EDITORIALES Y CONFLICTO

Registros del automotor, una vergonzosa caja política
La decisión del gobierno nacional de desregular un sistema obsoleto y altamente costoso para los usuarios debe ser apoyada
La decisión del gobierno de Javier Milei de eliminar el 40% de los registros del automotor con el fin de reducir costos y eliminar trámites burocráticos resulta saludable, aunque es de esperar que tal medida se profundice para avanzar hacia el cierre de la totalidad de estos organismos, que, durante años, han sido una vergonzosa caja política. Como lo informó recientemente 
 son numerosos los apellidos relacionados con dirigentes políticos que figuran hoy como titulares de los mencionados registros.
Este nefasto fenómeno asociado al nepotismo se inició con un decreto de 1989 que determinó que los titulares de los registros serían designados por el Ministerio de Justicia y removidos por este solo tras un sumario. De ahí que, en la práctica, quienes han sido designados resulten inamovibles y gocen de la misma estabilidad que un empleado público.
Se estima que de las 1558 oficinas registrales del país, algo más de 200 se encuentran a cargo de parientes o amigos de expresidentes, legisladores, intendentes y concejales de distintas extracciones políticas, así como también de allegados a jueces.
A modo de ejemplo, puede citarse que dos miembros de la familia Menem continúan al frente de registros. Uno es el caso de la titular de un registro de la Capital Federal, Marcela Fátima Menem, sobrina del expresidente Carlos Saúl Menem y hermana de Eduardo “Lule” Menem, subsecretario general de la Presidencia. El otro caso lo representa Juan Pablo Valente –cuñado del exsenador Eduardo Menem y tío del actual titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem–, quien figura como titular de un registro en Plottier, Neuquén.
Un registro de Olivos está desde 1989 a cargo de Bruna Fabiana Cerruti, hermana de Gabriela Cerruti, la exvocera de Alberto Fernández.
La esposa del exgobernador de Jujuy Gerardo Morales, María Eugenia Tulia Snopek, aparece como titular de un registro en esa misma provincia desde hace 27 años. En Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Arcioni, hermano del exgobernador chubutense Mariano Arcioni, también está a cargo de un registro. Lo propio sucede con Jorge Augusto Sapag, gobernador de la provincia de Neuquén hasta 2015, quien tiene a cargo dos registros del automotor y uno de motos.
En distintos registros del país se distinguen apellidos vinculados a recordados funcionarios menemistas, como Arias, Anzorreguy, Granillo, Mera y Balza. Roberto Eugenio Tomás Barra, hermano del actual procurador del Tesoro y exministro de Justicia, Rodolfo Barra, tiene a su nombre un registro en la CABA.
En Chivilcoy, Luis Antonio Esteban Randazzo, hermano mayor del diputado y exministro del Interior y de Transporte Florencio Randazzo, está al frente de otro registro.
Si casi todas las administraciones abusaron de los registros para justificar los privilegios de allegados al poder, la salida de Alberto Fernández del gobierno dejó un tendal de nombramientos que la actual gestión deberá investigar, entre otras tantas aberraciones cometidas para asegurar pues tos a militantes políticos. Tan solo en dos meses coincidentes con el proceso electoral del año último la entonces directora de los Registros Nacionales de Propiedad Automotor, María Eugenia Doro, cercana a Cristina Kirchner, designó a más de 40 encargados de todo el país, según investigaciones periodísticas. No implica esto desconocer que muchos registros operan con responsabilidad y honestidad, brindando un buen servicio al público.
La decisión presidencial de desregular los registros de propiedad automotor, incluida en el DNU 70/23, debe ser avalada, por cuanto representa no solo la simplificación de una enorme burocracia, sino también la eliminación de un sistema obsoleto y costoso.
La Argentina es uno de los pocos países donde gestionar la transferencia del dominio de un vehículo automotor requiere de una decena de trámites que implican un costo no inferior al 6% del valor del bien, el triple de lo que se paga en países vecinos, como Chile.
Resulta necesario modernizar estas gestiones administrativas implementando mecanismos de autogestión para la transferencia de automotores y abaratar el patentamiento, haciendo que la patente pase a pertenecer al usuario y no al vehículo.
Es hora de poner fin a estas vergonzosas cajas orientadas a financiar de manera espuria a parte de la dirigencia política y a beneficiar a sus amigos, y es menester avanzar en la simplificación de los trámites y los excesivos costos que pagan los ciudadanos para alimentar una burocracia ineficiente.

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Barras bravas: a la espera de un fallo ejemplar
Desde hace mucho tiempo se suele representar a la Justicia como una mujer con los ojos vendados, una espada y una balanza. Esa figura proveniente de la mitología griega y romana simboliza imparcialidad y un accionar libre de prejuicios; sin embargo, en ocasiones se parece más a la metáfora de una ceguera arbitraria. Debido a ese accionar zigzagueante, se ha popularizado aquello de que la vía judicial se parece a una puerta giratoria donde los delincuentes entran y salen en menos de lo que cante un gallo.
El sistema judicial está ante una nueva prueba para contribuir a erradicar la violencia de las canchas del fútbol argentino. Hablamos de un sujeto reincidente, que ya estuvo preso y a quien se le aplicó el derecho de admisión, lo que le impedía acceder a los estadios deportivos. Se trata de Rafael Di Zeo, líder de la barra brava de Boca Juniors, quien se vio involucrado junto a otras 57 personas en un operativo de seguridad a partir del cual se secuestraron armas de fuego, armas blancas y estupefacientes.
El hecho ocurrió el pasado el 30 de marzo, cuando las fuerzas policiales detuvieron seis micros en la autopista Rosario-Córdoba, en la previa de la semifinal de la Copa de la Liga Profesional entre Boca Juniors y Estudiantes de la Plata. Di Zeo se subió a una camioneta y partió hacia una estación de servicio cercana. Huyó de la escena, pero no pudo zafar de la imputación.
De esta manera, el nefasto líder de La 12 no podrá asistir por tiempo indeterminado a “ningún evento deportivo del país”, tal cual reza la resolución 327/2024, junto a otros 57 hinchas que viajaban con él.
Dos barrabravas dijeron ser dueños de las armas en el momento de la detención, pero no lo ratificaron en sede judicial. Sobre eso, la ministra Patricia Bullrich afirmó: “Alguien los obligó a decir que eran de ellos; lo que significa que las armas eran de todos los que viajaban en el micro”.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, se le aplicó el derecho de admisión a Di Zeo por cuatro años, medida que se renovó durante el período de gobierno de Alberto Fernández; no obstante, el cabecilla de La 12 fue absuelto en dos causas de 2013 que lo señalaban como instigador de un doble homicidio y encubrimiento agravado, por lo que pudo regresar a las canchas hace un año.
A partir de este nuevo caso, la Justicia tiene la posibilidad de emitir un fallo ejemplar contra un reincidente en hechos delictivos y, por extensión, contra el resto de los violentos hinchas involucrados. Sería una prueba de que, a la hora de poner un freno a las mafias en el fútbol, es parte de la solución y no del problema.
Las barras bravas de nuestro fútbol no son otra cosa que asociaciones ilícitas que actúan al amparo de soterradas protecciones que les brindan tanto directivos de clubes como dirigentes políticos y sindicales. Es menester condenarlas como lo que son y erradicarlas.

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El peligroso mundo al que se incorpora la Argentina
Como nunca desde la Guerra Fría, las democracias están bajo ataque; para complicar las cosas, las calles de Londres, París o Nueva York, igual que ciertos pasillos de la UBA, están llenas de gente que ondea las banderas de sus propios enemigos
Gonzalo Garcés

El peligroso mundo al que se incorpora la Argentina....Alfredo Sábat
Apenas se supo, el 13 de abril pasado, que Irán había lanzado miles de drones y misiles contra Israel, el gobierno argentino condenó el ataque con una contundencia poco usual en nuestra historia: “Israel es uno de los pocos países democráticos de Medio Oriente”, dijo el vocero del Gobierno. “La Argentina está del lado del mundo libre”. Solo un día antes la Justicia había dictaminado lo que desde hacía décadas era un secreto a voces: Irán es el autor intelectual del atentado contra la AMIA.
Son dos hechos de trascendencia enorme, que tal vez no examinamos hasta ahora como merecen. Algunos temen que arrastren a la Argentina a los conflictos globales; temor inútil, porque la Argentina ya estaba ahí, solo que del lado equivocado. Salvo el paréntesis macrista, durante veinte años nuestra política exterior estuvo al servicio de tres dictaduras con aspiraciones hegemónicas: Rusia, Venezuela e Irán. El tercer caso es el más grave, porque la república islámica cometió en suelo argentino en 1994 el equivalente de actos de guerra, y porque hasta hoy rehenes argentinos permanecen secuestrados por Hamas, uno de varios brazos terroristas del régimen iraní.
Como la Argentina no es una potencia ni tiene vocación guerrera, no tomará represalias militares. Esto es declarar lo evidente; otra cosa es la manía de ignorar lo que está en juego y de hacernos los distraídos con quienes han decidido, nos guste o no, ser nuestros enemigos. Esta actitud no solo destruye nuestra dignidad, sino también nuestra salud mental colectiva. Todo psicólogo sabe que la negación genera comportamientos neuróticos; lo mismo les pasa a los países
Dignémonos echar un vistazo, entonces, a lo que está en juego. Como nunca desde la Guerra Fría, las democracias están bajo ataque. Para complicar las cosas, las calles de Londres, de París, de Nueva York, igual que ciertos pasillos de la UBA, están llenas de gente que ondea las banderas de sus propios enemigos y canta los eslóganes con los que esos enemigos, si pudieran, los pasarían a degüello. La confusión moral es inédita. Podría llamárselo un deseo colectivo de muerte.
Para esa gente, Israel no se defiende de una agresión que sus propios perpetradores (que proclaman su intención de “limpiar a la región de judíos”) reconocen como genocida, sino un poder colonial que perpetra, él mismo, un genocidio. Se esfuerzan en ignorar que los que torturaron y decapitaron a israelíes les reservan el mismo destino, ya que para el jihadismo no es menos odioso un judío que un cristiano, un musulmán apóstata, un budista o un ateo; para ellos, Dios manda matarlos a todos por igual.
¿Qué es el jihadismo? Un poco de contexto: desde hace cuarenta años, el régimen iraní, que aspira a dominar Medio Oriente, usa grupos dedicados a la jihad, o guerra santa, para apuntalar a gobiernos amigos y desestabilizar a enemigos, incluso en América Latina. Hezbollah está activo en la Triple Frontera desde los 90; con la reciente firma de un tratado entre Bolivia e Irán, hay fuertes indicios de la presencia de la fuerza Quds, otro grupo jihadista, en nuestra frontera norte. Nada de esto debe nada al gobierno de Javier Milei; es un conflicto que nos eligió, no que elegimos, aunque los tres últimos gobiernos kirchneristas se esforzaron en servir a Irán contra los intereses argentinos. El arma principal de ese régimen, a la que algunos califican como el virus mental más destructivo que registre la historia, es el jihadismo.
El jihadismo no es el Islam. Los gobiernos de Egipto, de Jordania, de Arabia Saudita o de Pakistán, que lo conocen y entienden mejor que nosotros, lo temen como lo que es: una forma enfermiza de religiosidad, obsesionada con el martirio y el asesinato de “infieles”. ¿Por qué Egipto o Jordania no admiten a refugiados palestinos? ¿Por qué Kuwait los expulsó en 1991? Porque entre ellos son legión los jihadistas, que amenazan la paz en países musulmanes tanto como en Occidente.
El actual secretario general de Hezbollah, Hasan Nasrallah, resumió la esencia del jihadismo en una frase: “Vamos a ganar, porque ellos aman la vida y nosotros amamos la muerte”. También es esclarecedor un artículo aparecido en Dabiq, una publicación de Estado Islámico, que se dirige a los occidentales con el título: “Por qué os odiamos y os combatimos”. Ese texto no ahorra esfuerzos para explicarnos que la violencia jihadista no depende de las políticas de Occidente: “Aunque dejaran de agredirnos, la razón principal de nuestro odio no cesará hasta que todos ustedes se sometan al Islam”
El progresismo occidental imagina que los bombarderos suicidas y los decapitadores de bebés desaparecerían si Hamas triunfara en su proyecto de erradicar el Estado de Israel. Se equivocan: la mayoría de las víctimas del jihadismo son musulmanes. Basta preguntar a los familiares de los masacrados en la India, en Pakistán, en Siria, en Somalia, en Kenia, en Indonesia… Quizás un caso particular ayude a aclarar las cosas. En diciembre de 2014, seis miembros de la filial jihadista Tehrik e Talibán-Pakistán entraron a una escuela en Peshawar, Pakistán, y mataron a 145 niños y adolescentes. Esa masacre no fue, para los jihadistas, un deber penoso, sino un acto moralmente admirable. Uno de los asesinos declaró que esos niños irían derecho al cielo, así que no los habían perjudicado.
Hay que tratar de imaginar, aunque cueste, la mentalidad que implican declaraciones como esa; o como las palabras, no menos representativas, de la madre de Muhammad Jahjouh, un miembro de Hamas que fue acribillado en 2022 después de matar a dos israelíes: “Siempre rezo para que todos mis hijos y también mis nietos sean mártires”. No para que sean médicos, ingenieros, maestros, para que hagan de Palestina un lugar próspero y fuerte; reza para que mueran todos. Para el jihadismo, la vida carece no solo de valor, sino de verdadera realidad: solo cuenta la eternidad en el infierno o en el cielo. Llamar a esto un culto de la muerte es apenas repetir lo que sus miembros proclaman con orgullo.
Y ese culto de la muerte es el instrumento elegido por el gobierno de Irán para lanzarlo, como un ejército de zombis, contra los países que aspira a someter o destruir. Como la energía atómica o las armas químicas –recursos no más destructivos e igual de difíciles de controlar–, el jihadismo a veces se vuelve contra sus amos: el 3 de enero pasado, miembros del grupo EI-K se hicieron volar en pedazos durante un funeral de Estado en el propio Irán. Eso no impide, ni es probable que impida en el futuro, que el jihadismo siga siendo el arma de preferencia de la república islámica. A esto nos enfrentamos, digámoslo una vez más, no por haberlo buscado, sino por el solo hecho de contarnos entre los países democráticos y laicos del mundo.
Vuelvo al comienzo: algo positivo puede sacar la Argentina de esta nueva y violenta realidad, algo que tiene que ver menos con la geopolítica que con la salud mental. La realidad es que fuimos atacados: el jihadismo asesinó a ochenta y cinco argentinos, a los que un día podría agregarse, si cierta línea de investigación se confirmase, el fiscal Alberto Nisman. Terminar con la negación, la racionalización, la culpabilización de la víctima, es parte de un proceso que nos debemos desde hace décadas para recuperar cierto amor propio, y en un país con pocos consensos, recordar que son nuestros los valores de democracia, de progreso y de búsqueda de la felicidad en este mundo, que el jihadismo detesta, quizás ayude también a redescubrir quiénes somos

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