La central sindical, con la adhesión de las CTA y agrupaciones sociales, presentó un amparo en la Justicia para que se declare inválida la medida; hubo corridas en la zona de Tribunales
Delfina Celichini
Los manifestantes ocuparon gran parte de la Plaza Lavalle
A casi tres semanas del inicio del mandato presidencial de Javier Milei, las centrales sindicales, partidos de izquierda y algunos movimientos sociales protestaron ayer frente al Palacio de Tribunales, donde está la Corte Suprema. Lo hicieron en rechazo al decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 por el que se establecen, entre otras cosas, la desregulación de la economía, una reforma laboral y la derogación de múltiples normativas, y con el que se apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas. El gobierno nacional, en tanto, desplegó el protocolo de orden público dispuesto por el Ministerio de Seguridad y advirtió que serán utilizadas “todas las medidas de disuasión” disponibles. Sin embargo, hubo cortes de calles y la zona de los tribunales estuvo parcialmente bloqueada.
La movilización por parte de la CGT, las dos CTA, la Unidad Piquetera, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y partidos de izquierda, fue convocada para las 10 en la Plaza Lavalle y terminó pasadas las 13. La presentación judicial lleva la firma de los miembros del triunvirato de conducción cegetista, Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, y quedó radicada en el Juzgado Laboral Nº 69, a cargo del juez José Ignacio Ramonet. El magistrado rechazó conceder la medida cautelar interina porque todavía no está vigente el decreto de Milei. Ramonet, en tanto, sí se asumió competente para tramitar la acción de amparo que presentó la central obrera y le corrió vista a la Jefatura de Gabinete.
Con su triunvirato de mando a la cabeza, la CGT hizo lectura de un documento. “El presidente de la Nación prometió hacer un ajuste lo pagaría lo que él denomina ‘casta política’, y que los trabajadores recibiríamos los beneficios de ese recorte. Pero su primer acto de gobierno es un decreto de necesidad y urgencia que, entre otras muchas medidas arbitrarias, anticonstitucionales y lesivas de un vasto número de derechos civiles, comerciales y sociales, introduce una feroz reforma laboral regresiva cuyo único objetivo es disciplinar a los trabajadores, cercenar la actividad sindical y solo privilegiar intereses empresariales”, expresó en los primeros fragmentos.
Daer, desafiante, señaló: “Al DNU lo vamos a voltear en la Justicia, con la política o en la calle”. La CGT tendrá hoy un plenario de secretarios generales del interior y definirá un plan de lucha. Se debatirá un posible paro general, aunque hubo dirigentes que desestimaron que se concrete en enero y febrero.
Al reclamo de inconstitucionalidad de esta norma se sumó el repudio a la disposición oficial de despedir a 7000 trabajadores de la Administración Pública Nacional, oficializada ayer por medio de otro decreto publicado en el Boletín Oficial. “Que nadie espere que aceptemos ni un solo despido”, señaló el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.
“Es importante armar un frente común que permita que el 2 de enero no tengamos despidos en el Estado”, dijo a Daniel Catalano, la nacion secretario general de ATE Capital, quien agregó: “Tenemos que ir avanzando de manera colectiva para frenar los impuestazos y la suba del transporte público en un momento del país donde deberían darnos herramientas para vivir en mejores condiciones”.
Respecto del “protocolo antipiquetes” desplegado por el gobierno nacional, el sindicalista sentenció: “Es ilegal”. “En este momento hay una demonización histórica del sindicalismo con provocaciones permanentes de Patricia Bullrich a los movimientos sociales. Esperamos no tener que lamentar un marco represivo”, sumó.
El operativo conjunto entre las fuerzas de seguridad nacionales y la Policía de la Ciudad se enfocó en contener a los manifestantes y evitar los cortes de calles. Si bien durante las primeras horas de la marcha, con solo una porción de los manifestantes presentes, las únicas vías cortadas eran las calles Tucumán y Talcahuano, la llegada masiva de militantes bloqueó todos los accesos a la Plaza Lavalle y obstaculizó el tránsito vehicular. Por eso, la Gendarmería y la Policía Federal se replegaron y se limitaron a custodiar el Palacio de Justicia, así como otros edificios públicos de la zona. Un vallado complementaba su labor. Frente a la hilera de efectivos federales, María, una mujer jubilada que no quiso mencionar su apellido, levantaba un cartel que decía: “Argentina, soberana y constitucional”.
Para las 12, en pleno pico de la convocatoria, entre la militancia sindical explotaban petardos y silbaban cañitas voladoras. En paralelo, un helicóptero de la Policía Federal comenzó a monitorear la zona de Tribunales desde el aire. Los militantes, la mayoría resguardados bajo la sombra de los árboles de la plaza, saludaban hacia arriba con los dedos en ve mientras cantaban: “Paro, paro, paro, paro general”.
Las medidas de protesta se dan una semana después de la movilización por la que organizaciones sociales y sectores de izquierda marcharon hacia la Plaza de Mayo en repudio de las medidas económicas de Milei así como para conmemorar un nuevo aniversario las manifestaciones del 19 y 20 de diciembre de 2001. Allí, se les reclamó a las centrales sindicales la adhesión a los reclamos así como la convocatoria a un paro general.
Sin embargo, fue después de la emisión del megadecreto que los gremios se plantaron en pie de guerra con el gobierno nacional y motorizaron acciones para frenar el avance de las reformas, entre las que se incluyen la modificación de los cálculos indemnizatorios y la limitación del derecho a huelga.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que se trató de “un cambio de era” al referirse al pedido de permiso que hizo la CGT para movilizarse. “Un hecho histórico que hace a las formas de llevar a cabo las manifestaciones en espacios públicos”, resaltó la funcionaria.
SOBRESEYERON A BULLRICH EN UN CASO DENUNCIADO POR MAPUCHES
La Cámara de Casación dejó firme el sobreseimiento de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que había sido denunciada por integrantes de una comunidad mapuche de Neuquén por ordenar a la Gendarmería Nacional que controle el acceso a un complejo de YPF en esa provincia para realizar trabajos, sin la interferencia de las protestas de los pueblos originarios. La decisión fue tomada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, que rechazaron por inadmisible un recurso de casación interpuesto por el Defensor Público de Víctimas, en representación de Olga Mabel Campo y Lorena Noemí Bravo, de la Comunidad Mapuche Lof Campo Maripe.
Los jueces de Casación respaldaron las decisiones de las instancias anteriores, al entender que de ninguna manera eran arbitrarias, sino basadas en la lógica y en las normas. Los fallos anteriores mencionaron que el Ministerio de Seguridad tienen facultades de ordenar a la Gendarmería Nacional que actúe y máxime cuando YPF solicitó su intervención ante la necesidad de realizar reparaciones y mantenimiento en dos lugares de Neuquén. Pidieron auxilio porque días anteriores integrantes de la Comunidad Mapuche impidieron el ingreso de los operarios de la empresa como protesta porque reclaman que se reconozca sus derechos ancestrales sobre las tierras sobre una zona más extensa, que incluye la conocida como Loma Campana.
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Tensión con la policía y siete detenidos al desconcentrar
Tanto en la Policía de la Ciudad como en la central obrera apuntaron a la presencia de representantes de grupos de izquierda
A casi tres semanas del inicio del mandato presidencial de Javier Milei, las centrales sindicales, partidos de izquierda y algunos movimientos sociales protestaron ayer frente al Palacio de Tribunales, donde está la Corte Suprema. Lo hicieron en rechazo al decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 por el que se establecen, entre otras cosas, la desregulación de la economía, una reforma laboral y la derogación de múltiples normativas, y con el que se apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas. El gobierno nacional, en tanto, desplegó el protocolo de orden público dispuesto por el Ministerio de Seguridad y advirtió que serán utilizadas “todas las medidas de disuasión” disponibles. Sin embargo, hubo cortes de calles y la zona de los tribunales estuvo parcialmente bloqueada.
La movilización por parte de la CGT, las dos CTA, la Unidad Piquetera, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y partidos de izquierda, fue convocada para las 10 en la Plaza Lavalle y terminó pasadas las 13. La presentación judicial lleva la firma de los miembros del triunvirato de conducción cegetista, Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, y quedó radicada en el Juzgado Laboral Nº 69, a cargo del juez José Ignacio Ramonet. El magistrado rechazó conceder la medida cautelar interina porque todavía no está vigente el decreto de Milei. Ramonet, en tanto, sí se asumió competente para tramitar la acción de amparo que presentó la central obrera y le corrió vista a la Jefatura de Gabinete.
Con su triunvirato de mando a la cabeza, la CGT hizo lectura de un documento. “El presidente de la Nación prometió hacer un ajuste lo pagaría lo que él denomina ‘casta política’, y que los trabajadores recibiríamos los beneficios de ese recorte. Pero su primer acto de gobierno es un decreto de necesidad y urgencia que, entre otras muchas medidas arbitrarias, anticonstitucionales y lesivas de un vasto número de derechos civiles, comerciales y sociales, introduce una feroz reforma laboral regresiva cuyo único objetivo es disciplinar a los trabajadores, cercenar la actividad sindical y solo privilegiar intereses empresariales”, expresó en los primeros fragmentos.
Daer, desafiante, señaló: “Al DNU lo vamos a voltear en la Justicia, con la política o en la calle”. La CGT tendrá hoy un plenario de secretarios generales del interior y definirá un plan de lucha. Se debatirá un posible paro general, aunque hubo dirigentes que desestimaron que se concrete en enero y febrero.
Al reclamo de inconstitucionalidad de esta norma se sumó el repudio a la disposición oficial de despedir a 7000 trabajadores de la Administración Pública Nacional, oficializada ayer por medio de otro decreto publicado en el Boletín Oficial. “Que nadie espere que aceptemos ni un solo despido”, señaló el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.
“Es importante armar un frente común que permita que el 2 de enero no tengamos despidos en el Estado”, dijo a Daniel Catalano, la nacion secretario general de ATE Capital, quien agregó: “Tenemos que ir avanzando de manera colectiva para frenar los impuestazos y la suba del transporte público en un momento del país donde deberían darnos herramientas para vivir en mejores condiciones”.
Respecto del “protocolo antipiquetes” desplegado por el gobierno nacional, el sindicalista sentenció: “Es ilegal”. “En este momento hay una demonización histórica del sindicalismo con provocaciones permanentes de Patricia Bullrich a los movimientos sociales. Esperamos no tener que lamentar un marco represivo”, sumó.
El operativo conjunto entre las fuerzas de seguridad nacionales y la Policía de la Ciudad se enfocó en contener a los manifestantes y evitar los cortes de calles. Si bien durante las primeras horas de la marcha, con solo una porción de los manifestantes presentes, las únicas vías cortadas eran las calles Tucumán y Talcahuano, la llegada masiva de militantes bloqueó todos los accesos a la Plaza Lavalle y obstaculizó el tránsito vehicular. Por eso, la Gendarmería y la Policía Federal se replegaron y se limitaron a custodiar el Palacio de Justicia, así como otros edificios públicos de la zona. Un vallado complementaba su labor. Frente a la hilera de efectivos federales, María, una mujer jubilada que no quiso mencionar su apellido, levantaba un cartel que decía: “Argentina, soberana y constitucional”.
Para las 12, en pleno pico de la convocatoria, entre la militancia sindical explotaban petardos y silbaban cañitas voladoras. En paralelo, un helicóptero de la Policía Federal comenzó a monitorear la zona de Tribunales desde el aire. Los militantes, la mayoría resguardados bajo la sombra de los árboles de la plaza, saludaban hacia arriba con los dedos en ve mientras cantaban: “Paro, paro, paro, paro general”.
Las medidas de protesta se dan una semana después de la movilización por la que organizaciones sociales y sectores de izquierda marcharon hacia la Plaza de Mayo en repudio de las medidas económicas de Milei así como para conmemorar un nuevo aniversario las manifestaciones del 19 y 20 de diciembre de 2001. Allí, se les reclamó a las centrales sindicales la adhesión a los reclamos así como la convocatoria a un paro general.
Sin embargo, fue después de la emisión del megadecreto que los gremios se plantaron en pie de guerra con el gobierno nacional y motorizaron acciones para frenar el avance de las reformas, entre las que se incluyen la modificación de los cálculos indemnizatorios y la limitación del derecho a huelga.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que se trató de “un cambio de era” al referirse al pedido de permiso que hizo la CGT para movilizarse. “Un hecho histórico que hace a las formas de llevar a cabo las manifestaciones en espacios públicos”, resaltó la funcionaria.
SOBRESEYERON A BULLRICH EN UN CASO DENUNCIADO POR MAPUCHES
La Cámara de Casación dejó firme el sobreseimiento de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que había sido denunciada por integrantes de una comunidad mapuche de Neuquén por ordenar a la Gendarmería Nacional que controle el acceso a un complejo de YPF en esa provincia para realizar trabajos, sin la interferencia de las protestas de los pueblos originarios. La decisión fue tomada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, que rechazaron por inadmisible un recurso de casación interpuesto por el Defensor Público de Víctimas, en representación de Olga Mabel Campo y Lorena Noemí Bravo, de la Comunidad Mapuche Lof Campo Maripe.
Los jueces de Casación respaldaron las decisiones de las instancias anteriores, al entender que de ninguna manera eran arbitrarias, sino basadas en la lógica y en las normas. Los fallos anteriores mencionaron que el Ministerio de Seguridad tienen facultades de ordenar a la Gendarmería Nacional que actúe y máxime cuando YPF solicitó su intervención ante la necesidad de realizar reparaciones y mantenimiento en dos lugares de Neuquén. Pidieron auxilio porque días anteriores integrantes de la Comunidad Mapuche impidieron el ingreso de los operarios de la empresa como protesta porque reclaman que se reconozca sus derechos ancestrales sobre las tierras sobre una zona más extensa, que incluye la conocida como Loma Campana.
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Tensión con la policía y siete detenidos al desconcentrar
Tanto en la Policía de la Ciudad como en la central obrera apuntaron a la presencia de representantes de grupos de izquierda
Camila Dolabjian
La policía porteña, en el momento de la detención de uno de los manifestantes
Tiempo después de que los sindicatos y principales movimientos sociales comenzaran a desconcentrar la manifestación en Plaza Lavalle, un grupo de personas sin identificación con ninguna agrupación comenzó a realizar disturbios y a enfrentarse con la Policía de la Ciudad. Al intentar cortar la avenida Corrientes, la temperatura de protesta se elevó y derivó en violencia por parte de los manifestantes y la reacción policial. “Los de los sindicatos y principales movimientos sociales ya se habían ido. Estuvieron sobre la plaza, no intentaron cortar la calle y desagotaron por las veredas. Los que se pelearon con la policía no tienen nada que ver”, dijeron desde el gobierno porteño.
De acuerdo con fuentes oficiales, se detuvo a siete personas (dos mujeres y cinco hombres) por resistencia a la autoridad. Uno de ellos (el único cuya identidad ya fue ratificada) sería militante de ATE, referenciado en Claudio Lozano. No confirmaron a si fueron la nacion arrestados los responsables de lesiones a terceros grabadas por las cámaras de televisión, como el golpe asestado a un periodista de LN+.
Uno de los detenidos, llamado Martín Miguel Brunas, realizó 21 aportes monetarios a la agrupación “Instrumento electoral por la unidad popular”, conocida como Unidad Popular, (cuyo presidente es Lozano), en los últimos tres años. En los balances de la agrupación, hay anotaciones de transferencias monetarias de Brunas desde 2015. Dirigentes de la CGT y funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires concordaron, al ser consultados, que se trata de unas 50 a 60 personas sin identificación organizacional específica. Según los primeros reconocimientos de las fuerzas policiales, se trataría de grupos minoritarios de izquierda a los que se les sumaron algunos trabajadores “altamente ideologizados” que salieron de trabajar en las cercanías de la concentración.
Los representantes de los distintos movimientos presentes hoy expresaron enojo: “Logramos lo que quisimos. Mostramos el poder de movilización que tenemos sin necesidad de generar quilombo y 20 marginales quieren pudrirla”, dijo un jefe sindical.
En conferencia de prensa, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, dijo que todavía no fue identificada la afiliación de los que causaron incidentes. Aseguró que el 90% de los manifestantes se fueron de manera pacífica, pero que hubo un “desprendimiento” de una columna de personas que intentaron cortar la avenida Corrientes, provocando, por ejemplo, el accidente del policía que fue golpeado por un colectivo. “Se tiraron unos manifestantes para tratar de cortar la calle y una moto de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires los paró, el colectivo no pudo frenar a tiempo y tenemos una víctima, que es un policía de la Ciudad de Buenos Aires, que está hoy internado en el Hospital Italiano”, explicó Bullrich.
“Es lamentable que un grupo pequeño haya realizado este tipo de acciones. Fue una marcha ordenada, una llegada ordenada, con algunos cortes que eran inevitables por la cantidad de gente que había, pero circunscriptos nada más que a la zona donde tenían que estar. No se quedaron instalados en la 9 de Julio antes para llegar a la marcha y ni cortaron la 9 de Julio ni cortaron Corrientes, nada. Llegaron ordenados al lugar donde iban a realizar esta manifestación”, agregó.
Respecto de los manifestantes más violentos, dijo: “Más del 90% de la gente se fue ordenadamente, siguiendo el mismo protocolo, volviendo a sus casas y este grupo, que habrá que identificarlo, intentó generar este desorden”.
Además, la ministra dijo que, con acuerdo de la Ciudad, se habilitará a los comerciantes a reclamar por los daños ocasionados por quienes formaron parte de la protesta y por el lucro cesante del día perdido de trabajo. La CGT ofreció un seguro de caución por $100 millones que se ejecutaría para compensar los perjuicios.
“Son días importantes, donde se vende mucho por ser Año Nuevo, por ser momentos de fiestas, con lo cual hay lucro cesante. Y esas pintadas que puedan haber sufrido los comerciantes, al haber habido un ofrecimiento de un seguro de caución por parte de la CGT, de acuerdo con nuestra interpretación (la interpretación final la hará la Ciudad de Buenos Aires) es que los comerciantes pueden pedirle que se ejecute ese seguro de caución para poder cobrar los daños y el lucro cesante que tuvieron por no poder trabajar toda la tarde y por haber tenido en algunos casos pintadas u otros daños”, cerró.
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Masiva protesta de gremios estatales en Rosario y en Santa Fe contra el megadecreto de Javier Milei
Los gremios reunidos en la CGT y en la CTA realizaron marchas multitudinarias en la provincia; en Rosario hubo cortes de calles; no se produjeron incidentes
Germán de los Santos
Fuerte movilización de gremios estatales y organizaciones sociales en Rosario
ROSARIO.- Las ciudades de Santa Fe y Rosario fueron escenario de multitudinarias protestas de los gremios nucleados en la CGT y la CTA para rechazar el decreto de necesidad y urgencia 70/2023, del presidente Javier Milei. En Rosario, a diferencia de lo que ocurrió en Santa Fe, se realizaron cortes de calles durante la marcha, pero no se produjeron. Incidentes.
Desde que se inició la gestión de La Libertad Avanza, en Rosario comenzaron a repetirse marchas y protestas contra las decisiones que figuran en el DNU. El jueves 21 de diciembre se produjo una multitudinaria marcha en el Monumento a la Bandera, donde hubo una fuerte presencia de gremios y organizaciones sociales, pero también de ciudadanos independientes.
Este miércoles, los sindicatos reunidos en la CGT y en la CTA realizaron una demostración de fuerzas en las dos principales ciudades santafesinas, como Rosario y la capital provincial. En la primera, una multitud se reunió en Corrientes y Córdoba, desde allí los manifestantes marcharon hasta la plaza San Martín. Se realizaron cortes de calles, pero no se produjeron incidentes. Santa Fe no adhirió al llamado protocolo antipiquetes impulsado por la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich.
Con banderas, pancartas y los tradicionales bombos, los manifestantes marcharon por la calle Córdoba hasta la plaza que se encuentra frente a la sede de la gobernación. Allí entonaron cánticos y con aplausos sostenidos rechazaron las medidas lanzadas por el gobierno nacional.
De la marcha participaron organizaciones sindicales, políticas y también se sumaron sectores independientes. Entre ellas, ATE Rosario, Amsafé Rosario, Siprus, y distintos sectores del Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (Fitu), en consonancia con la convocatoria que en Buenos Aires hicieron la CGT y ambas CTA, además de Unidad Piquetera, frente a los tribunales porteños.
“¡Con lucha y organización enfrentemos las medidas de ajuste!”, fue la proclama planteada por los trabajadores de ATE, quienes se declararon en estado de alerta y movilización permanente, luego del anuncio del gobierno nacional de la eliminación de unos 7000 puestos laborales de trabajadores estatales.
El MONUMENTO A LA Bandera, en Rosario, fue escenario de protestas en los últimos días
La educación y el protocolo
El gremio de los docentes estatales, Amsafé Rosario, llevó la consigna “Abajo el decretazo de Milei, no al ajuste contra los trabajadores, abajo el protocolo de Patricia Bullrich”, a lo que sumó un pedido de “paro nacional ya”.
Gustavo Teres, del gremio docente, dijo que el DNU de Milei “poco tiene que ver con las necesidades de la gente” y observó que no hay ninguna iniciativa para ayudar a las infancias, por ejemplo. Sostuvo que las 366 medidas del llamado decretazo “no son necesarias ni urgentes”. Y agregó: “A Milei lo eligió la gente, pero no le dieron un cheque en blanco”.
En tanto, la secretaria general de ATE Rosario, Lorena Almirón, señaló, en declaraciones a Radio Dos: “Este decreto nada tiene que ver con favorecer al pueblo o a los trabajadores. Implica privatizaciones y desregulaciones en lo laboral, lo económico y el mercado inmobiliario. También limita el derecho a huelga, porque declara más actividades como servicios esenciales”.
En la capital de Santa Fe, los gremios marcharon por el centro sin cortar las calles. Se concentraron frente al Banco Nación, en la intersección de San Martín y Tucumán, donde realizaron un abrazo simbólico a la institución bancaria, en rechazo al DNU presidencial que desregula la economía.
José Testoni, secretario general de la CTA Santa Fe, destacó que “la marcha confluyó en el Banco Nación porque está siendo amenazado por este mega decreto de necesidad y urgencia, que viene a destruir lo que se construyó durante décadas en la Argentina”.
Tiempo después de que los sindicatos y principales movimientos sociales comenzaran a desconcentrar la manifestación en Plaza Lavalle, un grupo de personas sin identificación con ninguna agrupación comenzó a realizar disturbios y a enfrentarse con la Policía de la Ciudad. Al intentar cortar la avenida Corrientes, la temperatura de protesta se elevó y derivó en violencia por parte de los manifestantes y la reacción policial. “Los de los sindicatos y principales movimientos sociales ya se habían ido. Estuvieron sobre la plaza, no intentaron cortar la calle y desagotaron por las veredas. Los que se pelearon con la policía no tienen nada que ver”, dijeron desde el gobierno porteño.
De acuerdo con fuentes oficiales, se detuvo a siete personas (dos mujeres y cinco hombres) por resistencia a la autoridad. Uno de ellos (el único cuya identidad ya fue ratificada) sería militante de ATE, referenciado en Claudio Lozano. No confirmaron a si fueron la nacion arrestados los responsables de lesiones a terceros grabadas por las cámaras de televisión, como el golpe asestado a un periodista de LN+.
Uno de los detenidos, llamado Martín Miguel Brunas, realizó 21 aportes monetarios a la agrupación “Instrumento electoral por la unidad popular”, conocida como Unidad Popular, (cuyo presidente es Lozano), en los últimos tres años. En los balances de la agrupación, hay anotaciones de transferencias monetarias de Brunas desde 2015. Dirigentes de la CGT y funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires concordaron, al ser consultados, que se trata de unas 50 a 60 personas sin identificación organizacional específica. Según los primeros reconocimientos de las fuerzas policiales, se trataría de grupos minoritarios de izquierda a los que se les sumaron algunos trabajadores “altamente ideologizados” que salieron de trabajar en las cercanías de la concentración.
Los representantes de los distintos movimientos presentes hoy expresaron enojo: “Logramos lo que quisimos. Mostramos el poder de movilización que tenemos sin necesidad de generar quilombo y 20 marginales quieren pudrirla”, dijo un jefe sindical.
En conferencia de prensa, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, dijo que todavía no fue identificada la afiliación de los que causaron incidentes. Aseguró que el 90% de los manifestantes se fueron de manera pacífica, pero que hubo un “desprendimiento” de una columna de personas que intentaron cortar la avenida Corrientes, provocando, por ejemplo, el accidente del policía que fue golpeado por un colectivo. “Se tiraron unos manifestantes para tratar de cortar la calle y una moto de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires los paró, el colectivo no pudo frenar a tiempo y tenemos una víctima, que es un policía de la Ciudad de Buenos Aires, que está hoy internado en el Hospital Italiano”, explicó Bullrich.
“Es lamentable que un grupo pequeño haya realizado este tipo de acciones. Fue una marcha ordenada, una llegada ordenada, con algunos cortes que eran inevitables por la cantidad de gente que había, pero circunscriptos nada más que a la zona donde tenían que estar. No se quedaron instalados en la 9 de Julio antes para llegar a la marcha y ni cortaron la 9 de Julio ni cortaron Corrientes, nada. Llegaron ordenados al lugar donde iban a realizar esta manifestación”, agregó.
Respecto de los manifestantes más violentos, dijo: “Más del 90% de la gente se fue ordenadamente, siguiendo el mismo protocolo, volviendo a sus casas y este grupo, que habrá que identificarlo, intentó generar este desorden”.
Además, la ministra dijo que, con acuerdo de la Ciudad, se habilitará a los comerciantes a reclamar por los daños ocasionados por quienes formaron parte de la protesta y por el lucro cesante del día perdido de trabajo. La CGT ofreció un seguro de caución por $100 millones que se ejecutaría para compensar los perjuicios.
“Son días importantes, donde se vende mucho por ser Año Nuevo, por ser momentos de fiestas, con lo cual hay lucro cesante. Y esas pintadas que puedan haber sufrido los comerciantes, al haber habido un ofrecimiento de un seguro de caución por parte de la CGT, de acuerdo con nuestra interpretación (la interpretación final la hará la Ciudad de Buenos Aires) es que los comerciantes pueden pedirle que se ejecute ese seguro de caución para poder cobrar los daños y el lucro cesante que tuvieron por no poder trabajar toda la tarde y por haber tenido en algunos casos pintadas u otros daños”, cerró.
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Masiva protesta de gremios estatales en Rosario y en Santa Fe contra el megadecreto de Javier Milei
Los gremios reunidos en la CGT y en la CTA realizaron marchas multitudinarias en la provincia; en Rosario hubo cortes de calles; no se produjeron incidentes
Germán de los Santos
Fuerte movilización de gremios estatales y organizaciones sociales en RosarioROSARIO.- Las ciudades de Santa Fe y Rosario fueron escenario de multitudinarias protestas de los gremios nucleados en la CGT y la CTA para rechazar el decreto de necesidad y urgencia 70/2023, del presidente Javier Milei. En Rosario, a diferencia de lo que ocurrió en Santa Fe, se realizaron cortes de calles durante la marcha, pero no se produjeron. Incidentes.
Desde que se inició la gestión de La Libertad Avanza, en Rosario comenzaron a repetirse marchas y protestas contra las decisiones que figuran en el DNU. El jueves 21 de diciembre se produjo una multitudinaria marcha en el Monumento a la Bandera, donde hubo una fuerte presencia de gremios y organizaciones sociales, pero también de ciudadanos independientes.
Este miércoles, los sindicatos reunidos en la CGT y en la CTA realizaron una demostración de fuerzas en las dos principales ciudades santafesinas, como Rosario y la capital provincial. En la primera, una multitud se reunió en Corrientes y Córdoba, desde allí los manifestantes marcharon hasta la plaza San Martín. Se realizaron cortes de calles, pero no se produjeron incidentes. Santa Fe no adhirió al llamado protocolo antipiquetes impulsado por la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich.
Con banderas, pancartas y los tradicionales bombos, los manifestantes marcharon por la calle Córdoba hasta la plaza que se encuentra frente a la sede de la gobernación. Allí entonaron cánticos y con aplausos sostenidos rechazaron las medidas lanzadas por el gobierno nacional.
De la marcha participaron organizaciones sindicales, políticas y también se sumaron sectores independientes. Entre ellas, ATE Rosario, Amsafé Rosario, Siprus, y distintos sectores del Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (Fitu), en consonancia con la convocatoria que en Buenos Aires hicieron la CGT y ambas CTA, además de Unidad Piquetera, frente a los tribunales porteños.
“¡Con lucha y organización enfrentemos las medidas de ajuste!”, fue la proclama planteada por los trabajadores de ATE, quienes se declararon en estado de alerta y movilización permanente, luego del anuncio del gobierno nacional de la eliminación de unos 7000 puestos laborales de trabajadores estatales.
El MONUMENTO A LA Bandera, en Rosario, fue escenario de protestas en los últimos díasLa educación y el protocolo
El gremio de los docentes estatales, Amsafé Rosario, llevó la consigna “Abajo el decretazo de Milei, no al ajuste contra los trabajadores, abajo el protocolo de Patricia Bullrich”, a lo que sumó un pedido de “paro nacional ya”.
Gustavo Teres, del gremio docente, dijo que el DNU de Milei “poco tiene que ver con las necesidades de la gente” y observó que no hay ninguna iniciativa para ayudar a las infancias, por ejemplo. Sostuvo que las 366 medidas del llamado decretazo “no son necesarias ni urgentes”. Y agregó: “A Milei lo eligió la gente, pero no le dieron un cheque en blanco”.
En tanto, la secretaria general de ATE Rosario, Lorena Almirón, señaló, en declaraciones a Radio Dos: “Este decreto nada tiene que ver con favorecer al pueblo o a los trabajadores. Implica privatizaciones y desregulaciones en lo laboral, lo económico y el mercado inmobiliario. También limita el derecho a huelga, porque declara más actividades como servicios esenciales”.
En la capital de Santa Fe, los gremios marcharon por el centro sin cortar las calles. Se concentraron frente al Banco Nación, en la intersección de San Martín y Tucumán, donde realizaron un abrazo simbólico a la institución bancaria, en rechazo al DNU presidencial que desregula la economía.
José Testoni, secretario general de la CTA Santa Fe, destacó que “la marcha confluyó en el Banco Nación porque está siendo amenazado por este mega decreto de necesidad y urgencia, que viene a destruir lo que se construyó durante décadas en la Argentina”.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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