Quilmes se convirtió en una zona de miedo por falta de policías
La reiteración de episodios de extrema violencia mantiene en vilo a los vecinos de uno de los partidos de la zona sur del conurbano
Gustavo Carabajal
Tres delincuentes murieron el mes pasado luego de robar una camioneta
En Quilmes sobran los delitos y faltan policías. Marina y Gustavo fueron atacados hace poco más de dos meses por un grupo de delincuentes que los sorprendieron en su casa. El matrimonio de jubilados todavía sufre las consecuencias de la golpiza que los asaltantes le asestaron de forma intensiva. Gustavo hace ejercicios para poder caminar. A sesenta días de la agresión ocurrida en el centro de Quilmes, el ataque sigue impune. No hay nadie detenido.
Marina y Gustavo, de 76 y 77 años, respectivamente, fueron agredidos el 8 de diciembre pasado, durante la noche. Descansaban en su casa cuando fueron atacados a golpes por siete asaltantes que irrumpieron en la vivienda, situada en Hipólito Yrigoyen y Brandsen, a quince cuadras de la Municipalidad de Quilmes.
Según fuentes policiales y judiciales, los delincuentes entraron en la casa por la pared de Brandsen y sorprendieron al matrimonio cuando dormía. Durante las siete horas que los asaltantes estuvieron en la casa sometieron a torturas a Marina y Gustavo para obligarlos a que dijeran en qué lugar de la vivienda habían escondido una supuesta suma millonaria de dinero. La pareja no tenía esa plata.
En tanto, a pocos días de que se cumpla un año del homicidio de Danilo Marcieri, el repartidor asesinado para robarle la moto en Bernal, ninguno de los dos acusados fue sometido a juicio, mientras que el tercer sospechoso está en libertad debido a que en el momento del ataque tenía 15 años y es no punible para la ley.
Actualmente, los vecinos de Quilmes están conmocionados por el ataque que sufrió una mujer cuando regresaba a su casa, cerca de la esquina Libertad y Gelly y Obes. Un agresor solitario la interceptó para robarle el celular, la manoseó, le sacudió la cabeza contra el pavimento y la abandonó. Hasta el momento, los policías de la comisaría 1a, que quedaron a cargo de la pesquisa, no lograron apresar al asaltante, aunque la imagen del agresor había quedado grabada por la cámara de seguridad de un vecino.
Desde hace un mes, cada lunes, los vecinos del barrio SUPE se juntan en la esquina de Centenario y Bolivia, cerca del estadio del club Quilmes, para reclamar medidas contra la sucesión de asaltos que sufren los habitantes de la zona.
“Hasta las últimas elecciones, el barrio tenía presencia policial. Pero después de octubre los uniformados desaparecieron y no volvieron”, expresó Omar, un vecino del barrio.
A los integrantes de la familia Ibáñez Souto los asaltaron cuatro veces en una semana. Primero, les robaron el dinero que llevaban para comprar harina. Después les sustrajeron las bolsas de harina que trasladaban a la panadería que funciona en el emprendimiento que instalaron en la zona de la Ribera. Luego, les sacaron el efectivo que les habían prestado para comprar más materia prima para el pan. Y por último les robaron la harina que les habían dado a crédito. Debido a la sucesión de robos, la familia se fundió y tuvo que cerrar la panadería que habían instalado a pocas cuadras del lugar donde, en los últimos días, asaltaron al equipo periodístico de LN+.
Delito y barras
Todos los robos ocurrieron a pocos metros del contenedor que funciona como destacamento policial móvil, en la rotonda de Cervantes e Iriarte. En el caso del asalto a los periodistas del canal LN+, la única policía que estaba en el mencionado destacamento no intervino. Cuando la familia de panaderos fue asaltada tampoco había policías debido a que dicho destacamento no tiene efectivos durante la madrugada. A doscientos metros del mencionado contenedor viven dos familias con lazos de sangre entre sí y vinculadas al delito y a las barras bravas de Quilmes y de Argentino de Quilmes.
Según fuentes policiales, los “Bula” y los Giménez forman parte de ambos grupos de violentos y uno de los “Bula” integró la mesa fundadora de Hinchadas Unidas. Para los “Bula” y los Giménez no existen diferencias con respecto a los clubes que alientan, sino intereses comunes relacionados a los delitos cometidos por ambas barras bravas: viajes, compra y venta de jugadores y extorsiones a los vendedores ambulantes que se instalan en las adyacencias del estadio Centenario y de la Barranca. En el caso de los “Bula”, tienen lazos con la facción del barrio Los Álamos de la barra brava de Quilmes, grupo al que pertenecía Franco “Piolo” Moreyra, el ladrón abatido durante el asalto contra el jubilado Jorge Ríos, a mediados de 2020.
Cerca de la Ribera quilmeña, a un costado de la avenida Cevallos está la villa El Monte, allí vive un supuesto exjefe de la barra brava de Quilmes, identificado como Rati Bustamante.
No había policías en la esquina de Cevallos y Paso el 1° de julio pasado, cuando el juez de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, Ernesto García Maañón, y su custodio mataron a dos de los cinco asaltantes que los interceptaron para robarles, cuando salían del Tiro Federal de Quilmes.
Tampoco había policías la tarde del 25 de febrero del año pasado cuando el repartidor Danilo Marcieri, de 20 años, fue asesinado de dos balazos por un grupo de delincuentes que le robaron la moto que usaba para trabajar. El sangriento episodio ocurrió en el cruce de Zapiola y calle 162, en el barrio La Cañada, de Bernal, a cinco cuadras de la comisaría Quilmes 5a. El repartidor fue atacado por tres asaltantes que lo interceptaron cuando entregaba un pedido. La investigación por el homicidio de Danilo tiene dos sospechosos detenidos que todavía no fueron sometidos a juicio oral.
Ambos acusados habían sido apresados una hora después del asesinato a pocas cuadras del lugar en el que mataron a Danilo. Hasta el momento, no quedaron confirmadas cuáles fueron las pruebas que hallaron los investigadores para fundar la acusación contra los sospechosos. Por ese motivo, en los tribunales quilmeños no descartan la posibilidad de que los policías de la comisaría de La Cañada hubieran apresado a esos sospechosos para mitigar la presión social provocada por el asesinato del joven repartidor. No se trataría de la primera vez que ocurriría una situación como esa.
Dos semanas después del homicidio, la Justicia dejó sin efecto la medida de seguridad que se había dictado contra el menor, de 15 años, debido a que por su edad era no punible para la ley penal.
Aunque circulaba a tres cuadras de la comisaría Quilmes 5a, no había policías en la esquina de Calchaquí y Jujuy, el 14 de diciembre pasado cuando un grupo de ladrones interceptó a Hernán Damián Costa, de 49 años, para robarle la moto.
Ante decenas de vecinos que, minutos después de las 16, caminaban por la zona donde hay dos paradas de colectivos, un bar, una clínica y varios locales comerciales, uno de los asaltantes mató de un balazo a Costa.
El homicidio ocurrió a no más de seis cuadras del lugar donde habían matado a Danilo Marcieri, también para robarle la moto. Al día siguiente del crimen, los efectivos de la comisaría del barrio La Cañada apresaron a dos sospechosos por el homicidio. Uno de los acusados tiene 14 años, es un menor no punible y, si bien actualmente está con una medida de seguridad, posiblemente recupere la libertad cuando cumpla 18 años, el plazo máximo para mantenerlo alojado en un instituto de menores bonaerense, de dónde no se escapa el que no quiere.
Disparos por un celular
Un mes antes, a veinte cuadras del lugar en el que fue asesinado Costa, en la esquina de Braggio y calle 183 mataron a José María Acuña, de 71 años. El móvil del homicidio fue el robo del celular. Regresaba a su casa después de haber concurrido a una agencia de lotería y quiniela.
En el único de los hechos de sangre que tomaron trascendencia pública en el que apareció la policía fue durante un episodio ocurrido el 27 de enero pasado, cuando cinco ladrones le robaron la camioneta a un contratista en Lisandro de la Torre al 5100, en el límite entre Quilmes y Ezpeleta.
En ese momento, el dueño de la camioneta Toyota Hilux alertó al número de emergencias 911. Una patrulla policial trató de interceptar al vehículo en el cruce de avenida La Plata y 12 de Octubre. Allí comenzó una persecución que terminó en Bernal, en la esquina de Ituzaingó y Don Bosco, cuando el ladrón que conducía la camioneta siguió de largo en una curva y chocó contra un árbol y la reja de una casa. Dos de los cinco asaltantes murieron en el acto. Un cómplice falleció en el hospital Iriarte y los otros dos ladrones estuvieron internados durante diez días.
Al día siguiente del homicidio de Costa, quien vivía en Florencio Varela y fue atacado cuando se dirigía al restaurante en el que trabajaba como cocinero en Puerto Madero, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, difundió un comunicado en el que solicitó “al Ministerio de Seguridad de la Nación refuerzos de fuerzas federales en nuestro territorio”.
Hace 72 horas, la jefa comunal convocó a inscribirse al programa para formar parte de la policía bonaerense o para ingresar como conductores motoristas en la patrulla urbana. Fueron las únicas medidas aplicadas por el poder político quilmeño para tratar de sumar efectivos en las calles de un distrito en el que los vecinos caminan indefensos.
Con veinte cuadras de diferencia, en el barrio La Cañada, de Bernal, mataron a Danilo Marcieri, José María Acuña y Hernán Costa
En dos de esos asesinatos estuvieron involucrados menores inimputables
A dos meses del ataque de siete ladrones en su casa, sigue internada una pareja de jubilados
En Quilmes sobran los delitos y faltan policías. Marina y Gustavo fueron atacados hace poco más de dos meses por un grupo de delincuentes que los sorprendieron en su casa. El matrimonio de jubilados todavía sufre las consecuencias de la golpiza que los asaltantes le asestaron de forma intensiva. Gustavo hace ejercicios para poder caminar. A sesenta días de la agresión ocurrida en el centro de Quilmes, el ataque sigue impune. No hay nadie detenido.
Marina y Gustavo, de 76 y 77 años, respectivamente, fueron agredidos el 8 de diciembre pasado, durante la noche. Descansaban en su casa cuando fueron atacados a golpes por siete asaltantes que irrumpieron en la vivienda, situada en Hipólito Yrigoyen y Brandsen, a quince cuadras de la Municipalidad de Quilmes.
Según fuentes policiales y judiciales, los delincuentes entraron en la casa por la pared de Brandsen y sorprendieron al matrimonio cuando dormía. Durante las siete horas que los asaltantes estuvieron en la casa sometieron a torturas a Marina y Gustavo para obligarlos a que dijeran en qué lugar de la vivienda habían escondido una supuesta suma millonaria de dinero. La pareja no tenía esa plata.
En tanto, a pocos días de que se cumpla un año del homicidio de Danilo Marcieri, el repartidor asesinado para robarle la moto en Bernal, ninguno de los dos acusados fue sometido a juicio, mientras que el tercer sospechoso está en libertad debido a que en el momento del ataque tenía 15 años y es no punible para la ley.
Actualmente, los vecinos de Quilmes están conmocionados por el ataque que sufrió una mujer cuando regresaba a su casa, cerca de la esquina Libertad y Gelly y Obes. Un agresor solitario la interceptó para robarle el celular, la manoseó, le sacudió la cabeza contra el pavimento y la abandonó. Hasta el momento, los policías de la comisaría 1a, que quedaron a cargo de la pesquisa, no lograron apresar al asaltante, aunque la imagen del agresor había quedado grabada por la cámara de seguridad de un vecino.
Desde hace un mes, cada lunes, los vecinos del barrio SUPE se juntan en la esquina de Centenario y Bolivia, cerca del estadio del club Quilmes, para reclamar medidas contra la sucesión de asaltos que sufren los habitantes de la zona.
“Hasta las últimas elecciones, el barrio tenía presencia policial. Pero después de octubre los uniformados desaparecieron y no volvieron”, expresó Omar, un vecino del barrio.
A los integrantes de la familia Ibáñez Souto los asaltaron cuatro veces en una semana. Primero, les robaron el dinero que llevaban para comprar harina. Después les sustrajeron las bolsas de harina que trasladaban a la panadería que funciona en el emprendimiento que instalaron en la zona de la Ribera. Luego, les sacaron el efectivo que les habían prestado para comprar más materia prima para el pan. Y por último les robaron la harina que les habían dado a crédito. Debido a la sucesión de robos, la familia se fundió y tuvo que cerrar la panadería que habían instalado a pocas cuadras del lugar donde, en los últimos días, asaltaron al equipo periodístico de LN+.
Delito y barras
Todos los robos ocurrieron a pocos metros del contenedor que funciona como destacamento policial móvil, en la rotonda de Cervantes e Iriarte. En el caso del asalto a los periodistas del canal LN+, la única policía que estaba en el mencionado destacamento no intervino. Cuando la familia de panaderos fue asaltada tampoco había policías debido a que dicho destacamento no tiene efectivos durante la madrugada. A doscientos metros del mencionado contenedor viven dos familias con lazos de sangre entre sí y vinculadas al delito y a las barras bravas de Quilmes y de Argentino de Quilmes.
Según fuentes policiales, los “Bula” y los Giménez forman parte de ambos grupos de violentos y uno de los “Bula” integró la mesa fundadora de Hinchadas Unidas. Para los “Bula” y los Giménez no existen diferencias con respecto a los clubes que alientan, sino intereses comunes relacionados a los delitos cometidos por ambas barras bravas: viajes, compra y venta de jugadores y extorsiones a los vendedores ambulantes que se instalan en las adyacencias del estadio Centenario y de la Barranca. En el caso de los “Bula”, tienen lazos con la facción del barrio Los Álamos de la barra brava de Quilmes, grupo al que pertenecía Franco “Piolo” Moreyra, el ladrón abatido durante el asalto contra el jubilado Jorge Ríos, a mediados de 2020.
Cerca de la Ribera quilmeña, a un costado de la avenida Cevallos está la villa El Monte, allí vive un supuesto exjefe de la barra brava de Quilmes, identificado como Rati Bustamante.
No había policías en la esquina de Cevallos y Paso el 1° de julio pasado, cuando el juez de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, Ernesto García Maañón, y su custodio mataron a dos de los cinco asaltantes que los interceptaron para robarles, cuando salían del Tiro Federal de Quilmes.
Tampoco había policías la tarde del 25 de febrero del año pasado cuando el repartidor Danilo Marcieri, de 20 años, fue asesinado de dos balazos por un grupo de delincuentes que le robaron la moto que usaba para trabajar. El sangriento episodio ocurrió en el cruce de Zapiola y calle 162, en el barrio La Cañada, de Bernal, a cinco cuadras de la comisaría Quilmes 5a. El repartidor fue atacado por tres asaltantes que lo interceptaron cuando entregaba un pedido. La investigación por el homicidio de Danilo tiene dos sospechosos detenidos que todavía no fueron sometidos a juicio oral.
Ambos acusados habían sido apresados una hora después del asesinato a pocas cuadras del lugar en el que mataron a Danilo. Hasta el momento, no quedaron confirmadas cuáles fueron las pruebas que hallaron los investigadores para fundar la acusación contra los sospechosos. Por ese motivo, en los tribunales quilmeños no descartan la posibilidad de que los policías de la comisaría de La Cañada hubieran apresado a esos sospechosos para mitigar la presión social provocada por el asesinato del joven repartidor. No se trataría de la primera vez que ocurriría una situación como esa.
Dos semanas después del homicidio, la Justicia dejó sin efecto la medida de seguridad que se había dictado contra el menor, de 15 años, debido a que por su edad era no punible para la ley penal.
Aunque circulaba a tres cuadras de la comisaría Quilmes 5a, no había policías en la esquina de Calchaquí y Jujuy, el 14 de diciembre pasado cuando un grupo de ladrones interceptó a Hernán Damián Costa, de 49 años, para robarle la moto.
Ante decenas de vecinos que, minutos después de las 16, caminaban por la zona donde hay dos paradas de colectivos, un bar, una clínica y varios locales comerciales, uno de los asaltantes mató de un balazo a Costa.
El homicidio ocurrió a no más de seis cuadras del lugar donde habían matado a Danilo Marcieri, también para robarle la moto. Al día siguiente del crimen, los efectivos de la comisaría del barrio La Cañada apresaron a dos sospechosos por el homicidio. Uno de los acusados tiene 14 años, es un menor no punible y, si bien actualmente está con una medida de seguridad, posiblemente recupere la libertad cuando cumpla 18 años, el plazo máximo para mantenerlo alojado en un instituto de menores bonaerense, de dónde no se escapa el que no quiere.
Disparos por un celular
Un mes antes, a veinte cuadras del lugar en el que fue asesinado Costa, en la esquina de Braggio y calle 183 mataron a José María Acuña, de 71 años. El móvil del homicidio fue el robo del celular. Regresaba a su casa después de haber concurrido a una agencia de lotería y quiniela.
En el único de los hechos de sangre que tomaron trascendencia pública en el que apareció la policía fue durante un episodio ocurrido el 27 de enero pasado, cuando cinco ladrones le robaron la camioneta a un contratista en Lisandro de la Torre al 5100, en el límite entre Quilmes y Ezpeleta.
En ese momento, el dueño de la camioneta Toyota Hilux alertó al número de emergencias 911. Una patrulla policial trató de interceptar al vehículo en el cruce de avenida La Plata y 12 de Octubre. Allí comenzó una persecución que terminó en Bernal, en la esquina de Ituzaingó y Don Bosco, cuando el ladrón que conducía la camioneta siguió de largo en una curva y chocó contra un árbol y la reja de una casa. Dos de los cinco asaltantes murieron en el acto. Un cómplice falleció en el hospital Iriarte y los otros dos ladrones estuvieron internados durante diez días.
Al día siguiente del homicidio de Costa, quien vivía en Florencio Varela y fue atacado cuando se dirigía al restaurante en el que trabajaba como cocinero en Puerto Madero, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, difundió un comunicado en el que solicitó “al Ministerio de Seguridad de la Nación refuerzos de fuerzas federales en nuestro territorio”.
Hace 72 horas, la jefa comunal convocó a inscribirse al programa para formar parte de la policía bonaerense o para ingresar como conductores motoristas en la patrulla urbana. Fueron las únicas medidas aplicadas por el poder político quilmeño para tratar de sumar efectivos en las calles de un distrito en el que los vecinos caminan indefensos.
Con veinte cuadras de diferencia, en el barrio La Cañada, de Bernal, mataron a Danilo Marcieri, José María Acuña y Hernán Costa
En dos de esos asesinatos estuvieron involucrados menores inimputables
A dos meses del ataque de siete ladrones en su casa, sigue internada una pareja de jubilados
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IOMA: falta de drogas y cirugías suspendidas
Las quejas por el corte de prestaciones de la obra social de los empleados públicos bonaerenses se intensificaron en las últimas semanas; preocupación de los afiliados
Fabiola Czubaj 
Por las deficiencias en la atención, se han sucedido las protestas en la delegación de IOMA en Mar del Plata
En las últimas semanas se intensificaron las quejas por el corte de prestaciones del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social de los empleados públicos bonaerenses, que tiene 2.230.000 afiliados. Se suspendieron cirugías programadas en decenas de centros de La Plata por el retraso en el pago de honorarios a los anestesiólogos, faltan medicamentos y muchos afiliados contratan por su cuenta una segunda cobertura de salud para poder resolver sus problemas.
Las quejas por el corte de prestaciones de la obra social de los empleados públicos bonaerenses se intensificaron en las últimas semanas y no hay respuesta desde el Estado provincial. Legisladores provinciales impulsan que se declare en emergencia sanitaria, económica y financiera a la segunda obra social más grande del país por cantidad de afiliados. Pero ¿lo está?
El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) viene informando como nunca antes, desde el año pasado, medidas contra centros contratados a lo largo de la provincia que dejan de atender a los afiliados. Ya se suspendieron cirugías programadas en una decena de centros de La Plata por un atraso en el pago de honorarios a los anestesiólogos, mientras que hay demoras de hasta ocho meses en otras especialidades, comunicaron sociedades científicas.
Se comunicó con la obra social, donde le trasladaron la pregunta a su presidente, Homero Giles. Hasta el momento, no hubo respuesta. En julio pasado, durante una jornada con sindicatos, se informó que Giles inició su gestión con un déficit de $4500 millones y un endeudamiento por $10.000 millones cuando Juntos por el Cambio dejó la gobernación, en 2019.
“Resultaba titánico administrar una institución con semejantes problemas económicos, circunstancia que alimentó el discurso de un IOMA inviable y la propuesta de desregulación para que cada afiliada y afiliado pudiera derivar sus aportes eligiendo su obra social o prepaga, destruyendo así el sistema solidario que lo sustenta”, afirmaron sus autoridades en ese momento.
Cuatro años más tarde, las quejas por la suspensión de prestaciones y afiliados que quedan a la deriva son cada vez más fuertes. “Hay una crisis terrible”, reconocieron a este medio el mes pasado los empleados de la oficina del IOMA en Mar del Plata.
IOMA tiene 2.230.000 millones de afiliados y 197 delegaciones en territorio bonaerense. El aporte a la obra social estatal es obligatorio para los empleados públicos de la provincia, con su grupo familiar. Ya hay municipios que eliminaron esa obligación o están por hacerlo y una proporción mínima, sobre todo en La Plata, contrata los servicios de manera voluntaria.
Dentro de esa población cautiva de afiliados, están los que, con mejores ingresos, contratan una segunda cobertura: aportan todos los meses de su salario, pero no lo usan. Esto es lo que permite, como coinciden profesionales que trabajan con la obra social, sostener una “cuota” mensual por salario 10 veces más baja que una prepaga.
“Bien gestionado, entre los aportes cautivos más los que no usan los servicios porque tienen una segunda cobertura, es un instituto médico con un fondo de financiamiento muy grande”, estimó uno de los médicos, que tiene experiencia en gestión sanitaria municipal, en diálogo con la nacion.
A los 42 años, Giles libra una cruzada personal contra lo que llama el “modelo de cartelización”, en el que entran profesionales, clínicas o sanatorios y el sector farmacéutico por igual y que IOMA contrata a través de convenios con federaciones o asociaciones que los nuclean en cada caso para formar su red prestacional. Uno de sus objetivos es, además, la expansión del IOMA en la provincia, pero con profesionales contratados sin intermediarios y una red de centros propios, sin convenios de por medio con representantes del sector.
El Hospital Gabriela Carriquiriborde, abierto en Temperley en 2020, es el primer “hospital IOMA”, junto con unas 200 pequeñas clínicas (policonsultorios) que la obra social habría comprado, alquilado o construido –la información no está disponible– en la gestión de Kicillof. “IOMA tiene que expandirse con un hospital propio en cada región”, afirmó en una recorrida el médico de 42 años que nació en Corrientes y se formó en la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana,
Cuba. En el segundo mandato de Cristina Kirchner, fue subsecretario de Prevención y Control de Riesgos del Ministerio de Salud de la Nación. “Presidente del IOMA. Médico. Militante. Hincha de Racing”, se presenta en su cuenta de la red X. ¿Dónde milita? En La Cámpora.
El presupuesto que la Legislatura provincial aprobó el año pasado para el IOMA fue de $362.442 millones. “No está funcionando bien y se cobra mucho copago”, evaluó una médica con tres décadas de trabajo en la provincia y conocedora de las entidades profesionales a través de las que IOMA contrata a sus prestadores.
El año pasado, el aumento del precio y el freno a las importaciones interrumpieron la cadena de pago de medicamentos en la red de farmacias que trabajan con IOMA y otras coberturas. En una reunión en La Plata con autoridades del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires (Colfarma), en noviembre pasado se definió cómo se transferirían $800 millones para cubrir la facturación completa de septiembre por los medicamentos dispensados a los afiliados dos meses antes. Ahora, el problema está en los pagos del plan IOMA accesorios, a través del que se cubre la entrega de pañales e insumos para pacientes diabéticos, ostomizados, entre otros, según explicó Alejandra González, presidenta del Colfarma.
La diputada bonaerense Maricel Etchecoin (Coalición Cívica) le envió esta semana una carta al defensor del Pueblo de la provincia, Guido Lorenzino, para que intervenga por los inconvenientes con ese plan y otros motivos de queja, como la falta de descuento con la que se encuentran los afiliados en las farmacias o de entrega de terapias para enfermedades crónicas.
“En términos de números, no conocemos cómo está siendo administrado [IOMA]. Sabemos que es deficitario porque hay una resolución oficial del año pasado en la que lo reconocen –dijo Etchecoin–. Pero más allá de eso, por la cantidad de personas que se están quejando de la prestación del servicio y de que no les hacen el descuento que les corresponde es un reclamo generalizado y lo está siendo aún más que en otras oportunidades. Siempre existieron casos de retrasos en entregas o prestaciones, pero, ahora, las quejas son porque directamente no cuentan con la prestación.”
Por eso, pidió que intervenga Lorenzino. “Es importante que más allá de lo que podamos hacer desde lo legislativo, como elevar pedidos de informe, se involucren otros actores, como el defensor del Pueblo, para velar porque se garanticen derechos, como es a la salud, si no se está brindando atención de manera oportuna”, agregó Etchecoin.
Con Romina Braga y Luciano Bugallo, que completan el bloque de diputados de la Coalición Cívica, presentaron un pedido de informes al gobernador Axel Kicillof sobre la gestión presupuestaria de la obra social estatal y los mecanismos de control y auditoría.
El 20 de enero pasado, IOMA notificó a pacientes que se regularizaría la entrega de medicamentos para enfermedades como cáncer, pero los problemas siguieron. En la Fundación Argentina de Mieloma, por
Por la situación, ya hay afiliados que contratan una segunda cobertura
ejemplo, la consulta hecha a pacientes y familiares devuelve en pocas horas experiencias variadas.
“Me entregaron esta semana lenalidomida [fármacos para mantenimiento de pacientes con mieloma múltiple] de diciembre y enero que me debían”, fue una. “En mi caso –fue otra–, hubo un retraso con la pomalidomida que se solucionó desde IOMA. Con el resto nunca hubo problemas. Pude acceder a los costos [la cobertura debería ser del 100% en este caso] y, en comparación con hace dos meses, es terrible lo que aumentó el laboratorio. Eso me hace temer la continuidad.” El esposo de una paciente también mencionó la posibilidad de enviar una carta documento a IOMA porque “desde el 20 de enero no está tomando la medicación” en referencia a la lenalidomida. A partir de los reclamos que reciben, en la fundación opinan que “parecería que se está normalizando” la entrega, aunque esperan relevar el mes de marzo.
Afiliados con leucemia tienen problemas con las autorizaciones de fármacos específicos: asciminib, para la leucemia mieloide crónica, y venetoclax, para la leucemia mieloide aguda. No están incluidos en el vademécum de IOMA a partir del que los auditores definen si la indicación del médico tratante se cubre o debe cambiarla. “Las actualizaciones de su vademécum no pueden ser condicionante para la decisión de tratamiento del paciente”, sostuvo Fernando Piotrowski, director ejecutivo de la Asociación Leucemia de Argentina (ALMA).
“En el caso de los pacientes con leucemia, se tienen que considerar afortunados si reciben el tratamiento los 12 meses del año”, manifestó sobre la eficiencia de la cobertura provincial.
Hace 10 días, la obra social le rechazó a la madre de Mariana Sollazo la cobertura de venetoclax que los médicos tratantes en Mar del Plata indicaron “por ser una paciente no apta para el tratamiento estándar” para el síndrome mielodisplásico. La Dirección de Políticas de Medicamentos de IOMA argumentó que no estaba “aceptado” para sus afiliados y que había opciones. Citó un informe de hace cuatro años de la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Excelencia Clínica (Conatec): elevaría un 26% el gasto de cobertura. “Está aprobado, pero me dijeron que no están haciendo reintegros”, dijo Sollazo.
La paciente, de 59 años y docente bonaerense, necesita seguir con las transfusiones de sangre cada 15 días y tiene la aplicación de azacitidina (quimioterapia) suspendido por intolerancia hasta resolver la nueva indicación combinada.
Capítulo especial
Por la interrupción de la atención por IOMA en tres de cinco clínicas de Mar del Plata, le ofrecieron en la oficina local que su madre empezara a atenderse en La Plata o continuar con las transfusiones en otras dos clínicas marplatenses. Así lo hizo en la Clínica del Niño y la Madre, donde tuvo que ocuparse de conseguir la orden e ir al banco de sangre. Anteayer iba a ser la última transfusión ahí porque le informaron que el próximo lunes tampoco atenderán por IOMA. “Ahora, tengo que rezar que puedan recibir a mi mamá en la Clínica Belgrano cuando en 15 días se tenga que transfundir”, dijo Sollazo a la nacion. Aún no le reintegraron a la familia $55.000 de un estudio de control de la enfermedad.
El conflicto de IOMA con las clínicas de Mar del Plata termina por reducir dónde los afiliados en esa ciudad se pueden atender y seguir los tratamientos. “Ni hablar de las sesiones de quimioterapia. Ya hablamos de pagarlo particular porque no tengo dónde llevar a mi madre. Las últimas aplicaciones de la medicación que le dan cuando las defensas bajan las pagamos a domicilio entre $6000 y 7000 cada una, pero no vamos a poder con la internación para la transfusión. El presupuesto que me pasaron es de $500.000, que tendría que pagar cada 15 días –contó Sollazo–. Es vivir con los nervios de punta y, cada día, algo distinto. Es inadmisible. Las consultas hematológicas en la clínica donde la atendían originalmente cuestan de $10.000.”
El senador provincial Ariel Bordaisco (UCR) es uno de los firmantes del proyecto de ley del bloque de UCR + Cambio Federal para que se declare al IOMA en emergencia sanitaria, económica y financiera. “Los reclamos se multiplicaron en todo el interior –argumentó–. En Mar del Plata, con más de 100.000 afiliados, fue el primer cimbronazo en la región con la caída de los convenios con tres clínicas locales. Eso hizo que afiliados quedaran sin cobertura y a la deriva por una discusión económica [entre el financiador y los prestadores].”
El problema con la obra social “es insostenible” desde hace seis u ocho meses, según definió. Los problemas, según refirieron familias, alcanzan a la atención de la discapacidad. “No paga en plazos que eviten que se corten servicios en el contexto actual, pero tampoco da una respuesta”, agregó Bordaisco.
La declaración de emergencia sería por el plazo de un año y se crearía una comisión bicameral de seguimiento, fiscalización y control del IOMA con seis diputados y seis senadores. En sus reuniones para llegar a un diagnóstico de situación participaría la Defensoría del Pueblo, las asociaciones de usuarios y consumidores, universidades, sindicatos, colegios profesionales y la sociedad civil.
El mes pasado, la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (Femeba) informó un corte de servicios a IOMA a afiliados de La Plata, Ensenada, Tandil, San Pedro y Mar del Plata porque la obra social adeudaba el pago de las consultas entre agosto y noviembre pasados. IOMA contrata a los médicos a través de convenios que negocia con Femeba y la Federación Médica del Conurbano (Femecon), que nuclean a los círculos y asociaciones médicas bonaerenses.
Anteayer, autoridades de Femeba se reunieron con legisladores provinciales para informarles que no hay diálogo con las autoridades de la obra social. “Por alguna razón que no entendemos –compartieron a través de un comunicado–, Homero Giles desprecia la calidad de atención médica que reciben los beneficiarios de la obra social, y prioriza los intereses políticos y personales por sobre la salud de quienes con su aporte hacen posible la existencia del IOMA; recursos económicos que, por otra parte, se queda la provincia y no llegan íntegramente al Instituto, y que como él mismo reconoció, no se destinan a mejorar las prestaciones como corres pon de ría”.
En las últimas semanas se intensificaron las quejas por el corte de prestaciones del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social de los empleados públicos bonaerenses, que tiene 2.230.000 afiliados. Se suspendieron cirugías programadas en decenas de centros de La Plata por el retraso en el pago de honorarios a los anestesiólogos, faltan medicamentos y muchos afiliados contratan por su cuenta una segunda cobertura de salud para poder resolver sus problemas.
Las quejas por el corte de prestaciones de la obra social de los empleados públicos bonaerenses se intensificaron en las últimas semanas y no hay respuesta desde el Estado provincial. Legisladores provinciales impulsan que se declare en emergencia sanitaria, económica y financiera a la segunda obra social más grande del país por cantidad de afiliados. Pero ¿lo está?
El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) viene informando como nunca antes, desde el año pasado, medidas contra centros contratados a lo largo de la provincia que dejan de atender a los afiliados. Ya se suspendieron cirugías programadas en una decena de centros de La Plata por un atraso en el pago de honorarios a los anestesiólogos, mientras que hay demoras de hasta ocho meses en otras especialidades, comunicaron sociedades científicas.
Se comunicó con la obra social, donde le trasladaron la pregunta a su presidente, Homero Giles. Hasta el momento, no hubo respuesta. En julio pasado, durante una jornada con sindicatos, se informó que Giles inició su gestión con un déficit de $4500 millones y un endeudamiento por $10.000 millones cuando Juntos por el Cambio dejó la gobernación, en 2019.
“Resultaba titánico administrar una institución con semejantes problemas económicos, circunstancia que alimentó el discurso de un IOMA inviable y la propuesta de desregulación para que cada afiliada y afiliado pudiera derivar sus aportes eligiendo su obra social o prepaga, destruyendo así el sistema solidario que lo sustenta”, afirmaron sus autoridades en ese momento.
Cuatro años más tarde, las quejas por la suspensión de prestaciones y afiliados que quedan a la deriva son cada vez más fuertes. “Hay una crisis terrible”, reconocieron a este medio el mes pasado los empleados de la oficina del IOMA en Mar del Plata.
IOMA tiene 2.230.000 millones de afiliados y 197 delegaciones en territorio bonaerense. El aporte a la obra social estatal es obligatorio para los empleados públicos de la provincia, con su grupo familiar. Ya hay municipios que eliminaron esa obligación o están por hacerlo y una proporción mínima, sobre todo en La Plata, contrata los servicios de manera voluntaria.
Dentro de esa población cautiva de afiliados, están los que, con mejores ingresos, contratan una segunda cobertura: aportan todos los meses de su salario, pero no lo usan. Esto es lo que permite, como coinciden profesionales que trabajan con la obra social, sostener una “cuota” mensual por salario 10 veces más baja que una prepaga.
“Bien gestionado, entre los aportes cautivos más los que no usan los servicios porque tienen una segunda cobertura, es un instituto médico con un fondo de financiamiento muy grande”, estimó uno de los médicos, que tiene experiencia en gestión sanitaria municipal, en diálogo con la nacion.
A los 42 años, Giles libra una cruzada personal contra lo que llama el “modelo de cartelización”, en el que entran profesionales, clínicas o sanatorios y el sector farmacéutico por igual y que IOMA contrata a través de convenios con federaciones o asociaciones que los nuclean en cada caso para formar su red prestacional. Uno de sus objetivos es, además, la expansión del IOMA en la provincia, pero con profesionales contratados sin intermediarios y una red de centros propios, sin convenios de por medio con representantes del sector.
El Hospital Gabriela Carriquiriborde, abierto en Temperley en 2020, es el primer “hospital IOMA”, junto con unas 200 pequeñas clínicas (policonsultorios) que la obra social habría comprado, alquilado o construido –la información no está disponible– en la gestión de Kicillof. “IOMA tiene que expandirse con un hospital propio en cada región”, afirmó en una recorrida el médico de 42 años que nació en Corrientes y se formó en la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana,
Cuba. En el segundo mandato de Cristina Kirchner, fue subsecretario de Prevención y Control de Riesgos del Ministerio de Salud de la Nación. “Presidente del IOMA. Médico. Militante. Hincha de Racing”, se presenta en su cuenta de la red X. ¿Dónde milita? En La Cámpora.
El presupuesto que la Legislatura provincial aprobó el año pasado para el IOMA fue de $362.442 millones. “No está funcionando bien y se cobra mucho copago”, evaluó una médica con tres décadas de trabajo en la provincia y conocedora de las entidades profesionales a través de las que IOMA contrata a sus prestadores.
El año pasado, el aumento del precio y el freno a las importaciones interrumpieron la cadena de pago de medicamentos en la red de farmacias que trabajan con IOMA y otras coberturas. En una reunión en La Plata con autoridades del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires (Colfarma), en noviembre pasado se definió cómo se transferirían $800 millones para cubrir la facturación completa de septiembre por los medicamentos dispensados a los afiliados dos meses antes. Ahora, el problema está en los pagos del plan IOMA accesorios, a través del que se cubre la entrega de pañales e insumos para pacientes diabéticos, ostomizados, entre otros, según explicó Alejandra González, presidenta del Colfarma.
La diputada bonaerense Maricel Etchecoin (Coalición Cívica) le envió esta semana una carta al defensor del Pueblo de la provincia, Guido Lorenzino, para que intervenga por los inconvenientes con ese plan y otros motivos de queja, como la falta de descuento con la que se encuentran los afiliados en las farmacias o de entrega de terapias para enfermedades crónicas.
“En términos de números, no conocemos cómo está siendo administrado [IOMA]. Sabemos que es deficitario porque hay una resolución oficial del año pasado en la que lo reconocen –dijo Etchecoin–. Pero más allá de eso, por la cantidad de personas que se están quejando de la prestación del servicio y de que no les hacen el descuento que les corresponde es un reclamo generalizado y lo está siendo aún más que en otras oportunidades. Siempre existieron casos de retrasos en entregas o prestaciones, pero, ahora, las quejas son porque directamente no cuentan con la prestación.”
Por eso, pidió que intervenga Lorenzino. “Es importante que más allá de lo que podamos hacer desde lo legislativo, como elevar pedidos de informe, se involucren otros actores, como el defensor del Pueblo, para velar porque se garanticen derechos, como es a la salud, si no se está brindando atención de manera oportuna”, agregó Etchecoin.
Con Romina Braga y Luciano Bugallo, que completan el bloque de diputados de la Coalición Cívica, presentaron un pedido de informes al gobernador Axel Kicillof sobre la gestión presupuestaria de la obra social estatal y los mecanismos de control y auditoría.
El 20 de enero pasado, IOMA notificó a pacientes que se regularizaría la entrega de medicamentos para enfermedades como cáncer, pero los problemas siguieron. En la Fundación Argentina de Mieloma, por
Por la situación, ya hay afiliados que contratan una segunda cobertura
ejemplo, la consulta hecha a pacientes y familiares devuelve en pocas horas experiencias variadas.
“Me entregaron esta semana lenalidomida [fármacos para mantenimiento de pacientes con mieloma múltiple] de diciembre y enero que me debían”, fue una. “En mi caso –fue otra–, hubo un retraso con la pomalidomida que se solucionó desde IOMA. Con el resto nunca hubo problemas. Pude acceder a los costos [la cobertura debería ser del 100% en este caso] y, en comparación con hace dos meses, es terrible lo que aumentó el laboratorio. Eso me hace temer la continuidad.” El esposo de una paciente también mencionó la posibilidad de enviar una carta documento a IOMA porque “desde el 20 de enero no está tomando la medicación” en referencia a la lenalidomida. A partir de los reclamos que reciben, en la fundación opinan que “parecería que se está normalizando” la entrega, aunque esperan relevar el mes de marzo.
Afiliados con leucemia tienen problemas con las autorizaciones de fármacos específicos: asciminib, para la leucemia mieloide crónica, y venetoclax, para la leucemia mieloide aguda. No están incluidos en el vademécum de IOMA a partir del que los auditores definen si la indicación del médico tratante se cubre o debe cambiarla. “Las actualizaciones de su vademécum no pueden ser condicionante para la decisión de tratamiento del paciente”, sostuvo Fernando Piotrowski, director ejecutivo de la Asociación Leucemia de Argentina (ALMA).
“En el caso de los pacientes con leucemia, se tienen que considerar afortunados si reciben el tratamiento los 12 meses del año”, manifestó sobre la eficiencia de la cobertura provincial.
Hace 10 días, la obra social le rechazó a la madre de Mariana Sollazo la cobertura de venetoclax que los médicos tratantes en Mar del Plata indicaron “por ser una paciente no apta para el tratamiento estándar” para el síndrome mielodisplásico. La Dirección de Políticas de Medicamentos de IOMA argumentó que no estaba “aceptado” para sus afiliados y que había opciones. Citó un informe de hace cuatro años de la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Excelencia Clínica (Conatec): elevaría un 26% el gasto de cobertura. “Está aprobado, pero me dijeron que no están haciendo reintegros”, dijo Sollazo.
La paciente, de 59 años y docente bonaerense, necesita seguir con las transfusiones de sangre cada 15 días y tiene la aplicación de azacitidina (quimioterapia) suspendido por intolerancia hasta resolver la nueva indicación combinada.
Capítulo especial
Por la interrupción de la atención por IOMA en tres de cinco clínicas de Mar del Plata, le ofrecieron en la oficina local que su madre empezara a atenderse en La Plata o continuar con las transfusiones en otras dos clínicas marplatenses. Así lo hizo en la Clínica del Niño y la Madre, donde tuvo que ocuparse de conseguir la orden e ir al banco de sangre. Anteayer iba a ser la última transfusión ahí porque le informaron que el próximo lunes tampoco atenderán por IOMA. “Ahora, tengo que rezar que puedan recibir a mi mamá en la Clínica Belgrano cuando en 15 días se tenga que transfundir”, dijo Sollazo a la nacion. Aún no le reintegraron a la familia $55.000 de un estudio de control de la enfermedad.
El conflicto de IOMA con las clínicas de Mar del Plata termina por reducir dónde los afiliados en esa ciudad se pueden atender y seguir los tratamientos. “Ni hablar de las sesiones de quimioterapia. Ya hablamos de pagarlo particular porque no tengo dónde llevar a mi madre. Las últimas aplicaciones de la medicación que le dan cuando las defensas bajan las pagamos a domicilio entre $6000 y 7000 cada una, pero no vamos a poder con la internación para la transfusión. El presupuesto que me pasaron es de $500.000, que tendría que pagar cada 15 días –contó Sollazo–. Es vivir con los nervios de punta y, cada día, algo distinto. Es inadmisible. Las consultas hematológicas en la clínica donde la atendían originalmente cuestan de $10.000.”
El senador provincial Ariel Bordaisco (UCR) es uno de los firmantes del proyecto de ley del bloque de UCR + Cambio Federal para que se declare al IOMA en emergencia sanitaria, económica y financiera. “Los reclamos se multiplicaron en todo el interior –argumentó–. En Mar del Plata, con más de 100.000 afiliados, fue el primer cimbronazo en la región con la caída de los convenios con tres clínicas locales. Eso hizo que afiliados quedaran sin cobertura y a la deriva por una discusión económica [entre el financiador y los prestadores].”
El problema con la obra social “es insostenible” desde hace seis u ocho meses, según definió. Los problemas, según refirieron familias, alcanzan a la atención de la discapacidad. “No paga en plazos que eviten que se corten servicios en el contexto actual, pero tampoco da una respuesta”, agregó Bordaisco.
La declaración de emergencia sería por el plazo de un año y se crearía una comisión bicameral de seguimiento, fiscalización y control del IOMA con seis diputados y seis senadores. En sus reuniones para llegar a un diagnóstico de situación participaría la Defensoría del Pueblo, las asociaciones de usuarios y consumidores, universidades, sindicatos, colegios profesionales y la sociedad civil.
El mes pasado, la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (Femeba) informó un corte de servicios a IOMA a afiliados de La Plata, Ensenada, Tandil, San Pedro y Mar del Plata porque la obra social adeudaba el pago de las consultas entre agosto y noviembre pasados. IOMA contrata a los médicos a través de convenios que negocia con Femeba y la Federación Médica del Conurbano (Femecon), que nuclean a los círculos y asociaciones médicas bonaerenses.
Anteayer, autoridades de Femeba se reunieron con legisladores provinciales para informarles que no hay diálogo con las autoridades de la obra social. “Por alguna razón que no entendemos –compartieron a través de un comunicado–, Homero Giles desprecia la calidad de atención médica que reciben los beneficiarios de la obra social, y prioriza los intereses políticos y personales por sobre la salud de quienes con su aporte hacen posible la existencia del IOMA; recursos económicos que, por otra parte, se queda la provincia y no llegan íntegramente al Instituto, y que como él mismo reconoció, no se destinan a mejorar las prestaciones como corres pon de ría”.
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