DELITOS Y LA ARGENTINA

Reformular la edad de imputabilidad
Félix V. Lonigro
Hay países en los que cometer delitos no tiene consecuencias para quienes eligen esa actividad marginal como forma de vida. La Argentina es uno de ellos, porque aquí los malvivientes conocen las dificultades que tienen las autoridades para resolver el flagelo de la inseguridad, en el contexto de la cual, paradójicamente, los delincuentes se sienten seguros.
Esta injustificable realidad tiene diferentes causas: gobiernos corruptos que suelen no tener autoridad moral para exigir pautas de buena conducta en la sociedad; la nefasta ideología mal llamada “garantista” de muchos dirigentes –y también de jueces–, para los cuales reprimir el delito implica estigmatizar a quienes “no han tenido oportunidades” para desarrollar una sana convivencia; miedo a endurecer las políticas punitivas por temor a que la sociedad las rechace; una sociedad contradictoria que clama seguridad, pero que al mismo tiempo no ve con agrado que se empodere a las fuerzas policiales para que puedan enfrentar a los malvivientes, o simplemente indiferencia e incompetencia de las autoridades frente a la cuestión.
Este “paraíso” delincuencial no solo es frecuentado y disfrutado por los reos mayores de edad, sino también por los menores, quienes en la Argentina solo son imputables a partir de los 16 años. Mientras tanto, lejos de ese “paraíso”, en el “infierno” de cada día estamos los que elegimos formas de vida civilizadas, quienes además de pagar impuestos para que el Estado nos proteja de este flagelo también debemos financiar nuestros propios sistemas de defensa, colocando cámaras de seguridad, alarmas o rejas detrás de las cuales escondernos de los malhechores.
Obsérvese que la Constitución nacional, en su art. 18, dispone que las cárceles tienen por finalidad brindar “seguridad” a los habitantes, y aislar allí a los reos no para castigarlos, sino para recuperarlos en la convivencia social, respetándose debidamente sus derechos y dignidad humana. Esto es “garantismo”: proteger a la sociedad y reeducar a los malviviventes, y no las burdas teorías “zaffaronianas”, que velan permanentemente por garantizar el bienestar de quienes nos complican la vida cada día.
En el derecho penal, “imputar” significa atribuir a alguien la responsabilidad por la comisión de un hecho delictivo. Pues para que un “imputado” pueda ser responsable penalmente por el delito cuya comisión se le adjudica, es necesario que esté en condiciones de medir la gravedad de sus actos. Es por eso que la ley establece un límite de edad debajo del cual se considera que un sujeto es inimputable, es decir, que no puede adjudicársele responsabilidad penal por no tener la capacidad de medir la gravedad de lo que hace. En la Argentina ese límite de edad es, vergonzosa y escandalosamente, de 16 años.
De más está decir que eso constituye un verdadero desatino, porque mucho antes de cumplir esa edad, un sujeto sabe qué es lo que está bien y lo que está mal, por lo menos cuando se trata de conductas graves tales como matar, herir, dañar, secuestrar, violar y robar.
Quienes no están a favor de bajar la edad para la imputabilidad suelen invocar convenciones internacionales. Pues hay que desnudar la falacia: ninguna de ellas establece una determinada edad de imputabilidad. Por ejemplo, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que en nuestro país tiene jerarquía constitucional, delega en cada Estado miembro la responsabilidad de fijarla, y hay datos de Unicef que son irrefutables: solo la Argentina y Cuba establecen ese límite a los dieciséis años; ningún país del mundo lo hace a los quince, y son muchos los que fijan ese límite en catorce años de edad.
Países de corte populista como Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Ecuador (tan admirados por nuestra izquierda fundamentalista y por el populismo demagógico) fijan la edad de imputabilidad entre los 12 y los 14 años: Bolivia y Venezuela a los 14, Nicaragua a los 13 y Ecuador a los 12. Mientras tanto, otros países, como Alemania, Austria, España, Italia, Holanda, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, la fijan en 14 años, y el Reino Unido considera imputables a los menores a partir de los once años de edad.
La misma Convención Internacional sobre los Derechos del Niño establece, en su art. 37 inc. b), que “la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley”. Obsérvese cómo ese término tan temido por la izquierda argentina (“encarcelamiento”) es usado con absoluta naturalidad por el referido instrumento internacional de derechos humanos. Los adolescentes están en perfectas condiciones para discernir si matar, robar, herir y violar es bueno o malo, pero si bien el mundo así lo entiende, en la Argentina la misma dirigencia que elabora políticas cuya consecuencia es crear pobres y disminuir posibilidades de realización personal considera que los delincuentes son víctimas de una sociedad que no los comprende y que por eso no hay que estigmatizarlos con castigos ni encarcelamientos.
El Gobierno está proponiendo que se baje a 14 años la edad de imputabilidad de menores. En buena hora. Es cierto que los problemas de inseguridad no se resuelven con medidas aisladas como esta y que son necesarias la prevención y la resocialización de los detenidos, pero alguna vez será menester colocar el derecho penal al servicio de una sociedad que quiere vivir en paz, antes que al servicio de quienes nos hostigan cada día con el delito como modo de convivencia social.

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Por qué no aumentan las exportaciones de la industria
Carlos Moyano Walker

La industria argentina no exporta lo suficiente para que con las divisas así logradas sean pagadas las importaciones de máquinas, equipos e insumos que requiere, por lo que la expansión de su actividad depende de las divisas que aporta el agro, que no son suficientes para generar un crecimiento sustentable de la actividad económica. Por eso es necesario que la industria logre aumentar sustancialmente sus exportaciones de sus bajos niveles actuales.
Las exportaciones industriales argentinas, o manufacturas de origen industrial (MOI), según la nomenclatura del Indec, se han mantenido estancadas en los últimos años. En 2010, se exportó MOI por valor de 23.816 millones de dólares, mientras que en 2023, las exportaciones industriales cayeron a 20.655 millones de dólares (-13,3%). El promedio de ese período fue de 21.543 millones de dólares. La participación de las MOI en el total de las exportaciones argentinas cayó de 34,9% a 30,9% entre esos años, siendo el promedio de 31,2%.
Generalmente, se ha atribuido a las empresas industriales argentinas poca inclinación exportadora, al contrario de lo que ocurre con el sector agropecuario y el de la agroindustria. Sin embargo, no todo es culpa de ellas. Las exportaciones industriales se planifican y concretan en plazos más prolongados que los commodities, y para eso se necesita estabilidad en las variables económicas y en las reglas de juego. Desde 2010, el dólar real para poder exportar, descontada la inflación de la Argentina y de Estados Unidos, tuvo fuertes oscilaciones, con una diferencia de 60% entre sus valores mínimo y máximo. Bruscas devaluaciones, seguidas al poco tiempo por aumentos en los costos hacen que sea muy difícil fijar los precios de exportación. Cuesta mucho tiem po y esfuerzo a una empresa conseguir un cliente para después perderlo por factores ajenos a su propia eficiencia.
Otro factor que dificulta las exportaciones es la carga impositiva, que según la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) implica que se exporten impuestos equivalentes al 22% del valor de la producción, frente a Brasil que exporta 7% y México, 0%. A esto se suma una legislación laboral anacrónica y poco flexible que impide mejorar la productividad.
Pero por el lado de las empresas industriales existen muchas asignaturas pendientes. Salvo excepciones, la mayoría se encuentran cómodas gozando de una elevada protección arancelaria y paraarancelaria en un mercado limitado, que no estimula la competencia ni la eficacia, sin economías de escala y con poca incorporación de tecnología, lo que termina perjudicando a los consumidores.
La oposición a la apertura comercial con el argumento sindical de que se pierden fuentes de trabajo, se contrapone a las ventajas para los trabajadores que se generarían si las empresas invirtieran para expandir sus exportaciones. Obviamente, abrir la economía implica un riesgo dada la volatilidad que experimentaron en el pasado las variables macroeconómicas. Por eso es necesario que la inflación baje, pero con los instrumentos macroeconómicos apropiados y no recurriendo al “ancla cambiaria”, para lograr un tipo de cambio competitivo pero estable, que permita planificar las actividades de los exportadores industriales. Esto posibilitaría bajar los elevados aranceles de importación y eliminar las medidas paraarancelarias, para tener un mercado más competitivo sin afectar significativamente a las empresas en sus ventas en el mercado interno

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