AL MARGEN DE LA SEMANA Y SE ACELERARON LAS EXPORTACIONES (REGISTRO) Y BOLETO DE TREN

De la inflación reprimida a los “colchones” preventivos
Néstor O. Scibona

Antes de analizar cómo cierra la altísima inflación de diciembre y todo el año 2023 punto de finalizar, conviene hacer una aclaración importante que soslayan deliberadamente el kirchnerismo, la CGT y los dirigentes de organizaciones que gerencian los planes sociales: de las cifras espeluznantes que se volcarán en los siguientes párrafos, solo 20 días corresponden a la flamante gestión presidencial de Javier Milei.
La mayoría de las estimaciones privadas prevén que el alza de este mes en el IPC del Indec –que será difundido el 11 de enero próximo– tendría por delante un número 3. Si fuera 30% redondo, este año arrojará un aumento acumulado cercano a 240%, récord para la Argentina en los últimos 32 años. Nada que ver con Brasil, que cerrará el primer año del tercer mandato –no consecutivo– de Lula con una inflación de 5,5% anual; ni con los demás países de la región –excepto Venezuela–, que también registran cifras de un dígito.
En comparación con diciembre de 2019, cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el índice habrá acumulado en cuatro años un incremento de nada menos que 1240%. Un resultado pavoroso, que demuestra la inutilidad de los congelamientos de precios en la cuarentena; su variante intervencionista de Precios Justos; el deliberado retraso del tipo de cambio, a costa de la pérdida de reservas internacionales del BCRA; de los combustibles; y también de las tarifas de energía y de transporte en el AMBA, a costa de crecientes subsidios estatales financiados con emisión de pesos sin respaldo.
Cualquier argentino que haya soplado 40 velitas sabe por experiencia que la inflación reprimida con estos instrumentos se asemeja a resortes apretados, que en algún momento habrán de soltarse abruptamente y agravarán el deterioro de sus ingresos reales. Más aún cuando las sucesivas ediciones del “plan platita” con fines electoralistas realimentaron el proceso inflacionario.
En 2023, la aceleración de las remarcaciones para recuperar atrasos y/o formar “colchones” preventivos de precios coincidió con las PASO, aunque ya se venía verificando en los meses previos. Una prueba es que el aumento del IPC pasó de 12,4% en agosto a 12,8% en noviembre (último dato oficial), con un promedio de 11,5% mensual.
Otra, más diminuta pero elocuente, surge de los precios de la canasta fija de 30 productos (alimentos, bebidas no alcohólicas y artículos de limpieza y tocador), que son monitoreados por esta columna en la misma sucursal de una cadena de supermercados. El ticket de compra saltó de $49.540 en agosto a $97.800 en la última semana de este mes, con un incremento de 97,4% en cinco meses.
Los resultados de la primera vuelta electoral y del balotaje, junto con el posterior salto de 118% en el dólar oficial, intensificaron las remarcaciones de precios en productos de consumo masivo en vísperas de las fiestas de fin de año. Por caso, en noviembre el ticket ascendía a $65.005 y solo en diciembre aumentó 50%. De los 30 productos relevados, 19 registraron de un mes a otro alzas muy superiores a la inflación estimada para diciembre. Las más relevantes fueron servilletas de papel (358%); pata-muslo de pollo (197%); papel higiénico (175%); carnes rojas (de 42% a 78%, según los cortes de mayor calidad); agua mineral en botella (80%), y suavizante para ropa (80%).
la comparación con diciembre de 2022 hubo incrementos interanuales de tres dígitos en 15 de los 30 rubros, que superan con creces a la inflación de este año. Entre ellos, las gaseosas de una primera marca (381%); postres lácteos (407%); patamuslo (591%); jamón cocido (375%); carnes rojas (380% promedio); papel higiénico (430%); servilletas (963%); azúcar (460%); yerba mate (316%); fideos guiseros (404%), y agua mineral (367%). Un caso extremo son los pimientos rojos, que en un año subieron de $450 a $5000 el kilo, con un incremento de 1011% que triplica o cuadruplica al de frutas, verduras y hortalizas.
Esta vorágine inflacionaria explica por qué antes de cada elección mucha gente llenaba los changuitos de supermercados mayoristas y minoristas para stockearse de productos antes de que los precios siguieran aumentando y luego redujo los consumos al mínimo indispensable o pasó a segundas o terceras marcas. La excepción son las fiestas de Navidad y Año Nuevo para los asalariados formales, que con el cobro del aguinaldo mejoraron transitoriamente en 50% sus ingresos, pero en enero enfrentarán una realidad más dura hasta que se reabran las paritarias. Otro tanto ocurre con los jubilados con haberes mínimos, que si bien en los próximos dos meses percibirán bonos de $55.000, verán licuado su poder adquisitivo con la mayor inflación no solo en productos básicos y medicamentos. Obviamente, el segmento más perjudicado es el de los trabajadores informales y precarios, con ingresos que tornan prohibitivos la mayoría de los precios.
Con el ajuste macroeconómico en marcha, las cadenas nacionales de supermercados reactivaron en las Fiestas las ofertas por cantidad en busca de hacer lo propio con la alicaída demanda y reducir stocks. También las de provincias, agrupadas en CAS y FASA, lanzaron una canasta de 20 productos básicos con “precios diferenciados”.
Desde hace décadas, con sus sucesivas crisis económicas, los “colchones” preventivos de precios armados por muchas empresas apuntaron a dolarizarlos y/o subirlos todo lo posible para mejorar sus márgenes y cubrirse de riesgos, principalmente indexatorios. El razonamiento es que después habrá tiempo para bajarlos según lo que ocurra con la demanda. Más ahora, cuando la ortodoxia del plan económico ubica a la recesión y la licuación de salarios como principales variables de ajuste, sin efectos reactivantes.
Como telón de fondo, los últimos cuatro años de gobierno del Frente de Todos generaron una fenomenal distorsión de precios relativos, que llevará tiempo corregir, y solo comenzó con un tipo de cambio oficial más realista, pero que puede perder terreno a valores constantes si en tres o cuatro meses no comienza a bajar la inflación.
Un cálculo de la consultora Macroviews, de Carlos Melconian y Rodolfo Santángelo, precisa que entre diciembre de 2018 y noviembre de 2023 (último dato del Indec) la inflación acumulada fue de 1429% y divide los precios relativos entre adelantados, “en el medio” y atrasados con respecto a la base más razonable de hace cinco años
En el lote de precios adelantados se ubican las prendas de vestir (2000%); verduras y legumbres (2016%); frutas (2060%); azúcar, dulces, chocolates y golosinas (1960%); compra de vehículos (1948%); carnes y derivados (1840%); productos medicinales (1824%); restaurantes y comidas preparadas (1763%); calzado (1737%), y editoriales (1717%). A ellos se suman ahora el dólar para exportar e importar (2230 y 2386%) y el dólar CCL (2539%).
Los rubros más cercano so“empatados”con la inflación del período son aceites, grasas y mantecas (1319%); aguas minerales, gaseosas y jugos (1352%); leche, lácteos, huevos, vegetales (1472%); pan y cereales (1505%); café, té, yerba y cacao (1527%), y bebidas alcohólicas (1574%).
Y en los atrasados figuran electricidad y gas (504%); alquiler de viviendas (689%); transporte público (789%); servicios telefónicos (863%); combustibles y lubricantes (871%); medicina prepaga (1000%); equipos de transporte (1021%); tabaco (1056%); educación (1069%); servicios recreativos y culturales (1087%); cuidado personal (1195%) y bienes y servicios para el hogar, (1201%). En un apartado aparecen el salario no registrado (586%); el registrado (932%), y las jubilaciones mínimas con bonos (1000%). Todo un desafío para 2024.
La inflación habrá acumulado en cuatro años una suba de nada menos que 1240%
El segmento más perjudicado es el de los trabajadores informales

nestorscibona@gmail.com

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Se aceleró el registro de exportaciones
Los productores buscan hacerlo antes de que aumenten las retenciones
Mientras ya llegó al Congreso el proyecto de ley del Gobierno, que, entre otros productos, subirá de 12% a 15% las retenciones en el maíz, en este cereal ya se anotaron para la exportación 15,6 millones de toneladas de la campaña 2023/24. Se trata de entre el 40% y el 43% del total que se vendería al exterior, según un relevamiento de Javier Preciado Patiño, de RIA Consultores y exsubsecretario de Mercados Agropecuarios. Las empresas buscan acelerar el ritmo de registro de la mercadería como cobertura ante el incremento de los derechos de exportación.
Según Preciado Patiño, hay una “impresionante cobertura que están tomando los complejos exportadores frente al eventual aumento de las retenciones”.
Actualmente, los exportadores pueden registrar mercadería con las retenciones actuales, que para el maíz son de 12%. Si el proyecto de la ley ómnibus se aprobara, pasaría a tributar el 15%. “Las distintas cadenas que se pueden ver afectadas por la suba de los derechos de exportación están tomando cobertura ante esta eventualidad, acelerando la registración de las declaraciones juradas de ventas al exterior [DJVE] a los derechos de Exportación [DEX] vigentes”, explicó el experto.
En maíz, si se registraran 38 millones de toneladas con la alícuota actual, volumen exportable que se prevé para el ciclo 2023/24, dejará de entrarle al Estado el equivalente a unos US$230 millones en concepto de recaudación por retenciones.
El experto agregó que desde el 11 de diciembre hasta la fecha se registraron 6,5 millones de toneladas de maíz y el volumen llega a 15,6 millones de toneladas considerando incluso lo anotado antes de la devaluación. “Antes de la devaluación se registró mucho para pagar retenciones con el dólar barato”, acotó el especialista.
El caso más sobresaliente es el de la industria cervecera, que del 11% al 28 de diciembre registró el 66% de lo habitualmente exportado.
“La cadena del girasol, que pasaría de niveles de 5% para la harina y 7% para el aceite al 15% para ambos casos, ya registró un tercio de lo exportado en este 2023.
En el caso de del trigo se registraron 94.000 toneladas, que significan el 30% de lo exportado en 2023.

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El boleto de tren aumentará 45% desde el 15 de enero
Busca reducir los subsidios al transporte; habrá una audiencia pública para fijar una nueva alza que regirá a partir del 1° de febrero
Con la mira puesta en la reducción de subsidios, el Gobierno avanza en la actualización de tarifas en la jurisdicción nacional. El jueves les tocó a las del transporte de colectivos, mientras que ayer fue el turno de las del servicio ferroviario.
El Ministerio de Infraestructura emitió un comunicado en el que anunció que, con la misma lógica que lo anunciado el jueves para transporte automotor de pasajeros, “el 15 de enero de 2024 se aplicará la metodología contemplada por la resolución 1017/22 para actualizar los cuadros tarifarios de los servicios de transporte público de pasajeros ferroviarios, elevándose la misma en un 45,32%”.
También se informó que se convocará a audiencia pública para la primera quincena de enero de 2024, “a los fines de establecer una tarifa que reduzca paulatinamente la incidencia del subsidio a la oferta que ha generado graves distorsiones, incrementando la participación en el ingreso de las operadoras ferroviarias de la tarifa pagada por los usuarios. La misma regirá a partir del 1° de febrero del próximo año”. Por último, se señaló que se mantiene la política de subsidio a los usuarios a través de los atributos sociales, canalizada por medio de la tarjeta SUBE.
Los nuevos valores
De acuerdo con la actualización aplicada, los valores de los boletos de tren quedarán de la siguiente manera: Mitre y TDC, Sarmiento y San Martín, con SUBE, costarán $48,38 (sección 1), $61,57 (sección 2), $76,96 (sección 3); con efectivo se deberá pagar $150; mientras que en el Roca, Belgrano Sur, Urquiza y Belgrano Norte los valores con SUBE serán $37,38 (sección 1), $48,38 (sección 2) y $59,37 (sección 3); con efectivo, $115.
El Ministerio de Infraestructura argumentó en su comunicado que “el transporte ferroviario de pasajeros se encuentra fuertemente subsidiado por el gobierno nacional, siendo el monto del subsidio mensual transferido a las operadoras ferroviarias equivalente al 98% del costo de operación, ello producto de una política pública equivocada de congelamiento de tarifas del entonces Ministerio de Transporte”.
Prueba de ello, se remarcó, es que, a pesar de que por la resolución N° 1017/22 del Ministerio de Transporte, aprobada por audiencia pública, se permitía actualizar el boleto de pasajero por IPC, sin ninguna argumentación económica, la anterior administración congeló los cuadros tarifarios del servicio de transporte publico ferroviario de pasajeros de jurisdicción nacional a valores de agosto de 2023.

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