CORRUPCIÓN Y Friedrich von Hayek,

Lijo no puede ir a la Corte

María Eugenia Talerico Fundadora de la ONG Será Justicia; exvicepresidenta de la UIF

La calidad de la democracia puede ponderarse en la medida en que en un país se asegure la vigencia del Estado de Derecho, el respeto por la división de poderes, la propiedad privada y las libertades individuales de sus ciudadanos. El poder por excelencia que tiene la última palabra a esos fines es el Poder Judicial de la Nación.
Cuando las decisiones gubernamentales que se toman comprometen y amenazan el buen funcionamiento del Poder Judicial porque, entre otras acciones posibles, se nominan jueces “cuestionables” y que no reúnen las condiciones mínimas establecidas en las normas consensuadas por la comunidad internacional bajo los Principios de Bangalore (ONU) y el Código Iberoamericano de Ética Judicial (OEA), se pone en crisis la vigencia de la ley, de nuestra Constitución nacional y, poco a poco, se va degradando nuestra democracia. Es fácil advertir este efecto en las autocracias de la región, donde el control del Poder Judicial es el primer objetivo para lograr la perpetuidad en el poder, la sumisión de los ciudadanos y el encarcelamiento o la persecución de opositores.
Por eso, los jueces forman parte de un poder fundamental para nuestro desarrollo, son quienes hacen respetar los marcos delineados por la Constitución nacional y las leyes que en consecuencia se dictan; son quienes pueden poner fin a los abusos de poder, la impunidad, y son quienes deciden sobre nuestras libertades, nuestra vida y nuestra propiedad. De allí, es fácil advertir la importancia que reviste ser juez en todas las instancias, y máxime del más importante tribunal, como lo es la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Como todos sabemos, la Argentina no solo tiene problemas ecoa nómicos; más bien atraviesa una de-cadencia fenomenal en materia de fortaleza institucional y de sus valores fundamentales. La ética en el ejercicio de funciones públicas, la educación y el trabajo como modo de progreso social han sido vapuleados a la par de la tergiversación del destino de los “premios y castigos”, cuando en este país los ciudadanos se dieron cuenta de que es lo mismo ser “honesto que ladrón”.
Son impunes los que cometen gravísimos hechos de corrupción, progresan los que se acomodan con el político de turno, los que encuentran los atajos para conservar o conseguir cargos, beneficios, cupos o subsidios centrados en intereses egoístas e individuales. Son impunes los que se hacen amigos del juez cuando este es permeable a distintas influencias, y ya no importan la ley ni la verdad ni la justicia.He aquí el derrumbe de uno de los pilares fundamentales de nuestra república, el de la integridad, la honestidad, la decencia.
Y ha sido la falta de integridad lo que minó la seguridad jurídica para desarrollar negocios en la Argentina, lo que ha corroído a nuestras instituciones y ha degradado el Estado de Derecho. La falta de integridad también alteró las reglas de la sana competencia, permitiéndoles prosperar a los más corruptos y dejando fuera los innovadores, emprendedores, y todos aquellos que pretenden obtener beneficios fruto de su creatividad y esfuerzo en el marco de la ley.
La falta de integridad desalentó la sana inversión, especialmente la inversión de mediano y largo plazo, que precisa de estos pilares para asumir riesgo en el tiempo. La falta de integridad ha promovido un permanente cambio de reglas de juego, alejando el tipo de inversiones que un país como la Argentina precisa para generar fuentes de trabajo dignas que permitan sacar a gran parte de su población de la pobreza y favorecer su progreso.
En definitiva, es la “corrupción, estúpido”, la que, entre muchos otros males, atenta contra uno de los pilares esenciales para el desarrollo de los pueblos, que es el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Existen sobrados ejemplos en el mundo, y ya pasó en nuestro país; el impacto en la macroeconomía de la corrupción extendida como lo está en la Argentina, nos conducirá, tarde o temprano, al fracaso de cualquier programa económico del gobierno. Por eso, la lucha contra la corrupción debe ser tomada con un desafío que atraviese a todas las políticas públicas, y para lograr resultados necesitamos jueces intachables, insobornables, en los que podamos confiar.
Estamos hartos de la estafa y de la impunidad. Sanear el clima de inmoralidad irrespirable también es parte de la misión que le encomendamos al Presidente. Es lo que nos prometió. Lijo no puede ser el elegido para ocupar la CSJN; una Argentina nueva no es posible si le tuercen el brazo los mismos de siempre.

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La justicia social no contradice el pensamiento liberal
Manuel Alvarado Ledesma Economista; consejero académico de Libertad y Progreso

Friedrich von Hayek, destacado pensador de la Escuela Austríaca de Economía, rechaza la justicia social, uno de los conceptos más frecuentes en la teología católica. Un estudio pausado sobre su obra muestra que Hayek no presenta un argumento contra la justicia social per se, sino que lo hace contra el intento de erigirla como valor supremo, y de subordinar los valores sociales a esta. Al asociar la ausencia de justicia social con una sociedad de hombres libres y, por el contrario, la intervención redistributiva con una economía centralizada, presenta una simplificación conducente a malinterpretaciones.
Pese a su furibundo ataque al concepto de justicia social, Hayek no se opone a la asistencia social y, aunque resulte sorprendente, se acerca mucho al pensamiento de la Iglesia. Dice Hayek: “No existe razón alguna para que el Estado no asista a los individuos cuando tratan de precaverse de aquellos azares comunes de la vida contra los cuales, por su incertidumbre, pocas personas están en condiciones de hacerlo por sí mismas”. Es sorprendente la similitud de esta aseveración con la de Juan Pablo II: “Resulta obvia la necesidad de una organización asistencial, en interés incluso de aquellas personas que han de ser protegidas contra los actos de desesperación de quienes carecen de lo indispensable.” La propuesta de asistencia social viene desde los clásicos con Adam Smith. No es algo nuevo.
El presidente Milei, siguiendo a Hayek, rechaza el concepto de justicia social pues, presuntamente, este abre las puertas al comunismo. Juan Pablo II define el comunismo como un sistema contrario al desarrollo verdadero del hombre. Sostiene que el socialismo es perverso porque cancela las libertades, que lleva a un “error antropológico” dado que, al suprimir la individualidad y someterla a la colectividad, no comprende la naturaleza humana. El pontífice tampoco comulga con el llamado estado benefactor, por cuanto inhibe la iniciativa y la creatividad humana, al funcionar de manera paternalista.
Al preguntarse si el capitalismo es el mejor sistema, el papa afirmaba: “Si por ‘capitalismo’ se entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción, de la libre creatividad humana en el sector de la economía, la respuesta ciertamente es positiva”.
Hayek observa que dicho concepto está intrínsecamente asociado con las nociones de distribución de recursos y de sociedad (como concepto homogéneo). Para él, entonces, las discusiones sobre la justicia social versan sobre la forma de distribución de la riqueza, los medios de obtenerla y la naturaleza de las relaciones de la sociedad frente a los individuos. Sin embargo, la justicia social se refiere a la promoción de la dignidad de la persona humana. Y al hacerlo, se centra en la justicia del mérito, a consecuencia del esfuerzo y de la inversión.
Hayek y la Iglesia coinciden en el rechazo al socialismo. Para ambos, este conduce a la muerte de la libertad individual. La Iglesia no propone un modelo a seguir. Su concepto de justicia social llama a reflexionar sobre el problema de la equidad frente a cada decisión que se debe afrontar. No se trata de una cuestión de intervención estatal.

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