EL GOBIERNO CITA A LOS GREMIOS Y REFORMA LABORAL

El Gobierno cita a los gremios y busca neutralizar su poder
Convocará a los sindicatos de representación nacional para fijar el piso salarial; declararía Milei a la educación servicio esencia
Cecilia Devanna
Después de una semana agitada en materia de educación, la que empezó promete aún más novedades. El Gobierno ya inició las gestiones para que se concrete el encuentro con las diferentes partes alrededor de la discusión salarial, algo que está estipulado por ley, según pudo saber de fuentes la nacion oficiales. La reunión, que aún no tiene fecha, pero todo indica que podría concretarse a mediados de esta semana, será en el Palacio Pizzurno, sede de la secretaría de Educación. Allí, además de los cinco gremios educativos –entre ellos la Ctera, que amenaza con un paro nacional–, estarán presentes el titular del área, Carlos Torrendell, y su par de Trabajo, Omar Yasin. Si bien aún no hay confirmaciones, no se descarta que estén presentes también allí algunos ministros provinciales, como sucedió en otras oportunidades. En rigor, lo que se discutirá será el piso de los salarios educativos para que luego cada jurisdicción, partiendo de esa base, marque los propios.
“No hay paritarias nacionales, lo que se arregla es el piso salarial, después cada jurisdicción si quiere y puede pagar más, lo hace”, dijeron fuentes oficiales.
Con el inicio de clases en suspenso por el reclamo sindical y la falta de acuerdo entre las provincias y los gremios, el gobierno nacional también trabaja para declarar a la educación servicio esencial. Se trata de algo que se intentó inicialmente a través de la ley ómnibus que terminó siendo retirada de la discusión parlamentaria y también por medio del megadecreto 70/2023, cuyo capítulo laboral está judicializado a la espera de una definición de la Corte Suprema. De avanzar con un nuevo decreto, el objetivo oficial es claro: al declararlo de ese modo se exige tener una prestación mínima en los días de medidas de fuerza.
La negociación alrededor de los salarios docentes que se dará en los próximos días surge del artículo 10 de la ley de financiamiento educativo y no es técnicamente una paritaria nacional, como distinguieron desde el Poder Ejecutivo Nacional.
“A loo que la Nación convoca es al salario mínimo docente, no son paritarias”, recalcaron fuentes oficiales. Entre las explicaciones está que las paritarias solo se dan entre empleadores y empleados, y como la Nación no administra las escuelas, este no sería el caso. “Las paritarias son provinciales”, insistieron en referencia a que el vínculo empleador-empleado es entre los gobiernos provinciales, que administran las escuelas, y los gremios.
“La idea es sentar a todas las partes para que se pongan de acuerdo. La ley te obliga a hacer lo que estamos haciendo, pero no es conceptualmente una paritaria nacional”, argumentaron en la Casa Rosada.
El presidente Javier Milei reforzó la postura oficial. “Es un problema de los gobernadores de cada provincia. Nosotros tenemos una cuestión, fijar precios mínimos no nos gusta”, dijo el jefe del Estado, la semana pasada.
“Estimamos que va a ser dura la negociación, pero van a acordar. A nadie le conviene que no comiencen las clases”, dijo un funcionario a la nacion. Al tiempo que otro estimó que una posibilidad, también, es que el encuentro de esta semana termine sin acuerdo, como sucedió con la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (Csmvym), tema en el que ahora deberá laudar el Presidente.
El Gobierno, además, mantiene una pulseada con las provincias por el reparto de fondos que destina la Nación para la educación, como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). Fuentes oficiales informaron que “están asegurados la nacion [los fondos] y se encuentran en el Tesoro, con el resto de las transferencias de las provincias”, los montos pendientes de 2023, pero no aseguran que el auxilio financiero se mantenga durante 2024. “Lo que no está definido es si el Fonid sigue. Si sigue, es una propuesta superadora”, dijo una fuente del área. El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue más contundente y sostuvo: “El Fondo de Incentivo Docente no se va a transferir porque consideramos que no tenemos la obligación de hacerlo”.

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Presentan un recurso por la reforma laboral
El Gobierno intenta revertir en la Corte el fallo que declaró inconstitucional el capítulo IV del DNU
El gobierno nacional se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para intentar revertir, mediante un recurso extraordinario, el fallo que declaró inconstitucional y suspendió la aplicación del capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23, informaron fuentes judiciales.
La presentación, hecha por la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), el equipo de abogados que representan al Estado nacional a cargo de Rodolfo Barra, incluye críticas a la Justicia Laboral y a la Confederación General del Trabajo (CGT), que hizo presentaciones en la Justicia y protestas callejeras para frenar la medida.
“No surge de la sentencia recurrida, ni de las constancias de la causa, argumento alguno sustentado en prueba que indique de qué manera la vigencia del DNU restringe o menoscaba los derechos en materia de libertad sindical que ostenta la actora”, sostuvieron los abogados de la PTN en el escrito al que accedió Télam.
Al respecto, los letrados opinaron que “tampoco se explica de qué manera la vigencia del DNU afecta los derechos de los trabajadores que la actora dice representar”.
El énfasis de las resoluciones judiciales que suspendieron la aplicación del capítulo laboral del DNU estaba puesto, sin embargo, en la injustificada invocación de las condiciones de “necesidad y urgencia” a las que recurrió el Ejecutivo para no pasar la mentada reforma por el Congreso de la Nación.
“El texto del artículo 99 de la Constitución Nacional es elocuente, y las palabras escogidas en su redacción no dejan lugar a dudas de que la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace en condiciones de rigurosa excepcionalidad”, habían remarcado los jueces de la Cámara Federal del Trabajo cuando dejaron sin efecto el capítulo IV del DNU.
En su escrito, de casi 40 páginas, los abogados de la PTN también cuestionaron los criterios que utilizó la Cámara de Apelaciones en lo Laboral. “Corresponde señalar que el tribunal a quo toma un elevado e injustificado piso de ponderación respecto de la necesidad y urgencia que habilita al PEN a emitir un DNU.
Y agregaron: “A modo de ejemplo, por un lado, se cuestiona al Estado y a las autoridades políticas por los altos índices de desempleo y trabajo informal, y, por otro lado, cuando se toman medidas a fin de resolver estos problemas sociales, las mismas son suspendidas y anuladas por el Poder Judicial por requerimiento de un grupo político y de poder, como es la CGT, disfrazándose de un sector vulnerable, en el marco de procesos judiciales que no responden a un caso o causa”, dispararon.
Acerca de si el DNU contempla normativas cuya implementación requieren un carácter de urgencia, la presentación de la Procuración indicó que “la excepcionalidad, que no es emergencia” es “un concepto de valoración meramente política y no jurídica” como ocurre con otros como los de “seguridad de fronteras”, “conmoción interior” y “justicia social”, entre otros citados.
A criterio de la representación legal del Estado, estos conceptos son “ajenos” para “la práctica constitucional y la propia jurisprudencia de la Corte Suprema. La valoración política de la emisión del DNU corresponde exclusivamente el Poder Legislativo”, sostuvo.

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