EDITORIALES

A cincuenta años de un hecho atroz
El 28 de abril de 1974, integrantes del ERP asesinaron al juez Jorge Quiroga, de irreprochable actuación en el juzgamiento de delitos del terrorismo
El pasado 28 de abril se cumplieron 50 años del asesinato del juez Jorge Vicente Quiroga por activistas del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). El hecho ocurrió durante la tercera presidencia de Juan Domingo Perón, cuando dos sujetos que se transportaban en una motocicleta le dispararon por la espalda a la víctima, en la intersección de las calles Viamonte y Paraná, en la zona de Barrio Norte.
Aquel crimen fue una vil venganza de la mencionada organización terrorista contra uno de los miembros de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación (CFPN), creada en 1971 por una ley del gobierno del general Alejandro Lanusse, que juzgó alrededor de 3000 casos de terrorismo en el territorio nacional. Esa cámara fue integrada por jueces sin actuación política, de reconocida experiencia y formación judicial en materia penal.
Los detractores de ese cuerpo judicial cuestionaron su legitimidad de origen por provenir de un gobierno de facto, sin tener en cuenta la crueldad de los atentados que ya por entonces estaban cometiendo organizaciones ilícitas que buscaban imponer un régimen totalitario marxista y que, más tarde, tampoco dudaron en alzarse contra el gobierno peronista elegido democráticamente por la ciudadanía.
A diferencia de lo ocurrido en Uruguay, donde en aquellos años se recurrió a tribunales militares para el juzgamiento de actos terroristas, y de lo sucedido posteriormente en Perú, donde los crímenes de Sendero Luminoso fueron juzgados por magistrados encapuchados, los miemde la CFPN cumplieron una valiente labor a cara descubierta, con independencia, eficacia y apego a la justicia, hasta su disolución por el gobierno de Héctor Cámpora, el 25 de mayo de 1973. Durante su corta actuación, instruyeron más de 3000 causas; dictaron más de 2000 sobreseimientos –confirmando su imparcialidad y ajuste a la ley– y alrededor de 600 sentencias condenatorias, existiendo la posibilidad de que fueran apeladas ante la Corte Suprema de Justicia. La CFPN intervino en casos de enorme repercusión pública, como los asesinatos del director general de Fiat Guillermo Oberdan Sallustro, tras 20 días de cautiverio por el ERP, y del general Juan Carlos Sánchez, en Rosario, acaecidos en ambos casos en abril de 1972.
Pero la misma noche en que asumió la presidencia de la Nación Cámpora, militantes peronistas forzaron la apertura de la cárceles para liberar a los terroristas juzgados, situación que fue aprovechada también por numerosos presos comunes para darse a la fuga. Un día después, el Congreso sancionó una amplia amnistía en favor de los guerrilleros, al tiempo que disolvió la Cámara Federal Penal. Se perdió así una oportunidad histórica al desarticularse un mecanismo judicial que había probado su utilidad para enfrentar el flagelo del terrorismo, y en su lugar se dio paso a la creación de centros de detención castrenses y a los atropellos de la ilegal Triple A.
Como recordó el doctor Enrique Munilla durante un reciente homenaje al juez Quiroga organizado por la asociación Justicia y Concordia, “antes de iniciar su actividad la hubo 7 desapariciones forzadas de personas; durante su vigencia, ninguna, y desde su disolución, el 25 de mayo de 1973 hasta el golpe militar de 1976, esto es, durante un gobierno constitucional, hubo casi mil desapariciones”.
El desborde terrorista que siguió a la amnistía no se hizo esperar y fue así como el juez Qui roga terminó asesinado, al tiempo que otros magistrado s que integraron la CFPN, como Eduardo Munilla Lacasa y Carlos Enrique Malbrán, fueron víctimas de atentados, en tanto que varios más debieron exiliarse, tras quedar expuestos a la venganza de quienes habían sido juzgados y luego amnistiados.
Los asesinos del doctor Quiroga fueron a la cárcel, pero no solo terminaron liberados, sino que recibieron indemnizaciones de 209.000 y 160.000 dólares, respectivamente. Como muchos otros protagonistas de la violencia terrorista, pasaron a la categoría de jóvenes idealistas.
En cambio, como señaló el presidente de Justicia y Concordia, Alberto Solanet, hasta la placa con la que se recordaba al juez Quiroga en el edificio donde funcionó la Cámara Federal Penal, en Viamonte y Libertad, fue retirada en junio de 2012 por el entonces presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional a pedido de la dirigencia del sindicato de trabajadores judiciales. A 50 años de su asesinato, es menester reivindicar la valiente labor de este y otros ocho magistrados y tres fiscales que enfrentaron la acción terrorista con la ley en la mano, y velar por una memoria integral y no parcial de nuestro pasado trágico.

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No naturalicemos el ruido

Quién no recuerda con cierta nostalgia algo bueno que trajo la pandemia: cuán silenciosa estaba nuestra ciudad, casi sin autos ni transportes, sin aviones. Lamentablemente, Buenos Aires integra el ranking de las diez ciudades más ruidosas del mundo, con un promedio de 65 a 90 decibeles (db).
El 24 del mes pasado se celebró el Día Internacional de la Concientización sobre el Ruido. Cuando este supera los 55 db se los considera ruidos molestos. Volumen, reiteración y persistencia son los tres parámetros que no pueden superar la normal tolerancia. Diversos estudios señalan que el nivel de exposición que soporta el ser humano es de 85 db por un máximo de 8 horas, aunque la OMS reporta que por encima de los 15 minutos deja de ser seguro. Como referencia, una frenada de colectivo puede alcanzar los 100 db, mientras que un tren en movimiento alcanza los 85. La ley de prevención y control de la contaminación acústica porteña, que divide en zonas, horarios y líbros mites, fija un tope diurno de 65 db en zonas residenciales y de 70 para las comerciales. La Agencia de Protección Ambiental local es la encargada de monitorear los ruidos a través de una red de 41 torres distribuidas en las comunas. Los mapas de ruido permiten brindan un diagnóstico, pero no resuelven la cuestión.
Recientemente, el Concejo Deliberante de Mar del Plata aprobó un proyecto que busca terminar con las motos ruidosas mediante la aplicación de fuertes multas. Dispone también el secuestro de vehículos cuyos caños de escape produzcan ruido. Se recoge así una más que razonable preocupación referida al impacto que los estruendos tienen en personas con trastornos del espectro autista (TEA), una condición que debe atenderse.
Similar medida debería adoptarse en Buenos Aires. Faltan controles y hay cuestiones no regladas, como el uso del espacio público para la venta con megáfonos y otras tantas actividades más que transforman las calles en un infierno de ruidos. Las consCFPN, trucciones de edificios, por caso, son un claro ejemplo más que perturbador. El Código de Edificación sigue sin exigir que se incluyan materiales que amortigüen el impacto en fachadas. Tampoco tenemos suficientes árboles, tan útiles a dichos fines. Afortunadamente, hemos comenzado a ver paneles fonoabsorbentes en viaductos.
Las quejas de vecinos del Campo Argentino de Polo y del Hipódromo de Palermo sobre ruidos y vibraciones fueron oídas y todo indica que dejarán de ser sede de megarrecitales en 2025 cuando se trasladen al Parque de la Ciudad, al Parque Roca y al Autódromo. Debemos también concientizar sobre los pésimos efectos de la contaminación sonora. Podemos cerrar los ojos ante una luz fuerte, pero no podemos cerrar con la misma facilidad los oídos. Faltan leyes que regulen los niveles altos de ruido. La aprobación del proyecto que aguarda en el Congreso traería mayor fiscalización, aumento de los controles y aplicación de multas. No hagamos oídos sordos.

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