarán gremios identificados con la izquierda trotskista, como es el caso del Sindicato del Neumático o una rama de la Unión Ferroviaria.
“Hay que voltear el decreto de Milei en la Justicia, en la política o en la calle”, dijo ayer Daer. La enumeración no fue casual: los gremios ya presentaron un amparo contra el DNU y avanzaron en gestiones con legisladores y gobernadores peronistas y opositores para articular una oposición al libertario en el Congreso. El paro del 24 sería un día antes de cuando el oficialismo espera tratar en el Parlamento el megaproyecto de ley que envió ayer, con más de 1000 artículos a reformular. “La idea es apoyar y reclamar a la política que es el Parlamento el que debe actuar en favor de los trabajadores y de la sociedad civil, que es por donde pasa el 100 por 100 del ajuste”, dijo a la nacion Gerardo Martínez, jefe de la Uocra, uno de los gremios más afectados por la decisión oficial de frenar los proyectos de obra pública.
Es todo un récord el de la CGT, que le activaría un paro a Milei con menos de dos meses en el poder. El antecedente de una medida de rechazo en tan poco tiempo lo tenía Fernando de la Rúa, que sufrió la primera huelga a los 77 días de haber llegado a la Casa Rosada.
En los días que siguieron a las medidas de ajuste anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, hace ya dos semanas, la CGT había cerrado filas entre sus diferentes tribus para conservar un posicionamiento prudente y cauteloso. Darle tiempo y oxígeno al nuevo gobierno a pesar de la amenaza de hiperinflación que se arrastra desde la gestión de Sergio Massa, el candidato presidencial que impulsaron los sindicatos.
Hubo dos argumentos consensuados entre los dirigentes para adoptar esta postura. Uno simbólico: tomar distancia de ese pesado estigma del sindicalismo antropófago, capaz de engullirse a cualquier gobierno que no sea peronista.
El otro motivo de la moderación fue más estratégico. Hasta antes del DNU, los dirigentes sindicales creían que la clase media iba a ser el fusible que encendiera la protesta social, con marchas espontáneas y cacerolazos para expresar su descontento. Proyectaban ese primer estallido recién para marzo o abril, cuando la inflación hubiera devorado aún más los salarios, el ajuste ya hubiera dejado de su huella y el dinero de muchas familias no alcanzara para alimentos, pagar tarifas, prepagas y ni hablar para gastos en educación privada. Esos tiempos se aceleraron dramáticamente ayer, con el tono de las medidas que incluyó el Presidente en la ley ómnibus y la falta de un interlocutor con el Gobierno. Desconcierta a la CGT no tener abierto un canal de diálogo y negociación en el cual apostar.
La hoja de ruta
Como parte del plan de lucha que activó ayer la CGT, se trazó la siguiente hoja de ruta: presentación judicial contra el DNU, que ya fue realizada, aunque rechazada; pedidos de reunión con todos los bloques de diputados y senadores para debatir su acompañamiento a la postura sindical frente al DNU y la ley ómnibus; reunión con las demás centrales obreras para articular medidas en conjunto; llamado a plenario de delegaciones regionales de la CGT para el 10 de enero; paro nacional a partir de las 12 del 24 de enero y movilización al Congreso nacional, y facultar al Consejo Directivo Nacional para dictar las medidas que considere pertinentes en la oportunidad que requiera el actual estado de situación. En la CGT sospechan del acompañamiento que algunos legisladores peronistas le puedan dar al proyecto oficial. También temen un giro de los gobernadores, quienes, urgidos de fondos, podrían avalar la reversión del impuesto a las ganancias.
“El Presidente dice que lo acompaña el poder de los cielos. A nosotros nos asiste el poder de Jesucristo, de la justicia y de los trabajadores”, desafió Daer a Milei durante su discurso de cierre en el confederal. Daer integró la comitiva sindical que ensayó sin éxito un acercamiento con el Gobierno a través del ministro del Interior, Guillermo Francos, y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Hasta el momento, el único sindicalista de peso que mostró sintonía con los libertarios fue el mercantil Armando Cavalieri, que manifestó su predisposición a adoptar para los empleados de comercio el fondo de cese laboral en reemplazo de las indemnizaciones. Se lo dijo ayer a Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano. Casi con 90 años, Cavalieri fue menemista, duhaldista, kirchnerista, macrista, albertista y ahora rompió el molde al acercarse a Milei. Así y todo, Cavalieri estuvo en la CGT y avaló el paro. Los sindicalistas suelen ser de lealtades frágiles.
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Paro récord de la CGT tras 4 años de inacción
Nunca los gremios habían convocado a una huelga general a 18 días de un gobierno
Federico González del Solar
La CGT convocó ayer a un paro general con movilización a la Plaza del Congreso para el 24 de enero próximo en rechazo del decreto del presidente Javier Milei que modificó, entre numerosas cuestiones, la legislación laboral. El malestar se agudizó al conocer la letra chica de la ley ómnibus enviada el miércoles al Congreso, que propone restricciones a las marchas y los cortes de calles. La medida de fuerza contempla una marcha al Congreso a partir de las 12. “Hay que voltear el decreto de Milei en la Justicia, en la política o en la calle”, dijo ayer Héctor Daer, uno de los líderes de la central sindical.
La convocatoria al paro marcó un récord histórico: nunca antes en la democracia argentina un presidente debió enfrentar una huelga general en tan corto tiempo.
Pese a contar con un sinfín de indicadores económicos negativos, la gestión de Alberto Fernández fue la única que desde el retorno de la democracia, en 1983, no sufrió ninguna huelga por parte de las centrales sindicales. El último paro activado por la CGT fue el 29 de mayo de 2019, durante la gestión de Mauricio Macri.
El 24 de enero próximo, cuando la Confederación General de Trabajadores (CGT) active el paro general anunciado ayer, Javier Milei tendrá poco más de 40 días al frente del Poder Ejecutivo, lo que constituye todo un récord en la historia de la democracia moderna de la Argentina: nunca antes un presidente debió enfrentar una huelga en tan corto tiempo. Hasta ahora, el presidente que más tempranamente sufrió una medida sindical de rechazo fue el radical Fernando de la Rúa. En aquel entonces, a la CGT le alcanzaron solo 77 días del gobierno de la Alianza para emprender su primer paro.
El dato cobra mayor magnitud cuando se lo coteja con otro récord llamativo. Pese a contar con un sinfín de indicadores económicos negativos, la gestión de Alberto Fernández fue la única que desde el retorno de la democracia, en 1983, no sufrió ninguna huelga por parte de las centrales sindicales. El último activado por la CGT fue el 29 de mayo de 2019, durante la gestión de Mauricio Macri, de Cambiemos.
Los datos surgen de un informe del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral, que rastrea y analiza el comportamiento sindical en los últimos 40 años. El trabajo, dirigido por Marcelo Bermolén –abogado y experto en acceso a la información pública–, pone el foco en el desigual comportamiento de las organizaciones sindicales: los datos que arroja el informe ponen en evidencia una clara tendencia por parte de los sindicatos a realizar paros en los gobiernos no peronistas y a exhibir un mayor grado de tolerancia en las administraciones de ese signo político.
“La CGT marca récord tras récord”, dice Bermolén. “El récord insólito de no haberle hecho ni un solo paro general a Alberto Fernández en los cuatro años de su gestión, teniendo los peores índices económicos de la nueva democracia. Y el nuevo récord que es hacerle el paro más rápido a un presidente democrático”, señala.
En total, se han realizado 42 paros generales nacionales –el del 24 de enero sería el número 43– en los últimos 40 años, es decir, un poco más de uno por año, pero cuando se desglosa según las distintas administraciones, surge una tendencia clara en detrimento de los gobiernos de color político distinto del peronista. Por caso, los años que mostraron mayor actividad sindical en materia de paros fueron 1986, 2000 y 2001, todos bajo gobiernos radicales. Con Raúl Alfonsín como primer mandatario, la CGT ensayó 13 paros generales –otra marca histórica– y con De la Rúa al frente del Ejecutivo, 8. Ninguno de ellos pudo terminar su mandato en tiempo y forma.
“El récord marca un poco también hacia dónde apunta el sindicalismo. No solo es la defensa de los derechos de los trabajadores afectados, sino que también se empieza a alimentar un factor desestabilizante”, advierte Bermolén, en cuyo informe se señala: “De un total de 42 paros nacionales, 26 paros generales se concentraron en tres presidentes no peronistas (Alfonsín, De la Rúa y Macri), dos de ellos con mandatos parcialmente ejercidos y solo uno con mandato completo, versus 16 paros generales a cinco presidentes de origen peronista (Menem –2–, Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner –2– y Alberto Fernández) que sumaron en conjunto seis mandatos regulares más un mandato especial por la crisis de 2001). En términos porcentuales: 62% (a fuerzas no peronistas) versus 38% (a fuerzas peronistas)”.
Al igual que Fernández, Cristina Kirchner pudo concluir su primer mandato sin ninguna protesta sindical, pero tras su reelección, en 2011, debió enfrentar cinco paros generales cuya convocatoria difería del resto.
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D’Elía desafió el protocolo de Bullrich y cortó varias horas la ruta nacional 3
Reclamó la derogación del megadecreto de Milei; dijo que ya se presentaron planteos judiciales y que era el turno de la “protesta social”; se sumó Belliboni
Con el liderazgo del dirigente Luis D’Elía, varias organizaciones sociales cortaron el tránsito e improvisaron ollas populares sobre la ruta nacional 3, a la altura de Isidro Casanova, en rechazo del megadecreto de Javier Milei y en abierto desafío al “protocolo antipiquetes” instrumentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich
“Si no cae el DNU que consagra los privilegios de la mafia neoliberal conservadora, el corte será por tiempo indeterminado”, anunció D’Elía, en la protesta realizada en el partido de La Matanza, con el respaldo de Juan Carlos Alderete, líder de la Corriente Clasista y Combativa. D’Elía reveló que pidieron autorización a la Intendencia de La Matanza, que conduce Fernando Espinoza. Se interrumpió el tránsito de vehículos particulares y el metrobús funcionó con normalidad.
“Esta ruta 3 es un lugar histórico de los piquetes. Y hoy estamos acá manifestándonos, en contra del decreto ómnibus de Milei, que consagra para todos los tiempos el modelo neoliberal conservador que ya nos hizo tanto daño”, posteó el dirigente piquetero en la red social X.
Mientras crecía la tensión, el dirigente piquetero confirmó que la movilización había sido “correctamente anunciada” y recordó que “la Gendarmería tiene solo jurisdicción sobre la ruta 3 y nuestro acto cuenta con autorización municipal sobre la calle Germán Abdala”.
Tras insistir en que el DNU es “inconstitucional a todas luces”, denunció que “consagra los privilegios de la casta de ricachones de la Argentina”. Afirmó que los gremios “ya presentaron los recursos ante la Justicia y ahora lo normal es la protesta social”.
Desestimó las advertencias de Bullrich y cuestionó “lo que pretende esta mujer de agarrar a palos a todos los que se opongan a este modelo neoconservador”.
Pasado el mediodía, se sumó al corte de la ruta nacional 3, en La Matanza, el dirigente Eduardo Belliboni, del Polo Obrero. Pese a la promesa de que la protesta se iba a levantar a las 14, el corte continuó avanzada la tarde.
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