LA GESTIÓN ANTERIOR

Un ministro de Fernández admite que conocían la extorsión de los piqueteros
PRESIONES. La Justicia encontró listados de “castigados” y registros de asistencias a las marchas


El exministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta admitió ayer que el gobierno de Alberto Fernández sabía que agrupaciones piqueteras “pedían plata” a los beneficiarios de planes sociales y los obligaban a participar de las marchas.
El reconocimiento de Zabaleta surge en medio del avance de la causa iniciada a partir de las denuncias del gobierno de Javier Milei, que llevan adelante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Sebastián Casanello. En la causa se investiga a dirigentes piqueteros acusados de extorsionar a quienes cobraban planes y asistían a comedores. El juzgado analiza ahora documentos encontrados en las sedes de las agrupaciones con listados de “castigados” y registros de asistencia a las marchas.
Frente al escándalo, Zabaleta dijo ayer que en la gestión de Fernández (que él integraba) sabían de las presiones. “Nos contaba la gente que les pedían plata todos los meses del Potenciar Trabajo, que los obligaban a subir al colectivo”, admitió el exfuncionario y exintendente de Hurlingham. En diálogo con LA NACION, argumentó que, en conocimiento de esas extorsiones, desde asuntos jurídicos de Desarrollo Social se hicieron presentaciones judiciales, aunque no precisó en qué juzgados.
El escándalo por las extorsiones de los grupos piqueteros sumó ayer la admisión por parte del exministro de Desarrollo Social Juan “Juanchi” Zabaleta de que el gobierno de Alberto Fernández sabía que las agrupaciones “pedían plata” a los beneficiarios de planes y los obligaban a participar de las marchas.
“Nos contaba la gente que les pedían plata todos los meses del Potenciar Trabajo, que los obligaban a subir al colectivo”, admitió el exfuncionario y exintendente de Hurlingham, que estuvo en el cargo entre agosto de 2021 y octubre de 2022.
“Asumimos el 19 de agosto de 2021 y el 21 tuvimos la primera marcha, y ahí empezamos a ver estas cosas con un movimiento social”, ratificó Zabaleta, en diálogo con Radio Continental, en referencia a las denuncias que salieron el lunes pasado a la luz, tras una presentación del gobierno de Javier Milei.
En diálogo con la nacion, el exministro argumentó que, ante los comentarios de extorsiones, desde el área de jurídicos de Desarrollo Social se hicieron presentaciones judiciales. Ninguna de las presentaciones avanzó en causas judiciales como las iniciadas por la actual gestión.
Actualmente, la Justicia Federal investiga a dirigentes que gestionaron dinero público destinado a planes sociales y comedores comunitarios y están acusados de haber extorsionado a quienes cobraban los planes y asistían a los comedores que ellos manejaban.
Se trata de un caso de alto impacto político porque la sospecha de los investigadores es que era una práctica generalizada y sistemática. Hasta ahora, están imputados tres grupos de personas (28 acusados en total) que administraban cinco comedores, todos en la ciudad de Buenos Aires: tres del Polo Obrero, uno de Barrios de Pie y uno del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).
Se giraron además decenas de denuncias a otros 44 departamentos judiciales de distintos puntos del país.
El origen de la investigación, que instruyen el juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita, son llamadas anónimas recibidas en la línea 134, que el Ministerio de Seguridad habilitó en diciembre pasado para recibir denuncias de quienes hubieran sido amenazados para marchar contra el Gobierno.
Zabaleta, que fue el segundo ministro de Desarrollo Social de la administración de Alberto Fernández al suceder a Daniel Arroyo y anteceder a Victoria Tolosa Paz, se definió a sí mismo como el “ministro con más acampes” por la tensión con los movimientos sociales.
Las internas
El origen de esa tensión, según aseguró Zabaleta a la nacion, estuvo dado por tres motivos: la auditoría sobre los planes a cargo de universidades públicas; la autorización para que los beneficiarios pudieran elegir dónde trabajar y la exigencia de rendiciones de cuentas de los aportes para alimentos.
En su gestión, argumentó Zabaleta, también se suspendió el alta de nuevos planes, otro motivo que tensó su relación con los miembros de las organizaciones sociales.
Las principales agrupaciones piqueteras, con predominancia de las kirchneristas, ocupaban cargos de relevancia en el Ministerio de Desarrollo Social.
El más poderoso era Emilio Pérsico, del Movimiento Evita. Zabaleta los dejó en sus cargos.
Cuando el entonces ministro habilitó que los beneficiarios eligieran la unidad donde prestarían los servicios de cuatro horas que debían cumplir para acceder al plan, casi 200.000 sobre 1.200.000 eligieron trasladarse.
Para las autoridades, esos pases mostraron la necesidad de los beneficiarios de alejarse de quienes manejaban las agrupaciones que los presionaban.
Zabaleta no dudó en calificar ayer como “hijos de puta” a los acusados de extorsionar a las personas en situación de extrema vulnerabilidad que tenían o buscaban acceder a un plan de asistencia del Estado.
Las tensiones de las que habla Zabaleta no fueron solo hacia afuera con los acampes, sino también puertas adentro con los por entonces funcionarios que lideraban organizaciones como Pérsico del Movimiento Evita y Daniel Menéndez de Barrios de Pies, entre otros.
La causa que en las últimas horas tomó estado público con una serie de allanamientos se inició en diciembre pasado luego de que el Ministerio de Seguridad llevara ante la justicia federal el material recolectado a través de miles llamados a la línea 134 de esa cartera.
La línea, habilitada desde el comienzo de la nueva administración, tiene como objetivo que las personas que sean extorsionadas para asistir a marchas puedan denunciarlo.
Bullrich informó que ayer la línea 134 recibió 500 llamadas más de personas que denunciaron irregularidades en la distribución de planes sociales.
El material recopilado de la cartera de Seguridad recayó en la fiscalía de Pollicita y el juzgado de Casanello.
En tanto que entre las denuncias previas contra las organizaciones está también la que en junio de 2022 presentó el fiscal Guillermo Marijuan por amenazas y extorsión a dirigentes del Polo Obrero por quedarse con el 2 por ciento de lo que recibían en planes sociales los integrantes de esa organización.
La decisión judicial fue comunicada por Marijuan justo cuando el Gobierno analizaba traspasar a municipios y provincias parte de los planes que maneja el Polo Obrero y otras organizaciones piqueteras. Eso marcó otro de los momentos de tensión que Zabaleta enumeró en su gestión.
Las declaraciones de Zabaleta, que detentó su cargo atravesado por las internas en la cartera entre los distintos sectores, también con La Cámpora, se dieron pocas horas después de conocerse públicamente el caso que involucra a un grupo de 28 dirigentes piqueteros.
Ayer, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, en su presentación ante el Senado, habló del caso y aseguró que los acusados implementaron un sistema “de esclavitud moderna” a través del manejo de los planes sociales.
“Ninguno de nosotros imaginaba lo que encontró la Justicia esta semana en los allanamientos que realizaron: un sistema de estructura piramidal y tremendamente autoritario”, dijo el funcionario durante su primer informe en el Senado
Juan Zabaleta exministro
“nos contaba la gente que les pedían plata todos los meses del Potenciar trabajo, que los obligaban a subir al colectivo”

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Cantero se refugia en un departamento y prepara su defensa
El segundo del Polo Obrero reside en Ciudadela; “los extorsionadores están del otro lado”, dijo el dirigenteFederico González del SolarJeremías Cantero
Luego de los allanamientos a grupos piqueteros, Jeremías Cantero, número dos del Polo Obrero y uno de los principales apuntados en el esquema de extorsión que describe el fiscal Gerardo Pollicita en su pedido de indagatoria, pasa sus días haciendo una “vida normal” en su domicilio en Ciudadela.
Sobre él pesa la acusación de ser una pieza clave en una presunta estructura extorsiva por la cual integrantes del movimiento del que es referente, administrando un sistema de premios y castigos, apretaban a beneficiarios del Potenciar Trabajo para asistir a movilizaciones.
Cantero alquila un departamento en Ciudadela junto a Gianni Puppo, integrante también del Polo Obrero y otro de los 28 nombres que Pollicita apunta a citar a indagatoria. Según pudo reconstruir la nacion, se trata de un departamento “chico” –afirmó un propietario del edificio– con tres ambientes y dos baños en uno de los coquetos edificios que se alzan en una zona baja pero comercial, a metros de las vías.
Uno de los departamentos en venta del edificio en el que vive se ofrece en el orden de los 90.000 dólares. Muy lejos del lujo, pero también de la “miseria más absoluta” que le adjudican en su entorno.
Allí, Cantero hace una “vida normal”, según describieron sus allegados, después del sigiloso operativo policial en la madrugada del lunes que lo dejó “incomunicado” tras el secuestro de su celular. Junto con él, se llevaron 2591 dólares, 75.000 pesos, tres notebooks, dos celulares, un talonario de remitos y 135 recibos de pago del Polo Obrero.
Los abogados que encaran su defensa, quienes tuvieron acceso a los expedientes en la noche del martes, estudian con cuidado los próximos pasos para “desarmar de a poco” lo que entienden es una “construcción de un relato criminalizador” que el Gobierno supuestamente tejió junto a la Justicia.
Como primer paso, el trío de letrados activará una serie de escritos
para la restitución de los “ahorros” y bienes recabados en el operativo, hoy inhibidos tras una disposición del juez federal Sebastián Casanello, quien en primera instancia optó por avanzar con otras medidas de prueba. La apelación del fiscal Pollicita le dio nuevo aire a la causa y traccionó los allanamientos.
Entre otros elementos, la Justicia secuestró 55.000 dólares en el domicilio de María Isolda Dotti, otra integrante del Polo Obrero. Para la defensa, se trata de una “suma demasiado baja para hablar de una sociedad ilícita”, cuyo origen Dotti, aseguran, puede acreditar. “De 2400 casos solo tienen 7 testimonios”, señaló Liliana Alaniz, una de las abogadas del Polo Obrero.
Cantero hizo su descargo en diálogo con la Prensa Obrera. En sintonía con la estrategia de sus abogados, se alejó de las acusaciones, apuntó contra el procedimiento policial y dio vuelta el planteo de Pollicita. “Nos acusan a nosotros pero todos se deben acordar de cómo por las estaciones de tren el Gobierno, la ministra (por Patricia Bullrich) y todos los voceros del Gobierno salieron a decir que el que marcha no cobra. Bueno, los extorsionadores están del otro lado”, adujo. “Quien se robó la comida de los comedores populares fue el Gobierno; desde que asumió no llega un kilo de arroz”, agregó.
Cantero está desempleado desde el 31 de marzo, fecha en la que vencían muchos de los contratos en el empleo público que el Gobierno dio de baja. En 2020, al tiempo en que los movimientos sociales desembarcaban en el ex-Ministerio de Desarrollo Social con Emilio Pérsico (Movimiento Evita) a la cabeza, Cantero empezó a trabajar como administrativo. “Cuando rompíamos con Belliboni, hablábamos con él”, deslizó un funcionario del ministerio de la gestión anterior.

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