CRUCIAL DEBATE EN EL CONGRESO

La suerte de la Ley Bases, en manos de 8 senadores
Son los legisladores claves para que avance en comisión y en el recinto.
Gustavo YbarraLa vicepresidenta Victoria Villarruel tendrá un papel clave en el debate
Aunque el oficialismo sueña con un trámite rápido que le permita tener las leyes sancionadas en dos semanas, la realidad es que el recinto del Senado todavía está lejos para la denominada Ley Bases y las “medidas fiscales paliativas y relevantes”. Antes, la próxima semana, Victoria Villarruel y la tropa de siete senadores libertarios tendrán que enfrentar el debate en comisiones, que promete ser tan enrevesado como en la Cámara baja y que podría terminar con modificaciones que obligarían a los proyectos a regresar en segunda revisión a Diputados.
“Todos andan haciendo cuentas de cómo vamos a votar en el recinto y se olvidan de que antes el oficialismo va a necesitar reunir las firmas para tener dictamen en las comisiones; se están comiendo el postre antes que la ensalada y pueden terminar atragantados”, comenta, con una leve sonrisa en sus labios, un legislador de mil batallas parlamentarias que, aunque resulte paradójico, está dispuesto a votar los proyectos sin tocarles una coma.
El dato que apunta este veterano legislador no es menor. Necesitada de armar una mayoría que le permitiera poner en funcionamiento el Senado y torcerle al brazo a un kirchnerismo que, aunque derrotado, sigue siendo una poderosa primera minoría de 33 senadores; la vicepresidenta estableció un acuerdo que les entregó a los bloques de la oposición dialoguista la presidencia de algunas y lugares preponderantes en todas las comisiones. Tanto es así que sin el apoyo de esos legisladores, el oficialismo no tiene chance alguna de imponer un dictamen.
Es en este complejo damero en el que se jugará la partida en el Senado de los proyectos más deseados por el gobierno de Javier Milei y en donde cobra particular relevancia la presencia de varios senadores que, con su firma, podrían inclinar el fiel de la balanza.
Los proyectos ingresaron al Senado en la noche del jueves. El de Ley Bases fue girado a las comisiones de Legislación General, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda. Esta última tendrá, a su vez, la misión de dictaminar en soledad sobre la reforma fiscal.
Por lo pronto, el primer nombre que salta a la vista cuando se mira la lista de integrantes es el del radical Pablo Blanco (Tierra del Fuego), que figura como miembro de las tres comisiones. No es un buen indicio para el oficialismo. El fueguino se ha comportado como un auténtico “radical libre”.
Sin un gobernador al que obedecer, Blanco es libre de jugar según el momento político y sus convicciones, aun cuando ha dado muestras de conducta partidaria y casi siempre vota con el resto de su bancada. Pero en su caso, las últimas señales no son positivas para el Gobierno. El fueguino es uno de los tres radicales que firmaron el pedido de sesión especial para tratar el aumento del financiamiento para las universidades nacionales.
Hay otros nombres que también se repiten. Con participación en dos comisiones, aparecen senadores que tienen antecedentes que los ubican como críticos de algunos de los tópicos más importantes de la Ley Bases y de las medidas fiscales.
Es el caso de Lucila Crexell (Neuquén), que integra Legislación General y Asuntos Constitucionales. La exintegrante de Juntos por el Cambio, hoy aliada al gobernador de su provincia, Rolando Figueroa, tiene antecedentes de ser una férrea defensora de la función legislativa y de contralor del Congreso y ya ha rechazado anteriores pedidos de delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo. Tampoco es muy amiga de los blanqueos, como el que contiene la reforma fiscal, a los que tampoco apoyó en otras oportunidades.
También en dos comisiones aparece Guadalupe Tagliaferri (Pro-capital). Encuadrada en la línea interna de Horacio Rodríguez Larreta, la senadora porteña se mostró dialoguista, aunque más para arrebatarle al kirchnerismo el control de la Cámara alta que por simpatía con la administración de Milei. Ahora llegó un punto de inflexión para la legisladora, que mira con lupa el capítulo del blanqueo de capitales, el que le parece demasiado amplio y generoso. Ocupa una poltrona en Legislación General y en Presupuesto y Hacienda.
Son las mismas comisiones de las que es miembro Martín Lousteau. El presidente de Comité Nacional de la UCR juega un partido aparte con el gobierno nacional desde que Milei y las cuentas libertarias de la red social X (ver aparte) decidieron tomarlo como blanco de sus críticas más feroces. Eso no implica un voto automático en contra del senador por la Capital, pero en ambos proyectos hay varios puntos que podrían llevarlo a reclamar modificaciones a cambio de estampar su firma en el dictamen que le permita a los textos avanzar a su discusión en el recinto. Además, el porteño también pidió una sesión especial para discutir aumentar el presupuesto de las universidades.
También con firma en dos comisiones, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, aparece el radical catamarqueño Flavio Fama. Hombre de bajo perfil, su condición de exrector universitario lo ubica en las antípodas del gobierno nacional en la pulseada por los fondos para las casas de altos estudios. Por otra parte, es oposición en su provincia, por lo que no tiene la presión de un gobernador exigiéndole su voto.
Otro senador al que deberán prestar atención los negociadores del Gobierno es el entrerriano Edgardo Kueider (Unidad Federal). Este peronista díscolo, que se separó hace año y medio del bloque kirchnerista junto al correntino Carlos Espínola, ya demostró que no está dispuesto a canjear su voto por la presidencia de Asuntos Constitucionales, que ostenta desde enero último, y ayudó a constituir la mayoría que rechazó en el Senado el DNU 70/23. Integra, además, la Comisión de Legislación General y está en contra de la restitución de Ganancias.
En un escenario en el que una firma podría obligar a cambiar uno o más artículos, también son para tener en cuenta las presencias de Maximiliano Abad (Ucr-buenos Aires) y de José María Carambia (por Santa Cruz) en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, respectivamente. El radical tiene juego propio y ya pidió que su bloque convoque a los gobernadores del partido para que brinden explicaciones de las causas por las que apoyan los proyectos. El patagónico, por su parte, juega en tándem con el gobernador Claudio Vidal y prometió votar en contra de todo lo que impulsa el Gobierno en represalia por la quita de financiamiento nacional a las obras de las represas sobre el Río Santa Cruz.
La defección de alguno de estos ocho senadores obligará al oficialismo a buscar un menos probable apoyo entre sus colegas del PJ. Las negociaciones están en marcha.

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El Gobierno tuvo “gestos” puntuales con las provincias
Utilizó fondos nacionales para saldar las deudas que tenía con el sector educativo

Gabriela Origlia
Barajar y dar de nuevo. Así definen los gobernadores la negociación con la Casa Rosada de cara al tratamiento en el Senado de la Ley Bases. Estarían los votos para la aprobación en general, pero podría haber cambios en particular, con lo que la iniciativa debería volver a la Cámara de Diputados. Los mandatarios están convencidos de que este es el momento de conseguir el reinicio de alguna obra y de cobrar deudas. Hay datos que muestran que la Casa Rosada, aunque con cuentagotas, tiene “gestos” con algunos distritos.
En abril, antes de la pulseada en Diputados, la Casa Rosada pagó la deuda por el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) –lo eliminó en marzo– a cinco provincias: Misiones ($1476 millones) y Santiago del Estero ($1524,9 millones) fueron las que más recibieron. Figuran también La Rioja ($396,9 millones); Catamarca ($226,6 millones) y Corrientes ($46,7 millones).
De cara a lo que viene en el Senado, los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua, y Santiago del Estero, Gerardo Zamora, aparecen entre los que negocian con la Casa Rosada. El resto son, como publicó la nacion, Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alberto Weretilneck (Río Negro), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
Con datos de la consultora Politikon
Chaco sobre números oficiales, en enero Nación devengó $46.800 millones para el Fonid, pero solo pagó $12 millones a Chubut ese mes y los $3671 millones de abril. Todo el resto no está ejecutado; no canceló más deuda acumulada que la que tiene una base legal. Las presentaciones judiciales realizadas por algunos gobernadores son por la interrupción del pago.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, estuvo con Passalacqua y su jefe político, Carlos Rovira, y días después la provincia recibió $1500 millones de ATN y el pago de la deuda por el Fonid. Dos son los senadores del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. La provincia está entre las 13 que no está recibiendo los pagos de Anses por la caja de jubilaciones no transferida.
En Santiago del Estero –otra de las que cobraron deuda por el Fonid–, Zamora controla a tres senadores, entre los que está su esposa, Claudia Ledesma Abdala, muy cercana a la expresidenta Cristina Kirchner. Los otros son José Neder y Gerardo Montenegro. También Francos estuvo con el gobernador.
Hasta el 29 de abril pasado, la Nación pagó $10.300 millones de ATN, en enero fueron $1000 millones para Corrientes por la emergencia de las inundaciones; en febrero Chubut recibió $1500 millones por los incendios y $2000 millones Tucumán. Jaldo es, de los peronistas “dialoguistas”, el más cercano 
 en la semana que termina estuvo dos veces con Francos. La última fue el jueves en la Casa Rosada, para “avanzar con la modernización del aeropuerto de Tucumán, la implementación de la tarjeta SUBE y las problemáticas vinculadas a la producción de limón”, según consignó el ministro.
Los tres senadores tucumanos son Juan Manzur, con quien Jaldo tiene una relación tensa; Beatriz Ávila y Sandra Mendoza. Sobre el exgobernador, los “jaldistas” apuntan que “siempre hizo gala del diálogo, con lo que podría apoyar o, al menos, no trabar”.
De los ATN en marzo, Nación giró $1300 millones a Entre Ríos y $1500 millones a Jujuy (comandadas por Rogelio Frigerio y Carlos Sadir, respectivamente, ambos de Juntos por el Cambio) y en abril, además de los $1500 millones a Misiones, la misma suma fue para Santa Fe.
Neuquén y Santa Cruz –los gobernadores tienen tres senadores– están entre las que tienen deuda para cobrar de sus cajas de jubilaciones no transferidas. En ese punto la Nación no está obligada a que si le gira a una lo debe hacer con todas. Son obligaciones enmarcadas legalmente, pero hay margen para el manejo discrecional. De esos tres potenciales votos, dos podrían ser a favor de la Ley Bases, el de la neuquina Lucía Crexell y al menos de uno de los santacruceños (Natalia Gadano y José Carambia).
En Diputados, los cuatro que responden al catamarqueño Jalil –Fernanda Ávila, Silvana Ginocchio, Dante López Rodríguez y Sebastián Nóblega– votaron en contra del proyecto en general y a favor del Régimen de Grandes Inversiones (RIGI). En el Senado, Lucía Corpacci anticipó que se opondrá, con lo que la mirada está sobre Guillermo Andrada, alfil del gobernador.
Con todo, la presión de los patagónicos volvería a hacerse sentir en la votación de los cambios en el impuesto a las ganancias, anticipó el chubutense Ignacio Torres.

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