Relativizan la denuncia de Milei a los legisladores
El Presidente vinculó las trabas legislativas con los pedidos de coimas; desde el Gobierno dicen que no hay pruebas para una denuncia
Maia Jastreblansky
Adorni relativizó ayer la acusación
La Casa Rosada no cede en su escalada verbal contra el Congreso y refuerza su narrativa contra la “casta” con el objetivo de implementar rápido y sin obstáculos el plan de corte ultraliberal de Javier Milei. La embestida incluyó una dura acusación en boca del Presidente, que dijo en una entrevista televisiva que “algunos” legisladores nacionales “buscan coimas”.
“Esos a los que les gusta tanto la discusión, que discuten la coma, están buscando coimas”, lanzó Milei en LN+. Sin embargo, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, relativizó ayer el alcance de los dichos del jefe del Estado: lo atribuyó a un comentario “general” y dijo que no hay en carpeta una denuncia formal contra los diputados y senadores.
“Milei no hizo referencia a nadie en particular, habló de una situación general porque queremos evitar que los proyectos entren en una senda donde se negocien beneficios particulares. Cuando se detecte un pedido de coima en particular se va a denunciar”, dijo Adorni en su habitual conferencia de prensa. El vocero buscó así minimizar la gravedad de los dichos del Presidente, al tiempo que reconoció, tácitamente, que la Casa Rosada no tiene una información fehaciente sobre pedidos de sobornos en el parlamento.
La oposición reaccionó fuertemente ante la acusación presidencial. Legisladores opositores lo consideraron un “apriete” y reclamaron mayor “prudencia”.
Día tras día, Milei refuerza una narrativa que reza que quienes no colaboren con su plan económico de shock están en contra de la “libertad” y fomentan la “decadencia” del país. Así, tilda de “casta” a los legisladores que buscan hacer un contrapeso a sus iniciativas en el Congreso y se escuda en el 56% de votos que obtuvo en el balotaje para dar sustento social a sus medidas.
Quienes trataron en las últimas horas con Milei lo vieron “obsesionado con obtener resultados económicos sin demoras”. “Él está preocupado porque quiere que las reformas avancen rápido, quiere que las cosas sucedan. No quiere que la política se quede en el intercambio florido de argumentos, está obsesionado con tener resultados ya”, dijo a un funcionario la nacion que conoce de cerca al Presidente.
En la Casa Rosada apuntan que las acusaciones de Milei “forman parte de la pirotecnia política”. “La oposición ha dicho cosas diez veces más fuertes sobre Javier. Pero lo que él quiere es que todos se concentren en lo importante, porque la situación económica es acuciante”, señaló un colaborador oficial.
La tensión entre poderes escala justo cuando se espera que las cámaras traten el DNU de Milei que modificó más de 300 leyes vigentes. A esa discusión se le sumará otra, porque el Poder Ejecutivo remitió un voluminoso proyecto de “ley ómnibus” con reformas de peso en materia tributaria, laboral, penal, energética y electoral.
Adorni reiteró ayer su advertencia a los legisladores. “Los senadores y diputados deberán elegir si vamos hacia la libertad y a terminar con la decadencia, o no”, dijo cuando aún no se conoce la letra chica del proyecto.
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Ya son 18 las demandas de inconstitucionalidad contra el megadecreto
La mayoría están radicadas en el fuero contencioso; un juez laboral rechazó el amparo de la CGT
La Casa Rosada no cede en su escalada verbal contra el Congreso y refuerza su narrativa contra la “casta” con el objetivo de implementar rápido y sin obstáculos el plan de corte ultraliberal de Javier Milei. La embestida incluyó una dura acusación en boca del Presidente, que dijo en una entrevista televisiva que “algunos” legisladores nacionales “buscan coimas”.
“Esos a los que les gusta tanto la discusión, que discuten la coma, están buscando coimas”, lanzó Milei en LN+. Sin embargo, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, relativizó ayer el alcance de los dichos del jefe del Estado: lo atribuyó a un comentario “general” y dijo que no hay en carpeta una denuncia formal contra los diputados y senadores.
“Milei no hizo referencia a nadie en particular, habló de una situación general porque queremos evitar que los proyectos entren en una senda donde se negocien beneficios particulares. Cuando se detecte un pedido de coima en particular se va a denunciar”, dijo Adorni en su habitual conferencia de prensa. El vocero buscó así minimizar la gravedad de los dichos del Presidente, al tiempo que reconoció, tácitamente, que la Casa Rosada no tiene una información fehaciente sobre pedidos de sobornos en el parlamento.
La oposición reaccionó fuertemente ante la acusación presidencial. Legisladores opositores lo consideraron un “apriete” y reclamaron mayor “prudencia”.
Día tras día, Milei refuerza una narrativa que reza que quienes no colaboren con su plan económico de shock están en contra de la “libertad” y fomentan la “decadencia” del país. Así, tilda de “casta” a los legisladores que buscan hacer un contrapeso a sus iniciativas en el Congreso y se escuda en el 56% de votos que obtuvo en el balotaje para dar sustento social a sus medidas.
Quienes trataron en las últimas horas con Milei lo vieron “obsesionado con obtener resultados económicos sin demoras”. “Él está preocupado porque quiere que las reformas avancen rápido, quiere que las cosas sucedan. No quiere que la política se quede en el intercambio florido de argumentos, está obsesionado con tener resultados ya”, dijo a un funcionario la nacion que conoce de cerca al Presidente.
En la Casa Rosada apuntan que las acusaciones de Milei “forman parte de la pirotecnia política”. “La oposición ha dicho cosas diez veces más fuertes sobre Javier. Pero lo que él quiere es que todos se concentren en lo importante, porque la situación económica es acuciante”, señaló un colaborador oficial.
La tensión entre poderes escala justo cuando se espera que las cámaras traten el DNU de Milei que modificó más de 300 leyes vigentes. A esa discusión se le sumará otra, porque el Poder Ejecutivo remitió un voluminoso proyecto de “ley ómnibus” con reformas de peso en materia tributaria, laboral, penal, energética y electoral.
Adorni reiteró ayer su advertencia a los legisladores. “Los senadores y diputados deberán elegir si vamos hacia la libertad y a terminar con la decadencia, o no”, dijo cuando aún no se conoce la letra chica del proyecto.
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Ya son 18 las demandas de inconstitucionalidad contra el megadecreto
La mayoría están radicadas en el fuero contencioso; un juez laboral rechazó el amparo de la CGT
Hernán Cappiello y Candela Ini
Después de la Navidad se multiplicaron las demandas judiciales que reclaman que se declare la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia del presidente Javier Milei que deroga más de 300 leyes. Ayer ya existían 18 expedientes iniciados, según los registros públicos del Poder Judicial nacional y federal.
La mayoría de las demandas recayeron en el fuero contencioso administrativo federal, que es el ámbito especializado donde los jueces analizan la validez de las normas de la administración pública emitidas por el Poder Ejecutivo y, eventualmente, de las leyes que emanan del Congreso.
No obstante, hay al menos un caso en la Justicia Laboral, que fue iniciado por la CGT. Ayer, el juez laboral José Ignacio Ramonet rechazó suspender el decreto, como solicitó la central obrera porque todavía no está vigente.
Ramonet, en tanto, sí se declaró competente para tramitar la acción de amparo que presentó la central obrera. Además, habilitó la feria y le fijó un plazo de tres días a la Jefatura de Gabinete para que dé una respuesta a la demanda. Ya está en carrera para decidir cuando el DNU entre en vigor, mañana.
El juez Ramonet aclaró que esta resolución de rechazo por ahora no implica haberse pronunciado sobre la validez constitucional del decreto y de las regulaciones laborales que contiene, pero dijo que en este momento no están reunidas las condiciones para que se dicte una medida cautelar con carácter interino.
“Es cierto que, de entrar en vigencia, habría derechos colectivos afectados –como lo relativo a la regulación de las medidas de acción directa–, pero ello debería ser necesariamente cuestionado ante la existencia misma de un conflicto de estas características que, al menos en la demanda, no se especifica”, advirtió el juez.
En tanto, en la Justicia Contencioso Administrativa Federal, la demanda más avanzada es la que presentó inicialmente la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, el abogado Jonatan Baldiviezo y el exdiputado Claudio Lozano, entre otros. El juez Esteban Furnari admitió tramitar la demanda colectiva.
Las otras demandas fueron planteadas por particulares que se vieron afectados por alguna de las decisiones del decreto. De todos modos, todas las demandas atacan lo que señalan es una falta de justificación en el DNU sobre las condiciones excepcionales que reclama tanto la Constitución como la doctrina de la Corte para su dictado.
Los pedidos para declarar nulo el DNU y suspender su aplicación como medida cautelar recayeron por sorteo en los juzgados contencioso administrativos 2, 4,6, 7, 8, 10 y 12. Puede que no todos se concentren en el número 2 de Furnari, ya que los letrados pueden pedir que se los separe de esa demanda colectiva.
Cualquier juez puede dar trámite así a su demanda y llegar a decisiones que puede que sean contrapuestas. Esas medidas pueden ser apeladas ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal e incluso algún abogado podría ensayar un per saltum para intentar que la Corte Suprema tome el caso, mediante un salto de instancia, aun durante la feria judicial de verano.
Después de la Navidad se multiplicaron las demandas judiciales que reclaman que se declare la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia del presidente Javier Milei que deroga más de 300 leyes. Ayer ya existían 18 expedientes iniciados, según los registros públicos del Poder Judicial nacional y federal.
La mayoría de las demandas recayeron en el fuero contencioso administrativo federal, que es el ámbito especializado donde los jueces analizan la validez de las normas de la administración pública emitidas por el Poder Ejecutivo y, eventualmente, de las leyes que emanan del Congreso.
No obstante, hay al menos un caso en la Justicia Laboral, que fue iniciado por la CGT. Ayer, el juez laboral José Ignacio Ramonet rechazó suspender el decreto, como solicitó la central obrera porque todavía no está vigente.
Ramonet, en tanto, sí se declaró competente para tramitar la acción de amparo que presentó la central obrera. Además, habilitó la feria y le fijó un plazo de tres días a la Jefatura de Gabinete para que dé una respuesta a la demanda. Ya está en carrera para decidir cuando el DNU entre en vigor, mañana.
El juez Ramonet aclaró que esta resolución de rechazo por ahora no implica haberse pronunciado sobre la validez constitucional del decreto y de las regulaciones laborales que contiene, pero dijo que en este momento no están reunidas las condiciones para que se dicte una medida cautelar con carácter interino.
“Es cierto que, de entrar en vigencia, habría derechos colectivos afectados –como lo relativo a la regulación de las medidas de acción directa–, pero ello debería ser necesariamente cuestionado ante la existencia misma de un conflicto de estas características que, al menos en la demanda, no se especifica”, advirtió el juez.
En tanto, en la Justicia Contencioso Administrativa Federal, la demanda más avanzada es la que presentó inicialmente la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, el abogado Jonatan Baldiviezo y el exdiputado Claudio Lozano, entre otros. El juez Esteban Furnari admitió tramitar la demanda colectiva.
Las otras demandas fueron planteadas por particulares que se vieron afectados por alguna de las decisiones del decreto. De todos modos, todas las demandas atacan lo que señalan es una falta de justificación en el DNU sobre las condiciones excepcionales que reclama tanto la Constitución como la doctrina de la Corte para su dictado.
Los pedidos para declarar nulo el DNU y suspender su aplicación como medida cautelar recayeron por sorteo en los juzgados contencioso administrativos 2, 4,6, 7, 8, 10 y 12. Puede que no todos se concentren en el número 2 de Furnari, ya que los letrados pueden pedir que se los separe de esa demanda colectiva.
Cualquier juez puede dar trámite así a su demanda y llegar a decisiones que puede que sean contrapuestas. Esas medidas pueden ser apeladas ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal e incluso algún abogado podría ensayar un per saltum para intentar que la Corte Suprema tome el caso, mediante un salto de instancia, aun durante la feria judicial de verano.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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