EL ESCENARIO Y NUEVAS LEYES ECONÓMICAS

Quién controla el juego de la política
Carlos Pagni
La aprobación de la Ley Bases y de las reformas impositivas impulsadas por el Gobierno por parte de la Cámara de Diputados comienza a despejar una de las grandes incógnitas que pesan sobre la vida pública: cuál de los actores principales del sistema está en condiciones de controlar el juego general en favor de su programa. El contenido de esas leyes es crucial para la marcha de la administración.
Estas normas proveerán de más recursos al Estado en un momento en que las autoridades se empeñan en eliminar el déficit del Tesoro. Y dotan al Poder Ejecutivo de herramientas valiosas para avanzar en su plan de liberalización de la economía. Es el aspecto sustantivo.
Pero la votación de anteayer cobija otra señal, política, decisiva para el experimento que encabeza Javier Milei. Pone en evidencia que el Presidente está en condiciones de conseguir el apoyo del Congreso a pesar de que las bancadas de La Libertad Avanza son muy pequeñas.
Es una novedad muy relevante, porque el fracaso en ese objetivo podría significar que la dinámica del poder pase a estar controlada por la oposición más severa, que lidera Cristina Kirchner. El pasable triunfo de Milei ha sido una derrota de la expresidente. Ella se había propuesto organizar, alrededor de los gobernadores peronistas y de los radicales que militan en las universidades estatales, una mayoría que bloqueara el ajuste del oficialismo. A comienzos de febrero imaginaba que en el Parlamento se podría sumar un número suficiente de voluntades para coparticipar el impuesto PAIS, el impuesto al cheque y un 30% de las retenciones agropecuarias. Ese plan significaba, como es obvio, acorralar a Milei hasta llevarlo al borde del abismo. La señora de Kirchner insiste en que las elecciones de 2023 descubrieron que la representación está dividida en tercios. Sabe que su poder depende en buena medida de que se mantenga ese diseño. Si dos de esos tercios se unen en su contra, deberá pensar el futuro de otro modo. Lo que sucedió el martes en la Cámara de Diputados fue que, al menos alrededor de una agenda acotada y de una negociación muy trabajosa, la Casa Rosada consiguió la convergencia de dos de esas tres fracciones. Con un agravante para el liderazgo kirchnerista en el PJ: gracias a la paciencia y habilidad del ministro del Interior, Guillermo Francos, esa mayoría se formó con la colaboración de muchos gobernadores de ese partido.
Así como el visto bueno para estas dos leyes mejora la capacidad de Milei para gestionar el país, la obtención de ese objetivo debió superar dificultades inquietantes. No solo se demostró la resurrección del Congreso como un poder determinante. Quedó también en evidencia el nivel de fragmentación que afecta a la política y, por lo tanto, a la representación parlamentaria. No solo antiguas unidades, como Juntos por el Cambio, están ahora desarticuladas. Aun en el interior de las nuevas fracciones se han formado grupos que responden, más que a alineamientos ideológicos, a la defensa de intereses materiales.
Ahí aparece el aspecto menos edifican te de este renacimiento del Poder Legislativo: deja ver la contradicción escandalosa entre las palabras y los hechos de sectores muy amplios del sistema político. Con una sorpresa: en La Libertad Avanza, que se propuso como agente de la regeneración de ese sistema, aparecen manchas prematuras de los vicios que pretendía eliminar. Quiere decir que la interminable sesión que se inició el lunes funciona como una radiografía del estado actual de la democracia.
Sobre todo porque ocurrió algo sorprendente: en medio del debate, una mayoría de diputados consiguió aprobar, en contra del oficialismo, la reforma del régimen de impuestos internos de la industria tabacalera que el mismo oficialismo había retirado por razones que, con el paso de los días, se vuelven más y más oscuras.
La venta de cigarrillos está gravada por dos impuestos internos combinados: una alícuota de 70% sobre el precio del atado o un monto mínimo que la AFIP va actualizando con la inflación y que hoy es de 793 pesos. Se paga la suma que sea más alta. El sentido es encarecer el precio de los cigarrillos para desalentar su consumo.
Un empresario local del sector, Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, recurrió a la Justicia denunciando que el impuesto mínimo es inconstitucional. Su argumento es que sus costos de producción están por debajo de esa cifra de 793 pesos que hoy debería tributar. Existe un consensomuy amplio entre los abogados sobre la incorrección de ese razonamiento: ¿qué importancia tiene que el impuesto sea superior a sus costos si él, en vez de absorberlo, lo traslada a los consumidores? A pesar de esta observación, Otero consiguió varias cautelares en la Justicia en lo Contencioso Administrativo. Y algo más: logró que un juez penal federal abriera un expediente para que Otero denuncie a quienes objetan su planteo.¿ Quiénes ese juez? Tres opciones: ¿Ariel Lijo, Ariel Lijo o Ariel Lijo?
La historia de esas cautelares es curiosa. Muchas han ido cayendo, incluso por pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, pero Otero sigue sin pagar el impuesto mínimo. Según algunos tributaristas, ya acumula una deuda de más de 1000 millones de dólares. Además, en el mercado de los cigarrillos observan que Sarandí evadiría declarándole a la AFIP un precio que a menudo es la mitad del que se consigue en los kioscos. Gracias a estas ventajas, Sarandí creció, de la nada, hasta quedarse con el 40% del mercado. Y la fortuna de la familia Otero se hizo incalculable. La situación puso en pie de guerra a las grandes vendedor as de cigarrillos, que deben competir en desventaja, pagando el 70% de impuestos sobre cada paquete vendido.
La AFIP ha decidido no intimarlo, sobre todo en el período de Alberto Fernández, cuando su titular era Carlos Castagneto. Para blindar a su empresa frente a los tribunales y a los recaudadores, Otero ha montado una opaca maquinaria de lobbying y prensa, en la que habrían coincidido gestores como Adrián Kochen o el tenebroso Antonio Stiuso. Habladurías.
Al elaborar el paquete fiscal, el Ministerio de Economía, a cargo de Luis “Toto” Caputo, decidió darle la razón a Otero. Eliminó el impuesto mínimo y fijó una alícuota de 73% para todas las ventas. Además, se crearía un sistema de fiscalización de precios para evitar subfacturaciones. Estas innovaciones figuraron en el primer proyecto remitido al Congreso.
A pesar deque convalidan su planteo, estas re formas serían muy negativas para Otero. Al eliminar el monto mínimo, carecerían ya de sentido las cautelares conseguidas en los juzgados. S aran dí debería pagar 73% de impuestos sobre un precio que, además, sería monitoreado en los kioscos. Como consecuencia de este perjuicio, apareció la primera paradoja: Otero comenzó a presionar en el Congreso para que se mantenga el gravamen que él objetaba en los juzgados por inconstitucional. Esa contradicción tiene una lógica: como, según todo indica ría, a este empresario no le cuesta conseguir cautelares a su favor, y como la AFIP no lo persigue, prefiere que se mantenga un tributo que conoficialismo sidera incorrecto. Total, gracias a los jueces y a las clementes autoridades de la AFIP, no lo paga.
La negativa a modificar el sistema impositivo impulsado por el Ejecutivo llegó a la Cámara de Diputados. Tuvo a su vocero más activo en el presidente del bloque de Pro y candidato de MauricioMacriap residir la Cámara de Di puta dos,Cr is ti anRi ton do. El empeño de Ritondo por defender la posición de Otero fue tan apasionado que varios compañeros comenzaron a llamarlo con el cariñoso apodo de Pucho. Como suele suceder, Pucho consiguió que la segunda voz de la hiciera Diego Santilli. El excandidato a gobernador bonaerense promovía su propio proyecto: un aumento de la alícuota a 75% y un impuesto equivalente al impuesto mínimo, que él llamo “sanitario”. La principal función de ese nuevo gravamen sería la de ser anulado en la Justicia a través de cautelares. Una luz el Colo. El otro detractor del proyecto que afectaría a Otero fue Castag ne to, otrora remolón director de la AFIP, ahora diputado.
El proyecto del Ejecutivo no llegó a tratarse en el primer intento de aprobar el paquete fiscal porque, según explicaban los funcionarios, Ritondo puso como condición abolir ese articulado a cambio de que Pro aprobara la ley. Cuando la operación parlamentaria fracasó, el Presidente culpó entre los culpables de esa frustración al Señor del Tabaco. Es decir, a Otero.
Cuando se iniciaron las conversaciones para resucitar la Ley Bases y la reforma impositiva, apareció un pequeño cambio: ahora el Ejecutivo ni siquiera proponía los artículos sobre la venta de cigarrillos. Ese capítulo había sido eliminado. Los diputados de la oposición fueron notificados de ese cambio el 27 de marzo. Los colaboradores de Milei explicaron que era la condición puesta por Pucho Ritondo para aprobar todas las leyes. Macri habría pedido explicaciones a Ritondo, quien habría jurado que él ya no era el responsable del tema. Es decir: para Pucho ya había un acuerdo entre el Gbierno y Otero. ¿Habrá sido así? ¿Lo habrá gestionado él?
Son misterios. Lo verificables es que para el 13 de marzo Luis Caputo había enviado al Congreso un borrador con una nueva versión, mejor redactada, de la misma reforma. Sin embargo, el 9 de abril, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, posteó en la red X que un grupo de diputados había logrado eliminar el capítulo de impuestos internos del tabaco en beneficio de una sola empresa, “que se autopercibe pyme, pero factura más de 800 millones de dólares por año, y que se presenta como nacional, pero importa todo el producto que vende”. Sáenz se siente afectado por la caída de recaudación que implica el comportamiento de Otero, ya que esos recursos son coparticipables. Además, denunció algo no tan evidente: Sarandí importa casi todo el tabaco que necesita desde Brasil .¿ Cómo habrá conseguido las dichosas S IRA durante los años de Alberto Fernández y Sergio Massa?
Es más que evidente que la democracia argentina pide a gritos un régimen confiable de auditoría sobre el financiamiento de las campañas. El caso de las tabacaleras vuelve a demostrarlo.
Al eliminar la reforma de impuestos internos por propia iniciativa, el irritó a los demás bloques de la oposición con los que venía negociando la sanción de las leyes. Esos diputados comenzaron a explorar recurrir a su propia iniciativa. Comenzaron a conversar Juan Manuel López, de la Coalición Cívica; los radicales de Rodrigo de Loredo, encabezados por Natalia Sarapura; el bloque Innovación, que reúne a salteños y misioneros, liderado en este tema por Pamela Caletti, y el bloque Hacemos, de Miguel Pichetto, donde se movió, sobre todo, Nicolás Massot.
El aire se puso espeso. Como relató con detalle Ca mil aD olab ji an  llegó un anónimo a una cámara de tabacaleras locales con la versión de un pago de sobornos a un grupo de diputados, que incluía a dos de Pro y al kirchnerista Carlos Castagneto. Se lo atribuyeron a Otero. Hubo una acusación formal en el juzgado de Daniel Rafecas, que investiga el fiscal Carlos Rívolo.
Hubo contraataque. Una presentación fantasmal, que hasta donde se sabe no llegó a destino, para que la Securities and Exchange Commission de Nueva York investigue si Philip Morris incurrió en alguna incorrección para motivar la reforma impositiva. El diputado López, de la Coalición Cívica, recibió un mail muy extraño, en el que un presunto periodista, de existencia dudosa, le preguntaba por lo mismo. El periodista se llamaría Paulo Antônio Costa, y el único indicio de su existencia es una cuenta de LinkedIn abierta cinco días antes de que enviara el mail. A Otero alguien le está robando la plata. Dicho sin faltar el respeto.
Para que en los ataques quede marcada la huella del oficialismo, Fernando Ce rime do, quien se declaró el administrador de los trolls con que La Libertad Avanza agrede a sus críticos en las redes sociales, comenzó a insultar al di puta doLó pez acusándolo de recibir“sobres” para intervenir en el debate.
La clave decisiva del conflicto apareció el lunes a las 8 de la noche. Fue cuando se incorporaron al grupo que pretendía reponer la reforma fiscal 21 diputados del bloque peronista, liderados por Victoria Tolosa Paz. Así se llegó ala mayoría de 82 diputados que aprobó el nuevo régimen de tributos para los cigarrillos.
Para ponerlo en la jerga libertaria: Pucho no la vio. Él es audaz. Pero ineficiente. Se le escapó el acuerdo con Tolosa. Se le escapó también que, si en vez de hacer votar por la negativa a los 77 diputados que se opusieron al cambio, los hubiera hecho abstenerse, las abstenciones habrían sido más numerosas que los votos emitidos. Existe jurisprudencia de la Corte considerando que, cuando ese es el caso, la ley no es válida. Con ese argumento Otero podría haber vuelto a la Justicia y mantener su statu quo. Pero la distracción imperdonable de Ritondo tiene que ver con su propia bancada. Cinco diputados, acaso por vergüenza, abandonaron el recinto en el momento de votar: Alejandro Bon giovanni, GermanaC asas, Daia na Molero, MarilúQu ir oz yA na Clara Romero. Otro, Álvaro González, no asistió a toda la sesión. Aníbal Tortoriello, de Río Negro, votó a favor de reponer los cambios. Con que solo los ausentes hubieran votado con el resto del bloque, la reforma no habría sido sancionada. Es lógico que Otero esté enardecido con Pucho.
Esta votación presenta un mapa del estado actual de la política. Pro votó contra la que sería la posición de Macri. El expresidente asume el miércoles que viene la presidencia del partido con una incógnita sobre su verdadera autoridad.
La Libertad Avanza rechazó la reforma que había propuesto en diciembre, pudiendo aprobarla. Sobre esta incoherencia prosperan versiones escabrosas. ¿Hubo un acuerdo de Otero con el Gobierno, gestionado por el Mago del Kremlin, Santiago Caputo? Es el asesor estrella de Milei y, se presume, el jefe operativo de Cerimedo. La especulación, muy insistente, es interesante, porque hace juego con otra: que Caputo habría pactado el manejo de la Aduana con la conducción anterior, liderada por Guillermo Michel. Para decirlo con más claridad: Caputo habría inoculado al oficialismo con los vicios de los antecesores en el control del comercio exterior. ¿El entendimiento con Otero, un megaimportador, es parte de esa paz? Imposible verificarlo, al menos por ahora.
Otra curiosidad. El radicalismo votóen bloqueen contra de los intereses de Tabacalera Sarandí. Salvo dos diputadas: Danya Tavela y Mariela Coletta. Militan en la línea interna Evolución, igual que Martín Lousteau. Va a ser interesante observar qué hará Lousteau cuando el texto llegue al Senado. Todos responden a Emiliano Yacobitti, un demonio para Milei, al menos cuando se trata de la administración universitaria. Es evidente que para otras materias siempre hay un sótano disponible para acordar. Es el modus operandi de la casta. Milei lo va aprendiendo.
¿Qué hará ahora el Presidente? ¿Vetará lo que votaron los diputados? ¿Vetará lo que él mismo propuso? Llegó la hora del principio de revelación. Un veto desnudaría acuerdos que van más allá de las presiones de Ritondo. Porque, como señaló el secretario Guberman, el Poder Legislativo tiene una capacidad tributaria que debería ser respetada. Sobretodo cuando camina en el mismo sentido que el Ejecutivo.
Este panorama político tan invertebrado presenta algunas regularidades. Hay una muy interesante: el elenco que trabajó a favor de Otero coincide casi con exactitud con el que promueve la candidatura del controvertido Lijo para la Corte. Milei, Ritondo, Yacobitti: son solo tres ejemplos.
El Presidente ayer, en un diálogo con la Radio El Observador, volvió a defender la candidatura de Lijo. Cada vez que lo hace se enreda un poco más. Esta vez no insistió en que él necesita una Corte alineada con sus ideas liberales. Dijo que quiere una Corte que respete la Constitución, que es liberal. Sin embargo, al argumentar a favor de las condiciones personales de Lijo, volvió a dar un motivo desopilante: que ese magistrado conoce a la perfección cómo funciona el sistema judicial; y que sus reformas necesitan una Corte expeditiva. Respecto de lo primero, no hay lugar a dudas: Lijo conoce a la perfección cómo funciona el sistema judicial. Basta con releer esta nota. Lo segundo es gracioso: Lijo no solo se hizo famoso, sino que mereció una denuncia penal del Colegio de Abogados, porno resolver los expedientes y tener causas durmiendo por más de una década. Sin ir más lejos: la de las tacabaleras lleva más de cinco años.
Como con el régimen de Tierra del Fuego, que ahora la Cámara de Diputados, en la ley impositiva, recomienda modificar, y como con los impuestos a los cigarrillos, el Presidente cambia de razones sin demasiada justificación. Tal vez haya algo en el aire que respira. Muy de a poco, comienza a recordar algunos rasgos de su antecesor.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

Nuevas leyes económicas. Las modificaciones de último momento
Se aprobaron una rebaja en Bienes Personales, una moratoria de obligaciones tributarias y aduaneras y cambios en el monotributo
Texto Delfina Celichini | Foto Fabián Marelli
Fueron necesarias 30 horas de debate en la Cámara de Diputados. El Gobierno, finalmente, superó la prueba de la Cámara de Diputados para avanzar en la reimposición del impuesto a las ganancias, el blanqueo, una rebaja en Bienes Personales, una moratoria de obligaciones tributarias y aduaneras, y cambios en las escalas del monotributo. Ahora enfrenta el desafío del Senado.
Con el paquete fiscal, al igual que lo que hizo en relación con la Ley Bases, el Gobierno accedió a modificar varios puntos de este proyecto para acercar posiciones con los bloques de la oposición dialoguista y evitar sorpresas en el recinto. Puntualmente, aceptó actualizar semestralmente por el índice de precios al consumidor (IPC) las escalas de Ganancias y el monotributo. La administración libertaria pretendía hacerlo de manera anual, pero los legisladores aliados exigieron una mayor periodicidad en el reajuste para evitar que por el efecto inflacionario se sumen contribuyentes a pagar el tributo.
También se consensuó un premio al buen contribuyente en la moratoria. Para las personas físicas, se pautó una reducción del 0,5% en la alícuota de Bienes Personales para 2023, 2024 y 2025; mientras que se definió una baja del 0,125% para las personas jurídicas en ese mismo período.
Además de La Libertad Avanza (LLA), el paquete fiscal contó con el apoyo del bloque de Pro, así como del grueso de los bloques de la UCR, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica. A ellos se sumaron los ocho diputados de Innovación Federal, que representan a los gobernadores de Misiones, Río Negro y Salta, y Osvaldo Llancafilo, del Movimiento Popular Neuquino (MPN).
Durante la discusión en particular de la iniciativa se introdujo, a instancias del diputado Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal, un artículo por el que se instruyó al Poder Ejecutivo a que, en el plazo de 30 días, “envíe a este Congreso un proyecto de ley tendiente a incrementar los recursos corrientes de la Administración en un dos por ciento (2%) del producto bruto interno (PBI), mediante la supresión o modificación de exenciones tributarias, beneficios impositivos o de cualquier otro gasto tributario en los términos del artículo 2° del decreto 1731/2004”. Fue una presión para desarticular los regímenes especiales, como el que beneficia a los industriales electrónicos de Tierra del Fuego.
La modificación de las escalas del monotributo fue muy cuestionada y derivó en un cuarto intermedio de quince minutos para salvar las diferencias en este punto. Finalmente, se aprobó por 142 votos afirmativos, 104 rechazos y dos abstenciones tras incorporar una modificación consensuada con la oposición, mediante la que se determinó que los cambios en las escalas “comenzarán a regir a los 90 días a partir de su publicación en el Boletín Oficial”.
Muchos legisladores de la izquierda, el kirchnerismo, el socialismo, el radicalismo y la Coalición Cívica se resistieron a la eliminación tácita del monotributo social por la actualización de las escalas del impuesto.
Terminado el receso, el diputado José Luis Espert, miembro informante del proyecto del Gobierno, anunció la postergación en la entrada en vigor del tributo, que salvó este punto. Tras ello, el diputado Itaí Hagman (UP) anticipó el rechazo de su bloque, aunque valoró “el compromiso para que en los próximos 90 días podamos discutir una propuesta superadora de las escalas para evitar que 1,5 millones de personas pasen a tributar más”.
Previamente, se había avanzado en uno de los asuntos más espinosos, que fue la reversión del impuesCívica to a las ganancias, específicamente en la definición de los pisos mínimos no imponibles. No obstante, este tributo fue reinstalado por 133 avales, 113 rechazos –fundamentalmente de los legisladores patagónicos– y cuatro abstenciones.
Durante este debate, el primero en tomar la palabra fue el diputado rionegrino Agustín Domingo, parte del bloque Innovación Federal, quien pidió un incremento de las escalas del impuesto a las ganancias del 22% para los trabajadores petroleros en función de que “se reconozca el costo de vida de los patagónicos”.
El legislador Sergio Palazzo (UP), quien además es el líder del sindicato de bancarios, puso el foco en el piso desde el que se comenzará a gravar a los contribuyentes con este tributo. Por eso, cuestionó la quita de exenciones al gravamen, como los adicionales, los bonos por productividad, los vales alimentarios o las horas extras. “Es ficticio decir que la base imponible es $1,8 millones porque el trabajador pierde la capacidad de deducir del impuesto todos estos conceptos”, dictaminó.
Uno de los discursos más encendidos fue el del diputado chubutense y gremialista petrolero, Jorge “Loma” Ávila (Hacemos Coalición Federal), quien rechazó la reimposición del impuesto a las ganancias. “Van a terminar con la paz social en los pozos petroleros”.
Otra de las iniciativas que cosecharon numerosas resistencias fue el blanqueo de capitales. Tanto referentes de la izquierda y el kirchnerismo como de la Coalición y la UCR se manifestaron en contra y denunciaron que el proyecto presenta inconsistencias en la identificación del origen del dinero, que podría provenir del crimen organizado.
El kirchnerista Carlos Heller cuestionó todas las características de este régimen que, según detalló, “tiene gravísimas implicancias para el lavado de activos”. “Implica a sujetos no residentes. Es extraño que estos exresidentes puedan regularizar dinero en nuestro país, ¿cómo hacemos para aplicar las reglas antilavado?”, consideró. En la misma línea, la legisladora Marcela Campagnoli (CC) explicó su rechazo: “No podemos permitir que por un blanqueo entre dinero manchado de sangre, por eso la Coalición Cívica va a votar en contra”.
Entre los puntos más importantes del paquete fiscal figuran:
Impuesto a las ganancias. El proyecto reinstala este tributo para la cuarta categoría para aquellos salarios superiores al $1,8 millones de pesos para los trabajadores solteros y $2,2 millones para los trabajadores casados con dos hijos. El Gobierno pretendía que la actualización de estos pisos mínimos fuese anual, pero ante la presión opositora los funcionarios de la Casa Rosada accedieron a que haya una actualización trimestral este año (sería en septiembre) y que, a partir del año próximo, sea semestral. También será semestral la actualización de los topes de facturación en las distintas escalas del régimen de monotributo.
Blanqueo de capitales. El proyecto establece que los activos por hasta US$100.000 tendrán una alícuota del 0%, mientras que los montos superiores abonarán alícuotas crecientes en función del momento en que ingresen. En la primera etapa, que se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2024, la tasa sobre el excedente será del 5%; en la segunda etapa, hasta el 31 de diciembre de 2024, será del 10%, y en la tercera, hasta el 31 de marzo de 2025, del 15%.
Bienes Personales. Se establece una fuerte rebaja en este tributo. El mínimo no imponible subirá de $11 millones a $100 millones y la deducción por la vivienda familiar pasará de $56 millones a $350 millones, lo que implica que se reducirá la base de contribuyentes alcanzados. Estos importes se ajustarán cada año en función de la variación anual de la inflación difundida por el Indec. Otro de los beneficios es la reducción gradual de la escala de alícuotas progresivas, eliminándose la discriminación existente para bienes situados en el exterior. Para el ejercicio fiscal 2023, la alícuota máxima que se propone es del 1,5%, y se irá reduciendo paulatinamente hasta alcanzar el 0,25% en 2027, por debajo del 0,75%. Además, se crea un régimen especial que permite adelantar el pago de cinco años (del 2023 al 2027) en una cuota con una alícuota reducida del 0,45% por año por el patrimonio que supere el mínimo no imponible, y posteriormente será del 0,25% del excedente hasta 2038.
Monotributo. El proyecto plantea un aumento tanto de los niveles de facturación –con un tope máximo de $68 millones anuales– como de la cuota mensual a pagar. Esos aumentos oscilan entre el 200 y el 300%, según la categoría. Asimismo, se amplían los límites de facturación de locaciones y servicios, con nuevas categorías para este segmento, igualándolas a la de venta de cosas muebles.
Moratoria de obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social no regularizadas. Permitirá pagar obligaciones vencidas al 31 de marzo de 2024 en hasta 84 cuotas con diversos beneficios como la condonación de la totalidad de las multas y de hasta el 70% de los intereses por los saldos adeudados, dependiendo la modalidad de pago.

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA