Cúneo Libarona. “Lijo va a tener el apoyo; las denuncias contra él son cosa juzgada”
El ministro de Justicia cree que hace falta una “Corte liberal para una Constitución liberal” y califica de “idónea” la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal en Rosario
Hernán Cappiello | Foto Hernán Zenteno piensa de que no haya mujeres entre los candidatos propuestos a la Corte?
“Estamos bien, pero no me sobra nada”, afirma el ministro Mariano Cúneo Libarona –Todos le teníamos desconfianza.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confía en que la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia va a tener el apoyo de los dos tercios de los senadores, al afirmar que las denuncias en su contra son cosa juzgada y que tiene su mejor opinión personal del funcionario. Consideró, además, que para una Constitución liberal es necesaria una Corte Suprema de Justicia liberal.
El funcionario dio una entrevista a la nacion en su despacho, en ocasión de la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal Federal, que arrancará el lunes en Rosario, donde cambiará la manera de investigar los delitos federales con audiencias orales, acuerdos entre la fiscalía y la defensa, menos juicios y más rápidos.
El ministro describe la implementación del lunes como “idónea”, dijo: “Estamos bien, pero no me sobra nada” y estimó que se destinaron unos 10 millones de dólares para comenzar, que salieron de fondos que envió el ministro de Economía, Luis Caputo, de bienes decomisados, de fondos propios ahorrados y de la colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). “Nosotros pagamos el 100%, por lo menos en esta primera parte”, dijo.
En una pared del despacho de Cúneo Libarona, detrás de su sillón de cuero, hay un dibujo a mano alzada del mapa de la Argentina. Están redondeadas Salta y Jujuy, donde ya rige el nuevo Código, las provincias de Cuyo, Santa Fe, y Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Ushuaia, donde este año piensa poner en marcha el mecanismo acusatorio. Tiene fecha del 20 de marzo de 2024 y está firmado por el ministro de Justicia y sus colaboradores como un compromiso. Buenos Aires y Comodoro Py tienen un signo de pregunta.
–¿Qué grado de avances tiene la implementación que comienza el lunes en Rosario?
–Es el primer paso en esta segunda etapa. Ya funciona en Salta y Jujuy y nosotros empezamos con la intención de hacerlo en todo el país. Hay tres escenarios: muy conflictivos, conflictivos y sencillos, porque la criminalidad no es la misma en Rosario que en Ushuaia. Y ahora abordamos uno de los puntos más conflictivos. Esto lo reclamaban los jueces.
–¿La implementación desde el lunes es total?
–Es un arranque idóneo. Vamos a lo más difícil. Tengo cuatro salas de audiencias, nos faltaría una más en Rosario, tenemos tecnología, está llegando algo, lo otro estará lista la semana que viene, porque nos demoramos con los presupuestos, compramos un aparato brutal para la Procuración, que es para abrir los teléfonos celulares. Cada provincia me demanda un enorme esfuerzo económico y de imaginación. He conseguido salas de la Intendencia, inmuebles de la Armada y de YPF. Este es mi objetivo de vida, en tres años vamos a juzgar. Me dirán: “Mariano te salió bien!”, “Mariano, un desastre”, y yo acá pongo 62 años de laburo.
–¿Qué ventajas tiene?
–No es mérito mío, te aclaro, acá está el espíritu de Horacio Rosatti y el del Consejo, acompaña el procurador Eduardo Casal, con quien nos conocemos hace 40 años, y la defensora general, Stella Maris Martínez, a quien conozco desde que tenía 18 años. Estamos bien, estamos bien, pero no me sobra nada. En este sistema el juez es un tercero. Decide nada más sobre pedidos de allanamientos, de prisiones preventivas, la interceptación de teléfonos, nada más. Todo es mucho más rápido. En Salta y en Jujuy, entre el 80% y el 82% de los casos no llegan a juicio, se recurren a métodos alternativos, como probation o juicio abreviado, y se juzgan casos de trata o de narcotráfico. De 100 juicios por año, se pasó a 20.
–¿Cree que el juez Lijo va a conseguir los votos de los dos tercios del Senado?
–Me ha sorprendido la cantidad de grupos que lo apoyan, la Cámara Federal, sus colegas, frente a opiniones, adversas. Yo creo que va a tener el apoyo, porque los senadores son criteriosos. Tendrá el respaldo necesario para ser aprobada.
–Hubo muchas objeciones por sus antecedentes, incluyendo casos de presunta corrupción y una conducta cuestionable.
–De las impugnaciones que se han presentado y que he leído no encontré nada. Encontré formularios que firman siete personas, pero que por cada una, que hablan de cuestionamientos, hay organizaciones, pero no encontré que hayan salido a la luz hechos que tengan una entidad para alarmarnos, que hayan descubierto algo peligroso.
–Se cuestionó la manera en que fue sobreseído con su hermano por sus bienes. La Coalición Cívica pidió a la Corte una auditoría de esa causa.
–Como abogado que conoció la causa, te digo que se sobreseyó porque ahí se agotó la prueba. Y un fiscal intachable, como el doctor Franco Picardi, y el juez Julián Ercolini lo estudiaron y se hizo de todo. No había pruebas.
–¿Puede este caso ser un obstáculo en el Senado para Lijo?
–Él tiene un auto de cosa juzgada que dispone su liberación. Lo digo como académico. Es imposible que traigan a la palestra una causa en la que fui sobreseído. Al contrario, ¿sabes que rescato de Lijo? Yo tengo en mi cátedra secretarios de Lijo que sienten admiración por él. Los empleados lo adoran, van a jugar al fútbol, les enseña. Y muchos jóvenes quieren trabajar en el juzgado con Lijo. Hoy tiene tres juzgados a cargo, la cámara no se los hubiese dado.
–Hay cuestionamientos a sus antecedentes académicos y su falta de especialidad no es constitucional.
–Sus fallos los he leído mucho. Son muy buenos y la Cámara los considera. Cuando dio el examen para ser juez estudió muchísimo. Fue profesor universitario.
–Pero se objeta su integridad y su ética.
–Sé dónde vive, conozco a sus hijos, que son muy bien educados, tiene una gran relación con su ex mujer y es una persona de bien, no ha tenido conflictos. No es de los jueces que he visto bailando en la televisión o veraneando en el exterior. Es apasionado de los animales, no de la ropa, los automóviles o los aviones.
–En su primera lista no estaba Lijo como candidato a la Corte.
–Siempre estuvo arriba de la mesa. Desde el primer día y yo le dije al Presidente lo que iba a pasar, que iba a tener oposiciones y que lo iban a cuestionar. Le conté de la causa aquella de años atrás. Había también varias candidatas mujeres. El Presidente estuvo bastante tiempo dando vueltas hasta que se decidió por la figura de Lijo.
–¿Qué
–No existe una norma expresa que diga que tiene que haber mujeres, interpretan las normas que dicen que tiene que haber igualdad de empleos, pero no es así. Para mi están muy bien los dos candidatos. Son aptos y me parece que la Argentina es un país destructivo: no hay personas que vos propongas para un cargo que no vaya a recibir embates, en general muchos injustificados, sin información. Es muy difícil encontrar a una persona del mundo del Derecho que no reciban esos embates. Hasta para elegir un Papa hay discusiones y peleas.
–Sorprendió el elogio del Presidente al procurador Casal. ‘Lo consideran para que quede de manera definitiva?
–Yo le dije al Presidente –y él lo entiende así– que Casal está haciendo un muy buen trabajo. Y yo lo conozco a Eduardo hace muchos años, vengo trabajando codo a codo como aliado en esta implementación. No hablamos de la continuidad, sí hablamos de que, para mí, él ha hecho un esfuerzo enorme en estos últimos años en situaciones difíciles y tiene un organismo muy preparado. Yo me doy cuenta cuando voy a ver a los fiscales de Rosario o Neuquén a que todos están en línea con el procurador.
–¿Coincide con el presidente Javier Milei en que es necesario cambiar la corte para que tenga una mirada liberal de la Constitución?
–Yo creo que tiene que tener una mirada constitucional. Y, respecto de si nuestra Constitución es liberal, tiene que ser una Corte como dice el señor Presidente, de carácter liberal.
–Pero parece que no está conforme con esta Corte.
–No es lo que se puede llegar a sentir a la luz de ciertos fallos. Es una postura intervencionista de determinados parámetros que cambian los cánones tradicionales de los constituyentes. Es una opinión. Todo fallo es discutible. Por ejemplo, si hablas de las tasas tiene que tener una contraprestación, pero hubo criterios sobre ese concepto, o de los despidos. El oxígeno o las nuevas ideas de estos dos candidatos van a contribuir a que tengamos una corte aún mejor
–¿Cómo describe la relación entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia?
–Respetuosa, cordial con una división de poderes impresionante, independencia absoluta y falta de interferencia. Yo tengo respeto personal e intelectual por todos los jueces, no me meto en los fallos, no hago operaciones políticas, no volví a Tribunales. Yo no puedo, como dicen en las redes, “meté presa a Cristina”, pero no es tarea mía. Yo tengo que darle al Poder Judicial y a los fiscales las herramientas legales estructurales y tecnológicas para que puedan hacer bien su trabajo con libertad y en base a las constancias de la causa y la prueba, aplicando el Código Penal.
–Pero hubo críticas del Gobierno a la Corte...
–Está cumpliendo adecuadamente con su responsabilidad Funcionó bien al rechazar los recursos de amparo por el DNU, acató la doctrina de rechazar a quienes no eran parte o porque no existía un caso.
–Milei no confiaba en que esto iba a pasar. –O tenían otra información…
–Yo aprendí en 42 años de Tribunales que hasta que un fallo no está firmado, no existe. Muchas veces en mi vida, me dijeron que iba a salir así y salió de otra manera. Yo confiaba en lo que yo había estudiado con Rodolfo Barra sobre la doctrina de la Corte en materia de amparos y nuestros argumentos fueron los que triunfaron.
–¿Su pasado como defensor de narcotraficantes está haciendo ruido, ahora, con la implementación del nuevo Código en Rosario?
–Son casos muy viejos de hace diez o quince años. Desde que asumí como decano en la facultad no trabajo en eso. A los 30 años tenía que pagar la matrícula del colegio de los chicos y llevar algo de plata a casa y defendía a gitanos que estaban imputados en Quilmes. Era lo que había, de lo que yo podía trabajar en ese momento. A medida que fui creciendo y tuve los mejores casos pude seleccionar y cuando seleccioné muchos los dejé en el camino. Hoy no tengo interés en volver a la profesión y mi vida, cuando termine mi función, será dedicarme a lo que más me gusta, que es la docencia.
–Existen muchas vacantes en la Justicia y unos 100 pliegos de jueces y fiscales para enviar al Senado. ¿Cuándo lo hará l Poder Ejecutivo?
–Estoy hoy concentrado 100% en la implementación de Rosario, pero tengo en mi agenda con marcador subrayado que la semana que viene voy a tratar de terminar con todo esto, porque el país lo necesita. Un juez nuevo trabaja bien. El juez nuevo tiene diez o quince años en los que matará trabajando. Entonces necesito dotar a todas las provincias de sus jueces.
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Fuerte rechazo a la postulación de Lijo y Garcíamansilla a la Corte
El Colegio Público de Abogados objetó que la propuesta oficial no incluya la incorporación de mujeres al alto tribunal
El presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, anticipó en una nota enviada al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el rechazo de la institución a las propuestas del Gobierno para nominar al juez federal Ariel Lijo y al abogado Manuel José García-mansilla para cubrir las vacantes en la Corte Suprema de Justicia.
La entidad, que reúne a los abogados matriculados en el distrito porteño, advierte enfáticamente que la iniciativa es “inconstitucional, antidemocrática y discriminatoria”, al no prever la incorporación de ninguna mujer en un tribunal integrado ahora exclusivamente por magistrados varones.
“Adelanto la opinión de la institución que represento en el sentido de que las nominaciones de dos varones para integrar una Corte Suprema de Justicia compuesta íntegramente por personas del género masculino resulta claramente inconstitucional, contraria a convenciones internacionales de igual jerarquía, antidemocrática y discriminatoria”, expresa en su nota el excamarista federal.
Gil Lavedra transmite la opinión fundada del Colegio Público de Abogados, de acuerdo con el mecanismo propuesto por el decreto 222/2023, modificado por el decreto 267/2024, para la selección de los jueces del alto tribunal.
“Resulta evidente que las candidaturas al más alto tribunal de la República deben contar con antecedentes irreprochables, solvencia técnica acreditada, compromiso con los derechos humanos, con la democracia y con la ética en la función pública”, expresa Gil Lavedra en el pronunciamiento.
Se suma, así, a las objeciones planteadas especialmente ante la propuesta del juez Lijo, cuya postulación generó reacciones adversas en el campo político, judicial y académico.
“Debe tratarse de personas de aquilatada integridad. Estos elementos permitirán confiar en que desempeñarán su cargo con absoluta independencia, tanto del gobierno como de otros factores de poder. Pero esto no significa dejar de lado la postura de cumplir el imperativo constitucional sobre la paridad de género”, argumenta el doctor Gil Lavedra, reelegido recientemente al frente de la institución.
Añade, específicamente, que el decreto que rige el mecanismo de selección de los magistrados propuestos para integrar la Corte debe observar “la composición general del cuerpo en cuanto a diversidad de género, especialidad profesional e integración federal”.
Entre otros argumentos, expresa que la expresión “en la medida de lo posible” contenida en el artículo 3° se refiere “necesariamente a un impedimento fáctico concreto, como sería, por ejemplo, no poder agregar una mujer a una Corte integrada ya por todas mujeres, o por vía de absurdo que ninguna mujer reuniera los requisitos del art. 111 de la Constitución nacional”.
“Ignorando abiertamente esas premisas, la postulación de dos candidatos varones para sumarse a un órgano integrado en su totalidad por otros varones incumple absolutamente el requisito de diversidad de género”, insiste Gil Lavedra en su nota al ministro de Justicia.
Agrega que esa reglamentación no es “caprichosa, ni irrazonable ni infundada”, sino que guarda “estricta correlación con otras disposiciones de la propia Constitución nacional y con convenciones internacionales de idéntica jerarquía”.
Principio constitucional
Para el doctor Gil Lavedra, el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación “ha sido consagrado y establecido a nivel nacional e internacional, dando lugar a la adopción de políticas de igualdad de oportunidades y derechos con perspectiva de género que pongan fin a la invisibilización y desigualdad padecida durante siglos, que condujeron al desapoderamiento de sus más elementales derechos políticos, patrimoniales y sociales”.
Y recuerda que la reforma constitucional de 1994 incorporó la implementación de acciones positivas para asegurar la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres en el acceso a cargos políticos y electivos. Así, el artículo 75, inciso. 23, de Constitución “encomendó al Congreso promover esas medidas en procura de la igualdad de oportunidades y de trato para ciertos grupos en situación de vulnerabilidad, entre quienes están las mujeres”.
“Es la manera que el constituyente entendió necesaria para superar una situación de desigualdad estructural que implica que los Estados tienen obligación de no discriminar, pero también el imperioso deber de adoptar acciones afirmativas de equilibrio para garantizar el ejercicio de los derechos por parte de sectores históricamente discriminados”, sostiene el presidente del Colegio Público de Abogados.
Sostiene, además, que la incorporación de la mujer a los órganos superiores de la administración de justicia es hoy una práctica pacífica en el mundo occidental. Señala que la Suprema Corte de los Estados Unidos cuenta con cuatro mujeres dentro de nueve miembros, a lo que añade que la Corte Interamericana de Derechos Humanos posee tres mujeres entre siete miembros. “No hay ningún país de Sudamérica cuyo Tribunal Supremo esté integrado solo por varones, lo propio ocurre en Europa en España, Portugal, Francia, Alemania e Italia”, enumera.
Y apunta que en el derecho público provincial de nuestro país, salvo en dos casos, todas las restantes provincias cuentan con mujeres en su integración.
Concluye que “la elección de mujeres para integrar la Corte Suprema de Justicia, en su actual composición, no es una opción, es un mandato constitucional y convencional que debe ser observado”.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confía en que la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia va a tener el apoyo de los dos tercios de los senadores, al afirmar que las denuncias en su contra son cosa juzgada y que tiene su mejor opinión personal del funcionario. Consideró, además, que para una Constitución liberal es necesaria una Corte Suprema de Justicia liberal.
El funcionario dio una entrevista a la nacion en su despacho, en ocasión de la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal Federal, que arrancará el lunes en Rosario, donde cambiará la manera de investigar los delitos federales con audiencias orales, acuerdos entre la fiscalía y la defensa, menos juicios y más rápidos.
El ministro describe la implementación del lunes como “idónea”, dijo: “Estamos bien, pero no me sobra nada” y estimó que se destinaron unos 10 millones de dólares para comenzar, que salieron de fondos que envió el ministro de Economía, Luis Caputo, de bienes decomisados, de fondos propios ahorrados y de la colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). “Nosotros pagamos el 100%, por lo menos en esta primera parte”, dijo.
En una pared del despacho de Cúneo Libarona, detrás de su sillón de cuero, hay un dibujo a mano alzada del mapa de la Argentina. Están redondeadas Salta y Jujuy, donde ya rige el nuevo Código, las provincias de Cuyo, Santa Fe, y Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Ushuaia, donde este año piensa poner en marcha el mecanismo acusatorio. Tiene fecha del 20 de marzo de 2024 y está firmado por el ministro de Justicia y sus colaboradores como un compromiso. Buenos Aires y Comodoro Py tienen un signo de pregunta.
–¿Qué grado de avances tiene la implementación que comienza el lunes en Rosario?
–Es el primer paso en esta segunda etapa. Ya funciona en Salta y Jujuy y nosotros empezamos con la intención de hacerlo en todo el país. Hay tres escenarios: muy conflictivos, conflictivos y sencillos, porque la criminalidad no es la misma en Rosario que en Ushuaia. Y ahora abordamos uno de los puntos más conflictivos. Esto lo reclamaban los jueces.
–¿La implementación desde el lunes es total?
–Es un arranque idóneo. Vamos a lo más difícil. Tengo cuatro salas de audiencias, nos faltaría una más en Rosario, tenemos tecnología, está llegando algo, lo otro estará lista la semana que viene, porque nos demoramos con los presupuestos, compramos un aparato brutal para la Procuración, que es para abrir los teléfonos celulares. Cada provincia me demanda un enorme esfuerzo económico y de imaginación. He conseguido salas de la Intendencia, inmuebles de la Armada y de YPF. Este es mi objetivo de vida, en tres años vamos a juzgar. Me dirán: “Mariano te salió bien!”, “Mariano, un desastre”, y yo acá pongo 62 años de laburo.
–¿Qué ventajas tiene?
–No es mérito mío, te aclaro, acá está el espíritu de Horacio Rosatti y el del Consejo, acompaña el procurador Eduardo Casal, con quien nos conocemos hace 40 años, y la defensora general, Stella Maris Martínez, a quien conozco desde que tenía 18 años. Estamos bien, estamos bien, pero no me sobra nada. En este sistema el juez es un tercero. Decide nada más sobre pedidos de allanamientos, de prisiones preventivas, la interceptación de teléfonos, nada más. Todo es mucho más rápido. En Salta y en Jujuy, entre el 80% y el 82% de los casos no llegan a juicio, se recurren a métodos alternativos, como probation o juicio abreviado, y se juzgan casos de trata o de narcotráfico. De 100 juicios por año, se pasó a 20.
–¿Cree que el juez Lijo va a conseguir los votos de los dos tercios del Senado?
–Me ha sorprendido la cantidad de grupos que lo apoyan, la Cámara Federal, sus colegas, frente a opiniones, adversas. Yo creo que va a tener el apoyo, porque los senadores son criteriosos. Tendrá el respaldo necesario para ser aprobada.
–Hubo muchas objeciones por sus antecedentes, incluyendo casos de presunta corrupción y una conducta cuestionable.
–De las impugnaciones que se han presentado y que he leído no encontré nada. Encontré formularios que firman siete personas, pero que por cada una, que hablan de cuestionamientos, hay organizaciones, pero no encontré que hayan salido a la luz hechos que tengan una entidad para alarmarnos, que hayan descubierto algo peligroso.
–Se cuestionó la manera en que fue sobreseído con su hermano por sus bienes. La Coalición Cívica pidió a la Corte una auditoría de esa causa.
–Como abogado que conoció la causa, te digo que se sobreseyó porque ahí se agotó la prueba. Y un fiscal intachable, como el doctor Franco Picardi, y el juez Julián Ercolini lo estudiaron y se hizo de todo. No había pruebas.
–¿Puede este caso ser un obstáculo en el Senado para Lijo?
–Él tiene un auto de cosa juzgada que dispone su liberación. Lo digo como académico. Es imposible que traigan a la palestra una causa en la que fui sobreseído. Al contrario, ¿sabes que rescato de Lijo? Yo tengo en mi cátedra secretarios de Lijo que sienten admiración por él. Los empleados lo adoran, van a jugar al fútbol, les enseña. Y muchos jóvenes quieren trabajar en el juzgado con Lijo. Hoy tiene tres juzgados a cargo, la cámara no se los hubiese dado.
–Hay cuestionamientos a sus antecedentes académicos y su falta de especialidad no es constitucional.
–Sus fallos los he leído mucho. Son muy buenos y la Cámara los considera. Cuando dio el examen para ser juez estudió muchísimo. Fue profesor universitario.
–Pero se objeta su integridad y su ética.
–Sé dónde vive, conozco a sus hijos, que son muy bien educados, tiene una gran relación con su ex mujer y es una persona de bien, no ha tenido conflictos. No es de los jueces que he visto bailando en la televisión o veraneando en el exterior. Es apasionado de los animales, no de la ropa, los automóviles o los aviones.
–En su primera lista no estaba Lijo como candidato a la Corte.
–Siempre estuvo arriba de la mesa. Desde el primer día y yo le dije al Presidente lo que iba a pasar, que iba a tener oposiciones y que lo iban a cuestionar. Le conté de la causa aquella de años atrás. Había también varias candidatas mujeres. El Presidente estuvo bastante tiempo dando vueltas hasta que se decidió por la figura de Lijo.
–¿Qué
–No existe una norma expresa que diga que tiene que haber mujeres, interpretan las normas que dicen que tiene que haber igualdad de empleos, pero no es así. Para mi están muy bien los dos candidatos. Son aptos y me parece que la Argentina es un país destructivo: no hay personas que vos propongas para un cargo que no vaya a recibir embates, en general muchos injustificados, sin información. Es muy difícil encontrar a una persona del mundo del Derecho que no reciban esos embates. Hasta para elegir un Papa hay discusiones y peleas.
–Sorprendió el elogio del Presidente al procurador Casal. ‘Lo consideran para que quede de manera definitiva?
–Yo le dije al Presidente –y él lo entiende así– que Casal está haciendo un muy buen trabajo. Y yo lo conozco a Eduardo hace muchos años, vengo trabajando codo a codo como aliado en esta implementación. No hablamos de la continuidad, sí hablamos de que, para mí, él ha hecho un esfuerzo enorme en estos últimos años en situaciones difíciles y tiene un organismo muy preparado. Yo me doy cuenta cuando voy a ver a los fiscales de Rosario o Neuquén a que todos están en línea con el procurador.
–¿Coincide con el presidente Javier Milei en que es necesario cambiar la corte para que tenga una mirada liberal de la Constitución?
–Yo creo que tiene que tener una mirada constitucional. Y, respecto de si nuestra Constitución es liberal, tiene que ser una Corte como dice el señor Presidente, de carácter liberal.
–Pero parece que no está conforme con esta Corte.
–No es lo que se puede llegar a sentir a la luz de ciertos fallos. Es una postura intervencionista de determinados parámetros que cambian los cánones tradicionales de los constituyentes. Es una opinión. Todo fallo es discutible. Por ejemplo, si hablas de las tasas tiene que tener una contraprestación, pero hubo criterios sobre ese concepto, o de los despidos. El oxígeno o las nuevas ideas de estos dos candidatos van a contribuir a que tengamos una corte aún mejor
–¿Cómo describe la relación entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia?
–Respetuosa, cordial con una división de poderes impresionante, independencia absoluta y falta de interferencia. Yo tengo respeto personal e intelectual por todos los jueces, no me meto en los fallos, no hago operaciones políticas, no volví a Tribunales. Yo no puedo, como dicen en las redes, “meté presa a Cristina”, pero no es tarea mía. Yo tengo que darle al Poder Judicial y a los fiscales las herramientas legales estructurales y tecnológicas para que puedan hacer bien su trabajo con libertad y en base a las constancias de la causa y la prueba, aplicando el Código Penal.
–Pero hubo críticas del Gobierno a la Corte...
–Está cumpliendo adecuadamente con su responsabilidad Funcionó bien al rechazar los recursos de amparo por el DNU, acató la doctrina de rechazar a quienes no eran parte o porque no existía un caso.
–Milei no confiaba en que esto iba a pasar. –O tenían otra información…
–Yo aprendí en 42 años de Tribunales que hasta que un fallo no está firmado, no existe. Muchas veces en mi vida, me dijeron que iba a salir así y salió de otra manera. Yo confiaba en lo que yo había estudiado con Rodolfo Barra sobre la doctrina de la Corte en materia de amparos y nuestros argumentos fueron los que triunfaron.
–¿Su pasado como defensor de narcotraficantes está haciendo ruido, ahora, con la implementación del nuevo Código en Rosario?
–Son casos muy viejos de hace diez o quince años. Desde que asumí como decano en la facultad no trabajo en eso. A los 30 años tenía que pagar la matrícula del colegio de los chicos y llevar algo de plata a casa y defendía a gitanos que estaban imputados en Quilmes. Era lo que había, de lo que yo podía trabajar en ese momento. A medida que fui creciendo y tuve los mejores casos pude seleccionar y cuando seleccioné muchos los dejé en el camino. Hoy no tengo interés en volver a la profesión y mi vida, cuando termine mi función, será dedicarme a lo que más me gusta, que es la docencia.
–Existen muchas vacantes en la Justicia y unos 100 pliegos de jueces y fiscales para enviar al Senado. ¿Cuándo lo hará l Poder Ejecutivo?
–Estoy hoy concentrado 100% en la implementación de Rosario, pero tengo en mi agenda con marcador subrayado que la semana que viene voy a tratar de terminar con todo esto, porque el país lo necesita. Un juez nuevo trabaja bien. El juez nuevo tiene diez o quince años en los que matará trabajando. Entonces necesito dotar a todas las provincias de sus jueces.
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Fuerte rechazo a la postulación de Lijo y Garcíamansilla a la Corte
El Colegio Público de Abogados objetó que la propuesta oficial no incluya la incorporación de mujeres al alto tribunal
El presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, anticipó en una nota enviada al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el rechazo de la institución a las propuestas del Gobierno para nominar al juez federal Ariel Lijo y al abogado Manuel José García-mansilla para cubrir las vacantes en la Corte Suprema de Justicia.
La entidad, que reúne a los abogados matriculados en el distrito porteño, advierte enfáticamente que la iniciativa es “inconstitucional, antidemocrática y discriminatoria”, al no prever la incorporación de ninguna mujer en un tribunal integrado ahora exclusivamente por magistrados varones.
“Adelanto la opinión de la institución que represento en el sentido de que las nominaciones de dos varones para integrar una Corte Suprema de Justicia compuesta íntegramente por personas del género masculino resulta claramente inconstitucional, contraria a convenciones internacionales de igual jerarquía, antidemocrática y discriminatoria”, expresa en su nota el excamarista federal.
Gil Lavedra transmite la opinión fundada del Colegio Público de Abogados, de acuerdo con el mecanismo propuesto por el decreto 222/2023, modificado por el decreto 267/2024, para la selección de los jueces del alto tribunal.
“Resulta evidente que las candidaturas al más alto tribunal de la República deben contar con antecedentes irreprochables, solvencia técnica acreditada, compromiso con los derechos humanos, con la democracia y con la ética en la función pública”, expresa Gil Lavedra en el pronunciamiento.
Se suma, así, a las objeciones planteadas especialmente ante la propuesta del juez Lijo, cuya postulación generó reacciones adversas en el campo político, judicial y académico.
“Debe tratarse de personas de aquilatada integridad. Estos elementos permitirán confiar en que desempeñarán su cargo con absoluta independencia, tanto del gobierno como de otros factores de poder. Pero esto no significa dejar de lado la postura de cumplir el imperativo constitucional sobre la paridad de género”, argumenta el doctor Gil Lavedra, reelegido recientemente al frente de la institución.
Añade, específicamente, que el decreto que rige el mecanismo de selección de los magistrados propuestos para integrar la Corte debe observar “la composición general del cuerpo en cuanto a diversidad de género, especialidad profesional e integración federal”.
Entre otros argumentos, expresa que la expresión “en la medida de lo posible” contenida en el artículo 3° se refiere “necesariamente a un impedimento fáctico concreto, como sería, por ejemplo, no poder agregar una mujer a una Corte integrada ya por todas mujeres, o por vía de absurdo que ninguna mujer reuniera los requisitos del art. 111 de la Constitución nacional”.
“Ignorando abiertamente esas premisas, la postulación de dos candidatos varones para sumarse a un órgano integrado en su totalidad por otros varones incumple absolutamente el requisito de diversidad de género”, insiste Gil Lavedra en su nota al ministro de Justicia.
Agrega que esa reglamentación no es “caprichosa, ni irrazonable ni infundada”, sino que guarda “estricta correlación con otras disposiciones de la propia Constitución nacional y con convenciones internacionales de idéntica jerarquía”.
Principio constitucional
Para el doctor Gil Lavedra, el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación “ha sido consagrado y establecido a nivel nacional e internacional, dando lugar a la adopción de políticas de igualdad de oportunidades y derechos con perspectiva de género que pongan fin a la invisibilización y desigualdad padecida durante siglos, que condujeron al desapoderamiento de sus más elementales derechos políticos, patrimoniales y sociales”.
Y recuerda que la reforma constitucional de 1994 incorporó la implementación de acciones positivas para asegurar la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres en el acceso a cargos políticos y electivos. Así, el artículo 75, inciso. 23, de Constitución “encomendó al Congreso promover esas medidas en procura de la igualdad de oportunidades y de trato para ciertos grupos en situación de vulnerabilidad, entre quienes están las mujeres”.
“Es la manera que el constituyente entendió necesaria para superar una situación de desigualdad estructural que implica que los Estados tienen obligación de no discriminar, pero también el imperioso deber de adoptar acciones afirmativas de equilibrio para garantizar el ejercicio de los derechos por parte de sectores históricamente discriminados”, sostiene el presidente del Colegio Público de Abogados.
Sostiene, además, que la incorporación de la mujer a los órganos superiores de la administración de justicia es hoy una práctica pacífica en el mundo occidental. Señala que la Suprema Corte de los Estados Unidos cuenta con cuatro mujeres dentro de nueve miembros, a lo que añade que la Corte Interamericana de Derechos Humanos posee tres mujeres entre siete miembros. “No hay ningún país de Sudamérica cuyo Tribunal Supremo esté integrado solo por varones, lo propio ocurre en Europa en España, Portugal, Francia, Alemania e Italia”, enumera.
Y apunta que en el derecho público provincial de nuestro país, salvo en dos casos, todas las restantes provincias cuentan con mujeres en su integración.
Concluye que “la elección de mujeres para integrar la Corte Suprema de Justicia, en su actual composición, no es una opción, es un mandato constitucional y convencional que debe ser observado”.
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