No avanzan las propuestas para transparentar la Legislatura provincial
caja negra. Se acumulan iniciativas que proponen recortar gastos, cambiar la forma de votar de los diputados y hasta pasar a una sola cámara, pero ninguna prospera
Javier Fuego Simondet
El Parlamento bonaerense se resiste a cambiar
La Cámara de Diputados provincial ofreció motivos el año pasado para que afloraran proyectos tendientes a reducir su opacidad, que quedó expuesta en septiembre de 2023 con el caso de las tarjetas de débito del puntero peronista Julio “Chocolate” Rigau y del radical Hugo Muguerza. Ese hecho se adosó a una lista de malas notas que acumuló la Cámara baja provincial a partir de su muy baja actividad (solo tres sesiones el año pasado) y de la falta de información sobre sus recursos. La serie de pasos oscuros generó que distintos bloques presentaran proyectos para transparentar su funcionamiento, pero ninguno avanzó aún, ya sea porque no llegaron a las comisiones o porque son demasiado recientes.
En octubre del año pasado, un mes después de que se hiciera público el caso Chocolate, se presentó un proyecto para que la Legislatura deje de tener dos cámaras y se convierta en unicameral. Lo firmó el actual senador nacional radical Maximiliano Abad, por entonces presidente del bloque de diputados bonaerenses de Juntos por el Cambio. Según pudo saber
de fuentes de la UCR, el la nacion proyecto no llegó a comisiones. La iniciativa radical propone reducir a 80 el número total de legisladores (actualmente, hay 92 diputados y 46 senadores, un total de 138). Para llevar a cabo la reforma, sería necesaria una reforma parcial de la Constitución provincial, punto que se menciona en el primer artículo de la iniciativa.
El proyecto subraya que solo ocho provincias mantienen la Legislatura bicameral y prevé una renovación total de los legisladores cada cuatro años. Y destaca, también, que la unicameralidad “permite una mayor eficiencia y celeridad”, además de “menor costo operativo”. En 2023, la Legislatura contó con un presupuesto de $62.100 millones.
Entre los diputados ajenos al extinto bloque de Juntos por el Cambio (se dividió en 4 bancadas) no hay expectativas con el proyecto de unicameralidad. “Me parece que el proyecto de los radicales era para salir del paso por el caso Chocolate, había mucha presión para que se dijera algo”, afirmó un legislador liberal. “Eso no va a salir”, sentenció un diputado de Unión por la Patria.
También en octubre, el diputado Nahuel Sotelo Larcher (que preside el bloque La Libertad Avanza) presentó una iniciativa para crear la “Comisión EspecialBicam era l de Revisión y Reforma del Régimen Normativo del Personal de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires”. En sus fundamentos, este proyecto que no fue tratado todavía, indica que “las contrataciones no cuentan con el más mínimo detalle”.
Hace un año, la Cámara de Diputados provincial dejó de publicar las declaraciones juradas actualizadas de sus integrantes. El mes pasado, la Coalición Cívica (CC) presentó un proyecto para incorporar al reglamento interno un capítulo de “Cámara Abierta”. Impulsado por Maricel Etchecoin, jefa del bloque, establece que se publiquen, entre otros datos, “la nómina de personal de planta permanente, temporal o transitoria y contratados, con especificación de su nombre, fecha de incorporación, duración del contrato (si corresponde), dependencia, despacho o bloque político al que está adscripto”, detalles hoy no disponibles para la consulta pública. También, la iniciativa de la CC ordena que vuelvan a publicarse las “declaraciones juradas de todos los diputados, secretarios y prosecretarios de la Cámara, directores y subdirectores, y personal que interviene en el manejo de fondos públicos”. La Cámara aún no entró en el período ordinario de sesiones y no tiene sus comisiones conformadas, por lo que este proyecto reciente tampoco registra avances.
“Está la necesidad de establecer cambios en el funcionamiento administrativo. Son decisiones del oficialismo y veo que están trabajando en eso. Nosotros estamos insistiendo en ese sentido y muestran voluntad de hacer cambios”, dijo un diputado provincial de Pro.
La falta de transparencia también se manifiesta en la dinámica de votación en el recinto de la Cámara de Diputados, que es cuestionada y motiva proyectos, como el que tiene como autora a Constanza Moragues Santos (bloque Libertad por Siempre). Presentada el 8 de febrero y con intención de su autora de llevarla a la probable sesión que la Cámara tendría el 20 de febrero, la iniciativa impulsa que se vote nominalmente en las sesiones; es decir, que cada diputado indique su voto de viva voz, en lugar de hacerlo a mano alzada, como es habitual actualmente
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Buscan recuperar el contenido del teléfono de Sabag Montiel
Es uno de los pedidos de la fiscal por el atentado a Cristina
Candela Ini
Gabriela Baigún, que será la fiscal del juicio por el atentado a Cristina Kirchner, pidió una serie de medidas de prueba adicionales antes de la realización del debate oral contra Fernando André Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, los acusados de haber intentado asesinar a la expresidenta el 1º de septiembre de 2022.
Entre esas medidas, Baigún solicitó que se intente recuperar la información que se perdió cuando fue abierto el teléfono celular de Sabag Montiel, que se produzcan pruebas relacionadas con el supuesto rol del diputado Gerardo Milman (ex mano derecha de Patricia Bullrich) en el caso y revisar la situación de los dirigentes de la agrupación antikirchnerista Revolución Federal.
En total, las medidas solicitadas por la fiscalía para esta “instrucción suplementaria” son 25.
En el mismo escrito, en lo que respecta al juicio en sí, la fiscal pidió que en ese proceso oral declaren en total 182 testigos; entre ellos, la expresidenta Cristina Kirchner. Entre las medidas que solicitó que se tomen antes del juicio, pidió también requerir un pedido a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de todas las filmaciones obtenidas en el marco de los allanamientos y procedimientos llevados adelante por esa fuerza en la causa.
En cuanto al teléfono de Sabag Montiel, la fiscal consideró que debe hacerse un proceso de “rooteo y posterior extracción física sobre el contenido del celular identificado como TEL_01, con el objeto de recuperar los vestigios de información que pudieron haber quedado en el almacenamiento de dicho dispositivo”.
También pidió que se le solicite a la Policía Federal Argentina (PFA) información sobre el desempeño de sus efectivos en la noche del ataque.
En junio del año pasado, la jueza federal María Eugenia Capuchetti elevó a juicio oral y público a Fernando Sabag Montiel, a Brenda Uliarte y a Nicolás Carrizo por el fallido atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, ocurrido el 1º de septiembre de 2022. Con las evidencias que consideraban firmes, el fiscal Carlos Rívolo y la jueza Capuchetti avanzaron con las detenciones y procesamientos del autor del disparo fallido, Fernando Sabag Montiel y su novia, Brenda Uliarte, están procesados como autores del homicidio calificado en grado de tentativa. El líder de la banda de supuestos vendedores de copos de azúcar, Nicolás Gabriel Carrizo, y la amiga de Brenda Uliarte Agustina Díaz fueron procesados en las últimas horas del viernes pasado como partícipes secundarios. Díaz y Carrizo no estuvieron presentes en las calles porteñas de Recoleta Juncal y Uruguay en la noche del ataque, pero, según el fallo firmado por la jueza Capuchetti, tenían como plan común junto a Sabag Montiel y Uliarte matar a Cristina Kirchner.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
La Cámara de Diputados provincial ofreció motivos el año pasado para que afloraran proyectos tendientes a reducir su opacidad, que quedó expuesta en septiembre de 2023 con el caso de las tarjetas de débito del puntero peronista Julio “Chocolate” Rigau y del radical Hugo Muguerza. Ese hecho se adosó a una lista de malas notas que acumuló la Cámara baja provincial a partir de su muy baja actividad (solo tres sesiones el año pasado) y de la falta de información sobre sus recursos. La serie de pasos oscuros generó que distintos bloques presentaran proyectos para transparentar su funcionamiento, pero ninguno avanzó aún, ya sea porque no llegaron a las comisiones o porque son demasiado recientes.
En octubre del año pasado, un mes después de que se hiciera público el caso Chocolate, se presentó un proyecto para que la Legislatura deje de tener dos cámaras y se convierta en unicameral. Lo firmó el actual senador nacional radical Maximiliano Abad, por entonces presidente del bloque de diputados bonaerenses de Juntos por el Cambio. Según pudo saber
de fuentes de la UCR, el la nacion proyecto no llegó a comisiones. La iniciativa radical propone reducir a 80 el número total de legisladores (actualmente, hay 92 diputados y 46 senadores, un total de 138). Para llevar a cabo la reforma, sería necesaria una reforma parcial de la Constitución provincial, punto que se menciona en el primer artículo de la iniciativa.
El proyecto subraya que solo ocho provincias mantienen la Legislatura bicameral y prevé una renovación total de los legisladores cada cuatro años. Y destaca, también, que la unicameralidad “permite una mayor eficiencia y celeridad”, además de “menor costo operativo”. En 2023, la Legislatura contó con un presupuesto de $62.100 millones.
Entre los diputados ajenos al extinto bloque de Juntos por el Cambio (se dividió en 4 bancadas) no hay expectativas con el proyecto de unicameralidad. “Me parece que el proyecto de los radicales era para salir del paso por el caso Chocolate, había mucha presión para que se dijera algo”, afirmó un legislador liberal. “Eso no va a salir”, sentenció un diputado de Unión por la Patria.
También en octubre, el diputado Nahuel Sotelo Larcher (que preside el bloque La Libertad Avanza) presentó una iniciativa para crear la “Comisión EspecialBicam era l de Revisión y Reforma del Régimen Normativo del Personal de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires”. En sus fundamentos, este proyecto que no fue tratado todavía, indica que “las contrataciones no cuentan con el más mínimo detalle”.
Hace un año, la Cámara de Diputados provincial dejó de publicar las declaraciones juradas actualizadas de sus integrantes. El mes pasado, la Coalición Cívica (CC) presentó un proyecto para incorporar al reglamento interno un capítulo de “Cámara Abierta”. Impulsado por Maricel Etchecoin, jefa del bloque, establece que se publiquen, entre otros datos, “la nómina de personal de planta permanente, temporal o transitoria y contratados, con especificación de su nombre, fecha de incorporación, duración del contrato (si corresponde), dependencia, despacho o bloque político al que está adscripto”, detalles hoy no disponibles para la consulta pública. También, la iniciativa de la CC ordena que vuelvan a publicarse las “declaraciones juradas de todos los diputados, secretarios y prosecretarios de la Cámara, directores y subdirectores, y personal que interviene en el manejo de fondos públicos”. La Cámara aún no entró en el período ordinario de sesiones y no tiene sus comisiones conformadas, por lo que este proyecto reciente tampoco registra avances.
“Está la necesidad de establecer cambios en el funcionamiento administrativo. Son decisiones del oficialismo y veo que están trabajando en eso. Nosotros estamos insistiendo en ese sentido y muestran voluntad de hacer cambios”, dijo un diputado provincial de Pro.
La falta de transparencia también se manifiesta en la dinámica de votación en el recinto de la Cámara de Diputados, que es cuestionada y motiva proyectos, como el que tiene como autora a Constanza Moragues Santos (bloque Libertad por Siempre). Presentada el 8 de febrero y con intención de su autora de llevarla a la probable sesión que la Cámara tendría el 20 de febrero, la iniciativa impulsa que se vote nominalmente en las sesiones; es decir, que cada diputado indique su voto de viva voz, en lugar de hacerlo a mano alzada, como es habitual actualmente
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Buscan recuperar el contenido del teléfono de Sabag Montiel
Es uno de los pedidos de la fiscal por el atentado a Cristina
Candela Ini
Gabriela Baigún, que será la fiscal del juicio por el atentado a Cristina Kirchner, pidió una serie de medidas de prueba adicionales antes de la realización del debate oral contra Fernando André Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, los acusados de haber intentado asesinar a la expresidenta el 1º de septiembre de 2022.
Entre esas medidas, Baigún solicitó que se intente recuperar la información que se perdió cuando fue abierto el teléfono celular de Sabag Montiel, que se produzcan pruebas relacionadas con el supuesto rol del diputado Gerardo Milman (ex mano derecha de Patricia Bullrich) en el caso y revisar la situación de los dirigentes de la agrupación antikirchnerista Revolución Federal.
En total, las medidas solicitadas por la fiscalía para esta “instrucción suplementaria” son 25.
En el mismo escrito, en lo que respecta al juicio en sí, la fiscal pidió que en ese proceso oral declaren en total 182 testigos; entre ellos, la expresidenta Cristina Kirchner. Entre las medidas que solicitó que se tomen antes del juicio, pidió también requerir un pedido a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de todas las filmaciones obtenidas en el marco de los allanamientos y procedimientos llevados adelante por esa fuerza en la causa.
En cuanto al teléfono de Sabag Montiel, la fiscal consideró que debe hacerse un proceso de “rooteo y posterior extracción física sobre el contenido del celular identificado como TEL_01, con el objeto de recuperar los vestigios de información que pudieron haber quedado en el almacenamiento de dicho dispositivo”.
También pidió que se le solicite a la Policía Federal Argentina (PFA) información sobre el desempeño de sus efectivos en la noche del ataque.
En junio del año pasado, la jueza federal María Eugenia Capuchetti elevó a juicio oral y público a Fernando Sabag Montiel, a Brenda Uliarte y a Nicolás Carrizo por el fallido atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, ocurrido el 1º de septiembre de 2022. Con las evidencias que consideraban firmes, el fiscal Carlos Rívolo y la jueza Capuchetti avanzaron con las detenciones y procesamientos del autor del disparo fallido, Fernando Sabag Montiel y su novia, Brenda Uliarte, están procesados como autores del homicidio calificado en grado de tentativa. El líder de la banda de supuestos vendedores de copos de azúcar, Nicolás Gabriel Carrizo, y la amiga de Brenda Uliarte Agustina Díaz fueron procesados en las últimas horas del viernes pasado como partícipes secundarios. Díaz y Carrizo no estuvieron presentes en las calles porteñas de Recoleta Juncal y Uruguay en la noche del ataque, pero, según el fallo firmado por la jueza Capuchetti, tenían como plan común junto a Sabag Montiel y Uliarte matar a Cristina Kirchner.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
La democracia argentina se deterioró en el último año, según la revista The Economist
El país de América Latina mejor ubicado es Uruguay, en el puesto 14 a nivel internacional
En un reporte anual que analiza el sistema de gobierno democrático en 167 países, se informó que en 2023 se resintió la democracia en la Argentina respecto del año anterior, que sigue siendo calificada de “defectuosa”. En comparación con 2022, cayó cuatro lugares, al puesto número 54 en el ranking global, y mantuvo el noveno puesto en el regional. Uruguay es el único país sudamericano que está considerado una democracia “plena”.
El estudio del Índice de Democracia pertenece a la Unidad de Inteligencia de la revista británica The Economist y comenzó a publicarse en 2006. El reporte evalúa cinco indicadores en cada una de las naciones analizadas: proceso electoral y pluralismo, participación política, libertades civiles, funcionamiento del gobierno y cultura política. Estos dos últimos ítems mencionados son los que registran un índice más bajo en la Argentina, con una caída promedio de 0,19 puntos respecto del año anterior.
Parte de las conclusiones a las que llegó el informe respecto de este deterioro en la democracia de la Argentina giran en torno a la polarización entre las fuerzas políticas y sus consecuencias, sobre todo durante el último proceso electivo.
“La Argentina no es ajena a la polarización, pero esta alcanzó nuevos niveles en las elecciones presidenciales de 2023. Un libertario de derecha, Javier Milei, de La Libertad Avanza (LLA), y el candidato del (entonces) gobernante partido peronista Unión por la Patria, Sergio Massa, y sus partidarios elevaron las apuestas de las elecciones a un punto álgido, argumentando que si perdían, la democracia en la Argentina estaría en riesgo”, indica el reporte, que traza un paralelismo con el escenario político que tuvo lugar en Brasil en 2022
El informe agrega: “A pesar de sus andanadas, Milei ganó de forma aplastante en la segunda vuelta, mientras una inflación de tres dígitos se catapultaba”.
Para los analistas que revisaron la situación sociopolítica de la Argentina, el libertario “tiene un mandato electoral claro, pero su agenda de reformas de libre mercado tendrá dificultades para ser aprobada en un Congreso fragmentado y enfrentará desafíos judiciales. Además, una dolorosa austeridad”.
La revista tiene una crítica visión negativa sobre el futuro del país: “Las medidas pueden desencadenar disturbios sociales en 2024”.
Los estándares democráticos se deterioraron, en general en casi todo el mundo, en 2023 debido a las guerras y la pérdida de confianza en los principales partidos, indicó el estudio de The Economist. El índice anual elaborado por la revista advierte que su media global cayó a su nivel más bajo desde su creación, en 2006: a 5,23, sobre 10. No obstante, dos países, Paraguay y Papúa Nueva Guinea, lograron sumarse a la categoría de democracias.
“Este deterioro se debió principalmente a la evolución negativa de la situación en los países no democráticos, como el recrudecimiento de los conflictos violentos y las medidas autoritarias”, apunta.
El grupo de análisis, con sede en Londres, señala además una intensificación del sentimiento antiinmigración en muchos países, un descenso de los niveles de confianza en los partidos y líderes mayoritarios, y un panorama político cada vez más polarizado en América y Europa.
Los resultados se deterioraron en 2023 en todas las regiones del mundo salvo en Europa Occidental, y los países que obtuvieron peores resultados están en América Latina y el Caribe, Medio Oriente y norte de África y el África subsahariana. “Fue el octavo año consecutivo de retroceso democrático para América Latina y el Caribe”, informa The Economist, aunque destaca que pese al dato desfavorable la región “sigue siendo la tercera más democrática del mundo, por detrás de Norteamérica y Europa Occidental”.
Uruguay, que se encuentra en la posición 14 (de 167), y Costa Rica, que quedó en la 17, están consideradas “democracias plenas”. Chile (25) pasó en 2023 de este grupo al de “democracias deficientes”, donde también están Panamá (48), Brasil (51), la Argentina (54), Colombia (55), la República Dominicana (61) y Paraguay (74).
Según el informe, “el mayor retroceso se produjo en la subregión de Centroamérica, lastrado por los descensos en El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras”. Nicaragua (143) es el país latinoamericano en peor posición y está en la categoría de “regímenes autoritarios” junto a Venezuela (142), Cuba (135) y Haití (129).
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.