LA NEGOCIACIÓN POLÍTICA Y EL ANÁLISIS

Esta vez, los acuerdos de la Casa Rosada fueron efectivos
El Ejecutivo pactó con gobernadores y otros referentes opositores; la única sorpresa vino del impuesto al tabaco
Maia JastreblanskyGuillermo Francos, en la Cámara baja
“Todo está saliendo de acuerdo con lo planeado”, sentenció un jugador importantísimo de la Casa Rosada el martes, cuando estaba por culminar la votación en particular de la Ley Bases en Diputados. Los negociadores del Poder Ejecutivo no se llevaron disgustos a la hora de contar los votos, un abismo con la experiencia de febrero, donde la mayoría se les había escurrido una y otra vez en la votación en particular y Javier Milei pateó el tablero. Esta vez, los acuerdos políticos se zurcieron con mayor pericia y no aparecieron “traidores” a los ojos del gobierno libertario.
La única sorpresa de la Ley Bases la dio el capítulo de los impuestos al tabaco. En la iniciativa remitida en diciembre el Gobierno había querido cambiar las reglas del sector para que todas las empresas tributen lo mismo. Era un golpe directo al empresario Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, que –a diferencia de compañías internacionales como Massalin Particulares y British American Tobacco– no paga el impuesto mínimo a los cigarrillos. Tras meses de denuncias de lobby cruzadas, la Casa Rosada dejó el tema fuera de su proyecto.
Pero en Diputados se vio forzado a tratarlo por iniciativa de Juan Manuel López (CC). “Está muy bien… Que se vote...”, lanzó en ese preciso momento un importante colaborador de Javier Milei, como quien desea que se sincere de una vez el tablero. Llamativamente, a la hora de la verdad, los libertarios votaron en contra del artículo del tabaco que estaba en su proyecto original. El artículo, no obstante, se aprobó con 82 votos positivos, 77 negativos y 69 abstenciones.
El resultado fue muy celebrado por el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, uno de los mandatarios a los que la Casa Rosada ve como un aliado en el norte del país.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, siempre mantuvo un contacto directo con Sáenz, que se ubicó como un primus inter pares entre sus colegas del NOA y el NEA para tender puentes con la Casa Rosada.
Con la omisión del capítulo del tabaco en la Ley Bases remozada había aparecido un cortocircuito con el salteño. Horas antes de la votación, de hecho, Sáenz exhortó a los diputados a “enfrentar a la verdadera casta” poniendo fin a los privilegios fiscales que benefician a Otero. “Son 600.000 jubilaciones mínimas que podrían cubrirse anualmente con solo enfrentar los intereses de una persona”, escribió en X.
Involuntariamente, el único revés que tuvieron los libertarios con la Ley Bases dejó conformes a los gobernadores del norte involucrados en la industria tabacalera y en particular a Sáenz, a quien la Casa Rosada pretende tener de aliado.
El episodio del tabaco estuvo cruzado por operaciones múltiples, pero hacia afuera los libertarios argumentaron que votaron en contra por los compromisos asumidos con sus aliados, en este caso con Pro. “No agregamos temas conflictivos para que no se nos cayeran los aliados. Si abríamos el grifo para incluir determinados temas, se nos empezaban a caer los acuerdos”, dijo un libertario muy al tanto del poroteo.
Esa lógica corrió también para la reforma laboral, en donde tuvo un rol determinante Miguel Pichetto.
reveló que, días atrás, el jefe la nacion de bloque de Hacemos Coalición Federal advirtió subterráneamente a la CGT que la UCR –que quedó a cargo de la autoría de este capítulo– pretendía incluir el fin de las “cuotas solidarias”, que implicaba un golpe a las cajas sindicales. Ese punto había figurado en el DNU 70/2023 de Milei, pero finalmente el oficialismo dejó fuera del dictamen ese ítem sensible para el financiamiento sindical. “Rechazamos la propuesta de la UCR de incluir en la reforma laboral aspectos en los que originalmente estábamos a favor porque se nos caía (Miguel) Pichetto”, reconoció un libertario.

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Una llave maestra para abrir decenas de cajas regulatorias
Diego CabotJavier Milei


Perdió varios jirones en el camino, pero la Ley Bases aún mantiene un enorme potencial para el presidente Javier Milei. Además de los puntos más debatidos o más cuestionados, el corazón del proyecto que ya logró sanción de Diputados está intacto. Se trata de una batería de artículos que le permitirán al Poder Ejecutivo tener una formidable herramienta para arrasar con centenares de regulaciones que gobiernan las relaciones entre el Estado y sus administrados.
¿Cuál es ese corazón del proyecto? Responde un personaje central en la iniciativa: “Acá hay mucha potestad de desregular y de cambiarles las funciones a los organismos públicos. Muchas veces las regulaciones surgían de trámites y cosas que estos organismos les piden hacer a los ciudadanos y, en caso de aprobarse la ley, estamos liberados como para remover ese peso muerto que el Estado le impone a la economía. Ahí hay mucho margen para trabajar”.
Sin dudas, la primera pieza de ese herramental es el artículo 1: “Declárase la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año”. Es menos tiempo y algunas de las emergencias que Milei quería. Sin embargo, la conjunción de este párrafo con otros que están desperdigados en la ley entregan un territorio mucho más grande donde el Presidente puede estampar su firma.
Inmediatamente después, como si fuese una de esas cortaplumas que al abrirse muestran más y más funciones, desde el artículo dos Milei podrá disponer de amplias facultades para armar una administración pública a su medida.
Es verdad que los diputados pusieron énfasis en dejar claro que algunos organismos públicos no pueden eliminarse, como el Conicet, el Instituto de Salud Dr. Carlos G. Malbrán, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI), el Incucai, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) o el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), entre otros.
Pero no menos cierto es que con ellos puede hacer muchas más cosas para cambiarlos de cabo a rabo, aun sin apartarse de esa limitación.
Con las empresas públicas pasa algo similar: no puede privatizar a muchas, pero puede modificar profundamente sus regímenes actuales sin llegar al extremo de venderlas.
Con la excepción del Poder Judicial, el Legislativo, las universidades y un puñado de rincones del Estado, puede intervenir todos los organismos descentralizados.
Finalmente, un esquema nuevo y con procedimientos a estrenar para una batería de empresas que podrían ser privatizadas. Maravillas para la dupla Milei y Federico Sturzenegger, uno de los mentores de esta desregulación.
Cuando este capítulo termina empieza otro: “Procedimiento administrativo”. Esperar los plazos, aceptar los modales, transitar los tiempos, y la fundamentación de un acto administrativo, que es la manera en la que se expresa el Estado, es poco menos que un peregrinaje al horizonte.
Pocas cosas han logrado reducir a un ciudadano a tan ínfimo lugar como la conducta pública frente a sus administrados.
En la norma aparecen conceptos como eficiencia burocrática, celeridad, economía, sencillez, eficacia y eficiencia en los trámites.
También hay definiciones para que el Estado se adapte a la gratuidad y a los plazos razonables, así como también que el ciudadano tenga derecho a una decisión fundada, así como a ofrecer y producir prueba.
En una palabra, tal como lo define la Ley Bases, que se legisle para que el ciudadano tenga derecho a ser oído.
Este vocabulario es algo así como fundacional para una administración pública que se caracteriza por la mesa de entradas, el resonante sonido del sello, el número de expediente y el sueño eterno en un cajón.
Justamente, la reglamentación para cumplir esto preceptos, que ahora la podrá hacer el Presidente, podría ser la reforma del Estado más profunda que se haya propuesto.
Entre tantas normas que podrían generar cambios, hay algo que también puede ser revolucionario: la interpretación del silencio de la administración pública.
Si bien no llegó al extremo de que ante la falta de respuesta de un organismo se interprete por la positiva (hubiera sido un cambio de paradigma), la Ley Bases establece que el silencio o la ambigüedad se interpretarán como negativa en los casos en que sea necesario un pronunciamiento. Pero claro, después dice que si hay una “disposición expresa”, podrá conferirse al silencio sentido positivo. Otro mundo.
Finalmente, establece que el máximo plazo posible será de 60 días hábiles. Pasado ese tiempo, el interesado podrá dar por configurado el silencio de la administración.
Una de las características de los últimos 20 años en la Argentina es que se ha hecho de la regulación una forma de gobierno y de gestión, a tal punto que organismos de segundo o tercer grado en el rango de la administración pública generan normas que suelen tener más trascendencia para los privados que las propias leyes del Congreso.
El estallido de la convertibilidad y la caída de aquella desregulación de los noventa se resolvió con 20 años de parches regulatorios que ha hecho de la relación entre el Estado y sus administrados una verdadera desproporción de herramientas.
Uno hace lo que quiere, en los tiempos que desee; el otro espera resignado.
El exceso o la complejidad de la regulación dificultaron la operación eficiente de las empresas, aumentaron los costos y desalentaron la innovación y la inversión.
Además, fue uno de los factores que impactaron en la competitividad y en la falta de competencia. Subieron los esfuerzos económicos para sortearlos y creció la ineficiencia burocrática.
Ahora, Milei tiene una herramienta para entrar a enormes parcelas administrativas que estuvieron cerradas, verdaderos nichos regulatorios que obligaban a la mansedumbre ciudadana y que generaron enorme discrecionalidad y corrupción.
La Ley Bases es una llave maestra para abrir esas puertas y remover obstáculos administrativos. Aun si pierde más jirones, esos artículos que pasan por debajo del radar son el corazón de la norma.

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