MOVILIDAD JUBILATORIA Y REFORMA ELECTORAL

Buscan suspender la movilidad jubilatoria
Silvia Stang
El proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación incluye la propuesta de suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria. El texto no especifica el plazo de la suspensión. Y se pretende que se faculte al Poder Ejecutivo a fijar una nueva modalidad para calcularlos re ajustes periódicos, con la única indicación de que se consideren “criterios de equidad y sustentabilidad económica”.
Mientras no esté dispuesta una nueva fórmula, agrega el artículo 106 del proyecto, “el Poder Ejecutivo nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”. No se indica cuál sería la periodicidad y se busca que se habilite a los funcionarios a decidir reajustes que no sean iguales para todos, algo que ya estuvo ocurriendo en los últimos años, y que derivó en que, en un escenario negativo para todos dada la inflación, los que más aportaron sean los que más poder adquisitivo pierden. La estrategia de diferenciar los aumentos se intensificó en los últimos tiempos por el pago de bonos que es solo para un grupo, y es una fuente de reclamos judiciales.
Para lo inmediato, no hubo tampoco ninguna definición por parte del Gobierno. Los jubilado s que cobran hasta $160.713 recibieron este mes un bono que en enero no estará vigente. Y, con una altísima inflación, muchos recibirían menos pesos que en los últimos meses.
Este año, la suba de los haberes fue de 110,9% por la aplicación de la fórmula que rige desde 2021 (en 2020, el gobierno de Alberto Fernández suspendió el cálculo antes vigente, para dar reajustes discrecionales, y el tema terminó en la Justicia). Como la inflación anual podría ubicarse en un nivel de entre 210% y 225%, la pérdida del valor real de los ingresos rondará entre 32% y 35%, en el caso de quienes no recibieron bonos. La pérdida será mayor para quienes tenían algún adicional en el inicio del año y ahora, ya no. Y para quienescobran el haber mínimo, el año termina, aun con el bono, con una caída del poder de compra de alrededor de 18%.
La fórmula tiene un tope para la suba anual de las jubilaciones y eso perjudicó a los jubilados. De hecho, el cálculo dio para diciembre entre 28% y 29%, pero, por la vigencia del techo, se dio un alza de 20,87%.
La promesa expresada por el ministro de Economía, Luis Caputo, es que con las subas por decreto, en caso de suspenderse el cálculo, los jubilados cobrarían ingresos mayores que los que se percibirían con la movilidad. Que tal cosa ocurra en los próximos meses es algo posible, porque la movilidad va muy por detrás de la inflación, y eso seguirá así en un contexto de suba de precios creciente.Más adelante, si la inflación comienza a aliviarse, al haberse eliminado la movilidad se habrá quitado un mecanismo de indexación que complicaría al fisco. Una cuestión que es una incógnita es si habrá un criterio para los reajustes que se darán por decreto.

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Impulsan una fuerte reforma electoral que modificaría la representación en Diputados
El proyecto propone el sistema de “circunscripción uninominal”, elimina las PASO y modifica la cantidad de legisladores por distrito

Maia Jastreblansky
El proyecto de “ley ómnibus” de Javier Milei contiene una reforma electoral de muy alto impacto. La iniciativa presidencial busca derogar las PASO e impulsa un cambio profundo en el modelo de representación popular, ya que busca pasar a un sistema de elección por “circunscripciones uninominales” para la designación de diputados nacionales, con el argumento de evitar las llamadas “listas sábana”.
Por último, el proyecto busca introducir modificaciones en el financiamiento de las campañas, en la difusión de los spots electorales en medios audiovisuales y en la publicación de encuestas y sondeos de opinión en época electoral.
En el temario que Milei envió al Congreso, en tanto, figura el proyecto de boleta única de papel, que ya tuvo media sanción en Diputados. Elimina la llamada boleta “sábana partidaria” y la sustituye por una que concentra toda la oferta electoral.
En paralelo, el proyecto enviado al Congreso cambia la composición de la Cámara de Diputados al modificar la representación de las provincias. De aprobarse, la iniciativa bajaría la cantidad de representantes de 16 distritos y aumentaría fuertemente las bancas de la provincia de Buenos Aires, que pasaría a tener 97 legisladores, 27 más que en la actualidad.
El proyecto, finalmente, introduce modificaciones en el financiamiento de las campañas, en la difusión de los spots electorales en medios audiovisuales y en la publicación de encuestas y sondeos de opinión en época electoral.
El modelo de “circunscripciones uninominales”, que sigue el estilo anglosajón, estuvo vigente en la Argentina a principios de siglo XX, entre 1902 y 1905. Fue impuesto por el entonces presidente Julio Argentino Roca –que es reivindicado por el actual mandatario– y derogado por su sucesor, Manuel Quintana. Hoy se vota así en países como Gran Bretaña y los Estados Unidos, pero no en América Latina.
El sistema de elección por circunscripciones uninominales implica dividir el territorio de cada provincia en tantas partes o circunscripciones como bancas a elegir en la Cámara baja. Cada partido político, entonces, presentaría un único candidato por cada circunscripción y en cada una de ellas se elegiría a un único representante por simple mayoría.
Se trataría de un giro copernicano respecto del sistema de votación argentino actual, que es de representación proporcional, donde los partidos o coaliciones presentan una lista de candidatos al Congreso en cada provincia y los cargos se reparten proporcionalmente (mediante el sistema D’Hondt) de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos por cada frente político.
“Cada distrito se dividirá en un número de circunscripciones igual al número de diputados que se eligen. Cada elector votará solamente por una lista integrada por un candidato titular y un candidato suplente que deben ser de diferente género”, dice el artículo 158 del proyecto enviado por Milei.
Los defensores de este sistema apuntan a la proximidad de los diputados con el territorio que representan y destacan que, con este modelo, todos los que obtienen un escaño en la Cámara baja habrán ganado los comicios a título personal y no como parte de una “lista sábana”.
Los detractores del modelo de elección por circunscripciones uninominales, en cambio, apuntan que este sistema atenta contra la representación de las minorías y de los partidos más chicos, que habitualmente obtienen bancas gracias a la suma de los votos de todo un distrito mediante el reparto proporcional por sistema D’Hondt.
La otra duda que presenta este sistema es cómo se delimitarán las circunscripciones o cómo se dibujarán los circuitos electorales en el interior de cada provincia. En los Estados Unidos, donde se vota con este sistema, es cuestionada la maniobra conocida como gerry-mandering, que implica la manipulación en el diseño de las circunscripciones electorales con el objetivo de beneficiar a un partido particular.
PASO y debate
El artículo 451 del proyecto de “ley ómnibus” deroga el sistema de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que comenzó a aplicarse en 2011. “La eliminación de las PASO les devuelve la autonomía a los partidos políticos para que decidan sus candidatos a cargos nacionales de la manera que consideren más apropiada, a la vez que le quita el peso al contribuyente de tener que estar financiando de manera compulsiva la actividad política, que es, en esencia, un interés particular de un sector de la sociedad”, señala en sus fundamentos el proyecto.
La reforma también elimina las sanciones para los candidatos presidenciales que se nieguen a participar en los debates.
Más bancas para Buenos Aires
Además de proponer pasar a un sistema “circunscripciones uninominales”, el proyecto cambia notablemente la composición de la Cámara de Diputados al modificar la representación de las provincias.
La iniciativa modifica el artículo 3º del decreto ley 22.847, la llamada “ley Bignone”, sancionada en julio de 1983, durante la última dictadura, para convocar a las elecciones en las que terminó imponiéndose Raúl Alfonsín. En esa norma se fijó que “el número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 161.000 habitantes”. A esa representación se le agregaron “pisos”, adhiriendo por cada distrito “tres diputados, no pudiendo en ningún caso ser menor de cinco diputados” por provincia. Además, esa norma aseguró que ninguna provincia tuviera un número inferior de representantes al que tenía en el período democrático interrumpido en 1976.
La iniciativa de Milei busca quitar el piso de cinco diputados para cada provincia. “El número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 180.000 habitantes o fracción no menor de 90.000”, señala el artículo 450 del proyecto de ley del gobierno libertario. Aunque no lo especifica, se estima que también modificaría la asignación de 25 bancas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (que se fijó en 1996).
Según un estudio realizado por el Centro de Investigación para la Calidad Democrática (Cidac), la cantidad de diputados nacionales con el nuevo proyecto pasaría de 257 a 255. El distrito que vería caer más escaños es la Capital Federal: pasaría de 25 a 17 diputados.
Otros distritos que verían disminuida su participación en la Cámara baja son: Tierra del Fuego, Catamarca, La Rioja, La Pampa, y Santa Cruz, Formosa, Chubut, San Luis, Chaco, Santiago del Estero, San Juan, Jujuy, Río Negro, Neuquén y Entre Ríos.
El otro cambio sustancial se vería en la representación de Buenos Aires que ganaría 27 bancas (de 70 a 97). Córdoba sumaría tres escaños mientras que Santa Fe, Mendoza, Tucumán y Salta sumarían un diputado más cada una.
Respecto de la vida de los partidos políticos y al financiamiento de las campañas el proyecto del Poder Ejecutivo modifica cuatro leyes vigentes. Lo más sustancial es que deroga los montos máximos de los aportes que pueden recibir los frentes políticos y elimina los topes de gastos destinados a la campaña electoral. En otras palabras, los partidos pueden recibir donaciones de privados sin límites y gastar sin techo.
El proyecto elimina los desembolsos que hace el Estado para que las coaliciones puedan imprimir boletas en elecciones. También reduce los fondos correspondientes al aporte para campañas electorales y al Fondo Partidario Permanente.
La iniciativa de Milei, en tanto, deroga la distribución de los espacios de publicidad electoral en los servicios de comunicación audiovisual, es decir que se terminaría la difusión de spots de forma obligatoria en radio y televisión.

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