Cuándo recuperarán poder de compra los salarios, según los analistas
Incluso con una tendencia a la baja en la variación del índice de precios y previendo una salida de la recesión, los analistas advierten que la recuperación del sueldo real se daría muy lentamente; de cuánto es la caída de la capacidad adquisitiva
Joaquín Lanfranchi
Cuando la Argentina “real” –aquella que podría definirse a partir de la encrucijada en la que convergen variables como la productividad, el salario, el costo de vida y el consumo, entre otras– pareciera ya no resistir más vaticinios respecto de un eventual repunte, al menos en el corto plazo, los límites pueden correrse un poco más. “Los salarios ya empezaron a ganarle a la inflación”, dijo el presidente Javier Milei en vísperas del Día de los Trabajadores. Sin embargo, y debido a que la caída salarial no es un fenómeno de coyuntura, sino que inició hace ya mucho tiempo y no ha logrado revertirse, los expertos sostienen que aún no hay elementos para pensar en una recomposición inmediata de los ingresos reales.
El escenario es complejo. Aun si se consolida el sendero de una inflación en descenso, la pérdida de poder adquisitivo en los últimos años habrá sido de tal magnitud que el proceso de recuperación asoma lento. Según los datos del Indec, en febrero (mes en el cual el índice de precios avanzó un 13,2%, luego del 20,6% de marzo), los salarios aumentaron, en promedio, solo una décima más que la inflación (13,3%). “Va a llevar mucho tiempo, incluso con una economía creciendo”, afirman los especialistas respecto de la recuperación.
Las declaraciones del Presidente tuvieron una amplia repercusión no solo por el tono de expectativa, que contrasta con un contexto de alta fragilidad del mercado laboral y de creciente malhumor social por el alza del costo de vida, sino porque se dieron en una semana en la cual los temas laborales y los relacionados con los ingresos (salarios, jubilaciones, asignaciones) estuvieron en el centro del debate.
Por un lado, la Cámara de Diputados le dio su aprobación a la Ley Bases, que en su interior contempló finalmente algunas actualizaciones a la legislación laboral –se aprobó la ampliación del período de prueba, la posibilidad de crear fondos de cese laboral en reemplazo de la indemnización y la condonación de multas por trabajo no registrado–, mientras que, casi al mismo tiempo, no hubo acuerdo en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, lo que llevó a que, una vez más, se establecieran los valores de referencia mediante una resolución de la Secretaría de Trabajo. La normativa, publicada el viernes en el Boletín Oficial, dispone la vigencia de un salario mínimo de $221.052 para abril y de $234.315 para mayo.
Nadin Argañaraz (Iaraf): "Es enorme lo que se perdió en los últimos seis años; por ahora, enero marcó un piso y el punto clave es si eso se transformará en el punto de inflación para el salario real o no"Si bien las mediciones realizadas por diversas consultoras y think thanks difieren respecto de cuándo se dio el punto de inflexión y empezó la caída de los salarios –algunos señalan que fue en 2015, otros en 2017 o en 2018, con los saltos devaluatorios de cada entonces– la mayoría coincide en que la carrera entre los ingresos y la inflación comenzó hace ya varios años. De esta antesala y de los efectos de las primeras medidas económicas de la actual gestión es que surgen los números oficiales de febrero de 2024, los últimos disponibles a los fines comparativos
Según el Indec, en febrero (último dato disponible), los salarios aumentaron en promedio un 13,3% con respecto al mes anterior, mientras que la variación interanual fue de 200,4%. En tanto, la variación acumulada para el primer bimestre de 2024 arrojó una suba de 31,9%. Así, el índice mensual está apenas una décima por encima de la inflación del período (13,2%), pero muy por debajo de la variación de precios en un año, que trepó a 276,2%. Y también es menor a la inflación del período (36,6%) la suba de salarios de los dos primeros meses de 2024.
Carla Cantisani (Adecco): "Si bien la inflación comenzó a desacelerarse, e proceso de recuperación salarial será lento; el impacto fue muy significativo sobre todo en el sector informal"Asimismo, de acuerdo con el desglose del valor promedio, el organismo estadístico oficial informó que en febrero los salarios del sector registrado privado y público tuvieron un incremento de 14,4% y que la suba interanual fue de 215,4%, mientras que los del sector privado no registrado aumentaron solo 5,7% mensual y 121,5% interanual. Esos números reflejan que, si bien la crisis es generalizada, los ingresos de los informales son los más rezagados.
Si bien la “foto” que permite tomar el Indec es importante para comprender el comportamiento del índice salarial durante los primeros meses del gobierno de Milei, el análisis de lo ocurrido en los últimos años permite dimensionar lo que demandaría una recuperación real de los ingresos.
Las caídas del poder de compra
Según Nadin Argañaraz, economista y presidente del Iaraf, en febrero el poder adquisitivo de lo cobrado por los asalariados privados formales fue un 29% más bajo que el del promedio de 2017. En el caso de los trabajadores del sector público la caída fue de 38% respecto del mismo período (2017), al Argañaraz que señala como punto de inflexión para el poder de compra de los trabajadores. En tanto, si se considera la variación interanual real de los salarios, se observa, en el caso del sector privado no registrado, una caída de 41,1% respecto de febrero de 2023 y de 64% en relación con 2017.
Un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra), de la Central de los Trabajadores Autónoma (CTA), reveló que, tras la suba total en tramos del 30%, el salario mínimo, vital y móvil (SMV) sufrió una pérdida de poder adquisitivo de 34,1% desde la asunción de Milei. Así, entre noviembre de 2023 y abril pasado (considerando el valor vigente durante el cuarto mes del año, ya que ahora se decidió un incremento con efecto retroactivo), el salario mínimo aumentó nominalmente 38,9% (hasta $202.800) frente a una inflación estimada en más de 110%, según el mencionado centro de estudios. Y agregan: “Dadas las reducciones previas que ya habían tenido lugar, en abril de 2024 el poder adquisitivo del salario mínimo se ubica 44,7% por debajo del nivel que tenía en noviembre de 2019, y 57,7% por debajo del de noviembre de 2015″.
Luis Campos (CTA): "En el futuro cercano no hay ya chances de una recuperación, aunque puede subir el salario promedio por un efecto estadístico, si hay despidos en sectores de ingresos bajos"Sobre la base a datos oficiales, en Cifra consideran que debido a que el aumento de precios fue más alto para los alimentos que para el resto de los bienes y servicios, la pérdida de poder de compra del salario mínimo resulta mayor cuando se considera exclusivamente ese rubro: una caída de 51,7% respecto de noviembre de 2019 y una reducción de 63% respecto de igual mes de 2015.
Por su parte, una encuesta hecha por la firma Adecco Argentina arrojó que casi un 66% destina la mayor parte de su salario a los gastos en el supermercado, un 25% al alquiler y un 5% a gastos en remedios y temas relacionados a la salud. “Los distintos procesos inflacionarios fueron llevando a que cada vez una parte mayor del salario se vuelque a los gastos de primera necesidad, como los del supermercado”, explicó Carla Cantisani, directora de Servicios, Calidad & Transformación de Adecco en el país.
En Cifra afirman que el valor real del salario mínimo está incluso por debajo de los niveles de la crisis de 2001/2002. “También en la comparación con las líneas de pobreza y de indigencia se evidencia el retroceso histórico. En abril el salario mínimo solo alcanzó para adquirir poco más de la mitad de la canasta básica de alimentos que define la línea de indigencia para una familia tipo y menos de un cuarto de la canasta de pobreza, relaciones solo comparables con el peor momento de la crisis tras el estallido del régimen de convertibilidad”, dice el informe.
Personal fuera de convenio
Respecto de los reajustes salariales hechos por las empresas para el personal fuera de convenio, un relevamiento de la consultora Willis Tower Watson (WTW) que abarcó a más de 400 empresas, concluyó que el desvío entre los ajustes salariales y la inflación de 2023 fue de 23%, considerando las actualizaciones que muchas empresas otorgaron durante enero y febrero de 2024 para compensar el gran desfase producido por la alta inflación de diciembre (25,2%). Según datos de la consultora, entre 2017 y 2022 este desvío fue de 18%.
Marcela Angeli (Willis Towers Watson): "Hay incertidumbre; eso se ve muy claro cuando se observa que en abril un 40% de las empresas no tiene un presupuesto para el año definido y cerrado"En este contexto, desde WTW destacaron las estrategias que adoptaron las empresas para el personal fuera de convenio, con el fin de compensar algo de la pérdida de poder adquisitivo. “A estos empleados las empresas le otorgan “beneficios” que pueden ser iguales para todos los empleados, como el almuerzo y el seguro de vida, o bien pueden tener un alcance y una modalidad de otorgamiento diferente, como el auto o el plan médico”, explicó María Marcela Angeli, directora Work & Rewards. Afirmó también que “las empresas han trabajado en implementar medidas que minimicen el impacto de la inflación, como dar ajustes salariales con mayor frecuencia y actualizar los montos de los beneficios monetarios”.
Parece una obviedad, aclaran los expertos, pero lo prioritario para que se dé un repunte de la capacidad de compra es que el salario real deje de caer. “Es enorme todo lo que se perdió en los últimos seis años. Por ahora, enero marcó un piso y el punto clave es si ello se transformará en el punto de inflexión del salario real o no. La importante caída de actividad económica de marzo puede haber limitado a muchos sectores para sostener salarios reales crecientes. De ahora en más, el salario real va a poder aumentar de la mano de una mayor productividad de los trabajadores”, analizó Argañaraz.
Según el economista del Iaraf, es vital que la actividad económica “encuentre el piso” y a partir de ahí empiece una recuperación, al menos mínima; en ese sentido, el nivel de producción será determinante para una recuperación sólida del salario real. “La disminución de la inflación pone al descubierto ineficiencias de muchos actores económicos. La pérdida real de los ingresos ha sido muy grande y por mucho tiempo. Va a llevar mucho tiempo, aún con una economía creciendo, para que los salarios reales vuelvan a niveles como los de 2017″, expresó. Y precisó que los sectores “más dinámicos” de la economía, relacionados con la energía y el agro, podrían liderar esta recomposición en particular, así como también de la macroeconomía.
Efectos estadísticos
Por su parte, Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma), opinó: “En el futuro cercano no hay ninguna chance de que los salarios reales se recuperen. El desafío es que no se profundice el retroceso”. Y agregó: “A lo sumo, puede haber alguna recomposición salarial en paralelo a un deterioro del empleo. Es decir, el salario promedio se calcula sobre los trabajadores que tienen empleo, por lo que si los despidos se producen en sectores de bajos salarios eso puede tener un impacto estadístico en un crecimiento del promedio salarial. Pero la participación de la masa salarial sobre el producto seguramente se va a seguir deteriorando”.
Sin embargo, para Campos habrá que esperar y ver qué capacidad de coordinar la dinámica precios-salarios existe, y si el nuevo escenario macroeconómico habilita alguna recomposición salarial en términos reales. “El Gobierno parece estar enamorándose de un esquema que tiende a la apreciación cambiaria y eso podría favorecer algún aumento salarial en términos reales. Pero al mismo tiempo las tensiones en dirección contraria son muchas: no hay muchos dólares para sostener la apreciación cambiaria y las presiones para devaluar van a ir creciendo”. Además, según el especialista, la capacidad sindical para discutir salarios en un contexto de desempleo en alza tampoco es la mejor, lo que contribuiría a un “escenario de incremento de la conflictividad”, tal vez no en el futuro inmediato, pero sí en el mediano plazo.
“Hay incertidumbre. Esto se ve muy claro cuando se observa que al mes de abril hay un 40% de empresas que no tiene un presupuesto salarial para el año definido y cerrado”, aseveró Angeli. Para el personal fuera de convenio, por el momento, las estimaciones de las empresas son que los ajustes salariales para este año serán del 189% acumulado. “Ahora bien, todo dependerá de cómo evolucionen la inflación y los resultados de negocio. Las empresas tienen en cuenta muchas variables para definir los ajustes salariales por aplicar, como los acuerdos con sindicatos, el posicionamiento en el mercado y los resultados del negocio, entre otras. Y también no hay que perder de vista que una variable externa en el movimiento de los salarios es la oferta y demanda de trabajo, que si esto tiene un impacto puede afectar los ajustes salariales”.
“Los aumentos en los productos de consumo masivo han sido muy altos y han tenido un gran impacto en toda la población. Si bien la inflación comenzó a desacelerarse [estimaciones privadas ubican en un dígito la cifra de abril], el proceso de recuperación salarial será lento, más allá de que algunos sectores se hayan acercado a los últimos índices inflacionarios. El impacto ha sido muy significativo en los sectores con trabajo formal registrado y mucho mayor aún en los informales”, concluyó Cantisani.
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El Gobierno busca derogar el sistema de compra de aportes para obtener una prestación y propone beneficios que sean proporcionales a las contribuciones hechas en la vida laboral, a las cuales se accedería a los 65 años de edadr
Silvia Stang
El proyecto de Ley Bases fue votado en Diputados el martes último y luego pasó al Senado
El proyecto que aprobó Diputados busca derogar la moratoria y crear jubilaciones proporcionales a los aportes hechos
proyecto de Ley Bases que se debate en el Congreso prevé la derogación de la ley 27.705, por la cual rige un sistema de compra de aportes (conocido como moratoria previsional) para acceder a una prestación en el régimen de la Anses cuando no se cumple con el requisito de haber contribuido 30 años, como mínimo, durante la vida laboral . Como el resto de la iniciativa que promueve el gobierno de Javier Milei, el artículo que contempla la eliminación de ese esquema fue aprobado el miércoles último en Diputados. En consecuencia, la suerte del régimen depende ahora de la votación en el Senado.
La normativa que se busca dejar sin efecto fue aprobada por el Poder Legislativo en febrero de 2023 para darle continuidad a los esquemas de moratorias que rigen desde hace casi dos décadas, y que permiten obtener beneficios jubilatorios cuando se llega a la edad requerida en el régimen jubilatorio general (60 años las mujeres y 65 los varones) sin haber reunido la cantidad de aportes exigidos por la normativa vigente.
Se trata de un sistema que, de por sí, ya tiene fecha de vencimiento: la ley 27.705 les permite acceder a la prestación sin los aportes completos solo a quienes cumplan con el requisito de la edad jubilatoria hasta el 23 de marzo de 2025. Si se aprueba en la Cámara Alta el artículo 274 del proyecto de Ley Bases, esa posibilidad ya no regiría hasta marzo próximo, sino que caería inmediatamente.
Los trámites para pedir el alta de una jubilación o pensión con moratoria que hayan sido iniciados hasta el momento de la vigencia de la eventual nueva ley seguirían en principio su curso, porque una nueva normativa no podría tener efectos retroactivos. Hay varios aspectos de los cambios, sin embargo, que quedarían sujetos a la reglamentación.
Ya sin vigencia de un esquema de compra de aportes, sí se mantendría la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que no tiene requisitos referidos a las contribuciones. El proyecto de ley, además, busca crear una “Prestación de Retiro Proporcional” para quienes lleguen a los 65 años con aportes, pero sin reunir los 30 años requeridos. Ese beneficio tendría como piso el valor de la PUAM, que equivale al 80% del haber mínimo contributivo (en mayo, la PUAM es de $152.113 y se agrega el bono de $70.000, que completa un monto de $222.113). Como la prestación proporcional regiría para personas que hicieron aportes, sería posible obtener beneficios incluso mayores al haber mínimo, dependiendo de cuánto tiempo se haya contribuido y del nivel de los salarios.
La primera diferencia con el sistema actual para jubilarse sin 30 años de aportes está en el monto básico, ya que con las moratorias se garantiza el haber mínimo del régimen contributivo, que el próximo mes será de $190.141 más el bono de $70.000, aunque en los primeros años se descuenta la cuota para pagar los aportes comprados (es decir, durante unos años se cobra menos). Otra gran diferencia está en la edad de acceso para las mujeres: si no reúnen los 30 años de contribuciones, ya no podrían cobrar una prestación a los 60 años (como con las moratorias), sino a los 65 años. Esto último ocurriría aun cuando se tengan, por ejemplo, 20 años con aportes.
El texto en tratamiento le delega al Poder Ejecutivo la definición de “los parámetros objetivos para el acceso” a haberes “que reconozcan los aportes efectivamente realizados al Sistema Integrado Previsional Argentino”, y la aprobación de las condiciones para obtener las prestaciones. Y se hace referencia a una serie de requisitos para cobrar la PUAM, entre los cuales está el de no percibir “jubilación, pensión o retiro, de carácter contributivo o no contributivo”. De ratificarse eso en la reglamentación, no se podría cobrar un haber proporcional y, a mismo tiempo, otro ingreso por jubilación o pensión.
El año pasado, según datos de la Secretaría de Seguridad Social, el 80% de las jubilaciones dadas de alta –396.330 de un total de 488.490– reel quirió de una moratoria (con el plan de la ley que se busca eliminar, o con otro que seguiría vigente y que es de un alcance mucho más limitado).
A la vez, dos tercios de las jubilaciones vigentes fueron otorgadas por ese sistema de excepción a la regla general. Son 3,47 millones de prestaciones, que se suman a poco más de 477.000 pensiones por fallecimiento también obtenidas con moratorias.
El problema laboral
Esos datos son reflejo de la crisis social y laboral que sufre la Argentina y que es de larga data. Las moratorias son una respuesta de carácter temporal a un problema estructural, como lo es la debilidad del mercado de trabajo y su falta de consistencia con lo exigido por las normas jubilatorias.
A dos décadas del inicio de la política de moratorias es evidente que no hubo solución ni mejora para la realidad del mundo laboral. Más de un tercio de los asalariados no tiene aportes y, si se mira el conjunto de empleados de pendientes ya cuenta pro pistas, ese índice llega al 50%, según datos del Instituto Di Tella basados en la base de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec. El problema de fondo sigue y es una luz de alerta para el régimen jubilatorio.
Entre quienes recibieron su jubilación o pensión con moratoria conviven muy diferentes realidades.
Hay, por ejemplo, quienes sumaron más de 20 años de aportes, pero se encontraron con que el régimen no ofrece prestaciones proporcionales al tiempo contribuido cuando no se alcanza la exigencia de los 30 años.
Con la eliminación del plan de pagos de deuda previsional de la ley 27.705, para las personas sin aportes o con aportes insuficientes las alternativas serían, según la situación en la que estén, esperar más años para completar el requisito de contribuciones, o recurrir a la PUAM o a la posible nueva prestación proporcional. En estos dos últimos casos el requisito será tener 65 años de edad.
La PUAM, que actualmente exige para el acceso pasar un examen socioeconómico, fue creada por ley en 2016 como alternativa a las moratorias, que por entonces se previó que irían terminando con el tiempo.
Cómo funciona el sistema
La ley 27.705 creó un mecanismo de compra de aportes para personas que cumplan la edad jubilatoria dentro del período del 23 de marzo de 2023 al mismo día de 2025. Los períodos a adquirir abarcan desde los 18 años de edad de la persona hasta diciembre de 2008. Para las mujeres rige el beneficio de contar entre uno y tres años de aportes por cada hijo. En los meses declarados como adeudados se debe haber residido en el país y no se debe haber trabajado en blanco.
Cada período mensual tiene un precio que va actualizando y que este mes, por ejemplo, es de $18.571. La adquisición determina que se contabilice una deuda con el Estado. Si se cumplen ciertos requisitos, esa deuda no se paga efectivamente, sino que el solicitante comienza a percibir los haberes mensualmente y de ellos se descuenta un monto para saldar la obligación, durante un lapso de hasta 120 meses.
Quienes no pasan un examen socioeconómico que hace la Anses, por tener altos patrimonios o elevados ingresos, no quedan de todas formas al margen del régimen, sino que pueden comprar los aportes –en un plan que implica un alta subsidio estatal– y pagar todo en una única vez para obtener luego la prestación.
La ley también creó un plan de adquisición de aportes para personas a las que les faltan hasta 10 años para la edad jubilatoria. En estos casos se adquieren las denominadas “unidades de cancelación de aportes previsionales para trabajadores y trabajadoras en actividad”. Cada unidad vale un mes de contribución y puede accederse solo por períodos previos a abril de 2012. En estos casos, lo declarado como deuda se debe pagar efectivamente antes de jubilarse. Si se deroga la ley, debería establecerse qué ocurrirá con quienes ingresaron a este plan y ya pagaron aportes.
La otra moratoria que existe y seguirá vigente es la de la ley 24.476, aprobada en los 90 y reglamentada 10 años después. Las posibilidades de ingreso a este plan se fueron reduciendo con el tiempo, porque solo permite cancelar deudas por aportes de meses previos a octubre de 1993.
Teniendo en cuenta que pueden declararse aportes impagos por períodos en que se haya tenido al menos 18 años, las condiciones del plan hacen que las mujeres que cumplen 60 este mes podrían entrar al plan por hasta 11 años y 5 meses de aportes, en tanto que los varones que lleguen ahora a sus 65 años podrían acceder por 16 años y 5 meses de aportes. Es decir, es una moratoria válida para quienes tienen buena parte de las contribuciones hechas, siempre que los períodos que puedan declarar como impagos coincidan con los habilitados (los comprendidos entre sus 18 años y septiembre de 1993).
El proyecto que aprobó Diputados busca derogar la moratoria y crear jubilaciones proporcionales a los aportes hechos
proyecto de Ley Bases que se debate en el Congreso prevé la derogación de la ley 27.705, por la cual rige un sistema de compra de aportes (conocido como moratoria previsional) para acceder a una prestación en el régimen de la Anses cuando no se cumple con el requisito de haber contribuido 30 años, como mínimo, durante la vida laboral . Como el resto de la iniciativa que promueve el gobierno de Javier Milei, el artículo que contempla la eliminación de ese esquema fue aprobado el miércoles último en Diputados. En consecuencia, la suerte del régimen depende ahora de la votación en el Senado.
La normativa que se busca dejar sin efecto fue aprobada por el Poder Legislativo en febrero de 2023 para darle continuidad a los esquemas de moratorias que rigen desde hace casi dos décadas, y que permiten obtener beneficios jubilatorios cuando se llega a la edad requerida en el régimen jubilatorio general (60 años las mujeres y 65 los varones) sin haber reunido la cantidad de aportes exigidos por la normativa vigente.
Se trata de un sistema que, de por sí, ya tiene fecha de vencimiento: la ley 27.705 les permite acceder a la prestación sin los aportes completos solo a quienes cumplan con el requisito de la edad jubilatoria hasta el 23 de marzo de 2025. Si se aprueba en la Cámara Alta el artículo 274 del proyecto de Ley Bases, esa posibilidad ya no regiría hasta marzo próximo, sino que caería inmediatamente.
Los trámites para pedir el alta de una jubilación o pensión con moratoria que hayan sido iniciados hasta el momento de la vigencia de la eventual nueva ley seguirían en principio su curso, porque una nueva normativa no podría tener efectos retroactivos. Hay varios aspectos de los cambios, sin embargo, que quedarían sujetos a la reglamentación.
Ya sin vigencia de un esquema de compra de aportes, sí se mantendría la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que no tiene requisitos referidos a las contribuciones. El proyecto de ley, además, busca crear una “Prestación de Retiro Proporcional” para quienes lleguen a los 65 años con aportes, pero sin reunir los 30 años requeridos. Ese beneficio tendría como piso el valor de la PUAM, que equivale al 80% del haber mínimo contributivo (en mayo, la PUAM es de $152.113 y se agrega el bono de $70.000, que completa un monto de $222.113). Como la prestación proporcional regiría para personas que hicieron aportes, sería posible obtener beneficios incluso mayores al haber mínimo, dependiendo de cuánto tiempo se haya contribuido y del nivel de los salarios.
La primera diferencia con el sistema actual para jubilarse sin 30 años de aportes está en el monto básico, ya que con las moratorias se garantiza el haber mínimo del régimen contributivo, que el próximo mes será de $190.141 más el bono de $70.000, aunque en los primeros años se descuenta la cuota para pagar los aportes comprados (es decir, durante unos años se cobra menos). Otra gran diferencia está en la edad de acceso para las mujeres: si no reúnen los 30 años de contribuciones, ya no podrían cobrar una prestación a los 60 años (como con las moratorias), sino a los 65 años. Esto último ocurriría aun cuando se tengan, por ejemplo, 20 años con aportes.
El texto en tratamiento le delega al Poder Ejecutivo la definición de “los parámetros objetivos para el acceso” a haberes “que reconozcan los aportes efectivamente realizados al Sistema Integrado Previsional Argentino”, y la aprobación de las condiciones para obtener las prestaciones. Y se hace referencia a una serie de requisitos para cobrar la PUAM, entre los cuales está el de no percibir “jubilación, pensión o retiro, de carácter contributivo o no contributivo”. De ratificarse eso en la reglamentación, no se podría cobrar un haber proporcional y, a mismo tiempo, otro ingreso por jubilación o pensión.
El año pasado, según datos de la Secretaría de Seguridad Social, el 80% de las jubilaciones dadas de alta –396.330 de un total de 488.490– reel quirió de una moratoria (con el plan de la ley que se busca eliminar, o con otro que seguiría vigente y que es de un alcance mucho más limitado).
A la vez, dos tercios de las jubilaciones vigentes fueron otorgadas por ese sistema de excepción a la regla general. Son 3,47 millones de prestaciones, que se suman a poco más de 477.000 pensiones por fallecimiento también obtenidas con moratorias.
El problema laboral
Esos datos son reflejo de la crisis social y laboral que sufre la Argentina y que es de larga data. Las moratorias son una respuesta de carácter temporal a un problema estructural, como lo es la debilidad del mercado de trabajo y su falta de consistencia con lo exigido por las normas jubilatorias.
A dos décadas del inicio de la política de moratorias es evidente que no hubo solución ni mejora para la realidad del mundo laboral. Más de un tercio de los asalariados no tiene aportes y, si se mira el conjunto de empleados de pendientes ya cuenta pro pistas, ese índice llega al 50%, según datos del Instituto Di Tella basados en la base de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec. El problema de fondo sigue y es una luz de alerta para el régimen jubilatorio.
Entre quienes recibieron su jubilación o pensión con moratoria conviven muy diferentes realidades.
Hay, por ejemplo, quienes sumaron más de 20 años de aportes, pero se encontraron con que el régimen no ofrece prestaciones proporcionales al tiempo contribuido cuando no se alcanza la exigencia de los 30 años.
Con la eliminación del plan de pagos de deuda previsional de la ley 27.705, para las personas sin aportes o con aportes insuficientes las alternativas serían, según la situación en la que estén, esperar más años para completar el requisito de contribuciones, o recurrir a la PUAM o a la posible nueva prestación proporcional. En estos dos últimos casos el requisito será tener 65 años de edad.
La PUAM, que actualmente exige para el acceso pasar un examen socioeconómico, fue creada por ley en 2016 como alternativa a las moratorias, que por entonces se previó que irían terminando con el tiempo.
Cómo funciona el sistema
La ley 27.705 creó un mecanismo de compra de aportes para personas que cumplan la edad jubilatoria dentro del período del 23 de marzo de 2023 al mismo día de 2025. Los períodos a adquirir abarcan desde los 18 años de edad de la persona hasta diciembre de 2008. Para las mujeres rige el beneficio de contar entre uno y tres años de aportes por cada hijo. En los meses declarados como adeudados se debe haber residido en el país y no se debe haber trabajado en blanco.
Cada período mensual tiene un precio que va actualizando y que este mes, por ejemplo, es de $18.571. La adquisición determina que se contabilice una deuda con el Estado. Si se cumplen ciertos requisitos, esa deuda no se paga efectivamente, sino que el solicitante comienza a percibir los haberes mensualmente y de ellos se descuenta un monto para saldar la obligación, durante un lapso de hasta 120 meses.
Quienes no pasan un examen socioeconómico que hace la Anses, por tener altos patrimonios o elevados ingresos, no quedan de todas formas al margen del régimen, sino que pueden comprar los aportes –en un plan que implica un alta subsidio estatal– y pagar todo en una única vez para obtener luego la prestación.
La ley también creó un plan de adquisición de aportes para personas a las que les faltan hasta 10 años para la edad jubilatoria. En estos casos se adquieren las denominadas “unidades de cancelación de aportes previsionales para trabajadores y trabajadoras en actividad”. Cada unidad vale un mes de contribución y puede accederse solo por períodos previos a abril de 2012. En estos casos, lo declarado como deuda se debe pagar efectivamente antes de jubilarse. Si se deroga la ley, debería establecerse qué ocurrirá con quienes ingresaron a este plan y ya pagaron aportes.
La otra moratoria que existe y seguirá vigente es la de la ley 24.476, aprobada en los 90 y reglamentada 10 años después. Las posibilidades de ingreso a este plan se fueron reduciendo con el tiempo, porque solo permite cancelar deudas por aportes de meses previos a octubre de 1993.
Teniendo en cuenta que pueden declararse aportes impagos por períodos en que se haya tenido al menos 18 años, las condiciones del plan hacen que las mujeres que cumplen 60 este mes podrían entrar al plan por hasta 11 años y 5 meses de aportes, en tanto que los varones que lleguen ahora a sus 65 años podrían acceder por 16 años y 5 meses de aportes. Es decir, es una moratoria válida para quienes tienen buena parte de las contribuciones hechas, siempre que los períodos que puedan declarar como impagos coincidan con los habilitados (los comprendidos entre sus 18 años y septiembre de 1993).
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