CLAVES AMERICANAS Y PROYECTO

Con tropas federales. El plan de Trump de deportar a millones de inmigrantes
Andrés Oppenheimer
Trump, durante un acto de campaña en Freeland, Michigan, el 1° de mayo de (AP Foto/Paul Sancya, 
MIAMI.- El plan del probable candidato republicano Donald Trump de usar la Guardia Nacional y tal vez incluso el ejército para deportar a millones de inmigrantes indocumentados -independientemente de si cometieron crímenes violentos o no - sería un desastre no solo desde el punto de vista humanitario, sino también económico.
En una entrevista con la revista Time, Trump dijo que utilizaría la Guardia Nacional y el ejército para arrestar y deportar a millones de indocumentados.
Según las leyes de Estados Unidos, las tropas federales no pueden ser usadas contra civiles a menos que el Congreso lo permita específicamente, pero Trump argumentó que los indocumentados “no son civiles”. Anteriormente, el expresidente había afirmado que los inmigrantes “están envenenando la sangre de nuestro país”, una expresión que se usaba contra los judíos y otras minorías en la Alemania nazi.
A lo largo de la entrevista de Time, Trump repitió su frecuente mentira de que una invasión de indocumentados está causando una ola de crímenes violentos en Estados Unidos. Se trata de la misma estrategia de miedo que lo ayudó a ganar las elecciones de 2016.
Sin embargo, lo cierto es que el flujo de migrantes a través de la frontera sur de Estados Unidos cayó un 40% en los primeros cuatro meses de este año, en comparación con los cuatro meses anteriores, según reportó la agencia de noticias Bloomberg. El gobierno del presidente Biden dice que la baja se debe a mayores controles en la frontera.
Y aunque Trump a menudo cita casos de horribles asesinatos cometidos por inmigrantes para aducir que los migrantes están haciendo subir la criminalidad, lo cierto es que - como lo muestra un nuevo estudio de la Universidad de Stanford - los indocumentados cometen menos crímenes violentos que los nacidos en Estados Unidos.
Además, las cifras del FBI muestran que la tasa de homicidios en el país cayó un 13% el año pasado. En otras palabras, Trump está diciendo una mentira tras otra.
Trump también afirma que hay que deportar a millones de inmigrantes porque Estados Unidos es un país de leyes y los indocumentados entran sin permisos legales. Es un argumento extraño viniendo de un hombre que, además de enfrentar 94 cargos criminales, defendió en la misma entrevista de Time como “patriotas” y “rehenes” a los manifestantes violentos que fueron arrestados tras tomar el Capitolio el 6 de enero de 2021, hiriendo a decenas de policías y provocando al menos cinco muertes.
Pero supongamos que Trump gane las elecciones de noviembre y movilice a la Guardia Nacional o a los miliares para arrestar a una buena parte de los 11 millones de indocumentados, en lugar de ofrecerles una vía a la ciudadanía a quienes no son criminales y han pagado sus impuestos.
La economía estadounidense depende de los inmigrantes para aliviar la escasez de mano de obra, reducir la inflación, recaudar impuestos y aumentar el consumo. Con un desempleo nacional de sólo el 3,9%, un mínimo casi histórico, expulsar a millones de trabajadores tendría un fuerte impacto negativo sobre la economía.
Hay casi 9 millones de puestos vacantes en el país, y sólo 6,4 millones de trabajadores desempleados, según la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Y con las tasas de natalidad cayendo por debajo de los niveles de reposición, Estados Unidos necesita más inmigrantes, no menos.
La deportación masiva de inmigrantes que trabajan en la industria de la construcción, la limpieza, los restaurantes, la hotelería y la agricultura, entre otras, no sólo aumentaría la escasez de mano de obra sino que aumentaría los precios de casi todo, y la inflación.
Migrantes que cruzaron el río Bravo (o Grande) e ingresaron a Estados Unidos desde México hacen fila para ser procesados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en septiembre de 2023, en Eagle Pass, Texas.

Jan Gautam, presidente de la empresa de servicios para hoteles IHRMC, me dijo que el plan de deportaciones masivas de Trump “causaría el cierre de la economía de este país”.
Uno podría entender mejor la promesa de Trump de deportar a millones de migrantes si Estados Unidos tuviera altas tasas de desempleo, o una escalada de crímenes cometidos por indocumentados. Pero ninguna de estas dos cosas está ocurriendo. Lo que está pasando, en cambio, es que hay un demagogo populista que quiere infundir el miedo engañando a la gente con datos falsos para tratar de ganar votos.

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La Ley Bases y su delegación legislativa
Christian A. Cao Abogado (UBA), doctor en Derecho (Universidad Complutense de Madrid) y catedrático de Derecho (UBA)
El segundo intento del proyecto de ley “Bases y puntos de partida para la libertad argentina” fue aprobado por la Cámara de Diputados. A diferencia del ensayo de febrero, cuando volvió a comisión por pedido de sus impulsores, esta iniciativa legislativa continúa con su giro al Senado, donde avanzará en tres alternativas. La cámara legislativa revisora podría aprobarlo en la versión exacta que lo recibe, y así el proyecto sería seguidamente promulgado como ley por el Presidente.
En otra posibilidad, el Senado podría introducirle modificaciones. Así, y por reglamento constitucional, el proyecto sería reenviado nuevamente a la Cámara de Diputados y ella no podrá desecharlo, sino que insistirá con la versión original o lo aprobará con las correcciones introducidas. Luego, y de igual forma a lo anterior, también pasará al Poder Ejecutivo nacional para su promulgación. En una tercera alternativa, el Senado podrá rechazar el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, y si esto sucede no podrá repetirse en las sesiones del año. Explicado el trámite legislativo, veamos uno de los puntos centrales del proyecto de ley: la delegación de facultades que el Congreso pretende atribuirle al presidente de la república. La iniciativa declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año.
De ser aprobada por el Senado en estos términos, el Congreso estará haciendo uso de la excepción que la Constitución nacional le permite, y delegaría –por ese plazo– en el presidente de la república sus facultades legislativas sobre administración y emergencia únicamente dentro de tres bases, que sintéticamente son mejorar el funcionamiento del Estado, reducir su sobredimensionamiento y asegurar su efectivo control. Recordemos que las cámaras legislativas tienen expresamente prohibido conceder al presidente facultades extraordinarias o la suma del poder público. Solo pueden delegar sus funciones en el presidente de la nación de forma excepcional, temporal y limitada. Incluso, en cualquier momento podrían reasumirlas si contaran con las mayorías parlamentarias necesarias en ambas cámaras.
Un llamado de atención. Desde el punto de vista de la técnica legislativa se observa que las bases de la delegación fijadas en el proyecto están redactadas de una manera excesivamente amplia. El aspecto entonces impactará principalmente en el futuro, cuando el Poder Ejecutivo nacional emita los decretos o reglamentos delegados en ejercicio de esas facultades delegadas, a fin de que no las exceda. Existen numerosos antecedentes en el tema. La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de decretos dictados por el presidente de la nación en los casos en los que se excedió del ámbito de las bases de la delegación. El Poder Judicial siempre tiene la última palabra en lo que hace a la adecuación de los actos de gobierno a la Constitución nacional.
Además de este control jurídico, los futuros decretos delegados también estarán sometidos a un control político. De la misma forma que en los decretos de necesidad y urgencia, la comisión bicameral permanente, primero, y cada una de las cámaras legislativas, después, serán las que aprueben o rechacen cada uno de los decretos y reglamentos que en el futuro emita el presidente. Este doble control es fundamental para evitar un desequilibrio en la división de poderes, aun en la emergencia.
Por último, y sin que esto lo justifique, recordemos que la práctica de la delegación legislativa del Congreso en el Poder Ejecutivo nacional fue hecha ininterrumpidamente desde 2002 hasta 2015, y la volvió a repetir en 2019 hasta 2022. Veinte años de declaraciones de emergencia nos llevan hoy a desear que sea constitucionalmente ejercida. Y que al fin sea la última.

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