PARTIDO OBRERO Y SEBASTIÁN CASANELLO

Parte del dinero de los planes iba a parar a imprentas y militantes
Una cooperativa contrató a talleres que imprimían las boletas del Partido Obrero y a candidatos de ese partido

Camila Dolabjian
La investigación sobre las extorsiones por los planes sociales abre paso a un interrogante: ¿qué hacían las estructuras políticas cuestionadas con el dinero que recibían de parte de los beneficiarios? En los allanamientos se encontraron cerca de US$75.000 y hay sospechas de que se realizaron plazos fijos. Pero además, según pudo confirmar la nacion, los dirigentes no solo les habrían exigido pagos a los titulares del Potenciar Trabajo, sino que sus cooperativas recibieron subsidios millonarios del Estado para gestionar los planes, comprar maquinaria y materiales, pero los gastaron en conceptos cuestionables.
La cooperativa El Resplandor, asociada a los imputados del Polo Obrero y sus comedores, recibió por lo menos en tres ocasiones sumas para, presuntamente, invertir en “proyectos socioproductivos, laborales y comunitarios”. En 2021 percibió dos transferencias de $37,5 millones y, en 2022, una por $99,9 millones.
Los fondos eran transferidos desde las oficinas de Emilio Pérsico, secretario de Economía Social durante el gobierno de Alberto Fernández, donde hasta abril trabajó Jeremías Cantero, referente del Polo Obrero en la ciudad de Buenos Aires y uno de los principales imputados.
Accedió a un listado de la nacion facturas rendidas al ex-Ministerio de Desarrollo Social en concepto de gastos para los proyectos laborales que debían realizar con los beneficiarios de planes sociales. El informe corresponde al período julio de 2021-febrero de 2022, en el que reportaron gastos por $27.222.112,81.
El concepto por el que más facturas se realizaron fue el de imprentas: son las mismas que el Frente de Izquierda reportó a la Cámara Nacional Electoral haber contratado para imprimir sus boletas partidarias. En esos meses figuran gastos por un total de $13.665.287, divididos en 16 facturas. Ediciones e Impresiones Rumbos fue la que más trabajos hizo, con 12 en un semestre, por $2.685.950. Esta empresa fue fundada por Christian Rath y Roberto Albornoz. El primero es un conocido militante del movimiento obrero y auspiciante de Prensa Obrera, el periódico del Partido Obrero.
El otro grupo de gastos llamativos es el que figura en el rubro “recursos humanos de coordinación y seguimiento”. En seis meses informaron 73 facturas de personas que fueron candidatos en las listas de la izquierda tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la Universidad de Buenos Aires, con montos de entre $27.000 y $55.000.
Algunos ejemplos son Sebastián Cantero, quien estaría vinculado con Jeremías Cantero, que fue candidato a diputado, Federico Eiguer y Luciano Arienti, referente en la Facultad de Psicología de la UBA.

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La Justicia encontró un control de asistencias a las marchas y un registro con sanciones
El juez Casanello, a cargo de la causa, rechazó como querellante al Ministerio de Seguridad
El juzgado de Sebastián Casanello, que lleva adelante la causa donde se investiga una presunta extorsión a beneficiarios del plan Potencial Trabajo, analiza desde ayer la documentación recopilada en los operativos policiales.
Se trata del material reunido durante los allanamientos llevados a cabo la última semana y del primer análisis de las cajas recibidas.
De allí surge que en uno de los comedores allanados se encontraron listados de control de presentismo y un cuaderno anillado que en su lomo dice “sanciones”.
Según fuentes con acceso a la causa, ese mismo libro tiene anotaciones que parecen dar cuenta del cumplimiento de determinadas exigencias; posiblemente, para levantar las sanciones, estiman.
Estos documentos se secuestraron en la sede del Polo Obrero del barrio Rivadavia I, uno de los comedores denunciados en los que, según la hipótesis del fiscal, se les exigía a los beneficiarios de los planes sociales y a los que pretendían asistir al comedor que fueran a las movilizaciones de la agrupación.
Para la fiscalía, los beneficiarios de planes debían pagar un porcentaje de lo que cobraban o un monto determinado de dinero para el mantenimiento del comedor.
Los chats encontrados en los celulares de los dirigentes registran referencias a castigos por faltar a las marchas, como multas de dinero y límites al retiro de alimentos.
En referencia al cuaderno encontrado, no está claro todavía a qué obedecen las “sanciones”, como advirtieron fuentes de la investigación. Las dudas son si los castigos están relacionados con la contraprestación que deben cumplir los beneficiarios de los planes según las reglas del plan Potenciar Trabajo o son exigencias adicionales, tales como asistir a marchas o pagar dinero no previsto en legislación alguna por acceder a alimentos que el Estado provee de forma gratuita a las organizaciones.
En el libro anillado que dice “sanciones” hay columnas y anotaciones manuscritas (entre ellas, “No come”), según informó a una fuente que interviene en la causa.
Casanello rechazó ayer el pedido del Ministerio de Seguridad, que depende de Patricia Bullrich, para ser admitido como parte querellante en la causa que investiga una presunta extorsión a beneficiarios del plan Potenciar Trabajo.
Casanello sostuvo que el Ministerio, como auxiliar del fiscal, ocupa en la investigación “un lugar sumamente importante pero incompatible con el rol de litigante pretendido”. Y afirmó: “No es parte: es, por ley y diseño institucional, el brazo ejecutor de las órdenes de los jueces y fiscales”.
Del Ministerio que dirige Bullrich dependen las fuerzas de seguridad federales. En esta causa, la Policía Federal Argentina llevó adelante los allanamientos, interceptó comunicaciones de los imputados y está analizando los teléfonos secuestrados, entre otras medidas.
La figura del querellante –o “particular damnificado”– está pensada para darle a la víctima la posibilidad de impulsar la investigación penal en paralelo con el fiscal, acceder a las actuaciones, pedir medidas de prueba y apelar decisiones.
“Como demuestra este expediente –escribió Casanello–, las fuerzas dependientes del Ministerio actúan aquí colaborando con el proceso y su noble fin de Justicia (no son sujetos externos).”
El juez recordó que además de haber hecho “tareas investigativas ordenadas por la fiscalía y el juzgado”, la Policía todavía está cumpliendo medidas que se le encomendaron. “Incluso, el Programa de Protección de Testigos, activado por decisión de este juzgado, depende de ese Ministerio de Seguridad”, recordó Casanello en su fallo.
El juez pidió que fueran incluidos en ese programa los siete testigos que declararon en la causa; cinco de ellos aportaron elementos que la fiscalía consideró esenciales para la investigación.
Ellos ratificaron denuncias anónimas de extorsión y amenazas que habían hecho a la línea 134 y aportaron nuevos elementos de prueba, como chats de grupos de WhatsApp administrados por quienes controlaban el reparto de planes y el acceso a los comedores comunitarios.
Según el juez, las tareas “de singular seriedad y valía” que realiza el Ministerio en la causa “no podrían ser realizadas por alguien que asuma interés de parte”.
Además de “brazo ejecutor” de las decisiones del juez y el fiscal, el Ministerio de Seguridad fue denunciante en este expediente. Hizo la presentación que dio origen a la causa –según informó– después de analizar 13.310 llamadas recibidas a través de la línea 134, de las que consideró verosímiles 924. De ese total, 45 corresponden a hechos que habrían sucedido en la Capital Federal. De esos 45 denunciantes, siete son los que fueron identificados y accedieron a declarar en este expediente, que instruyen el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Casanello.

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