DESDE ADENTRO Y OBRAS

Aun sin ley, Milei seduce en el mundo
Florencia Donovan
ane Fraser, CEO global del Citi, la primera mujer en ocupar un cargo tan alto en el sistema bancario norteamericano, tiene previsto viajar a la Argentina la semana que viene. En el Citi no confirmaron, pero tampoco negaron la información. La última vez que el número uno del banco norteamericano, el cuarto más grande de los EE.UU. en términos de activos, había venido al país había sido en 2016, a poco de asumir Mauricio Macri.
Sería la primera visita corporativa de alto impacto, tras las promesas de viajar al país por parte del dueño de X, Elon Musk, y de Larry Fink, accionista principal de uno de los fondos más grandes del mundo. La realidad es que, desde diciembre hasta la fecha, una gran cantidad de ejecutivos de segunda línea de fondos de inversión viajaron al país para intentar entender al Gobierno. La casa bursátil TPCG armó un encuentro con inversores en verano, mientras que bancos como Santander y Deutsche estarían organizando eventos en el cortísimo plazo. De algún modo, Milei tiene el mérito de haber vuelto a poner a la Argentina en la agenda global.
El afán transformador del Presidente libertario llama la atención de los inversores, muchos de los cuales habían archivado a la Argentina de sus contactos hace ya tiempo. Como sucedió con Macri, sin embargo, por ahora, todos quieren conocer en primera persona qué es lo que puede suceder en una de las economías más grandes de la región. Pero como con Macri son jugadores que miran, pero que no apuestan.
Y es que pese a que el mundo de los inversores comulga con las ideas de Milei e incluso celebra su discurso, todavía tiene dudas de que este outsider de la política pueda ponerlas en práctica. Las fuertes caídas de las acciones argentinas en las últimas ruedas son una señal de alerta. El mercado de fusiones y adquisiciones también está paralizado, no hay precio de nada. Pocas operaciones siguen su curso: Exxon espera definir a fin de mes su proceso de venta, con la presentación final de ofertas. Shell sería la mejor posicionada, pero también se esperan ofertas de Pampa (podría quedarse con el activo de Sierra Chata, donde ya es socio de Exxon), Tecpetrol (la petrolera del Grupo Techint) e YPF. Una curiosidad del mercado: ¿pujará Horacio Marin, CEO de YPF, con Tecpetrol, su otrora empleadora, o decidirá no presentar a YPF en esta operación? Seis exejecutivos de Tecpetrol (o Techint) cumplen funciones claves en la nueva YPF. En un mercado chico, los conflictos de intereses abundan.
La decisión del Gobierno esta semana de dar directamente marcha atrás con la “Ley de bases” ante la imposibilidad de negociar un texto consensuado con los gobernadores hizo poco por disipar las dudas. Ni hablar que quedaron en el camino capítulos que muchas compañías miraban con entusiasmo, como el que hacía referencia al nuevo Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones. Nadie duda de las intenciones transformadoras del Presidente, pero todos quieren cerciorarse de que el giro de 180° que promete dure más allá de cuatro años. Sin el capítulo fiscal, es cierto, es poco lo que el proyecto aportaba al plan de ajuste de corto plazo. Pero hubiera sido una primera señal de largo aliento. Un país sin credibilidad necesita demostrar más que cualquiera que los cambios serán duraderos y con consenso de la política.
Tampoco el corto plazo ofrece certezas. Si bien el mercado recibió bien el plan de transición ideado por Caputo, ahora empieza a mostrar dudas. Por lo pronto, la mayoría ya descuenta que el equipo económico tendrá que elevar entre marzo y más tardar abril, la tasa de ajuste mensual del tipo de cambio oficial, que después de la devaluación la sostuvo en un 2% mensual, en un intento de anclar también la corrida de precios.
“Seguimos pensando que una aceleración de la tasa de ajuste cambiaria (crawl) es necesaria más temprano que tarde, probablemente antes de la liquidación de dólares de la cosecha en el segundo trimestre del año”, resumió Morgan Stanley en un informe para clientes esta semana. Los futuros de dólar que se negocian en la plaza local son un reflejo de este sentimiento. En el equipo económico saben que un ajuste del crawl es mejor que un salto cambiario –aseguran, de hecho, que no piensan en otra devaluación en el corto plazo–, pero en gran medida dependen de que los datos de inflación de febrero y de marzo acompañen. En el Gobierno esperan que la fuerte recesión en los primeros cuatro meses del año cumpla con la tarea. También dependen de que las lluvias terminen por apuntalar una cosecha que en los últimos días sufrió los embates del calor y la seca. Mientras, en el Central sostienen que los dólares financieros están caros.
“No va a haber pesos para comprar dólares”, dicen, confiadas, otras voces del equipo económico. Es cierto que, en términos reales, hay una fuerte caída en la cantidad de pesos. Según Adrián Yarde Buller, economista jefe de Facimex, el nivel de pesos en términos reales es parecido al que había antes de las PASO de 2019. “Es una buena noticia –aclara–, pero no hay que perder de vista que la emisión la vas a seguir manteniendo alta, porque el cuasi fiscal todavía es grande, y las compras de dólares que hace el Banco Central tampoco ayudan. Algún tipo de ancla necesita la economía y darle alguna consistencia al crawling peg.Y lo lógico sería que se diera antes de la cosecha, porque si no el que se puede financiar en pesos también va a esperar para vender, porque hay tasas de interés reales negativas”.
La idea del Gobierno es, además, mostrar señales fiscales fuertes, que sirvan para anclar el plan oficial. La orden que Caputo le dio al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, es que en el primer trimestre del año hay que mostrar superávit financiero como sea. El 20 de este mes, el Gobierno espera anunciar que en enero ya obtuvo superávit financiero, por primera vez en una década. El Tesoro estaría registrando un superávit primario –antes del pago de intereses de la deuda– de cerca de 1 billón de pesos, mientras que organismos como la Anses, habrían tenido un resultado a favor de más de $500.000 millones. Números que, a simple vista, impresionan por lo positivos, pero que para quienes siguen de cerca las cuentas fiscales poco satisfacen.
“La devaluación y la inflación están haciendo su trabajo; el resultado es en gran medida una licuación”, dice un economista que conoce del tema. “Por el lado de los ingresos, ayudó la mayor nominalidad de la inflación y hubo más ingresos por derechos de exportación después de la devaluación y por el impuesto PAIS, mientras que por el lado del gasto se habían anticipado muchos pagos en diciembre, se licuó otro tanto, y después se frenó todo lo discrecional que iba a provincias”, explicó. Sin un paquete fiscal a la vista, por ahora, el ajuste es el más antipático de todos.
En los últimos días, hubo unas pocas excepciones hacia un par de provincias aliadas. Chubut recibió aportes del Tesoro nacional por $1500 millones para combatir los incendios, mientras que Chaco y Tucumán (los diputados que responden al gobernador Jaldo fueron los primeros en romper con el kirchnerismo y avalar la “Ley de bases”) recibieron anticipos financieros –que luego se descuentan de la coparticipación– para hacer frente a gastos corrientes. El sistema de premios y castigos rige en todas las administraciones y la de Milei no es la excepción.
La crisis que se desató con los gobernadores después del fracaso de la “Ley de bases”, y ayer tras la eliminación de los subsidios para el transporte en el interior enciende en ese sentido otra luz de alerta. La tolerancia social de los ajustes por licuación podría no ser infinita. No es solo una cuestión de que los inversores crean en las intenciones de Caputo (el ministro) y de Milei de avanzar con el ajuste, también quieren ver que la sociedad los acompañe. El acompañamiento de la política, al menos, empieza a flaquear, aunque cerca de Milei insisten en que “para cambiar es necesario un cambio cultural”. Milei espera adoctrinar a los caudillos provinciales ahogándolos financieramente; el éxito de la estrategia está por verse. Ya hay provincias, algunas de las más enfrentadas con el Gobierno, que sondean a bancos para reestructurar otra vez sus bonos.
Hace unos días en un zoom cerrado para representantes del mercado e inversores, el representante del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Valdez, se mostró impresionado por el objetivo fiscal de Milei (2% de superávit financiero versus un déficit de 0,9% del PBI, que planteaba originalmente el plan firmado por el gobierno anterior), pero también expresó sus dudas con respecto a la gestión y al funcionamiento del Congreso y, sobre todo, por el impacto social de las medidas.
Solo en tres meses, la clase media argentina habrá experimentado subas del 100% (o más) en las cuotas de prepagas, naftas, servicios públicos, y solo levemente inferiores en alimentos y colegios privados, entre otros rubros. En todos los casos, sin sueldos que acompañen. Milei prometió en campaña que el ajuste iba a ser duro, pero también dijo que iba a pesar sobre la casta más que sobre la gente. No estaría sucediendo así.
Existe en el mundo desarrollado, sin embargo, un renovado afán de colaboración hacia la gestión Milei. No solo en pos de refrendar el giro promercado del país, sino también de garantizarse la estabilidad política y social en uno de los tres países más grandes de la región. Ya el mundo tiene suficientes focos de conflicto como para seguir sumando nuevos.
Quedó en evidencia en la última reunión de directorio del FMI, pero también se refleja en la política del gobierno de Biden. En solo dos meses, Estados Unidos envió a dos funcionarios claves: en diciembre, al viceasesor de Seguridad Nacional para Asuntos Económicos Internacionales, Mike Pyle, y esta semana, a Brian Nichols, secretario adjunto para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. Aunque ninguno logró entrevistarse con Milei –pese a que lo buscaron–, el embajador Marc Stanley estaría intentando gestionar para este año otra visita de alto impacto, la del canciller Antony Blinken. La idea sería aprovechar el viaje de Blinken a Brasil, en el marco de la Cumbre del G-20, de la cual el país vecino es anfitrión. Tarea pendiente para Milei y la canciller Mondino: construir un vínculo con Lula. Tienen tiempo. Habrá pasado de todo para entonces, incluyendo para la reunión de presidentes del G-20, en noviembre, la elección presidencial de Estados Unidos

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Las represas de Santa Cruz están frenadas desde diciembre
obras. El Gobierno debe negociar con China para que libere un nuevo desembolso y así avanzar con las centrales hidroeléctricas

Sofía Diamante
La construcción de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, en Santa Cruz, están completamente frenadas desde el 18 de diciembre pasado. A diferencia de otras obras públicas, este proyecto tiene financiamiento de parte de China, pero está a la espera de que llegue un nuevo desembolso que deberá ser pedido por el gobierno de Javier Milei.
Al igual que sucedió en cada cambio presidencial, el avance del proyecto entró en un nuevo mar de incertidumbre. Esto se refleja en el atraso de finalización que tiene la obra. La central hidroeléctrica Jorge Cepernic (antes llamada La Barrancosa) debería estar generando electricidad desde 2020, pero la nueva fecha de finalización está estimada en 2027, debido a las demoras también por cuestiones ambientales, financieras y por la pandemia. Actualmente, tiene un avance de obra de 42%, mientras que la represa Néstor Kirchner (antes llamada Cóndor Cliff), del 20%.
Las represas se financian con un crédito que otorgó el gobierno chino, a través del consorcio de bancos compuesto por China Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y Bank of China. A la fecha, transfirió a la Argentina US$1850 millones del crédito total de US$4714 millones.
El último desembolso realizado fue en noviembre de 2022, luego de transferir dos pagos por un total de US$538 millones, que permitió mantener la construcción de las centrales hasta diciembre pasado, pese a que en todo 2023 no hubo fondos frescos.
Pero actualmente, el fondo fiduciariohídri cose quedó sin plata. Si bien se esperaba un freno en las obras en diciembre por el receso vacacional, se suponía que en los primeros días de enero ya debía estar la construcción en marcha nuevamente.
Por el momento solo hay guardias mínimas para mantener el cuidado de la infraestructura. Hay una dotación de 100 personas trabajando, cuando la nómina total son 2800. El resto de los trabajadores está en sus casas cobrando un 80% de su sueldo, algo permitido por el convenio de trabajo.
La construcción de las represas está a cargo de la unión transitoria de empresas (UTE), compuesta en un 54% por la china Gezhouba, un 36% por Eling Energía (antes llamada Electroingeniería) y el 10% restante corresponde a la mendocina Hidrocuyo.
Sin embargo, el comitente de la obra es la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa), que está al tanto de las demoras. La compañía ya recibió toda la documentación técnica necesaria de parte de la UTE, como el certificado de avance de obra cumplido y la proyección de trabajo, según señalan en el sector privado. “Ahora se requiere de la firma de la adenda XII, un documento que deben rubricar representantes de Enarsa, a cargo de la obra, junto a los contratistas que construyen. Concretar la firma de la adenda es clave para poder avanzar con las obras, destrabar el financiamiento y lograr su puesta en marcha en los próximos años”, agregaron.
En el Gobierno, sin embargo, dicen que “los que están en offside son los de la UTE, que tienen que presentar un cronograma actualizado y ejecutable de la obra; con ese cronograma firmaríamos la adenda XII”.
La relación entre la Argentina y China no comenzó de la mejor manera luego de las declaraciones del presidente Milei de que no quiere “tener vínculos con países comunistas” y de que se sospechara que la canciller Diana Mondino tuvo una reunión con representantes de Taiwán en el país, algo que fue desmentido por el Gobierno.
Milei ya le hizo un pedido a China a los pocos días de comenzar su gestión para destrabar el uso del swap de yuanes que tiene el Banco Central en su cartera. Le envió una carta a su par, Xi Xinping, pero todavía no se informó haber tenido una repuesta.
El financiamiento de las represas de Santa Cruz se acordó durante el gobierno de Cristina Kirchner, en 2014, cuando el actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, era ministro de Economía. La negociación implicaba que la Argentina iba a comenzar el repago del crédito cuando las represas estuvieran finalizadas, lo que se suponía que iba a ocurrir a los cinco años y medio de iniciada la construcción.
Las centrales están ubicadas a 145 kilómetros de El Calafate, y permitirán aumentar 4,5% la oferta de energía eléctrica nacional. La represa Jorge Cepernic tendrá una altura de 41 metros y contará con tres turbinas del tipo Kaplan, que proveerán 1780 GWh por año. La represa estará ubicada a 65 kilómetros aguas abajo de la central Néstor Kirchner, que tendrá 73 metros de altura y contendrá cinco turbinas del estilo Francis, que generarán 3167 GWh por año.

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