Investigan las casas de Insaurralde y Clerici por lavado
Fueron compradas “en secreto” y la Justicia sospecha que son producto del delito; dispuso la “prohibición de innovar” sobre las propiedades del exjefe de Gabinete de Kicillof y la modelo
Hernán Cappiello
Martín Insaurralde, exintendente de Lomas de Zamora
La Justicia aseguró que el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde y su pareja Sofía Clerici compraron las lujosas casas que habitaban en sendos barrios cerrados “en secreto”, de modo de no aparecer como sus verdaderos propietarios, y sospecha que fueron adquiridas con dinero producto del delito de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, por el que se los investiga.
Por eso es que el juez federal de Lomas de Zamora Ernesto Kreplak dispuso la “prohibición de innovar” con respecto a esas dos propiedades, lo que hace que no se puedan vender, hipotecar o hacerlas desaparecer. Esta medida es complementaria de la inhibición general de bienes dispuesta por el juez a pedido del fiscal Sergio Mola. Lo que sucede es que como estas viviendas no estaban a nombre de Clerici o de Insaurralde no estaban alcanzadas por la medida.
El escándalo que salpicó a Insaurralde y lo obligó a renunciar como jefe de Gabinete de Axel Kicillof estalló en plena campaña electoral cuando Sofía Clerici publicó en su cuenta de Instagram fotos de ambos navegando en un yate en el Mediterráneo, frente a Marbella.
Se trató de un viaje de placer donde solo el alquiler del yate Bandido insumió 14.000 euros, la reserva para su uso la hizo la propia modelo y la cuenta del exclusivo hotel donde se alojó la pareja una semana redondeó los 24.000 euros. Insaurralde viajó en primera y el pasaje en avión por Iberia en business costó 8139,30 dólares, para ir a Europa. Fue adquirido por una agencia de turismo de Miami, el día anterior al vuelo, y se pagó con una tarjeta de crédito American Express emitida en Estados Unidos, de la que se tiene la numeración parcial. Clerici sacó el pasaje el 17 de agosto por Air Europa, para viajar el 7 de septiembre al aeropuerto de Barajas, en Madrid, y pagó 3.801.993,60 pesos en efectivo. Lo sacó también mediante una agencia de viajes. Estas revelaciones motivaron que se abriera una causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que abarca a Insaurralde, a su exesposa Jesica Cirio y a Clerici, que exhibió en su Instagram costosos regalos, como relojes y joyas, supuestamente adquiridos en ese viaje. El juez allanó la casa donde vivía Insaurralde en un country en San Vicente, que no está declarada en su declaración jurada de bienes y la vivienda donde vivía Clerici en Nordelta, donde la Justicia decomisó casi 600.000 dólares.
Ahora, el juez y el fiscal descubrieron la propiedad ubicada en los lotes 242 y 243 del barrio Fincas de San Vicente Club de Chacras, que fue adquirida por la empresa Sasaxa Libero SA, como adjudicataria, y la compañía Grandes Emprendimientos Inmobiliarios SA, como fiduciante. Insauralde vivió allí y es director suplente de Sasaxa Libero SA, y su hijo Martín Luciano Insaurralde contaba con un poder general de administración y disposición para actuar como apoderado de Sasaxa Libero SA. Por otro lado, la casa donde vivía Sofía Clerici en el barrio Los Lagos de Nordelta fue comprada por medio de una cesión de derechos a la empresa Nogoyá 3333 SA. La modelo figura como presidenta de la empresa.
El juez aseguró: “Así las cosas, se puede concluir que ambas propiedades, si bien pertenecían a Insaurralde y Clerici y eran el lugar en donde residían habitualmente, no fueron adquiridas a título personal” ni firmaron documentos de compra venta, sino que “lo habrían hecho de manera secreta, o al menos oculta, con el fin de salvaguardar sus identidad es ”, y concluyó que“ambos inmuebles podrían ser producto de las actividades que aquí se investigan”. Kreplak entendió que esta manera de comprar propiedades “de manera subrepticia” se suele usar para “disimular” los bienes que “sean producto de su ilícita labor” y para “su rápida transferencia”. Y por eso dispuso la medida de no innovar sobre las sociedades, sugeridas por el fiscal, complementaria de la inhibición general de bienes de Insaurralde y Clerici, “a fin de asegurar los bienes en cuestión y evitar que los investigados puedan transferir los derechos que recaen sobre ellos”.
La Justicia aseguró que el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde y su pareja Sofía Clerici compraron las lujosas casas que habitaban en sendos barrios cerrados “en secreto”, de modo de no aparecer como sus verdaderos propietarios, y sospecha que fueron adquiridas con dinero producto del delito de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, por el que se los investiga.
Por eso es que el juez federal de Lomas de Zamora Ernesto Kreplak dispuso la “prohibición de innovar” con respecto a esas dos propiedades, lo que hace que no se puedan vender, hipotecar o hacerlas desaparecer. Esta medida es complementaria de la inhibición general de bienes dispuesta por el juez a pedido del fiscal Sergio Mola. Lo que sucede es que como estas viviendas no estaban a nombre de Clerici o de Insaurralde no estaban alcanzadas por la medida.
El escándalo que salpicó a Insaurralde y lo obligó a renunciar como jefe de Gabinete de Axel Kicillof estalló en plena campaña electoral cuando Sofía Clerici publicó en su cuenta de Instagram fotos de ambos navegando en un yate en el Mediterráneo, frente a Marbella.
Se trató de un viaje de placer donde solo el alquiler del yate Bandido insumió 14.000 euros, la reserva para su uso la hizo la propia modelo y la cuenta del exclusivo hotel donde se alojó la pareja una semana redondeó los 24.000 euros. Insaurralde viajó en primera y el pasaje en avión por Iberia en business costó 8139,30 dólares, para ir a Europa. Fue adquirido por una agencia de turismo de Miami, el día anterior al vuelo, y se pagó con una tarjeta de crédito American Express emitida en Estados Unidos, de la que se tiene la numeración parcial. Clerici sacó el pasaje el 17 de agosto por Air Europa, para viajar el 7 de septiembre al aeropuerto de Barajas, en Madrid, y pagó 3.801.993,60 pesos en efectivo. Lo sacó también mediante una agencia de viajes. Estas revelaciones motivaron que se abriera una causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que abarca a Insaurralde, a su exesposa Jesica Cirio y a Clerici, que exhibió en su Instagram costosos regalos, como relojes y joyas, supuestamente adquiridos en ese viaje. El juez allanó la casa donde vivía Insaurralde en un country en San Vicente, que no está declarada en su declaración jurada de bienes y la vivienda donde vivía Clerici en Nordelta, donde la Justicia decomisó casi 600.000 dólares.
Ahora, el juez y el fiscal descubrieron la propiedad ubicada en los lotes 242 y 243 del barrio Fincas de San Vicente Club de Chacras, que fue adquirida por la empresa Sasaxa Libero SA, como adjudicataria, y la compañía Grandes Emprendimientos Inmobiliarios SA, como fiduciante. Insauralde vivió allí y es director suplente de Sasaxa Libero SA, y su hijo Martín Luciano Insaurralde contaba con un poder general de administración y disposición para actuar como apoderado de Sasaxa Libero SA. Por otro lado, la casa donde vivía Sofía Clerici en el barrio Los Lagos de Nordelta fue comprada por medio de una cesión de derechos a la empresa Nogoyá 3333 SA. La modelo figura como presidenta de la empresa.
El juez aseguró: “Así las cosas, se puede concluir que ambas propiedades, si bien pertenecían a Insaurralde y Clerici y eran el lugar en donde residían habitualmente, no fueron adquiridas a título personal” ni firmaron documentos de compra venta, sino que “lo habrían hecho de manera secreta, o al menos oculta, con el fin de salvaguardar sus identidad es ”, y concluyó que“ambos inmuebles podrían ser producto de las actividades que aquí se investigan”. Kreplak entendió que esta manera de comprar propiedades “de manera subrepticia” se suele usar para “disimular” los bienes que “sean producto de su ilícita labor” y para “su rápida transferencia”. Y por eso dispuso la medida de no innovar sobre las sociedades, sugeridas por el fiscal, complementaria de la inhibición general de bienes de Insaurralde y Clerici, “a fin de asegurar los bienes en cuestión y evitar que los investigados puedan transferir los derechos que recaen sobre ellos”.
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Un tribunal de Columbia había solicitado el envío de la aeronave, que está secuestrada en Ezeiza desde hace un año
En respuesta a un pedido formulado por la Justicia estadounidense, la fiscal federal Cecilia Incardona avaló el decomiso del avión de carga del Estado venezolano que aterrizó hace un año y medio en la Argentina, con tripulantes venezolanos e iraníes sospechados de espionaje, y que desde junio del año pasado está custodiado en una pista del aeropuerto de Ezeiza. El juez del caso que investigó las circunstancias del aterrizaje del avión es Federico Villena, quien deberá responder si hace lugar al decomiso.
La fiscal tomó en cuenta el Tratado de Asistencia Jurídica Internacional existente entre la Argentina y Estados Unidos y dijo que respetar el acuerdo implica hacer lugar al decomiso.
“Entiendo que la petición es formalmente procedente, en tanto reúne los requisitos legales de admisibilidad que establece el Tratado de Asistencia Jurídica Internacional entre Argentina y Estados Unidos”, concluyó la fiscal en el dictamen, al que accedió
“Resulta imperativo dar cumplimiento al compromiso asumido por el Estado argentino al suscribir el tratado. Actuar en sentido contrario podría implicar la responsabilidad internacional de la República Argentina, tal como lo afirmara nuestra Corte Suprema de Justicia”, consideró la fiscal.
Incardo na detalló circunstancias del pedido: “La orden de decomiso se origina en el siguiente hecho: múltiples transferencias no autorizadas de custodia y/o control de la aeronave en cuestión, dado que la aerolínea iraní Mahan Air hizo una transferencia del Boeing a la aerolínea venezolana Emtrasur, empresa que reexportó el Boeing a destinos que incluyen los países de Irán y Rusia, lo que habría ocurrido en violación de la ley estadounidense”.
La ley de cooperación internacional en materia penal establece que la Argentina prestará a cualquier Estado que lo requiera “la más amplia ayuda relacionada con la investigación, el juzgamiento y la punición de delitos que correspondan a la jurisdicción de aquel y que si existiera un tratado entre el Estado requirente y la República Argentina, sus normas regirán el trámite de la ayuda”.
Sospechas de espionaje
El Boeing de Emtrasur aterrizó en Ezeiza el 6 de junio de 2022 y las sospechas fueron en torno a si sus tripulantes, venezolanos e iraníes, estaban haciendo tareas de espionaje. La aeronave pertenece a Venezuela en los papeles y fue comprada a la empresa de Irán Mahan Air, pero Estados Unidos la quiere decomisar porque entiende que se violó una ley norteamericana que prohíbe negociar bienes norteamericanos con empresas listadas como sospechosas de terrorismo.
En su momento, el gobierno venezolano de Nicolás Maduro pidió a las autoridades argentinas que el avión venezolano iraní, que se encuentra secuestrado en Ezeiza, fuera devuelto a ese país. Pero la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata ordenó su secuestro. El juez Villena, finalmente, sobreseyó a la mayoría de sus tripulantes, les dictó la falta de mérito a otros y permitió su salida del país. Eran 19 tripulantes del avión de Emtrasur, cuatro iraníes, entre ellos el piloto y el copiloto, y 15 venezolanos.
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El tribunal de Resistencia reprogramó para febrero la primera audiencia por la presunta evasión de decenas de millones
Hugo Alconada Mon
El juicio oral que debe enfrentar Lázaro Báez en Chaco se postergó por tercera vez. El presunto testaferro de la familia Kirchner debía sentarse el 20 de octubre en el banquillo de los acusados, acusado de evadir decenas de millones de pesos provenientes de la obra pública, pero la primera audiencia pasó para el 5 de este mes, luego se postergó para el 19 y terminó por reprogramarse para febrero próximo, confirmaron fuentes judiciales a la nacion.
La decisión de postergar el juicio oral sucesivas veces la adoptó el Tribunal Oral Federal de Resistencia, a raíz de las demoras registradas para avanzar en la producción de las pruebas; entre ellas, el peritaje en el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia, según reportó el Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de la Gendarmería.
Un dato significativo, sin embargo, es que en marzo de este año el tribunal encomendó a cada parte –fiscalía y defensas– diligenciar las medidas de prueba que propuso, según consta en una copia de la resolución que obtuvo la nacion, abriendo la posibilidad de que los abogados de Báez y otros acusados retrasen la tramitación del proceso de acuerdo con sus conveniencias.
Báez debe afrontar el juicio oral junto a su socio en la constructora Sucesores de Adelmo Biancalani, el otrora senador nacional por el Partido Justicialista Fabio Biancalani, y tres de sus colaboradores más cercanos, Julio Mendoza –quien llegó a presidir Austral Construcciones–, Claudio Bustos y Jorge Chueco, quienes ya arrastran una condena penal en Buenos Aires.
La acusación que Báez y los otros cuatro acusados afrontarán, acaso en febrero, en la capital chaqueña se centra en las presuntas maniobras delictivas con facturas truchas que habrían desarrollado a través de la constructora Sucesores de Adelmo Biancalani y que, de confirmarse, podrían configurar el “delito precedente” para la condena que el presunto testaferro de la familia Kirchner arrastra ya por lavado de activos. Según determinó el tribunal oral conformado por las juezas Noemí Marta Berros, Mariela Emilce Rojas y Lilia Graciela Carnero, las audiencias se celebrarán una vez por semana y se prevé que se extiendan a lo largo del primer semestre de 2024. Báez, Mendoza, Bustos y Biancalani llegaron a la instancia oral con embargos por $52 millones cada uno, montos que, de ser hallados culpables, deberían cubrir la cifra que la AFIP estimó que habrían evadido en los impuestos a las ganancias e IVA mediante el uso masivo e intensivo de facturas apócrifas, en tanto que Chueco sobrelleva un embargo de $3 millones.
Tanto para Báez y Mendoza como para Bustos, además, la pesquisa que se desarrolló durante años en Chaco representó una de las tres grandes investigaciones judiciales que afrontaron por la presunta evasión a escala multimillonaria que habrían desarrollado durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
El juicio oral que debe enfrentar Lázaro Báez en Chaco se postergó por tercera vez. El presunto testaferro de la familia Kirchner debía sentarse el 20 de octubre en el banquillo de los acusados, acusado de evadir decenas de millones de pesos provenientes de la obra pública, pero la primera audiencia pasó para el 5 de este mes, luego se postergó para el 19 y terminó por reprogramarse para febrero próximo, confirmaron fuentes judiciales a la nacion.
La decisión de postergar el juicio oral sucesivas veces la adoptó el Tribunal Oral Federal de Resistencia, a raíz de las demoras registradas para avanzar en la producción de las pruebas; entre ellas, el peritaje en el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia, según reportó el Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de la Gendarmería.
Un dato significativo, sin embargo, es que en marzo de este año el tribunal encomendó a cada parte –fiscalía y defensas– diligenciar las medidas de prueba que propuso, según consta en una copia de la resolución que obtuvo la nacion, abriendo la posibilidad de que los abogados de Báez y otros acusados retrasen la tramitación del proceso de acuerdo con sus conveniencias.
Báez debe afrontar el juicio oral junto a su socio en la constructora Sucesores de Adelmo Biancalani, el otrora senador nacional por el Partido Justicialista Fabio Biancalani, y tres de sus colaboradores más cercanos, Julio Mendoza –quien llegó a presidir Austral Construcciones–, Claudio Bustos y Jorge Chueco, quienes ya arrastran una condena penal en Buenos Aires.
La acusación que Báez y los otros cuatro acusados afrontarán, acaso en febrero, en la capital chaqueña se centra en las presuntas maniobras delictivas con facturas truchas que habrían desarrollado a través de la constructora Sucesores de Adelmo Biancalani y que, de confirmarse, podrían configurar el “delito precedente” para la condena que el presunto testaferro de la familia Kirchner arrastra ya por lavado de activos. Según determinó el tribunal oral conformado por las juezas Noemí Marta Berros, Mariela Emilce Rojas y Lilia Graciela Carnero, las audiencias se celebrarán una vez por semana y se prevé que se extiendan a lo largo del primer semestre de 2024. Báez, Mendoza, Bustos y Biancalani llegaron a la instancia oral con embargos por $52 millones cada uno, montos que, de ser hallados culpables, deberían cubrir la cifra que la AFIP estimó que habrían evadido en los impuestos a las ganancias e IVA mediante el uso masivo e intensivo de facturas apócrifas, en tanto que Chueco sobrelleva un embargo de $3 millones.
Tanto para Báez y Mendoza como para Bustos, además, la pesquisa que se desarrolló durante años en Chaco representó una de las tres grandes investigaciones judiciales que afrontaron por la presunta evasión a escala multimillonaria que habrían desarrollado durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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