INVESTIGACIÓN JUDICIAL Y JEREMÍAS CANTERO

Inhiben los bienes de 28 piqueteros por el caso de extorsión
Se secuestraron 76.764 dólares y ocho millones de pesos
Candela Ini y Hernán CappielloXParte del dinero encontrado en las agrupaciones
El juez federal Sebastián Casanello dispuso ayer la inhibición general de bienes de 28 dirigentes piqueteros y de cooperativas bajo la sospecha de que extorsionaban a los beneficiarios de planes sociales para que fueran a las marchas de esas agrupaciones.
En los allanamientos realizados en las sedes de las organizaciones investigadas fueron secuestrados, en total, 31 teléfonos celulares, 31 notebooks, 33 tarjetas de crédito, 199 euros, 76.764 dólares y 8.769.909 pesos en efectivo. La denuncia partió de 13.310 llamadas recibidas por la línea inaugurada por el Gobierno a tal efecto.
El juez federal Sebastián Casanello dispuso la inhibición general de bienes de 28 dirigentes piqueteros y de cooperativas bajo la sospecha de que extorsionaban a los beneficiarios de planes sociales para pedirles acceder a esa ayuda estatal.
El juez, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, dispuso la inmovilización general de los bienes de Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, Gianna Puppo, María Isolda Dotti e Iván Ezequiel Candotti, y el restro de los dirigentes investigados. Se trata de los imputados tras el análisis de las denuncias recibidas en la línea 134, que habilitó el Ministerio de Seguridad en diciembre pasado para denunciar eventuales presiones a beneficiarios de planes para acudir a la primera marcha piquetera contra el gobierno de Javier Milei, como condición para cobrar un plan social.
El Gobierno pidió ayer que se lo considere querellante en el caso.
Hubo 13.310 llamadas, de las cuales pudieron atenderse 2720 y 924 se transformaron en denuncias. De ellas, unas 45 tuvieron lugar en la ciudad de Buenos Aires. Se citó a las víctimas en estos casos y solo siete se avinieron a declarar, bajo reserva de su identidad. Para la Justicia, esto habla del nivel de temor de las víctimas o el poder de quienes las coaccionaban.
Ahora, la Justicia está trabajando sobre lo secuestrado, principalmente los teléfonos celulares, para reconstruir los mensajes y ver si determinan responsabilidades dentro de las organizaciones piqueteras.
La Justicia busca analizar cómo se articulaba desde el Estado el plan Potenciar Trabajo y qué objetivos y lineamientos administrativos seguía, para contrastarlo con lo que señalan las denuncias que ocurría en los barrios, donde los intermediarios se habrían quedado con parte el dinero de los beneficiarios, tenían poder para sacarle los planes o retener beneficios que le correspondían, como los alimentos que entregaba el Estado.
Los delitos que se investigan son la administración fraudulenta del dinero del Estado, coacción, pero también se analiza el destino del dinero. Los mensajes y declaraciones de las víctimas hablan de que los dirigentes piqueteros se quedaban con el 2% de los planes. La Justicia elabora sobre esa base una estimación del fraude cometido en perjuicio del Estado. Una de las organizaciones que admitió en su momento cobrar ese porcentaje, el Polo Obrero, argumentó que los fondos se destinaban a sostener el funcionamiento de los comedores de la organización y los gastos de actividades políticas –básicamente las protestas callejeras–.
Hay dos actividades bajo la lupa de la Justicia: una, la administración de los planes Potenciar Trabajo por parte de las agrupaciones y, dos, la gestión de los comedores populares. Entienden que la contraprestación por recibir el plan Potenciar Trabajo era participar en los comedores, colaborando con el trabajo allí. Y que, a su vez, los comedores recibían por cuerda separada mercaderías y alimentos del Estado , que en algunos casos, eran vendidos en el barrio, según los chats que aportaron las víctimas.
En los procedimientos efectuados en las casas de los piqueteros se secuestró dinero en efectivo, recibos de pago, planillas de asistencia a manifestaciones y decenas de celulares. Fueron 32 los procedimientos ocurridos ayer en los domicilios de dirigentes y organizaciones sociales investigadas por supuestas extorsiones a beneficiarios de planes sociales.
Los resultados de esos operativos, que estuvieron en manos de la Policía Federal Argentina, fueron vertidos en un inventario que tienen los funcionarios judiciales que llevan adelante el caso, según supo de la nacion fuentes con acceso a la causa. Fueron secuestrados, en total, 31 teléfonos celulares, 31 notebooks, 33 tarjetas de crédito, 199 euros, 76.764 dólares y 8.769.909 pesos en efectivo.
Los dirigentes que fueron allanados, y que están imputados en esta causa, son de las organizaciones Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la vertiente no kirchnerista de Barrios de Pie. Son las organizaciones que más protestas protagonizaron durante el gobierno anterior y el actual.
En un depósito del Polo Obrero, ubicado en un inmueble en la calle Monteagudo 730, fueron identificados Jorge Antonio Rosa y Duña Fiorely Saucedo Arias, militantes de la agrupación. Fueron secuestrados allí al menos 6 millones de pesos, 16.425 dólares y 180 euros en efectivo, además de cuatro notebooks, tres CPU, un DVR, cuatro pendrives y un disco rígido, según fuentes con acceso a la causa judicial.
También fue allanado el domicilio de Jeremías Cantero, el dirigente del Polo Obrero implicado en esta causa, a quien le fueron secuestrados 2591 dólares, 75.000 pesos, tres notebooks, dos celulares, un talonario de remitos y 135 recibos de pago del Polo Obrero.
Otro de los allanamientos resultó en el secuestro de más de 50.000 dólares en efectivo. La dirigente del Polo Obrero, María Isolda Dotti, tenía en su casa ubicada en la calle Chiclana 54.448 dólares, 478.800 pesos, un teléfono celular y un boleto de compraventa de una propiedad. Supuestamente habría una anotación que hace referencia a que ese dinero provendría de la venta de un departamento, producto de una sucesión, dijeron fuentes judiciales.
También fue allanado el domicilio de Elizabeth del Carmen Palma, dirigente del Polo Obrero que, según se sospecha en la causa, se ocupaba de cargar en el sistema informático los datos que permitían que las víctimas cobraran o dejaran de cobrar el plan social. Los beneficiarios de los planes denunciaron, según la presentación del Gobierno, que se les exigían contraprestaciones para acceder a su dinero o a alimentos.
Según informó la nacion, el análisis de escuchas telefónicas y mensajes de WhatsApp incorporados a este expediente judicial fue el que reveló un sistema extorsivo, con premios y castigos por marchar, vender comida del Estado o realizar otros encargos. Según la hipótesis que manejan los investigadores, los beneficiarios de los planes Potenciar Trabajo que no acudían a las manifestaciones debían justificar sus ausencias y en algunas ocasiones, como castigo, no se les entregaba comida en los comedores.
La difusión de los procedimientos frustró algunos secuestros, como el de Elizabeth Palma. Pero Jeremías Cantero, que coordinaba varios comedores y Palma, según la acusación, intervendrían en las decisiones sobre el destino del dinero. Así, en una escucha telefónica del 27 de marzo pasado de 2024, Palma hablaba de la posibilidad de que la investiguen por lavado de dinero y por las “cooperativas que están recibiendo las cápitas”, y Cantero le contestó que debían pensar “un plan de adónde va eso”. La fiscalía sospecha que se canalizaron fondos provenientes de las extorsiones a través de “cooperativas”.
Además, fueron allanados tres comedores administrados por el Polo Obrero: Comedor Rivadavia 1, Comedor La Carbonilla, Comedor Mariano Ferreyra, uno administrado por Barrios de Pie y uno por el FOL, que es el Comedor Kuña. En el comedor Mariano Ferreyra, del Polo Obrero, fueron secuestrados remitos de mercadería y anotaciones de personas que asisten a manifestaciones. En el comedor Rivadavia también hallaron información sobre movilizaciones además de rendición de asistencia y detalles de sanciones.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Jeremías Cantero, número dos de Belliboni y vértice de la recaudación
El dirigente del Polo Obrero trabajó en el Ministerio de Desarrollo Social y es uno de los 28 investigados por chantajear a beneficiarios

Federico González del Solar Jeremías Cantero dirigente del polo obrero

El referente del Polo Obrero Jeremías Cantero figura como una pieza fundamental en el engranaje extorsivo que describió el fiscal Gerardo Pollicita, sobre el cual se dispararon los 27 allanamientos en la noche del domingo. Para el fiscal, Cantero –segundo en la organización que lidera Eduardo Belliboni y uno de los 28 piqueteros bajo sospecha– se encuentra en lo más alto de un esquema de recaudación diseñado para apretar y extorsionar a los beneficiarios de los planes sociales y a aquellos otros que aspiraban a acceder a los programas.
Coordinaba, según figura en la solicitud de indagatoria del fiscal Pollicita, el funcionamiento de “varios comedores en esta ciudad (por Capital Federal) e intervenía desde esa posición en la toma de decisiones acerca de las exigencias coactivas y extorsivas a las víctimas”.
En lo formal, dentro de la estructura jurídica de la Asociación Civil Polo Obrero, Cantero figura como titular en la comisión revisora de cuentas o como vocal suplente, dependiendo el periodo observado. A nivel operativo, sin embargo, Cantero parece ocupar un rol mucho más preponderante dentro de la organización.
Por su cercanía a Eduardo “Chiquito” Belliboni, referente y único líder del Polo Obrero, Cantero es la figura de mayor peso político en el listado de imputados.
Dirigente porteño
Fue el referente de la agrupación en la Capital Federal, pero su ascendencia dentro de la organización fue creciendo hasta convertirse en el número dos de Belliboni. “Es su coequiper”, describe un dirigente social de otra organización.
Hace pocas semanas, Cantero tomó la posta comunicacional del movimiento que comanda Belliboni, cuando un cuadro de neumonía lo apartó a éste de su actividad al frente de la organización trotskista. El propio Belliboni lo comunicó con un mensaje: Jeremías se hacía cargo de atender consultas hasta su vuelta.
Cantero también lo suplantó allí donde se toman las decisiones. “Empezó a aparecer en las reuniones”, señala un referente de otro movimiento social que integra el gran frente de protesta piquetero que se gestó por febrero y abroqueló a todas las organizaciones. Algunos otros ya lo conocían de antes: “Era el referente de la Capital, lo conocemos de las reuniones, pero no mucho más”, señala otro.
“Jere es todo lo contrario a la figura de puntero político que se busca instalar”, señala uno de los suyos. “La vida que lleva no es la de ningún rico vividor de pobres, sino todo lo contrario”, agrega otra voz de su entorno. Según indicaron distintas fuentes, Cantero trabajó como administrativo en el ex-Ministerio de Desarrollo Social hasta que “fue despedido con la oleada de despidos que hubo en el Estado”.
Como resultado de la sigilosa investigación que nació junto a las denuncias que recayeron sobre la línea telefónica habilitada en diciembre por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la Justicia lanzó en la noche del domingo un operativo de madrugada con 27 allanamientos. Uno de ellos fue sobre el domicilio de Cantero en Ciudadela, que es también el de Gianni Puppo, otra de las imputadas por la Justicia, también del Polo Obrero. En ese procedimiento se secuestraron 2591 dólares, 75.000 pesos, tres notebooks, dos celulares, un talonario de remitos y 135 recibos de pago del Polo Obrero.
En la solicitud de indagatoria firmada por el fiscal Pollicita, entre un sinfín de chats que darían cuenta de la estructura extorsiva y su dinámica, se revela también una de las conversaciones que Cantero mantiene con Elizabeth del Carmen Palma, otra de las imputadas. Ésta le manifiesta a Cantero su preocupación por “El Resplandor”, una de las cooperativas en las que se recaudaba el dinero, y de la cual Palma es titular. Además, compartía su temor a que los investigaran por “lavado”. La respuesta de Cantero fue pensar un “plan de adónde va eso”
Dentro del listado de imputados hay otras figuras salientes. María Isolda Dotti, por caso, integrante de la lista que Myriam Bregman presentó en Capital en las legislativas de 2017. En el allanamiento que se dispuso sobre su casa en la calle Chiclana se secuestraron más de 54.000 dólares, junto con casi medio millón de pesos y un boleto de compraventa de un inmueble.
Por peso político, otro de los nombres que sobresale es el de Carlos Fernández Kostiuk. Charly Fernández, tal cual es mentado entre sus pares, es el líder del Frente de Organizaciones en Lucha. Tras los allanamientos, estuvo a la izquierda de Belliboni en la conferencia de prensa: “Lo que quieren quebrar acá, es ese tejido social que hay en los barrios construido desde la organización comunitaria que es lo que frena el narcotráfico”, destacó. Iván Ezequiel Candotti y Gustavo Guillermo Vázquez, completan la cúpula junto a Cantero, Palma, Puppo, y Dotti.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


¿Casos aislados o un plan sistemático? Las claves de la causa por extorsión a beneficiarios de planes sociales
Paz Rodríguel Niell
La justicia federal investiga a dirigentes que gestionaron dinero público destinado a planes sociales y comedores comunitarios y están acusados de haber extorsionado a quienes cobraban los planes y asistían a los comedores que ellos manejaban. Se trata de un caso de altísimo impacto político porque la sospecha de los investigadores -que el Gobierno da por hecho- es que era una práctica generalizada y sistemática, aunque hasta ahora, en concreto, están imputados tres grupos de personas (28 acusados en total) que administraban cinco comedores, todos en la ciudad de Buenos Aires: tres del Polo Obrero, uno de Barrios de Pie y uno del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL). Se giraron además decenas de denuncias a otros 44 departamentos judiciales de distintos puntos del país. El origen de la investigación, que instruyen el juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita, son llamadas anónimas recibidas en la línea 134, que el Ministerio de Seguridad habilitó en diciembre pasado para recibir denuncias de quienes hubieran sido amenazados para marchar contra el Gobierno.

1
¿Qué pruebas sostienen la causa?

La prueba central son cinco testimonios de beneficiarios de planes sociales que declararon en la Justicia y dijeron que los dirigentes de las agrupaciones y los comedores a los que cada uno pertenecía les exigían, si querían mantener el Plan Potencial Trabajo, el aporte de una determinada suma de dinero y asistir a las movilizaciones que hacía la organización. También relataron que había que cumplir con determinados requisitos para acceder al comedor y a los bolsones de alimentos, que consistían en marchar o pagar sumas de dinero. Los cinco aportaron, además, el historial de los chats de WhatsApp de las agrupaciones a las que cada uno estaba vinculado donde se hacía expresa mención a la obligación de concurrir a las movilizaciones, a las sanciones por no asistir y a la necesidad de justificar las inasistencias con certificados. Otra prueba central, además de los testimonios y los chats, fueron las escuchas telefónicas a los acusados que ordenó el juzgado.

2
¿Quiénes son los imputados?

Los imputados son 28 dirigentes que controlaban los comedores o el registro del cumplimiento de los requisitos del Plan Potenciar Trabajo, a quienes el fiscal pidió citar en indagatoria. Por ahora el juez no hizo lugar a ese pedido, pero les inhibió sus bienes y les secuestró sus teléfonos, que ahora serán peritados. El dirigente de mayor rango, según los investigadores, es Jeremías Cantero, a quien identifican como el número dos de Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero. Según el fiscal, él “coordinaba el funcionamiento de varios comedores en esta ciudad [Buenos Aires] e intervenía desde esa posición en la toma de decisiones acerca de las exigencias coactivas y extorsivas a las víctimas”. En una conversación del 27 de marzo pasado, que escuchó la Justicia, otra dirigente le dijo a Cantero que estaba preocupada por la posibilidad de que se los investigara “por lavado” por las “cápitas” (el dinero que les exigían a los beneficiarios de los planes) que estaban recibiendo las cooperativas. Cantero, relata el fiscal, se comprometió a “pensar un plan de adónde va eso”.

3
¿Cómo debía funcionar el plan Potenciar Trabajo?

El Plan Potenciar Trabajo se creó en 2020 por el entonces Ministerio de Desarrollo Social para “contribuir al mejoramiento de la empleabilidad” y la “generación de nuevas propuestas productivas” de personas “en situación de alta vulnerabilidad social y económica”. A cambio del dinero que recibían (a diciembre, $78.000 de básico), debían brindar una contraprestación, que podía consistir en participar de “proyectos socio-productivos”, “socio-laborales”, “socio-comunitarios” o de “terminalidad educativa”. Los dirigentes sociales acusados en el expediente de Pollicita y Casanello pertenecen a organizaciones sociales que operaban como “Unidad de gestión y/o certificación”: debían controlar el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios. Contaban, advierte el fiscal, con un “alto poder de discrecionalidad” para informar quiénes habían cumplido y quiénes no con las actividades comprometidas al recibir el plan.

4
¿Qué rol tuvo el Gobierno en esta causa?

El Ministerio de Seguridad fue el denunciante y ahora aspira a ser tenido como querellante; es decir, como particular damnificado en la causa. La figura del querellante está pensada para darle a la víctima la posibilidad de impulsar la investigación en paralelo con el fiscal, acceder a las actuaciones, pedir medidas de prueba y apelar decisiones. Difícilmente el juez admita a Seguridad en este rol. El ministerio informó que presentó la denuncia después de analizar 13.310 llamadas recibidas a través de la Línea 134, de las que consideró verosímiles 924. De ese total, 45 corresponden a hechos que habrían sucedido en la Capital Federal. Pollicita pidió enviar las demás a otras jurisdicciones. Los departamentos judiciales que más denuncias recibieron fueron Morón (95), Lomas de Zamora (69), Quilmes (62), Tucumán (51), San Martín (43), Mar del Plata (35), Córdoba (30), Jujuy (28). No está claro todavía si se investigará todo por separado.

5
¿Se trató de un plan sistemático de extorsión?

Para el Gobierno, no hay dudas. En la Justicia, lo que hasta hoy el Ministerio Público Fiscal dio por probado es lo que surge de la causa investigada por Pollicita, que dijo que “se montaron al menos tres grupos de personas” que “se dedicaron sistemáticamente” a exigir dinero a beneficiarios de los planes sociales, a cobrarles por la entrega de alimentos que el Estado les entregaba gratuitamente, a forzarlos a participar de movilizaciones y a obligarlos a vender comida recibida del Gobierno. La sospecha de la fiscalía es que, en efecto, los casos detectados no son hechos aislados porque los denunciantes, que asistían a diferentes comedores, relatan prácticas, premios y castigos similares (desde el porcentaje de “cápita” reclamada hasta la cantidad de “ausencias” permitidas), y porque Cantero, en la escucha que tiene la Justicia, se refiere al manejo de los fondos obtenidos de las “cápitas” que tenían como destino las cooperativas.

6
¿Qué respondieron las organizaciones involucradas?

Denunciaron una persecución en su contra y negaron que exista una política generalizada para forzar a la gente a asistir a las marchas. "No te puedo negar que haya alguna persona que haya hecho eso. Está mal y por supuesto que lo rechazamos y repudiamos, pero se probará en la Justicia”, dijo Belliboni a Radio Con Vos, y sostuvo que él jamás hizo algo como lo que se denuncia en la causa. Belliboni afirmó que en los barrios está pasando “otra cosa”: que se están vaciando los comedores porque no les entregan alimentos y que “lo que avanza son los narcos”. La mesa nacional del Polo Obrero, en un comunicado, sostuvo que con esta causa “quieren quebrar al movimiento piquetero combativo que viene enfrentando al gobierno de Milei” y que el Gobierno está siguiendo “un manual de la dictadura”. Denunció que los allanamientos fueron ilegales, que se hicieron de noche y en un caso, apagando las cámaras de seguridad.

7
¿Quién ordenó los allanamientos y por qué de noche?

Los allanamientos fueron pedidos por el fiscal Pollicita y el mes pasado Casanello rechazó la solicitud: consideró que primero había que avanzar con otras medidas de prueba y entender la mecánica del manejo de los planes. El fiscal apeló y la Cámara le dio la razón. Fue entonces que el juez firmó las órdenes para allanar. En cuanto a la denuncia de Belliboni, fuentes de la investigación respondieron que los allanamientos se hicieron antes del amanecer, todos en simultáneo, para encontrar a la gente en su casa con sus celulares (un objetivo central de los allanamientos era hacerse de los teléfonos) y que se cumplió con el requisito legal de disponerlos “con habilitación de días y horas inhábiles”. “Están buscando una nulidad para que no revisemos los teléfonos”, dijo un funcionario que trabaja en el caso. Los allanamientos fueron realizados por la Policía Federal, que depende de Bullrich.

8
¿Cómo sigue la causa?

El juzgado y la fiscalía analizarán ahora lo secuestrado en los allanamientos. A última hora de ayer llegaron las cajas con toda la documentación al juzgado de Casanello, que ordenó dos nuevas medidas: la inhibición de los bienes de los investigados y la intervención en la causa del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) para que audite a las cooperativas involucradas en el caso (habrían recibido fondos sospechados). Sobre los imputados pesa un pedido de indagatoria del fiscal, pero el juez está haciendo una “instrucción suplementaria” (más medidas de prueba) para determinar con precisión la acusación antes de resolver si los cita.

9
¿Qué pasó con los denunciantes “anónimos” que fueron citados a declarar?

En cuanto a las presuntas víctimas que declararon en la causa, el juez pidió que las siete fueran incluidas en el programa de protección de testigos. Se trata de personas que llamaron a una línea que era, en teoría, anónima, a las que la Justicia identificó y citó para que testificaran con identidad reservada. Uno de los motivos por los que declararon solo siete de 45 es que muchos no quisieron presentarse.

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA