Claudio Jacquelin
Llegó la hora ineludible de sacarse las capelinas de las pasarelas internacionales y los bonetes del carnaval para ponerse los cascos de la construcción. La arquitectura original del Gobierno (si es que alguna vez fue diseñada) encontró su punto de quiebre y está en revisión profunda por su falta de funcionalidad y de logros concretos, en medio de ruidos y conflictos internos. La realidad impone un urgente relanzamiento. Una reestructuración que se intenta. Y está en proceso.
El día imaginado para celebrar el comienzo de la nueva etapa fundacional argentina resultó una caricatura de lo anunciado. El Pacto de Mayo fue, al final, el Fiasco de Mayo.
Ninguna de las construcciones estructurales de ese edificio soñado por Javier Milei llegó a la fecha señalada habiendo superado el plano del boceto o de unos toscos cimientos en permanente proceso de revisión.
La Ley Bases, que debía dar el soporte normativo y servir de plataforma para el alineamiento (o la subordinación) de la Argentina política a su proyecto de transformación radical, sigue sin concretarse casi un semestre después de haber comenzado la gestión. La condición necesaria para la fiesta no se logró cumplir. Y, aunque se diga lo contrario, importa y mucho.
Peor aún, la heterogénea aglutinación que hace las veces de gabinete estuvo en este acto exponiendo sus fisuras, pero sobre todo dejando al desnudo un modo de conducción hasta acá ineficaz para construir un equipo sólido y eficiente.
El escarnio público al que fue sometido (o se dejó someter) el silente jefe de Gabinete y antiguo amigo del Presidente deja a la vista una superestructura disfuncional.
El destrato a Posse confirma no solo que su hora sombría ha llegado, sino que el Presidente ha demostrado en el ejercicio de la función una dificultad importante para resolver asuntos concretos de funcionamiento. También para encontrar colaboradores eficaces con los que se sienta conforme, para ser ejecutivo y para cumplir con la rutinaria e imprescindible tarea de gobernar, conducir la administración, ponerla en funcionamiento y concretar objetivos.
Se trata de un escenario demasiado inquietante para un país con tantos problemas urgentes que siguen sin ser resueltos y, en algunos casos, se han agravado por la demora en abordarlos y por la propia acumulación y postergación. El vértigo impide ver las nuevas formas de procrastinación.
El aire que se respira en la Casa de Gobierno y en varios ministerios está enrarecido. Las incertidumbres, temores, desconfianzas y sensación de precariedad que había en el armado inicial de la administración mileísta no se han despejado. En gran medida, se han profundizado. Nadie, salvo Karina Milei y el superasesor Santiago Caputo, tiene siquiera certezas mínimas respecto de su rol y de su permanencia.
Eso explica que se haya agudizado el hermetismo entre los funcionarios durante la frenética (y traumática) semana que arrancó con el conflicto con España y terminó con el licuado acto por el 25 de Mayo, con un paso previo por la estación del mercado cambiario alterado, con un salto abrupto de los dólares no oficiales.
La actitud de Posse, prestándose al destrato en uno de los actos públicos más emblemáticos de la liturgia institucional, llevó a algunos buenos lectores de la política y la ficción literaria a recordar pasajes de la novela de Michel Houllebecq titulada Sumisión.
La concentración de poder en la tríada de los hermanos Milei y Santiago Caputo y la creciente delegación y acumulación de funciones y responsabilidades en la hermanísima y en el gurú comunicacional sumaron disonancias en este tiempo.
La mala relación y la tensión de Posse con ellos dos tienen numerosas razones que van desde tropiezos administrativos y comunicacionales, conflictos por espacios de poder, hasta sospechas y acusaciones de manejos no compartidos u operatorias discutibles en espacios bajo control del jefe de Gabinete (como la inteligencia interna) y asoman como causas de un conflicto que desde hace tiempo viene inquietando a áreas sensibles del Gobierno. Es el caso del Ministerio de Economía. La lista de disparadores podría ampliarse.
Como ya sucedió con otras bajas en la novel administración, al Presidente parece costarle ejecutar la salida de algunos de los funcionarios a los que él convocó y gozaban de la confianza de su estrechísimo núcleo de colaboradores, en el que hasta hace unos meses figuraba Posse.
La dificultad se ve profundizada cuando se trata de quienes, en otra vida, integraron la corta lista de amigos perdurables (como Posse). Todo lo contrario a lo que ocurre cuando se trata de bajar contratos o deshacerse de agentes que no llegaron con él a la administración. La demora en aceptar renuncias de algunos eyectados es la demostración palmaria. El efímero ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro y su equipo pueden dar fe.
La disruptiva y vertiginosa forma en la que Milei llegó al poder dejó y va dejando en evidencia la ausencia previa de equipos de trabajo y de un staff de colaboradores de confianza en condiciones de integrar la administración nacional.
Las demoras en los nombramientos se potencian al momento de concretar reemplazos. Pero el se acaba y la acumulación de conflictos y la demora en resolver asuntos críticos obligan a revisar métodos.
Los seis meses acumulados en el poder, además de un desgaste de muchas piezas, también trajeron aparejadas nuevas dinámicas, relaciones y construcciones que influyen y condicionan la reorganización que se pretende.
Karina Milei está acompañada de un plantel de colaboradores y operadores mucho más grande e influyente que el que tenía hace un semestre, además de haber acumulado una experiencia que le ha aportado tantas seguridades y afinidades como rechazos y prevenciones. Y suele ser tan o más inflexible que su hermano.
El sector que más sufre esa configuración cada vez más sólida de poder en torno del Presidente es el de los colaboracionistas de Pro. Lo que vale menos para los que ya forman parte del Gobierno como para los que aspiran a sumarse, encarnados en los inesperados libertarios de nuevo cuño e ilimitado fervor, como Cristian Ritondo y Diego Santilli, cuyo entusiasmo en el acto del Luna Park competía con el de los fanáticos más antiguos. La fe de los conversos suele ser insuperable. Más cuando están por quedar libres espacios a la diestra del padre (de las “fuerzas del cielo”).
“Karina y los suyos, como [Eduardo Menem] Lule, son el dique de contención para la entrada de los amarillos que quieren ingresar al Gobierno. Tienen terror de que con su experiencia en la gestión y en el manejo del poder les copen el Gobierno”, sostiene un diputado que se inscribe en el equipo de los dialoguistas y que conoce de hace muchos años a Lule, casi desde que este ingresó, hace dos décadas, a la opaca planta de empleados del Senado, por gestión de sus tíos, el expresidente Carlos y el exsenador Eduardo.
Entre la necesidad de sumar funcionarios con capacidad de gestión y los extremos temores aparece la urgencia por terminar de cerrar el insólito capítulo que abrió el Presidente al poner en disponibilidad a todo su gabinete, situación que siempre han evitado todos los presidentes para no exponer fragilidades de su administración. Otra singularidad de la que puede jactarse Milei.
Si bien el disparador del anuncio de que el plantel de colaboradores presidenciales estaba a prueba fue el ya inocultable malestar con el jefe de Gabinete, no es lo único que lo precipitó ni es Posse el único responsable de la insatisfacción presidencial. Las recurrentes demoras en la aprobación de la Ley Bases conforman la punta de un iceberg y, por eso, todos los que han sido partícipes de su gestión y discusión están tamtiempo bién con estabilidad condicional.
El problema más complejo es que muchos de esos operadores han sido víctimas de la falta de delegación de autoridad suficiente y de los arrestos temperamentales del Presidente. Además, de la existencia de un sistema disfucional en el que los cargos y las responsabilidades no siempre se corresponden con el poder que se tiene para llevar adelante las tareas.
Que la secretaria general de la Presidencia o un asesor cuenten con más poder real que el propio jefe de Gabinete o el ministro del Interior suele provocar complicaciones. Otro tanto empieza a ocurrir en el área económica, donde, además del equipo ministerial, hay dos gabinetes de facto en las sombras y con creciente influencia. Son los que lideran el padre del mega-DNU desregulatorio, Federico Sturzenegger, ya elevado por el Presidente al plano de ministro inminente, por un lado. Y, por otro, el que conduce Demian Reidel. Aunque Milei se ocupa de ensalzar en forma recurrente a Luis “Toto” Caputo, nadie en el Palacio de Hacienda deja de mirar ni un instante por el espejo retrovisor.
No es la primera vez en la historia reciente de la democracia argentina en la que los experimentos en los que el poder y el cargo no coinciden conspiran contra el funcionamiento de un gobierno. La gestión de Mauricio Macri con los dos subjefes de Gabinete que tenían más atribuciones reales que los ministros, pero sin sus responsabilidad formales, o el artefacto del último gobierno peronista en el que el presidente era un vicario de la vicepresidenta constituyen antecedentes poco felices como para remedarlos.
Las múltiples versiones sobre los posibles nombres que circulan para reemplazar a Posse y los de posibles ingresantes a otras áreas, incluida una posible ampliación del gabinete, reflejan el grado de hermetismo así como la originalidad con la que la tríada gobernante toma decisiones. Todo resulta verosímil, aunque no parezca probable.
La incógnita central es si cuando se ejecute la reestructuración (si finalmente se concreta) responderá a las expectativas y metas propuestas y se conformará una arquitectura acorde.
La decisión (y la necesidad) para que, finalmente, se apruebe la Ley Bases parece haber calado tan hondo en el Gobierno que ya se advierten algunos cambios de actitud.
Después de los días de furia, en el acto del 25 de Mayo el Presidente mostró un rostro componedor que apunta a ese objetivo. Ni siquiera parecieron haberlo alterado algunas observaciones punzantes que hizo el arzobispo de Buenos Aires, Ignacio García Cuerva, que muchos interpretaron como exhortaciones críticas destinadas al Presidente y su gobierno. En la dirigencia política se preguntaron si era una buena nueva señal o si hubo una comprensión distinta del texto clerical por parte del Presidente.
De cualquier manera, el tono y el fondo del mensaje emitido en Córdoba fueron interpretados unánimemente como la verbalización de un intento de reconducir el vehículo oficialista y tratar de alcanzar objetivos más sólidos que los logrados en el primer semestre. Nada más parecido a un gobierno que entró a boxes en busca de relanzarse.
El destrato al que fue sometido (o se dejó someter) Posse expone un sistema con muchas falencia
El frenesí presidencial impide ver nuevas formas de procrastinación
Karina Milei y los suyos son un dique para el macrismo
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Esperan tenerlo el miércoles aun cuando el oficialismo no aceptó todos los cambios
Gustavo Ybarra
Tres semanas han pasado desde que la denominada Ley Bases y la reforma fiscal comenzaron a discutirse en el Senado, y la posibilidad de que ambas iniciativas lleguen al recinto de la Cámara alta parece haber quedado empantanada en una maraña de intereses cruzados y maniobras políticas mal ejecutadas, a las que se suma, como telón de fondo, una ardua discusión técnica en torno a la letra fina de los proyectos.
Los negociadores de Javier Milei hicieron circular el último miércoles entre los jefes de bloques de la oposición dialoguista un escrito en el que figuraban una treintena de modificaciones. El viernes, y con apenas una nueva modificación, ese borrador con cambios calificados de “cosméticos” por algunos legisladores fue repartido entre todos los senadores que integran las comisiones de Legislación General, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, que son los que tienen, con sus firmas, las llaves para habilitarles a los proyectos el paso al recinto de la Cámara alta.
En el oficialismo de la Cámara alta no descartan seguir sumando cambios y cerrar mañana una redacción para firmar dictamen al día siguiente, cuando volverán a reunirse las comisiones tras el fiasco de la semana pasada.
Saben que algunos no acompañarán el despacho, pero se entusiasman con la idea de que un dictamen en minoría firmado por los más críticos les permita alcanzar el pronunciamiento de la mitad más uno de los miembros de las tres comisiones. Además, estiman que durante la semana que deberán esperar los dictámenes para su tratamiento en el recinto podrían seguir negociando para reducir los votos en contra que todavía cosechan muchos artículos. Si lo logran, la sesión podría llamarse en la primera semana de junio.
No se pueden confiar, los antecedentes no son buenos. El miércoles pasado, conforme con sus concesiones, apenas una parte de lo reclamado por la oposición dialoguista, la orden de la Casa Rosada fue avanzar con los dictámenes para ofrendarle al Presidente un triunfo político que pudiera mostrar ante sus feligreses en el acto del Luna Park.
Sin embargo, los operadores oficialistas se chocaron con la dura realidad de que sus concesiones no sólo no alcanzaron, sino que el pliego de condiciones se había multiplicado hasta alcanzar temas que la administración Milei considera como “vacas sagradas” del proyecto de Ley Bases.
Es el caso de las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas y del Correo. En un giro sorpresivo, producto de la creciente presión interna de varios de sus senadores, el bloque radical que conduce el correntino Eduardo Vischi decidió ponerle condiciones a la autorización para enajenar esas empresas, obligando al Gobierno a prometer que si las pone a la venta el comprador tendrá que garantizar el mantenimiento de las conexiones a los destinos no rentables y el mantenimiento del servicio postal en los pueblos del interior.
Hay más. La UCR decidió volver a la carga con aspectos de la reforma laboral, como la necesidad de que los aportes compulsivos que les descuentan algunos sindicatos a los trabajadores sean voluntarios y que los bloqueos de plantas o empresas sean considerados causa justificada de despido.
Como si de una caja de Pandora se tratase, la apertura a aceptar cambios se salió de control y los reclamos empezaron a llover desde todos los sectores. La cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal) pidió mantener la moratoria previsional y aumentar el porcentaje de corte de los biocombustibles.
Estos pedidos se sumaron a los que ya habían formulado en anteriores reuniones senadores como los porteños Martín Lousteau (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (Pro), que criticaron con severidad varios aspectos del blanqueo de capitales y del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), dos capítulos en los que el Gobierno tiene puestas sus esperanzas de recaudar dólares de manera rápida.
Concesiones
El borrador contempla concesiones, como la aceptación de que no podrá fusionar, eliminar o cambiar las funciones a organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Servicio Meteorológico Nacional, al tiempo que también excluiría la posibilidad de intervenir el Banco Nacional de Datos Genéticos y el Senasa. Otro cambio sería el de aclarar que las cuotas solidarias sindicales serán obligatorias, salvo que los empleados manifiesten de manera previa y expresa su voluntad en contrario.
También hay disposición a flexibilizar el RIGI, modificando el artículo que declaraba nula cualquier legislación provincial que se oponga o fuera en detrimento de los beneficios que otorga el régimen. A eso, le sumó la promesa de fomentar el desarrollo de las cadenas productivas locales.
En el denominado paquete fiscal, el Gobierno aceptó tocar varios puntos del blanqueo, como la prohibición de que puedan acogerse los funcionarios públicos de los últimos diez años y sus hermanos y que quienes se sumen al programa no podrán hacerlo en el futuro hasta el último día de 2038. También se aumentaría a un 20% la alícuota de Bienes Personales
Tres semanas han pasado desde que la denominada Ley Bases y la reforma fiscal comenzaron a discutirse en el Senado, y la posibilidad de que ambas iniciativas lleguen al recinto de la Cámara alta parece haber quedado empantanada en una maraña de intereses cruzados y maniobras políticas mal ejecutadas, a las que se suma, como telón de fondo, una ardua discusión técnica en torno a la letra fina de los proyectos.
Los negociadores de Javier Milei hicieron circular el último miércoles entre los jefes de bloques de la oposición dialoguista un escrito en el que figuraban una treintena de modificaciones. El viernes, y con apenas una nueva modificación, ese borrador con cambios calificados de “cosméticos” por algunos legisladores fue repartido entre todos los senadores que integran las comisiones de Legislación General, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, que son los que tienen, con sus firmas, las llaves para habilitarles a los proyectos el paso al recinto de la Cámara alta.
En el oficialismo de la Cámara alta no descartan seguir sumando cambios y cerrar mañana una redacción para firmar dictamen al día siguiente, cuando volverán a reunirse las comisiones tras el fiasco de la semana pasada.
Saben que algunos no acompañarán el despacho, pero se entusiasman con la idea de que un dictamen en minoría firmado por los más críticos les permita alcanzar el pronunciamiento de la mitad más uno de los miembros de las tres comisiones. Además, estiman que durante la semana que deberán esperar los dictámenes para su tratamiento en el recinto podrían seguir negociando para reducir los votos en contra que todavía cosechan muchos artículos. Si lo logran, la sesión podría llamarse en la primera semana de junio.
No se pueden confiar, los antecedentes no son buenos. El miércoles pasado, conforme con sus concesiones, apenas una parte de lo reclamado por la oposición dialoguista, la orden de la Casa Rosada fue avanzar con los dictámenes para ofrendarle al Presidente un triunfo político que pudiera mostrar ante sus feligreses en el acto del Luna Park.
Sin embargo, los operadores oficialistas se chocaron con la dura realidad de que sus concesiones no sólo no alcanzaron, sino que el pliego de condiciones se había multiplicado hasta alcanzar temas que la administración Milei considera como “vacas sagradas” del proyecto de Ley Bases.
Es el caso de las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas y del Correo. En un giro sorpresivo, producto de la creciente presión interna de varios de sus senadores, el bloque radical que conduce el correntino Eduardo Vischi decidió ponerle condiciones a la autorización para enajenar esas empresas, obligando al Gobierno a prometer que si las pone a la venta el comprador tendrá que garantizar el mantenimiento de las conexiones a los destinos no rentables y el mantenimiento del servicio postal en los pueblos del interior.
Hay más. La UCR decidió volver a la carga con aspectos de la reforma laboral, como la necesidad de que los aportes compulsivos que les descuentan algunos sindicatos a los trabajadores sean voluntarios y que los bloqueos de plantas o empresas sean considerados causa justificada de despido.
Como si de una caja de Pandora se tratase, la apertura a aceptar cambios se salió de control y los reclamos empezaron a llover desde todos los sectores. La cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal) pidió mantener la moratoria previsional y aumentar el porcentaje de corte de los biocombustibles.
Estos pedidos se sumaron a los que ya habían formulado en anteriores reuniones senadores como los porteños Martín Lousteau (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (Pro), que criticaron con severidad varios aspectos del blanqueo de capitales y del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), dos capítulos en los que el Gobierno tiene puestas sus esperanzas de recaudar dólares de manera rápida.
Concesiones
El borrador contempla concesiones, como la aceptación de que no podrá fusionar, eliminar o cambiar las funciones a organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Servicio Meteorológico Nacional, al tiempo que también excluiría la posibilidad de intervenir el Banco Nacional de Datos Genéticos y el Senasa. Otro cambio sería el de aclarar que las cuotas solidarias sindicales serán obligatorias, salvo que los empleados manifiesten de manera previa y expresa su voluntad en contrario.
También hay disposición a flexibilizar el RIGI, modificando el artículo que declaraba nula cualquier legislación provincial que se oponga o fuera en detrimento de los beneficios que otorga el régimen. A eso, le sumó la promesa de fomentar el desarrollo de las cadenas productivas locales.
En el denominado paquete fiscal, el Gobierno aceptó tocar varios puntos del blanqueo, como la prohibición de que puedan acogerse los funcionarios públicos de los últimos diez años y sus hermanos y que quienes se sumen al programa no podrán hacerlo en el futuro hasta el último día de 2038. También se aumentaría a un 20% la alícuota de Bienes Personales
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