Desde abril se podrá elegir una prepaga libremente
Los aportes ya no tendrán que pasar por una obra social
Silvia Stang
La norma ratifica que los precios de las cuotas y el valor de las prestaciones quedan liberados
La opción que podrán ejercer los trabajadores de derivar sus aportes salariales para la cobertura de salud a una prepaga sin intermediación de una obra social regirá desde abril próximo. También desde entonces quienes empiecen un nuevo empleo ya no deberán mantenerse por un año en la entidad sindical de la actividad correspondiente, sino que desde el primer momento podrán elegir adónde dirigir su aporte. Es parte de la des regulaciónde la actividad cuya reglamentación el Gobierno publicará en estos días.
Fuentes de la Superintendencia de Servicios de Salud dijeron que esta semana se oficializará cion la reglamentación de los artículos del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70 referidos al tema. Y allí se dispondrá, afirmaron, que la libre opción ampliada a entidades privadas comenzará a regir desde el primer día del segundo mes siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la norma reglamentaria.
En rigor, si quieren captar los aportes de manera directa, las prepagas deberían adherirse expresamente al sistema, anotándose en un registro especial que crearía la norma, según las fuentes. En el sector privado hay expectativa respecto de la letra chica de la reglamentación y, por tanto, hay también cautela ante el análisis de la conveniencia o no de ingresar al esquema de libre opción.
El DNU 70, firmado por el presidente Javier Milei pocos días después de asumir la presidencia, en diciembre último, dispuso la incorporación de las entidades de medicina prepaga al régimen de la ley 23.660, de obras sociales, lo cual implica que se las habilita a recibir aportes del sistema de la seguridad social. Sin embargo, a casi dos meses de la publicación del decreto, hasta ahora no se llevó a la práctica la decisión, de alta sensibilidad para los sindicatos.
La reglamentación necesaria para poner finalmente en marcha la liberalización del destino de los aportes se conocerá, finalmente, mientras se desarrolla un nuevo capítulo en la conflictiva relación entre la dirigencia de la CGT y el Gobierno: el jueves pasado no llegó a buen puerto la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil y, posteriormente, Milei afirmó que no dispondrá un nuevo monto por decreto estableciendo un laudo, tal como se hizo en otras oportunidades durante las últimas décadas. La pretensión de la parte sindical era una suba del 85% del sueldo básico, cuyo monto está congelado en $156.000 desde diciembre.
Según confirmaron en el Gobierno, cuando la desregulación que establece la libre competencia esté operativa, los beneficiarios podrán elegir entre derivar los aportes salariales a una obra social o a una prepaga “que se registre para tal fin” en el momento de empezar en un nuevo empleo, “sin ningún tipo de intermediación”. Y luego, tal como ocurre ahora, pero solo entre entidades sindicales, se podrá ejercer el derecho de libre elección una vez por año.
En el área de Salud afirman que los cambios “apuntan a terminar con las obras sociales que son sellos de goma y que solo funcionan como cajas negras de la política, porque no dan prestaciones, sino que solo están en el medio para quedarse con algún porcentaje”.
Fuentes del sector consultadas por indicaron que, según el caso, la nacion las comisiones cobradas por la intermediación rondan entre 5% y 10%. En las empresas relativizan el impacto que la eliminación de la tercerización tendría sobre el valor de las cuotas. Por un lado, porque el cambio se da en el contexto de los fuertes incrementos de los precios de los planes de salud, que solo en el primer trimestre del año acumularán entre 100% y 120%. Y, por otra parte, porque la normativa establecerá que, del dinero que reciban –incluida la parte excedente de los aportes y contribuciones–, las prepagas deberán depositar un 20% en el Fondo Solidario de Redistribución, que se utiliza en el sistema de obras sociales para la cobertura de determinadas prácticas y tratamientos médicos de alto costo.
Otro tema mirado con atención por las empresas es qué ocurrirá desde lo regulatorio con las preexistencias, es decir, con las patologías que ya tienen los trabajadores en el momento de optar por un cambio. Si bien, según la ley, hoy las prepagas no pueden rechazar a alguien por una enfermedad (que debe ser informada en una declaración jurada), están habilitadas a cobrar cuotas mayores en esos casos. En el sistema de la seguridad social, las obras sociales no conocen el estado previo de quienes se afilian.
La reglamentación también definirá que los beneficiarios del sistema de libre opción serán “los trabajadores que presten servicios en relación de dependencia, sea en el ámbito privado o en el sector público, y los jubilados y pensionados nacionales”. No obstante esto último, y ante la consulta de la nacion, en la Superintendencia aclararon que las modificaciones no implican cambios para quienes están en el PAMI (sí, en todo caso, para los jubilados que están en obras sociales sindicales).
Marchas y contramarchas
La libre opción entre obras sociales fue dispuesta tres décadas atrás, durante el gobierno de Carlos Menem. En 1998, un decreto estableció la obligatoriedad de permanecer al menos un año, desde el inicio de una relación laboral, en la obra social de la actividad vinculada al empleo. En 2001, otra medida del Poder Ejecutivo amplió el derecho a la opción y quitó ese requisito de permanencia inicial.
Pero en 2021 el entonces presidente Alberto Fernández lo repuso. Todo ello, de todas formas, siempre fue sin que se permitiera la competencia directa de las prepagas, que sí comenzaron décadas atrás a “captar” aportes de trabajadores, pero no de manera directa, sino a través de contratos firmados con obras sociales,algo que agrega costos al sistema sin contribuir con más o mejores prestaciones para los usuarios.
Desde abril habrá libre opción desde el inicio mismo de una relación laboral y, según fuentes oficiales, incluso quienes estén ahora en su primer año en un empleo ya no deberán esperar al cumplimiento de ese plazo.
Precios liberados
El DNU 70 también liberó los precios de los planes de salud del sector privado, por lo cual las subas ya no están sujetas a la aprobación de las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud, tal como ocurría hasta el año pasado. Sobre ese punto, la reglamentación ratificará esa disposición y también confirmará que, en caso de quiebra, cierre o cese de actividades de una empresa de medicina prepaga, “la autoridad de aplicación no transferirá la cobertura de salud con sus afiliados a otros prestadores”. Además de establecer que el Estado ya no tiene injerencia en los valores que las prepagas les cobran a sus afiliados, se dispone que tampoco se intervendrá en la fijación de aranceles mínimos obligatorios para los prestadores de los servicios de salud.
Mientras rigió el mecanismo de regulación de precios –según el cual hasta 2023 podían aplicarse incrementos de porcentajes equivalentes a la suba registrada por un índice oficial de costos de salud–, las prepagas debían aumentar los aranceles pagados a clínicas, sanatorios u otros centros médicos o de prácticas de diagnóstico en un porcentaje no inferior al 90% del nivel de las subas de sus propios precios a los afiliados.
Hasta enero pasado, cuando las cuotas subieron alrededor de 40%, las entidades siguieron aplicando el criterio descripto en el párrafo anterior (se comprometieron, de hecho, a mejorar los aranceles en un 36%). Ahora, los aranceles se definen en negociaciones individuales entre cada entidad financiadora y cada prestador, algo que, según señalan referentes de este último sector, perjudica a los de menor tamaño.
En los últimos tiempos, la crisis del sistema privado de salud se manifestó con fuerza en diferentes hechos que afectaron a los afiliados, con demoras en la asignación de turnos, salida de médicos y otros prestadores de las cartillas, cobro de copagos o bonos contribución en el momento de la atención, congelamiento de montos de reintegros y nuevos límites en determinadas coberturas.
La liberación de los precios llegó tras un año en el cual, con una inflación general del 211,4% y un alza de las prestaciones aun mayor, según los directivos de la actividad, los valores de los planes de salud acumularon una suba total de 137%, bajo un régimen de regulaciones que, campaña electoral mediante, incluyó meses con congelamiento de cuotas para los afilados que cumplieran con una serie de condiciones.
Los fuertes incrementos que se aplican desde enero de este año generaron varios reclamos en la Justicia y ya hubo varias medidas cautelares que ordenan a las empresas abstenerse de cobrar las cuotas con los aumentos pretendidos, aunque solo tienen efecto en particular para quien hizo cada reclamo.
La opción que podrán ejercer los trabajadores de derivar sus aportes salariales para la cobertura de salud a una prepaga sin intermediación de una obra social regirá desde abril próximo. También desde entonces quienes empiecen un nuevo empleo ya no deberán mantenerse por un año en la entidad sindical de la actividad correspondiente, sino que desde el primer momento podrán elegir adónde dirigir su aporte. Es parte de la des regulaciónde la actividad cuya reglamentación el Gobierno publicará en estos días.
Fuentes de la Superintendencia de Servicios de Salud dijeron que esta semana se oficializará cion la reglamentación de los artículos del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70 referidos al tema. Y allí se dispondrá, afirmaron, que la libre opción ampliada a entidades privadas comenzará a regir desde el primer día del segundo mes siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la norma reglamentaria.
En rigor, si quieren captar los aportes de manera directa, las prepagas deberían adherirse expresamente al sistema, anotándose en un registro especial que crearía la norma, según las fuentes. En el sector privado hay expectativa respecto de la letra chica de la reglamentación y, por tanto, hay también cautela ante el análisis de la conveniencia o no de ingresar al esquema de libre opción.
El DNU 70, firmado por el presidente Javier Milei pocos días después de asumir la presidencia, en diciembre último, dispuso la incorporación de las entidades de medicina prepaga al régimen de la ley 23.660, de obras sociales, lo cual implica que se las habilita a recibir aportes del sistema de la seguridad social. Sin embargo, a casi dos meses de la publicación del decreto, hasta ahora no se llevó a la práctica la decisión, de alta sensibilidad para los sindicatos.
La reglamentación necesaria para poner finalmente en marcha la liberalización del destino de los aportes se conocerá, finalmente, mientras se desarrolla un nuevo capítulo en la conflictiva relación entre la dirigencia de la CGT y el Gobierno: el jueves pasado no llegó a buen puerto la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil y, posteriormente, Milei afirmó que no dispondrá un nuevo monto por decreto estableciendo un laudo, tal como se hizo en otras oportunidades durante las últimas décadas. La pretensión de la parte sindical era una suba del 85% del sueldo básico, cuyo monto está congelado en $156.000 desde diciembre.
Según confirmaron en el Gobierno, cuando la desregulación que establece la libre competencia esté operativa, los beneficiarios podrán elegir entre derivar los aportes salariales a una obra social o a una prepaga “que se registre para tal fin” en el momento de empezar en un nuevo empleo, “sin ningún tipo de intermediación”. Y luego, tal como ocurre ahora, pero solo entre entidades sindicales, se podrá ejercer el derecho de libre elección una vez por año.
En el área de Salud afirman que los cambios “apuntan a terminar con las obras sociales que son sellos de goma y que solo funcionan como cajas negras de la política, porque no dan prestaciones, sino que solo están en el medio para quedarse con algún porcentaje”.
Fuentes del sector consultadas por indicaron que, según el caso, la nacion las comisiones cobradas por la intermediación rondan entre 5% y 10%. En las empresas relativizan el impacto que la eliminación de la tercerización tendría sobre el valor de las cuotas. Por un lado, porque el cambio se da en el contexto de los fuertes incrementos de los precios de los planes de salud, que solo en el primer trimestre del año acumularán entre 100% y 120%. Y, por otra parte, porque la normativa establecerá que, del dinero que reciban –incluida la parte excedente de los aportes y contribuciones–, las prepagas deberán depositar un 20% en el Fondo Solidario de Redistribución, que se utiliza en el sistema de obras sociales para la cobertura de determinadas prácticas y tratamientos médicos de alto costo.
Otro tema mirado con atención por las empresas es qué ocurrirá desde lo regulatorio con las preexistencias, es decir, con las patologías que ya tienen los trabajadores en el momento de optar por un cambio. Si bien, según la ley, hoy las prepagas no pueden rechazar a alguien por una enfermedad (que debe ser informada en una declaración jurada), están habilitadas a cobrar cuotas mayores en esos casos. En el sistema de la seguridad social, las obras sociales no conocen el estado previo de quienes se afilian.
La reglamentación también definirá que los beneficiarios del sistema de libre opción serán “los trabajadores que presten servicios en relación de dependencia, sea en el ámbito privado o en el sector público, y los jubilados y pensionados nacionales”. No obstante esto último, y ante la consulta de la nacion, en la Superintendencia aclararon que las modificaciones no implican cambios para quienes están en el PAMI (sí, en todo caso, para los jubilados que están en obras sociales sindicales).
Marchas y contramarchas
La libre opción entre obras sociales fue dispuesta tres décadas atrás, durante el gobierno de Carlos Menem. En 1998, un decreto estableció la obligatoriedad de permanecer al menos un año, desde el inicio de una relación laboral, en la obra social de la actividad vinculada al empleo. En 2001, otra medida del Poder Ejecutivo amplió el derecho a la opción y quitó ese requisito de permanencia inicial.
Pero en 2021 el entonces presidente Alberto Fernández lo repuso. Todo ello, de todas formas, siempre fue sin que se permitiera la competencia directa de las prepagas, que sí comenzaron décadas atrás a “captar” aportes de trabajadores, pero no de manera directa, sino a través de contratos firmados con obras sociales,algo que agrega costos al sistema sin contribuir con más o mejores prestaciones para los usuarios.
Desde abril habrá libre opción desde el inicio mismo de una relación laboral y, según fuentes oficiales, incluso quienes estén ahora en su primer año en un empleo ya no deberán esperar al cumplimiento de ese plazo.
Precios liberados
El DNU 70 también liberó los precios de los planes de salud del sector privado, por lo cual las subas ya no están sujetas a la aprobación de las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud, tal como ocurría hasta el año pasado. Sobre ese punto, la reglamentación ratificará esa disposición y también confirmará que, en caso de quiebra, cierre o cese de actividades de una empresa de medicina prepaga, “la autoridad de aplicación no transferirá la cobertura de salud con sus afiliados a otros prestadores”. Además de establecer que el Estado ya no tiene injerencia en los valores que las prepagas les cobran a sus afiliados, se dispone que tampoco se intervendrá en la fijación de aranceles mínimos obligatorios para los prestadores de los servicios de salud.
Mientras rigió el mecanismo de regulación de precios –según el cual hasta 2023 podían aplicarse incrementos de porcentajes equivalentes a la suba registrada por un índice oficial de costos de salud–, las prepagas debían aumentar los aranceles pagados a clínicas, sanatorios u otros centros médicos o de prácticas de diagnóstico en un porcentaje no inferior al 90% del nivel de las subas de sus propios precios a los afiliados.
Hasta enero pasado, cuando las cuotas subieron alrededor de 40%, las entidades siguieron aplicando el criterio descripto en el párrafo anterior (se comprometieron, de hecho, a mejorar los aranceles en un 36%). Ahora, los aranceles se definen en negociaciones individuales entre cada entidad financiadora y cada prestador, algo que, según señalan referentes de este último sector, perjudica a los de menor tamaño.
En los últimos tiempos, la crisis del sistema privado de salud se manifestó con fuerza en diferentes hechos que afectaron a los afiliados, con demoras en la asignación de turnos, salida de médicos y otros prestadores de las cartillas, cobro de copagos o bonos contribución en el momento de la atención, congelamiento de montos de reintegros y nuevos límites en determinadas coberturas.
La liberación de los precios llegó tras un año en el cual, con una inflación general del 211,4% y un alza de las prestaciones aun mayor, según los directivos de la actividad, los valores de los planes de salud acumularon una suba total de 137%, bajo un régimen de regulaciones que, campaña electoral mediante, incluyó meses con congelamiento de cuotas para los afilados que cumplieran con una serie de condiciones.
Los fuertes incrementos que se aplican desde enero de este año generaron varios reclamos en la Justicia y ya hubo varias medidas cautelares que ordenan a las empresas abstenerse de cobrar las cuotas con los aumentos pretendidos, aunque solo tienen efecto en particular para quien hizo cada reclamo.
RECLAMO SINDICAL POR PROBLEMAS DEL SECTOR
El secretario de Acción Social de la CGT y secretario general del sindicato de Obras Sanitarias (trabajadores de AySA en la actualidad), José Luis Lingeri, sostuvo que “si el Gobierno cree que el problema de salud se soluciona dejando que seis millones de trabajadores opten por un prepago, no han dimensionado el estado actual del sector”, a la vez que enfatizó que son varios los problemas que enfrenta la actividad de los servicios de salud en el país.
El dirigente recordó que la desregulación de las obras sociales ya está desde los 90. Y agregó, en declaraciones incluidas en un comunicado, que “supuestamente (no conocemos el texto final de la reglamentación) se eliminará la triangulación entre las obras sociales y las prepagas, un tema largamente pedido por la CGT. Ahora el trabajador podrá hacer directamente el aporte a la prepaga en caso de que opte por esta, y una vez hecha la opción deberá permanecer un año. Lo que no está resuelto son los [problemas] de los medicamentos de alto precio, de los monotributistas y de los jubilados que optan por la obra social de la actividad. En ese caso el PAMI debería transferir la parte que les retiene por estos beneficios”, remarcó.
Dijo también que un tema a resolver es el de la discapacidad, cuyas prestaciones “se llevan el 90% del Fondo Solidario de Redistribución”. Y propuso un “replanteo del Programa Médico Obligatorio (PMO)”.
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Autorizan a dos provincias el acceso a dólares
La decisión alcanza a Entre Ríos y Chaco, y se da en medio de la tensión con los gobernadores
Gabriela Origlia
CÓRDOBA.– En medio de la profundización del enfrentamiento de Javier Milei con los gobernadores, el ministro Luis Caputo autorizó a Entre Ríos y a Chaco a acceder al Mercado Único y Libre Cambios (MULC) para pagar sus vencimientos de deuda. La que sigue es Salta. En las administraciones locales entienden que la decisión de Economía se vincula con que entorpecer la cancelación de estos pagos implica la posibilidad de un default que no le conviene a nadie.
En julio del año pasado, el directorio del Banco Central (BCRA) emitió una comunicación por la que las provincias debían usar dólares propios para afrontar hasta el 60% de los vencimientos. Era una instancia sujeta a “interpretaciones”, por lo que si bien los equipos técnicos provinciales descontaban que se podía acceder a esos dólares, los cuadros políticos estaban a la expectativa de la reacción de la Casa Rosada.
En Entre Ríos, Rogelio Frigerio afrontó un vencimiento de US$64 millones de capital e intereses y ya había advertido, apenas asumir, que en caja tenía US$47 millones. El gobierno chaqueño de Leandro Zdero canceló el vencimiento de la primera cuota de capital más intereses del Bono Internacional, que asciende a US$37,8 millones, emitido por la gestión de Domingo Peppo en 2016 y reestructurado en 2021 por Jorge Capitanich. En este caso, la Nación asistió a la provincia mediante un adelanto transitorio de coparticipación.
Santiago Pérez Pons, exministro de Economía de Capitanich, le reclamó a la administración de Zdero que “deje de mentir”. Después de que la gobernación emitiera un comunicado en el que afirmaron que lograron “desactivar la bomba”, el exfuncionario señaló: “Cuando asumí en enero de 2021, uno de los primeros compromisos que tomé fue reestructurar una deuda en dólares que resultaba impagable e insostenible para los chaqueños”.
Añadió que la deuda fue tomada por Peppo autorizado por el Poder Legislativo, con los votos de apoyo de la UCR. Y planteó que el endeudamiento fue impulsado por el “entonces presidente (Mauricio) Macri, debido al ajuste terrible que empezaron a imponer cuando asumieron. Se trataba de una deuda en dólares para pagar gastos corrientes en pesos de la provincia, algo inentendible para cualquier economista. Además, tenía la tasa más alta de toda la Argentina, 9,375% en dólares”, detalló.
En diciembre, cuando los gobernadores se reunieron por primera y única vez con Milei, le pidieron que la Nación acompañara la renegociación de deuda en dólares que varias provincias estiman tener que realizar por efectos de la devaluación. En este primer semestre hay vencimientos por US$1000 millones.
La última provincia en reestructurar deuda fue Tierra del Fuego, por U$S98 millones, y prolongó el vencimiento de sus pagos de capital de 2027 a 2030. En la reestructuración, además del equipo provincial, trabajó uno liderado por Martín Redrado, expresidente del Banco Central.
El monto a pagar entre enero y junio es de US$1044 millones, cifra que incluye unos 11 millones de euros convertidos. Además, muchas provincias tienen compromisos que se pagan en pesos, pero se liquidan en dólares, ya que fue esa la moneda de origen del título emitido; esos títulos suman US$89 millones.
La preocupación de los gobernadores pasa porque esos vencimientos son un desafío en un escenario para el que esperan menos ingresos por la recesión, a la vez que la devaluación encarece el acceso a los dólares. El Presidente no les dio precisiones respecto de si el “cepo” que les aplicó el Central a las provincias continuará. Después, se desmoronó el diálogo.
Del total de vencimientos, el 55% corresponde a amortizaciones y el resto, a intereses. Marzo, con US$485 millones en vencimientos e impulsado por la provincia de Buenos Aires (79% del total), es el mes más desafiante, seguido en junio por $204 millones, traccionado por Córdoba (80%).
CÓRDOBA.– En medio de la profundización del enfrentamiento de Javier Milei con los gobernadores, el ministro Luis Caputo autorizó a Entre Ríos y a Chaco a acceder al Mercado Único y Libre Cambios (MULC) para pagar sus vencimientos de deuda. La que sigue es Salta. En las administraciones locales entienden que la decisión de Economía se vincula con que entorpecer la cancelación de estos pagos implica la posibilidad de un default que no le conviene a nadie.
En julio del año pasado, el directorio del Banco Central (BCRA) emitió una comunicación por la que las provincias debían usar dólares propios para afrontar hasta el 60% de los vencimientos. Era una instancia sujeta a “interpretaciones”, por lo que si bien los equipos técnicos provinciales descontaban que se podía acceder a esos dólares, los cuadros políticos estaban a la expectativa de la reacción de la Casa Rosada.
En Entre Ríos, Rogelio Frigerio afrontó un vencimiento de US$64 millones de capital e intereses y ya había advertido, apenas asumir, que en caja tenía US$47 millones. El gobierno chaqueño de Leandro Zdero canceló el vencimiento de la primera cuota de capital más intereses del Bono Internacional, que asciende a US$37,8 millones, emitido por la gestión de Domingo Peppo en 2016 y reestructurado en 2021 por Jorge Capitanich. En este caso, la Nación asistió a la provincia mediante un adelanto transitorio de coparticipación.
Santiago Pérez Pons, exministro de Economía de Capitanich, le reclamó a la administración de Zdero que “deje de mentir”. Después de que la gobernación emitiera un comunicado en el que afirmaron que lograron “desactivar la bomba”, el exfuncionario señaló: “Cuando asumí en enero de 2021, uno de los primeros compromisos que tomé fue reestructurar una deuda en dólares que resultaba impagable e insostenible para los chaqueños”.
Añadió que la deuda fue tomada por Peppo autorizado por el Poder Legislativo, con los votos de apoyo de la UCR. Y planteó que el endeudamiento fue impulsado por el “entonces presidente (Mauricio) Macri, debido al ajuste terrible que empezaron a imponer cuando asumieron. Se trataba de una deuda en dólares para pagar gastos corrientes en pesos de la provincia, algo inentendible para cualquier economista. Además, tenía la tasa más alta de toda la Argentina, 9,375% en dólares”, detalló.
En diciembre, cuando los gobernadores se reunieron por primera y única vez con Milei, le pidieron que la Nación acompañara la renegociación de deuda en dólares que varias provincias estiman tener que realizar por efectos de la devaluación. En este primer semestre hay vencimientos por US$1000 millones.
La última provincia en reestructurar deuda fue Tierra del Fuego, por U$S98 millones, y prolongó el vencimiento de sus pagos de capital de 2027 a 2030. En la reestructuración, además del equipo provincial, trabajó uno liderado por Martín Redrado, expresidente del Banco Central.
El monto a pagar entre enero y junio es de US$1044 millones, cifra que incluye unos 11 millones de euros convertidos. Además, muchas provincias tienen compromisos que se pagan en pesos, pero se liquidan en dólares, ya que fue esa la moneda de origen del título emitido; esos títulos suman US$89 millones.
La preocupación de los gobernadores pasa porque esos vencimientos son un desafío en un escenario para el que esperan menos ingresos por la recesión, a la vez que la devaluación encarece el acceso a los dólares. El Presidente no les dio precisiones respecto de si el “cepo” que les aplicó el Central a las provincias continuará. Después, se desmoronó el diálogo.
Del total de vencimientos, el 55% corresponde a amortizaciones y el resto, a intereses. Marzo, con US$485 millones en vencimientos e impulsado por la provincia de Buenos Aires (79% del total), es el mes más desafiante, seguido en junio por $204 millones, traccionado por Córdoba (80%).
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