EDITORIALES Y ADN DEL CRIMEN

Adoctrinamiento escolar: manipular, ocultar y mentir
Si algo hay que enseñarles a los niños y jóvenes en las escuelas es a reflexionar por sí mismos y a ejercer el pensamiento crítico
Un reciente informe del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación advierte, con fundamentada preocupación, sobre el adoctrinamiento al que se pretende someter al millón y medio de alumnos de escuelas secundarias bonaerenses mediante el programa Jóvenes y Memoria, en el que se omite mencionar lo acontecido en el país entre 1973 y 1976 con el accionar de las organizaciones guerrilleras.
El Observatorio cuestiona la 23ª edición de ese programa por considerar que la información allí brindada no es ni completa, ni verdadera, ni verificable, “con lo cual se afecta la capacidad de discernimiento y el pensamiento crítico de los alumnos”, al tiempo que objeta duramente “el ejercicio de la memoria de los jóvenes estudiantes respecto de una etapa dolorosa de nuestro pasado reciente, excluyendo una parte en la que hubo muchos argentinos que vieron violados derechos fundamentales a su vida, su libertad y su seguridad, especialmente cuando los victimarios fueron, en su gran mayoría, jóvenes a los que se había convencido de que –aun en plena democracia– era válido robar, asesinar, secuestrar o poner bombas si el motivo que lo impulsaba era una ‘causa justa’”.
Claudia Rucci, hija del líder metalúrgico José Ignacio Rucci, asesinado en septiembre de 1973, comanda actualmente el observatorio, donde fue designada por la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, funcionaria reconocida, además, por ser una estudiosa de aquella época y por denunciar sistemáticamente la tan tergiversada como abominable mirada histórica unilateral que pretenden imponer muchos dirigentes, especialmente del kirchnerismo.
A esa concepción sesgada del pasado, el programa bonaerense suma “claras definiciones políticas” sobre la situación actual, según describe el Observatorio, y pone como ejemplo los siguientes párrafos:
“Hemos atravesado otros tiempos de promesas neoliberales; el país fue endeudado y nuevamente empobrecido mientras esas promesas de felicidad se disolvían en el aire.
“Este desasosiego colectivo y la falta de proyectos de garantía de derechos para las grandes mayorías llevan al descontento con la propia democracia.
“Son el caldo de cultivo de la emergencia de expresiones políticas autoritarias y fascistas que pretenden tirar por la borda todas las conquistas de más de un siglo de luchas populares”.
No se trata de un hecho aislado este nuevo y preocupante episodio ocurrido en el distrito gobernado por Axel Kicillof. En diversas oportunidades, hemos llamado la atención desde estas columnas sobre la grosera intención de inculcar de forma acrítica en los estudiantes determinadas ideas o creencias por intermedio de información falaz, una práctica habitual en los regímenes autoritarios que buscan inculcar a los jóvenes qué considerar en lugar de enseñarles a ejercer el pensamiento crítico.
Sería realmente interminable listar la enorme cantidad de ocasiones en que los sucesivos gobiernos kirchneristas se han valido de este nefasto método de “enseñanza”. Uno de los casos más escandalosos de adoctrinamiento fue el ocurrido durante la pandemia con el reparto de 18 millones de cuadernillos a alumnos estatales, en los que abundaba la propaganda sobre las obras del gobierno de entonces.
En septiembre de 2022, docentes de varias escuelas de San Francisco Solano denunciaron que se pretendía conminarlos a inculcar a estudiantes secundarios que el intento de ataque en la puerta de su domicilio contra la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner “fue gestionado por los medios de comunicación, la Justicia y la oposición”.
Un año más tarde se viralizó una visita de la reelegida intendenta de Quilmes, la camporista Mayra Mendoza, a una escuela de su distrito, donde las docentes habían instruido a los alumnos para que corearan su nombre. Lejos de reclamar un comportamiento adecuado a las maestras, Mendoza ingresó en el aula con los brazos en alto y terminó su encuentro diciendo que el país necesitaba del triunfo de Sergio Massa en las elecciones presidenciales que se avecinaban.
Otro caso lamentable ocurrió en Verónica, partido bonaerense de Punta Indio, en un acto de homenaje realizado el pasado 2 de abril, en presencia de jóvenes alumnos, familiares y veteranos de Malvinas. Soledad Reyes, gremialista docente y militante peronista, además de profesora de Historia, logró que un grupo de excombatientes y padres se retiraran ofendidos en medio de aplausos de apoyo, acusándola de politizar su discurso.
Pretender adoctrinar a los jóvenes desde un lugar tan emblemático como la escuela resulta un hecho imperdonable, que no debería pasar inadvertido para las autoridades.
Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones y lo repetimos una vez más: resulta nefasto seguir insistiendo en actitudes dignas de gobiernos dictatoriales. Si algo hay que enseñarles a los estudiantes es a pensar por sí mismos, a ser libres de ejercer la sana crítica y a respetar las ideas de todos por igual.

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Hinchas armados hasta los dientes
En las cuestiones relacionadas con la violencia en nuestro fútbol, la historia vuelve a repetirse y, aunque no lo veamos, Rafael Di Zeo siempre está.
El martes pasado, antes del partido entre Boca Juniors y Estudiantes de La Plata por la semifinal de la Copa de la Liga, un operativo montado por los ministerios de Seguridad de Córdoba y de la Nación impidió a 60 hinchas el acceso al estadio Mario Kempes. Entre ellos se encontraba Di Zeo, líder de la barra brava xeneize.
En la requisa se hallaron armas de fuego y blancas, municiones y estupefacientes, y si bien todos quedaron imputados e incorporados al derecho de admisión, curiosamente Di Zeo no estuvo entre los demorados: pudo marcharse a Buenos Aires en una camioneta.
Unos días antes, en la previa del clásico entre River y Boca, un micro que llevaba a barrabravas del club millonario fue demorado por encontrarse armas blancas en su interior.
En el caso del operativo que detuvo a miembros de La Doce, fueron tres los micros revisa dos: los dos primeros pasaron la prueba, pero en el tercero, donde viajaba Di Zeo, se halló el arsenal. La policía dispuso que subieran de nuevo al micro los 60 barrabravas para ser derivados a la fiscalía de Río Segundo, donde tomó intervención la fiscal Patricia Baulies. Sin embargo, no subieron los 60. Faltaba Di Zeo. Al referirse a esa ausencia, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que el líder de La Doce se fue del lugar en una camioneta, aunque fue identificado y, por lo tanto, también imputado por el delito de encubrimiento de dos de los hinchas que dijeron ser dueños de las armas.
No obstante, la fiscal incluyó a los 60 en la imputación por tenencia de armas de fuego, delito que tiene una pena de uno a seis años de prisión. De este modo, Di Zeo volvería a estar impedido de entrar a las canchas del fútbol argentino.
Son dignos de destacar los operativos conjuntos entre distintas jurisdicciones y fuerzas de seguridad como el realizado en Córdoba, que bloqueó el ingreso al estadio de personajes violentos y con reconocido prontuario.
Para que estas medidas sean sustentables en el tiempo es imprescindible el compromiso compartido de autoridades deportivas, clubes, fuerzas de seguridad, la Justicia y la sociedad en general. Es crucial la aplicación de políticas efectivas que disuadan y sancionen a quienes llevan a cabo actos violentos en el ámbito deportivo, para garantizar un ambiente seguro y familiar en los estadios argentinos.

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Un homicidio puso al descubierto la lucha interna en la banda de Mameluco
Avanza una investigación judicial sobre los crímenes cometidos por una de las organizaciones narco más poderosa del conurbano
Gustavo Carabajal Miguel Ángel Villalba, el jefe narco conocido como mameluco
El día que lo mataron de un balazo en la cabeza, Rodrigo Omar Landriel, alias Nené, le mandó un mensaje a un amigo en el que avisaba que se dirigía a Moreno, para abrir un boliche. En realidad, el término boliche se aplicaba en el léxico de Landriel a los puestos de venta de droga.
Landriel era sicario de la banda de Miguel Ángel Villalba, alias Mameluco, uno de los narcos más poderosos de San Martín. En su función de soldadito formaba parte del grupo que comandaba Iván “Salvaje” Villalba, uno de los hijos de Mameluco. A pesar de estar detenidos en distintos penales, padre e hijo seguían al frente de la organización dedicada a la venta de drogas en el noroeste del conurbano.
En el momento que mandó el mensaje, a las 14.35, Landriel no lo sabía, pero lo llevaban a una trampa. Media hora antes, Juan Manuel Vega y William Zalazar, alias Boli, lo pasaron a buscar por su casa en “La 18”, en la localidad de Billinghurst.
A Landriel lo mataron el 2 de septiembre de 2021, veinticinco minutos después que mandó su último mensaje. Su cuerpo fue abandonado a un costado del Dique Roggero, en Moreno. Su hermano Víctor, alias Dominó, fue asesinado quince días después, en la casa de su padre, en Malvinas Argentinas. Allí se había refugiado para evitar que lo encontraran los sicarios de la banda del Salvaje Villalba.
Ambos homicidios constituyeron la punta de lanza de la sucesión de asesinatos provocados por la guerra entre las bandas narco que pelean por el dominio del territorio para vender drogas en San Martín y de la crisis interna que se produjo en el seno de la organización comandada por el clan Villalba que terminó con la denominada Masacre de Puerta 8, donde fallecieron 24 personas que consumieron cocaína mezclada con carfentanilo.
En las últimas horas, el Equipo de Investigación Conjunta, integrado por la fiscalía general del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, el Ministerio Público Fiscal bonaerense y la Procuraduría contra la Narcocriminalidad (Procunar), logró identificar a cuatro sospechosos por el homicidio ocurrido en el Dique Roggero.
Los cuatro acusados integran la banda comandada por Salvaje Villalba. Uno de ellos, identificado como Matías Pare y Ruiz, alias Mocho, aparece en las escuchas telefónicas que figuran como pruebas en el expediente por la Masacre de Puerta 8, ocurrida el 2 de febrero de 2022.
Según la investigación del homicidio realizada por el fiscal de Moreno, Leandro Ventricelli, junto a Landriel, viajaban en el Volkswagen Trend el conductor, que no fue identificado, y los mencionados Zalazar y Vega. Mientras que Alan Ramírez y el imputado Pare y Ruiz lo seguían en otro vehículo, a dos kilómetros.
Al llegar a la rotonda de Benito Juárez y Bustos, Zalazar, que ocupaba el asiento delantero derecho se dio vuelta y le disparó un balazo en la cabeza a Landriel. Después de matar a Nené, arrojaron el cuerpo del vehículo y lo abandonaron en la rotonda, a pocos metros del embalse del Dique Roggero.
Pero algo salió mal. En el momento del homicidio llovía copiosamente en la zona. A raíz del temporal, el conductor del Volkswagen Trend, patente NGX 815, quedó empantanado en la margen del embalse.
Debido a esta circunstancia, Vega y Zalazar tuvieron que huir a pie, en medio de la tormenta. Durante el trayecto hasta el punto de encuentro con el vehículo de apoyo en el que se movilizaban Pare y Ruiz junto a Ramírez, se cruzaron con cuatro baqueanos de la zona.
“Lo mataron en medio de la rotonda que no tiene salida y se fueron para el otro lado. Estoy llamando, pero no contestan”, expresó en un mensaje Pare y Ruiz, minutos después del homicidio.
En ese momento, uno de los baqueanos encontró el cuerpo con un balazo en la cabeza. Mientras que otros dos vecinos hallaron el automóvil en el que se cometió el asesinato, en Cuatro Cruces y el viejo camino a Navarro, en el límite entre los partidos de Moreno y Merlo.
“Nos perdimos. Estos boludos, drogados, h. de p., se metieron en un lugar sin salida y cayó toda la gorra. No sabemos si estos tontos cayeron en cana”, dijo Ramírez en un audio que le mandó a otro integrante de la banda. “Mati -por Pare y Ruiz- dijo que los dejemos tirados”, agregó Ramírez.
Sin embargo, cuando Ramírez mandó el mensaje no lo sabía, pero los mencionados Zalazar y Vega lograron eludir a la policía y llegaron a Merlo. No obstante, el plan no había salido como fue pergeñado en un principio debido a que Zalazar y Vega fueron vistos por los bapuestos queanos que los cruzaron cuando huían a pie por el único camino de la zona.
En tanto que las presencias de Pare y Ruiz y Ramírez en la escena del crimen quedaron probadas porque sus celulares se activaron en las antenas que dan cobertura de telefonía celular en el área del Dique Roggero. Esos celulares y el teléfono de Zalazar aparecen en el sumario que se instruye en el juzgado federal N° 2, de San Martín. Hace dos días, el equipo de fiscales logró juntar las pruebas necesarias para fundar los pedidos de detención contra los cuatro sospechosos.
“Landriel trabajaba como sicario para la banda de Salvaje. También juntaba la recaudación de algunos de venta de droga. Por eso tenía el Volkswagen Trend, que usaba para transportar el dinero que retiraba de los búnkeres que la banda tenía en ‘La Cinco’, del barrio Lanzone; otro puesto en ‘La 18’, situado en ruta 8 a pocos metros del hospital Eva Perón, al lado de una fábrica incendiada; otro en la villa Carcova y el último en la zona de Puerta 8, donde termina Campo de Mayo”, dijo un testigo de identidad reservada.
Luego de revisar una serie de mensajes hallados en el celular de la víctima y en el teléfono de uno de los imputados, los investigadores determinaron que Landriel fue asesinado porque los integrantes de la banda sospechaban que se había quedado con dinero de la recaudación del puesto de venta de droga identificado como “Curita”.
Dichas pruebas no alcanzaron para fundar las eventuales imputaciones en el investigación por el homicidio de Landriel contra los Villalba: Salvaje y su padre, Mameluco, quienes aparecen procesados por la denominada Masacre de Puerta 8, en el caso del primero de ellos, y el asesinato de Candela Sol Rodríguez, en el caso del jefe narco condenado a 27 años de prisión por tráfico de drogas
Ante la dificultad para encontrar testigos del homicidio de Landriel resultó clave el cruce de la información obtenida a partir de los listados de los celulares que estuvieron activos en la zona del Dique Roggero, el día del crimen. Esos datos fueron procesados por la instructora Ayelén Míguez, de la fiscalía de Moreno, que aportó las conclusiones del análisis de esos teléfonos a la Fiscalía de Crimen Organizado de la Procuración ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los entrecruzamientos de información continuaron con la base de datos del juzgado federal de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence, donde se instruyeron la mayoría de los sumarios contra el clan Villalba.
“Dijo Boli que si sale esto de vuelta va a ser una masacre. Allá en Puerta 8, murieron dos pibes”, expresó la acusada identificada como Natalia, actualmente prófuga, según consta en una de las desgrabaciones de mensajes telefónicos que figuran en el expediente en el que se investigan las muertes de 24 consumidores de cocaína y las lesiones provocadas a 84 personas.
Casualmente Boli es el apodo del acusado Zalazar, señalado como presunto autor material del disparo que mató a Landriel. En el mismo expediente aparece mencionado Pare y Ruiz.
Escuchas telefónicas
Para fundar la sospecha de la presunta responsabilidad de que la banda de los Villalba era la propietaria de la cocaína mezclada con carfentanilo, los funcionarios de la fiscalía federal de Tres de Febrero, a cargo de Paul Starc, tuvieron en cuenta una serie de escuchas telefónicas. En una de esas conversaciones, registrada el 2 de febrero, Mameluco le preguntó a Pare y Ruiz: “¿Qué onda?”.
Su cómplice fuera de la cárcel le respondió: “Estamos todos acá en el barrio. Ahora estamos en este bondi de la droga esa”.
Según consta en los diversos mensajes incorporados en el sumario que se instruyó en la fiscalía de Moreno, existen indicios de que los acusados del homicidio de Landriel contaban con protección de algunos efectivos de la policía bonaerense.
La situación se repetía en el sumario que se investigó en una fiscalía de San Martín, donde aparecen procesados un comisario y dos oficiales de la fuerza de seguridad provincial por haber cobrado $500.000, en diciembre de 2021, para liberar a Federico Ariel Luna y Pedro Elías Pascuas, acusados de formar parte de la banda de Mameluco y de su hijo Iván.
Según consta en el expediente N° 21641, Pare y Ruiz, uno de los lugartenientes de Mameluco, entre el 27 de diciembre de 2021 y la madrugada siguiente, le entregó ese dinero a tres policías de la seccional 1° de San Martín para liberar a los mencionados Luna y Pascuas, quienes habían sido detenidos cuando huían después de un enfrentamiento con una banda rival en el barrio 18 de Septiembre, en Billinghurst, la misma zona en la que vivía Landriel.
Rodrigo Omar Landriel, alias Nené, era uno de los recaudadores del grupo criminal que opera en San Martín
Fue asesinado de un disparo en la cabeza dentro de un vehículo, en un ajuste de cuentas por el robo de dinero originado por la venta de drogas
Cuatro sicarios quedaron en la mira de la Justicia

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